Diario Sur

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El TSJA y San Pedro: una sentencia con consecuencias políticas
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Héctor Barbotta | 14-10-2015 | 10:58| 0

La sentencia conocida esta semana que da un golpe quién sabe si definitivo a las aspiraciones separatistas en San Pedro Alcántara es tan contundente que no resulta sencillo aventurar a qué argumento recurrirán los segregacionistas para continuar su empeño con un recurso ante el Tribunal Supremo.
En una resolución que da la razón a la Junta de Andalucía, que en 2011 decretó el archivo del expediente de segregación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desarmado no sólo la arquitectura de argumentos jurídicos en los que se basaba la demanda presentada por la comisión promotora de la separación, sino también sus fundamentos políticos y económicos. Antes de la sentencia se sabía que la independencia de San Pedro era para una parte de la población de ese núcleo histórico una aspiración de difícil concreción. El paso atrás que supone esta sentencia convierte lo que ya era difícil en una quimera.
En primer lugar, el TSJA ha desestimado el argumento de que el expediente de segregación debía tramitarse atendiendo a la ley de 1985, en vigor en 1992 cuando se inició el proceso, y no a la ley actual, vigente desde agosto de 2003. La propia norma actual establece en una de sus disposiciones que debe regir también para los expedientes antiguos. El Tribunal no deja dudas en su resolución sobre este apartado, sobre el que el Supremo, al que los segregacionistas han adelantado su intención de acudir, también se ha pronunciado en el mismo sentido cuando tuvo que decidir sobre otros procesos de segregación de municipios.
Y ya en relación con las circunstancias concretas, la Sala ha concluido que en el caso de San Pedro no concurre ninguna de las que fija la ley para justificar una segregación de municipios: ni existe una franja de terreno clasificado como no urbanizable de una anchura mínima de 7,5 kilómetros entre los núcleos principales; ni el nuevo municipio dispondría de los recursos económicos y materiales necesarios para el cumplimiento de las competencias municipales, ni la segregación supondría una mejora en la calidad de los servicios públicos.
Uno de los argumentos planteados por los partidarios de la independencia era que en el momento en el que se planteó el expediente sí existía esa franja de 7.500 metros de suelo no urbanizable entre una población y otra. La sentencia admite en este sentido que si bien los requisitos deben ser examinados en referencia a las circunstancias existentes en el momento en que se presentó la solicitud de segregación, «es evidente también, teniendo en cuenta la trascendencia de la petición que no pueden ser obviadas las perspectivas de futuro que existían en aquella fecha, puesto que las mismas habían de ser tenidas en cuenta, toda vez que una segregación no es cosa de un día, sino que tiene una proyección en el tiempo importante». Los 7.500 metros de franja no urbanizable no existen, según cuatro informes diferentes que para el tribunal gozan de presunción de acierto.
El segundo punto analizado en la sentencia es el que se refiere a la viabilidad económica de los municipios que resulten de la separación, y en opinión del Tribunal los promotores de la segregación no han aportado documentación suficiente que permita garantizarla. La sentencia no se refiere sólo a la viabilidad de un eventual municipio independiente de San Pedro, sino también a la de una Marbella a la que se le hubiese desgajado una parte fundamental de su término municipal. Y no se trata, explica, solamente de contar con medios económicos que permitieran seguir prestando los servicios básicos, sino también de las condiciones físicas y estructurales para su instauración.
En el tercer punto, la sentencia se refiere al interés público autonómico, que la ley vigente también obliga a que se tenga en cuenta. En este caso, tampoco se cumple el requisito.
Con una sentencia tan contundente, resta por saber qué consecuencias políticas puede tener este traspiés que seguramente creará frustración entre los vecinos de San Pedro de impulso independentista que en gran parte alimentan el respaldo electoral de uno de los partidos que forman el equipo de gobierno, Opción Sampedreña (OSP).
Aunque esta formación no se declara segregacionista, sus principales dirigentes sí lo son. El propio Rafael Piña, teniente de alcalde de San Pedro, consideró injusta la decisión del TSJA y aunque sostiene que su partido no nació para luchar por la segregación, él es partidario de la constitución de un municipio independiente.
En lo que posiblemente sea la primera consecuencia política de la sentencia, la Asociación Pro Independencia de San Pedro (ISP), impulsora del expediente derrotado en los tribunales, anunció la semana pasada que vuelve al ruedo político con un comunicado que contenía una crítica a OSP por no haber hecho nada en favor de la segregación.
Posiblemente sea una acusación injusta. Es verdad que abiertamente OSP jamás se ha pronunciado públicamente sobre el expediente, pero otra cosa son las negociaciones bilaterales que esa formación mantuvo con el PSOE durante los días en los que Marbella permanecía en vilo sobre hacia dónde se decantaría el voto de los dos ediles sampedreños, en cuyas manos estaba hacer alcalde a José Bernal o mantener a Ángeles Muñoz. Para entonces aún no se conocía la sentencia, y existía la expectativa de que fuera favorable a la independencia. En ese terreno hipotético, la Junta de Andalucía podía recurrirla ante el Supremo o allanarse y dejar vía libre a la creación de un nuevo municipio. Algunas fuentes aseguraron a este periódico que en aquellas conversaciones se contrajo el compromiso del allanamiento. Que tras conocer la sentencia los independentistas hayan arremetido contra OSP demuestra que en los últimos meses se habían levantado expectativas que se han visto frustradas.
OSP se ha concentrado en sus primeros tres meses en el gobierno municipal en conseguir y gestionar la máxima autonomía para San Pedro, y habrá que ver si los resultados de su gestión convencen a ese sector de la población que durante más de dos décadas imaginó un municipio independiente al final del trayecto y al que ahora la sentencia del alto tribunal andaluz ha devuelto a la realidad.
Y habrá que ver también qué actitud toma la Junta cuando, como se ha anunciado, los promotores del expediente acudan al Supremo para intentar revertir una situación en la que, según se ha visto, tienen todas las de perder. Podrá comprobarse entonces si el partido que gobierna Andalucía asumió algún compromiso más allá del de llenar San Pedro de inversiones.

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Malaya y su botín político
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Héctor Barbotta | 13-10-2015 | 08:29| 0

La polémica desatada la semana pasada a raíz de la aprobación en el Senado de la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que permitirá que las multas que cobre la Administración central por las sentencias del ‘caso Malaya’ y otras causas de corrupción sirvan para reducir la deuda municipal bien podría valer como argumento de un vodevil. Pero es más útil y pedagógico entenderla como metáfora de las reglas no escritas del funcionamiento de la política. La lección no es nada edificante.
La recuperación del dinero sistemáticamente saqueado por los ladrones que gobernaron el Ayuntamiento entre 1991 y 2006 es desde hace años un tema constante en el debate político municipal, lo que no quiere decir que se haya convertido en un asunto que concite el consenso y el accionar conjunto de todos los partidos al margen de sus intereses electorales. Para los partidos, la prioridad es el rédito. Todo los demás viene después.
Esta semana el Senado aprobará los Presupuestos con la enmienda que permite a Marbella estar en condiciones de recuperar su dinero, y lejos de suponer un hito que haya puesto a la ciudad en disposición de preguntarse cuál es el próximo paso que debe darse para que esa posibilidad se convierta en realidad, a lo que se ha asistido es a una bronca monumental con acusaciones de grueso calibre que demuestran que sea cual sea el asunto que se trate, los partidos van a lo suyo.
Y lo suyo no es la acción o la iniciativa que suponga un beneficio para la ciudad, sino una batalla por colgarse la medalla que no hace más que desanimar a la ciudadanía y alejarla de cualquier cuestión que tenga que ver con la política.
Para entender de qué se está hablando es necesario remitirse al año 2006, cuando la gestora se hizo cargo del Ayuntamiento y se encontró, entre otros pufos, con una deuda de cerca de 300 millones de euros acumulada con Hacienda y la Seguridad Social durante los 15 años de cleptocracia gilista. Esa deuda habría supuesto la inviabilidad económica del Ayuntamiento si cuatro años después el anterior equipo de gobierno municipal no hubiese alcanzado un acuerdo con el Gobierno central –uno de esos acuerdos entre instituciones que lamentablemente sólo son posibles cuando ambas están gobernadas por el mismo partido, si no ni soñarlo– que permitió refinanciar la deuda a 40 años con un interés del 1 por ciento. Este acuerdo, superlativamente ventajoso para el Ayuntamiento y que fue recogido en una enmienda a los Presupuestos de 2010, preveía en uno de sus artículos que las cantidades que el Ayuntamiento fuese cobrando con la ejecución de las sentencias de los juicios por corrupción se destinaran a reducir la cuantía de esa deuda estratosférica. La condición de acreedor del Ayuntamiento de los eventualmente condenados en cientos de procedimientos fue una de las escasas armas municipales en estas largas negociaciones y lo que permitió llegar a una refinanciación con un periodo de amortización tan largo.
Sin embargo, sucedió que el cobro de las sentencias no fue tan sencillo como cabía esperar. Los protagonistas del saqueo, con Roca a la cabeza, se habían valido de una red de sociedades y testaferros que hizo que en los procedimientos por los que a la larga serían condenados con sentencias que tenían al Ayuntamiento como perjudicado no hubiesen ni fondos ni propiedades inmovilizadas con las que hacer frente a esos pagos. Las sentencias de las causas más sonadas sirvieron como reparación moral y para saber qué había pasado, pero no para recuperar lo robado.
Hasta que llegó ‘Malaya’. La propia naturaleza de la operación permitió, en este caso sí, inmovilizar cuentas y propiedades. Pero la sentencia, en su mayor parte por delitos de blanqueo, no situó al Ayuntamiento como perjudicado, sino al Estado.
Los servicios jurídicos municipales llevan años batallando frente al Estado para que los bienes incautados en ‘Malaya’ sean destinados al pago de las indemnizaciones de los otros casos, pero la enmienda aprobada ahora en el Senado facilita mucho la situación. En ella se reconoce el derecho de la ciudad a que las multas que cobre el Estado por ‘Malaya’ vayan a reducir la deuda con Hacienda y la Seguridad Social.
La ciudad debería comenzar a plantearse cómo hacer para que la sentencia se ejecute cuanto antes, porque los bienes incautados son cuantiosos. Cualquiera que se haya tomado la molestia de leer la sentencia habrá visto que la fortuna inmovilizada a Roca suma 200 millones de euros. Ése debería ser el objetivo municipal, más allá de celos o de medallas
En lugar de eso, los partidos se han metido de lleno en la batalla por conseguir el rédito, sin entender que por delante queda mucho trabajo. El PSOE es incapaz de reconocer que la enmienda introducida en el Senado es una gran victoria para la ciudad, independientemente de que el dinero que se vaya ingresando irá a reducir el montante total de la deuda y no los pagos inmediatos que debe realizar el Ayuntamiento, como reclamaba el alcalde. El PP jamás va a reconocer que la enmienda tuvo que presentarse en el Senado porque unos días antes se había rechazado una iniciativa en el mismo sentido presentada por el PSOE.
Lo que ha hecho el PP en el Senado no es un servicio desinteresado a Marbella, aunque la torpeza con que lo comunicaron les haya impedido capitalizarlo, pero tampoco es una traición.
El alcalde ha aducido que lo aprobado es mucho más desfavorable para la ciudad que un acuerdo que él había conseguido del ministro en una conversación telefónica. Que lo denunciara acompañado por el secretario provincial del PSOE explica hasta qué punto lo partidista le ha ganado el pulso a lo institucional.
Desde el PP han negado que existiera ese acuerdo y hasta han puesto en duda la existencia de la conversación. Durante el pasado jueves intentaron, sin conseguirlo, que el Ministerio la desmintiera. El desmentido nunca llegó, pero tampoco resulta verosímil pensar que un acuerdo de este calado, con cientos de millones de euros en juego, se pueda alcanzar sin un solo papel por medio y con una charla telefónica. Si el alcalde creyó que con la conversación bastaba es que aún no ha aprendido cómo funcionan estas cosas.
La enmienda aprobada dibuja un escenario nuevo y abre una gran oportunidad para la ciudad, pero quedan muchas cosas por hacer. Entre ellas conseguir que el Estado ponga su maquinaria en marcha para que el fruto pueda comenzar a recogerse en cuanto el Tribunal ejecute la sentencia. También conseguir que se concrete a qué otras sentencias, además de ‘Malaya’ es aplicable el acuerdo. Quizás, aunque tengamos unas elecciones a la vuelta de la esquina, sea el momento de dejar las peleas para otro momento.

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Novatadas
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Héctor Barbotta | 05-10-2015 | 09:56| 0

La Delegación de Urbanismo, que hasta ahora había permitido sacar pecho al equipo de gobierno municipal, ha vivido esta semana sus ‘días horribilis’. Tras aprobar una profunda reestructuración del área, la concejala Isabel Pérez ha tenido que recular y desmentirse a sí misma para evitar males mayores.
La semana anterior, Pérez firmó una nota interior de 14 folios en la que informaba de los cambios en el área, que incluían el nombramiento de nuevos jefes de servicio y de sección, la designación de algunas jefaturas temporales y la asignación de trabajadores a cada una de las áreas con una minuciosa descripción de tareas. Los nombramientos implicaban, como es natural, ceses.
Las modificaciones, según explicaba la propia concejala, se inspiraban en intenciones tan loables como evitar «subrutinas redundantes, trabajos alienantes, desempeños recurrentes y el agotamiento y la frustración del personal, que a su vez se traslada en una percepción ciudadana injustamente negativa de la denodada labor» que se realiza en la delegación.
Los cambios fueron comunicados a los trabajadores mediante la nota, en la que se informaba de los nombramientos de los nuevos responsables y el relevo de los antiguos, a quienes se reconocía «los años de ardua labor no siempre recompensada y rara vez reconocida».


Muchas veces se reclama que la administración recoja prácticas de la empresa privada para ganar en eficacia, pero está claro que en las instituciones públicas hay caminos que no se pueden saltar.
En apenas una semana la edil tuvo que dar marcha atrás, corregirse a sí misma y firmar otra nota, mucho más escueta que la anterior, en la que aseguraba que aquella no era más «que un documento de trabajo». Una propuesta que debía ser negociada.
¿Qué había pasado en medio? Algunos sindicatos habían estallado ante lo que consideraban un atropello a los derechos laborales de los empleados de Urbanismo, especialmente de quienes se veían desplazados de sus cargos y de las remuneraciones ligadas a esos puestos.
La seguramente bien intencionada iniciativa de la edil suponía barrer con una serie de derechos adquiridos, y en esos asuntos la administración tiene sus propias normas. Seguramente menos prácticas que en la empresa privada, pero mucho más garantistas para quienes han entrado en el organigrama de lo público.
Es posible que Isabel Pérez, tras pagar la novatada, ya conozca cuáles son los procedimientos burocráticos que debe seguir, haya entendido que la voluntad de cambiar las cosas a mejor es condición necesaria pero no suficiente y comience a preguntarse si ha estado bien asesorada, incluso por quienes le aconsejaron no reconocer el grueso error con el que se ha estrenado y desmentir en un documento lo que había firmado en el anterior.

Pérez no es la única a quien la inexperiencia ha puesto en evidencia. El pasado viernes los dos ediles de Costa del Sol Sí Puede intentaron desmarcarse del equipo de gobierno municipal. Ya sea porque existe malestar interno en Podemos por el seguidismo de ambos concejales, lo que ha llevado a que exista cierto desconcierto acerca de si lo que gobierna en Marbella es un tripartito o un cuatripartito, o porque la proximidad de las elecciones obliga a volver ocupar el espacio propio lejos de veleidades incomprensibles, o quizás por ambos factores, los ediles ofrecieron el viernes una rueda de prensa con posterior comunicado en la que intentaron volver al discurso original de Podemos como alternativa al bipartidismo con el que la formación morada creó un nuevo espacio y entró en el mapa político.
Desde que el portavoz municipal de la formación, José Carlos Núñez, instara en la asamblea posterior a los elecciones a apoyar la investidura de José Bernal prácticamente sin condiciones porque «el PSOE es casta pero el PP es casta y media», el partido instrumental ha mantenido posiciones en el Ayuntamiento que hicieron imposible diferenciar su posición de las de sus compañeros en la comisión de gobierno municipal. Incluso en asuntos que colisionaban con cuestiones que habían sido nucleares en el discurso fundacional de Podemos, como la limitación de los sueldos de los políticos a tres salarios mínimos o la crítica a la contratación de afines sin cualificación.


Posiblemente por candidez o porque está atrapado en aquel concepto acuñado por Núñez de la casta y la casta y media que lo llevó a regalar el voto de investidura sin contrapartidas ni garantía alguna y que le impide sumar sus votos a los del PP cuando alguna cuestión no convence, el grupo municipal de Costa del Sol Sí Puede ha intentado afrontar estas cuestiones con iniciativas inverosímiles, como las entrevistas personales mantenidas con los cargos de confianza cuyos currículos no convencían o la rueda de prensa del viernes, en la que advirtieron de que pese a las promesas este año el IBI no va a bajar una semana después de que el paquete fiscal y la retirada de la subvención a ese impuesto salieran adelante con sus votos en el pleno municipal.
O también están pagando la novatada o ya han pasado a formar parte de aquello contra lo que que nacieron: la vieja política de decir una cosa y hacer lo contrario.

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Pobres opresores
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Héctor Barbotta | 02-10-2015 | 08:55| 0

En estos días la intensidad del conflicto catalán no sólo ha llevado a unos cuantos a opinar acerca de lo que desconocen, lo que no supone novedad alguna sobre todo en las tertulias televisivas, sino también a hastiar a muchos de quienes procuran estar informados, pero se resisten a que les machaquen el cerebro durante las 24 horas del día con las disquisiciones de quienes se muestran incapaces de ver más allá de su propio ombligo.
Seguramente uno de los grandes éxitos de los secesionistas-separatistas-soberanistas (entrar en esos matices no es objeto de este artículo) fue poner a todo el mundo a debatir en función de sus propios puntos de vista. Haber convocado unas elecciones en clave de referéndum y que durante toda la campaña se haya discutido en torno a ese eje –soberanía, autodeterminación, independencia sí o no- y no en clave electoral, lo que hubiese obligado a confrontar propuestas sobre educación, sanidad, impuestos y esas tonterías que preocupan a la gente de a pie, ha sido el gran éxito de Mas y los suyos.
Cuando el adversario elige en qué campo se juega el partido, con qué balón, con qué árbitro y hasta con qué reglas y uno lo acepta como si no le quedara otra opción lo más probable es que al final de la contienda sólo le quede admitir que no es el obtenido el resultado que se esperaba o que acabe celebrando no haberse llevado una goleada de aúpa.
En todas las elecciones de las que se tiene noticia las posiciones se dirimen sobre el eje izquierda-derecha, progresismo-conservadurismo o como quiera llamarse a esa dicotomía entre dos posiciones igualmente legítimas, y quien marca el terreno es el que acaba llevándose la victoria. Pero en esta ocasión los soberanistas señalaron un terreno diferente, el que más les convenía por los temas que se obviaban, y todos los demás aceptaron sumisos las normas impuestas por el adversario.
Ese terreno marcado no sólo establecía que había que discutir sobre independencia y no sobre, sanidad, por poner un ejemplo, sino también que defender la autodeterminación, o el derecho a la secesión era lo moderno y progresista, y apostar por la unión, lo carca y anticuado. Y no.
En un país sometido, el progresismo y los impulsos de emancipación caminan indefectiblemente de la mano. De modo análogo, defender la secesión en una región desarrollada porque se considera que la solidaridad con los demás es una lastre puede ser muy legítimo, pero ello no atenúa el sonrojo intelectual que provoca asistir a cómo se disfraza de lucha liberadora esa posición reaccionaria.
Por poner un ejemplo cercano. Es como si en Marbella alguien quisiera trazar una linde para quedarse con el IBI de Guadalmina y Puerto Banús y disfrazara la maniobra de movimiento soberanista frente a la opresión de los barrios obreros.

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Jeque sin crédito
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Héctor Barbotta | 25-09-2015 | 10:16| 2

Esta semana el jeque Al-Thani apareció en Tuiter, como suele hacer cuando, quién sabe a partir de qué tipo de razonamiento, decide salir de un silencio de meses, soltar alguna frase y volver a encerrarse en quién sabe qué ocupaciones. Al-Thani, tecleó cuatro frases en algo parecido al inglés en la red social, que para él no sólo tiene la limitación de los 140 caracteres sino otras dos: el insuficiente dominio del idioma en el que intenta expresarse y también que posiblemente no sepa exactamente qué es lo que quiere decir. El jeque intentó defenderse de las acusaciones de los aficionados de que tiene abandonado al club, de que carece de proyecto para la entidad y de que la crisis deportiva es producto de una crisis de dirección. Su defensa no hizo más que dar la razón a quienes le critican. Resulta difícil entender por qué y a partir de qué criterio el jeque decidió romper su silencio para responder a los aficionados que reclaman no ya por la marcha del equipo, sino por el abandono de un proyecto que no hace mucho tiempo los ilusionó. Años atrás, cada frase, cada palabra, cada gesto y cada tuit eran objeto de sesudos análisis de los que podían desprenderse tesis y vaticinios sobre el futuro del Málaga Club de Fútbol y posteriormente también sobre la ampliación del Puerto de La Bajadilla, un proyecto en el que el jeque siguió el modelo aplicado en su aventura futbolística: mucho interés al principio y una total indiferencia después. La única diferencia es que en el Málaga se gastó una buena cantidad de dinero al comienzo, aparentemente sin ton ni son y sin una gestión medianamente seria detrás, pero en el puerto fue mucho más rácano. No hubo gestión pero tampoco dinero, posiblemente porque suponía que las puertas que le había abierto el dispendio en figuras del balón lo eximía de cumplir los compromisos adquiridos en otros terrenos. Hace no mucho tiempo, los tuits del jeque, sus presencias y ausencias, provocaban interés, entusiasmo, atención y hasta inquietud, pero ahora la jequelogía se ha convertido en una disciplina en franca decadencia. Se creía que estábamos ante un inversor excéntrico que escondía detrás de una personalidad inasequible un millonario con grandes ideas y un sólido equipo de gestión. Pero los tuits han dejado de interesar porque ya se sospecha, con cierto fundamento, que no son más que la manera en la que un millonario ocioso e irresponsable al que la fortuna le ha caído del cielo mata sus horas de aburrimiento. Del jeque se sabe poco. Por no saber, no se sabe si lo que gastó en el Málaga y lo que no se ha gastado en el puerto de La Bajadilla era suyo o de alguien más. De lo que sí estamos seguros es de que el crédito de nuestra paciencia se ha agotado.

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¿Tripartito o cuatripartito?
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Héctor Barbotta | 14-09-2015 | 08:16| 0

Han pasado ya tres meses desde que el socialista José Bernal es alcalde tras conseguir en el pleno de investidura el apoyo de cuatro grupos políticos y todavía no está claro si el gobierno municipal de Marbella es tripartito o cuatripartito.
Hasta que comenzó el receso de agosto la situación estaba clara. Era un tripartito para el equipo de gobierno (PSOE, OSP e IU), y un cuatripartito para la oposición, el Partido Popular, que incluía en sus antagonistas al grupo municipal de Costa del Sol Sí Puede (CSSP).
Pero con el nuevo curso político el PP sorprendió con el envío de algunas notas de prensa en las que se refería al gobierno como ‘el Tripartito’ y quienes advirtieron el cambio comenzaron a preguntarse a qué se debía.
Unos entendieron que la calculada ambigüedad de la formación impulsada por Podemos había conseguido confundir al principal –o al único, esa es la cuestión– grupo de la oposición, pero hubo quienes atribuyeron el cambio a una reunión celebrada durante el verano entre ambos grupos –PP y CSSP– que los primeros optaron por mantener en el terreno de la discreción pero que los segundos difundieron.
¿Qué se trató en esa reunión? A la vista de algunas actuaciones del equipo de gobierno en estos tres meses en las que se contravienen algunas de las cuestiones que el partido impulsado por Podemos considera esenciales, especialmente en lo referente a contrataciones y remuneraciones de cargos de confianza, el PP exploró la posibilidad de impulsar alguna iniciativa que permitiera si no contar con los dos votos de CSSP para infringirle una derrota al equipo de gobierno, sí al menos abrir una brecha en lo que hasta ahora ha sido un bloque monolítico en torno al poder municipal. Pero a la vista de los resultados, no consiguió ni una cosa ni la otra.
Los ediles de Costa del Sol Sí Puede sólo muestran de momento su descontento con algunas de las actuaciones del gobierno municipal con iniciativas como realizar una visita a la sede de la Policía Local ante la incertidumbre que rodea a ese cuerpo o anunciar que se reunirán con los asesores contratados por el equipo de gobierno cuyos currículums no convencen.
No se sabe si estas iniciativas, con las que CSSP exhibe su intención de desmarcarse muy tímidamente de la gestión municipal son la plasmación de la nueva política que proclama Podemos o la muestra palpable de la falta de experiencia de los ediles de esa formación. Lo que sí está claro es que el nuevo partido no parece dispuesto a ir de la mano del Partido Popular a ningún sitio, por lo que no se vislumbra en el horizonte votación alguna en la que el equipo de gobierno, con sus 12 ediles sobre un total de 27, vaya a salir derrotado.
Quizás por ello el PP haya decidido tras el lapsus del verano volver a la categorización política que inauguró cuando se vio desalojado del poder. La exalcaldesa Ángeles Muñoz lo dijo con todas las letras el pasado miércoles: «El grupo Sí Puede está en todas las juntas de gobierno, hasta la fecha ha apoyado todas las iniciativas que ha llevado el Tripartito (sic), no ha votado en contra ni una sola. Ha habido ocasiones en las que se ha mostrado a favor de iniciativas que ha presentado el Partido Popular, pero como si se abstenía salían adelante, han votado en contra. No sé si están jugando a ver quién hace el papel de qué. Es un cuatripartito. Decía lo del tripartito y Podemos, pero es un cuatripartito».
Cuatripartito o no, lo que parece estar claro es que Costa del Sol Sí Puede no está dispuesto a hacer oposición conjunta por más que sus bases se pregunten si no pecaron de pardillos al no pedir garantías a la hora de firmar el acuerdo de investidura que llevó a la Alcaldía a José Bernal.

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Los arrepentidos
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Héctor Barbotta | 08-09-2015 | 11:25| 0

La figura del arrepentido está muy presente en el mundo del hampa, por lo que no debe llamarnos la atención que Julián Muñoz y José María del Nido hayan recurrido a ella en las primeras sesiones del juicio por el ‘caso Fergocom’, que se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Málaga.
Los arrepentidos suelen ser figuras clave en la desarticulación de las redes mafiosas y terroristas más impenetrables, y aunque en la legislación española la concesión de beneficios a quienes colaboran para desarticular las organizaciones a las que han pertenecido no está muy desarrollada, el arrepentimiento sí es considerado como atenuante a la hora de dictarse sentencia contra quien haya delinquido.
Que declamar arrepentimiento forme parte de la estrategia de defensa es legítimo, pero para creérsela debería ir acompañado de hechos. Del Nido se ha mostrado dispuesto a devolver el dinero que se le acusa de haberse llevado por el caso de facturas falsas por el que está sentado ahora mismo en el banquillo, pero ni siquiera ha terminado de pagar la indemnización en favor del Ayuntamiento de Marbella a la que ya fue condenado en el ‘caso Minutas’, que lo tiene a la sombra desde marzo del año pasado. Comenzó a pagar cuando estaba a la expectativa de recibir un indulto, pero dejó de hacerlo cuando quedó claro que no habría medida de gracia. Todavía debe 1.266.607,34 euros. Si está arrepentido puede comenzar por ahí. La deuda con Marbella de Julián Muñoz, que en los últimos meses ha reducido su estrategia de defensa a dar lástima, es mucho mayor, más de 78 millones de euros.
El exalcalde también se muestra arrepentido, pero tanto el Tribunal que lo juzgó en el ‘caso blanqueo’, como el fiscal, como cualquiera con dos dedos de frente y la dosis mínima de sentido común, consideran que tiene una fortuna oculta, y que seguirá blanqueando tan pronto como tenga oportunidad para hacerlo. El producto de años de latrocinio desde el poder no se esfuma por arte de magia.
Es posible que tanto Julián Muñoz como José María del Nido quieran congraciarse con sus víctimas, conseguir que se atenúe la persecusión judicial de sus delitos, obtener algún beneficio, e incluso, en el caso de Del Nido, tener una plataforma desde la que reconstruir una imagen pública el día que le toque abandonar la celda. Pero eso no tiene nada que ver con el arrepentimiento.
Está muy bien declarar públicamente que se está arrepentido, en primer lugar porque ello supone reconocer la autoría de los hechos que los han llevado al banquillo. Pero el arrepentimiento se demuestra en la reparación de lo que se ha hecho mal, y en este caso los actos que cometieron Muñoz y Del Nido no son, afortunadamente, irreparables. Sólo tienen que devolver lo que se han llevado.
El arrepentido tiene diferentes consideraciones según desde qué ángulo se lo enfoque. Para la policía o la justicia puede ser un colaborador imprescindible y por lo tanto valorado más allá de las conductas que haya tenido en el pasado, y para la sociedad, una persona que se ha equivocado y quizás merezca otra oportunidad. Pero en las leyes de la mafia no hay posibilidad de matices, al arrepentido se le llama ‘rata’ y su colaboración con la policía o la justicia supone una traición castigada con sangre.
Es seguro que ni Julián Muñoz ni José María del Nido deban estar preocupados por esto último. En primer lugar, porque la mafia de la que formaron parte no tiene nada que ver con la Cosa Nostra ni con la Camorra; fue algo mucho más cutre y primitivo. En segundo lugar, porque el arrepentimiento que han expresado en el juicio no ha permitido resolver nada, ni ha aportado luz sobre el tema que los ha sentado esta vez en el banquillo. Por no servir, no ha servido siquiera para que las víctimas de sus actos delictivos, los vecinos de Marbella, puedan tener la percepción de que ambos personajes han desistido de seguir con lo que vienen haciendo desde hace más de quince años: tomarles el pelo. Es más, todo indica que siguen en lo mismo.

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El PP se toma en serio los 100 días
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Héctor Barbotta | 17-07-2015 | 18:00| 0

No hay respuesta a la mayor parte de las acusaciones que se lanzan, ni críticas públicas a lo que al parecer funciona mal o ni siquiera funciona, tampoco se señalan las posibles contradicciones en las que puede estar cayendo el nuevo equipo de gobierno. Un mes después de haber pasado a la oposición tras ocho años en el poder municipal, en el Partido Popular han dejado en claro que se han tomado en serio aquello de los 100 días de cortesía. Incluso en las redes sociales los militantes del PP están inusualmente inactivos. Durante las cuatro semanas que han pasado desde que José Bernal se sentó en el sillón de alcalde, los concejales del Partido Popular no sólo han dejado toda la iniciativa al equipo de gobierno, sino que solamente han salido a la superficie para responder a algunas de las cuestiones que consideraban que requerían de una reacción urgente: la afirmación de que el superávit municipal era ficticio, el baile de números sobre la cantidad de cargos de confianza destituidos, la suspensión de una actividad cultural por falta de fondos y la más reciente renuncia del alcalde, José Bernal, a construir la residencia de la tercera edad en los restos de lo que fue el Trapiche.
Han sido intervenciones puntuales, limitadas y sin continuidad. La estrategia del PP en su nuevo papel de oposición no pasa de momento por confrontar todo el tiempo y en todos los frentes. Ya se verá cuando pasen los 100 días.
Durante este tiempo, la práctica desaparición del grupo del PP del foco público, en especial de su lideresa, Ángeles Muñoz, podría invitar a pensar que el grupo popular no se ha repuesto todavía del golpe que supuso pasar a la oposición y que sus integrantes están tan aturdidos como en la primavera de 2012, cuando tardaron meses, en especial la entonces alcaldesa, en asimilar que Javier Arenas había perdido su oportunidad histórica de convertirse en presidente de la Junta de Andalucía.
Pero esta vez no es así. La momentánea desaparición del PP del primer plano obedece a una estrategia trazada desde el mismo momento en que supieron que el pacto cuatripartito iba a desplazarlos del lugar que habían ocupado desde 2007.
Algunos ediles han tardado en reacomodarse a su nueva situación. La mayor parte ha vuelto a sus trabajos –abundan entre ellos los profesores y los funcionarios– y otros empiezan a explorar nuevas vías laborales. Pero el grupo lleva semanas funcionando, de momento de manera discreta. Se reúnen todas las semanas en el local del PP del centro de Marbella en unos encuentros que dirige la propia Ángeles Muñoz, una de los pocos que se ha tomado unos días de vacaciones, y a los que acuden no solamente los miembros del grupo municipal, sino otros candidatos que no obtuvieron acta, como Eloy Ortega, Isabel Cintado o Federico Vallés. También el exdirector de Hacienda y Personal, Carlos Rubio, participa de las reuniones.
La autocrítica y el análisis de las causas por las que no consiguieron mantenerse en el poder fue más breve y menos profunda de lo que hubiese cabido esperar. Los esfuerzos se han centrado en preparar la estrategia de oposición, que pasa por un marcaje área por área, y evitar cualquier señal que pudiera transmitir la imagen de que hay críticas estimuladas sólo por el hecho de que se ha perdido el poder.
La estrategia incluye también la presencia de concejales del PP en todos los actos públicos y sociales que tengan lugar en la ciudad y el establecimiento de turnos para mantener abierta la sede.
Pero hay también un segundo reacomodamiento, y es interno en el Partido Popular.
El primero ha venido desde la Diputación Provincial de Málaga. Kika Caracuel deja de ser vicepresidenta primera para convertirse en portavoz de su partido en esa institución. Este cambio tiene dos propósitos. El primero debe leerse en la clave de un código no escrito que suele ser de estricto cumplimiento en los partidos: nadie tiene más rango que su jefe de filas. Si Caracuel hubiese seguido como vicepresidenta se habría situado en el escalafón por encima de Ángeles Muñoz, quien ahora sólo es una concejala de la oposición. Hay quien interpreta que la exalcaldesa no habría aceptado esa situación.
La segunda es más práctica y mucho más comprensible para quienes viven al margen de los códigos ocultos de los partidos. Desde su atalaya de portavoz popular en la Diputación, Caracuel podrá tener una participación más activa en la oposición municipal marbellí que la que podría haber realizado desde un puesto de perfil mucho más institucional como es el de la vicepresidencia segunda de la institución.
Después de perder varias alcaldías, las vista se ha puesto en la futura conformación de las listas del Partido Popular a las próximas elecciones generales. Los puestos de salida para el Congreso, y sobre todo para el Senado, son ya objeto de deseo para muchos de estos exalcaldes y exalcaldesas. Habrá que ver quiénes consiguen colarse en una lista con más aspirantes que lugares. Mucho más cerca está la conformación de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, donde se da por seguro que Ángeles Muñoz tendrá un puesto relevante.

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Aterrizaje forzoso
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Héctor Barbotta | 06-07-2015 | 10:14| 1

El aterrizaje del nuevo equipo de gobierno en la gestión de los asuntos municipales está siendo más lento de lo que se esperaba. Éste debería ser un país en el que un cambio de signo político en una institución no debería suponer otra cosa que modificar las orientaciones generales de la gestión pública, no la paralización de esta.
Miembros del equipo de gobierno aseguran que se han encontrado la administración llena de pequeñas bombas de relojería, y por eso no llama la atención la polémica surgida esta semana en relación con la suspensión por falta de presupuesto de unos premios literarios.
La exconcejala del ramo, Carmen Díaz, reaccionó tras conocer la suspensión con una rueda de prensa en la que aseguraba que sí había fondos para realizar el certamen, aunque a renglón seguido aclaró que se contaba con el apoyo económico de patrocinadores, aspecto al que no se refirió la responsable de Cultura, Gema Midón, cuando aludió a la insuficiencia de fondos para poder celebrar el evento y que posiblemente desconocía.
En una situación normal de relevo en el poder municipal, lo lógico hubiese sido que la edil saliente comunicara a la entrante los pormenores de la organización de un evento con el que se encontraría aún aterrizando. Pero no estamos en una situación normal, sino en un ambiente en el que muchos de los ediles de uno y otro signo se ven por la calle y ni siquiera se saludan. Las consecuencias de la descortesía las pagan los ciudadanos.
Según aseguran desde el propio equipo de gobierno, prácticamente toda la gestión municipal descansaba en cargos designados por el Partido Popular que han cesado en sus funciones, aunque las cifras que se dan en este sentido bailan según se pregunte a uno o a otro. 32 sostienen desde el gobierno saliente; más de 40 o más de 60, según quién responda, desde el entrante. Que el propio gobierno municipal no haya dado aún una cifra concreta sobre este apartado –el propio alcalde se refiere a una horquilla entre 44 y 46– permite advertir hasta qué punto el aterrizaje en la Plaza de los Naranjos todavía no ha terminado.
Cualquiera sea la cifra, se asegura que al haberse descabezado la cúpula que dirigía el Ayuntamiento hay trabajo que no se hace simplemente porque no hay nadie que pueda hacerlo. Los propios concejales reconocen que tienen que asumir personalmente algunas tareas que por lógica no les corresponden. La imagen del edil de Parques y Jardines con la llave de la plaza de la Constitución en mano esperando que llegue la hora de cierre da una buena idea de cuál es la situación organizativa del Ayuntamiento tras un relevo que no ha sido tal, sino la salida en estampida de los que estaban y el aterrizaje de los nuevos.
Es posible que el equipo saliente tenga la tentación de atribuir la lentitud en el aterrizaje del nuevo gobierno a su composición multicolor o a la bisoñez de sus integrantes, pero es seguro que los ciudadanos de todo signo agradecerían mayor cortesía y espíritu de colaboración por ambas partes.
El nuevo equipo de gobierno municipal lleva tres semanas en el Ayuntamiento y da la sensación de que este tiempo sólo le ha dado para un par de gestos de fuerte contenido simbólico y para comenzar a organizarse. Y no puede decirse que el proceso de organización haya concluido.
En el primer pleno municipal se aprobó la creación de 27 puestos de libre designación de los que nueve tienen el rango de ‘asesor responsable’. Se trata de un eufemismo que esconde las funciones de directores de área, figura criticada por los actuales gobernantes cuando estaban en la oposición. De hecho, cuatro de estos asesores que serán más que asesores ya que tendrán funciones ejecutivas, son antiguos ediles.
Algunas de estas personas comenzaron a ejercer antes de tomar posesión de sus cargos, incluso antes de que sus cargos fuesen creados, una situación formalmente irregular pero que desde la buena voluntad podría entenderse desde la necesidad de que la gestión municipal no colapsara.
Sin embargo, tres semanas después de que el nuevo alcalde fuese investido prorrogar esta situación irregular raya en la irresponsabilidad.
De los nueve cargos creados, siete ya están oficialmente en funciones. Existe otro que no ha asumido al no haber arreglado aún su situación laboral actual y un noveno que corresponde al cargo de asesor jurídico de Alcaldía que el Ayuntamiento debería aclarar cuanto antes.
Desde que comenzó el desembarco del nuevo equipo en el Ayuntamiento sonó el nombre del abogado Jaime Olcina, asesor jurídico del grupo municipal socialista en el anterior periodo municipal, como posible director o asesor de Urbanismo. De hecho, el propio Olcina se instaló en las oficinas de esa delegación y comenzó a funcionar codo con codo con la concejala delegada del área, Isabel Pérez.
Pero los antecedentes de Olcina, declarado simpatizante del GIL en los noventa y socio de Isabel García Marcos en una fundación creada en 2003, no convencieron a los socios de gobierno, especialmente a Costa del Sol Sí Puede, que cuestionaron su llegada a un área tan sensible y con una historia tan crítica en la ciudad como es la de Urbanismo. Se decidió entonces que el abogado pasara a depender directamente del alcalde como asesor jurídico. Sin embargo, el nombre de Olcina no figura en la lista de los siete altos cargos nombrados por decreto del alcalde el pasado 1 de julio. Cuando este periódico se ha interesado por la situación del abogado ha recibido respuestas de lo más variadas.
Olcina no está aún por lo tanto oficialmente en el organigrama municipal, a pesar de lo cual sigue despachando en el Ayuntamiento y participando en reuniones con y sin focos. En aras de la transparencia, que supuso uno de los puntos fundamentales del pacto de gobierno, esta situación no se debería prolongar ni un día más.

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Punto final a 24 años de escaramuzas
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Héctor Barbotta | 01-07-2015 | 09:37| 0

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y el alcalde de Marbella, José Bernal, anunciaron el jueves pasado una nueva era en las relaciones entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, y para no desmentir declaración tan solemne, al día siguiente el flamante consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, se desplazó hasta la ciudad para presidir el acto de entrega de banderas azules a playas y puertos andaluces.
Durante 24 años, con el único intervalo de los 14 meses de la gestora, las relaciones entre el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía fueron convulsas. En la larga noche en la que a la cabeza de su banda se dedicó a saquear Marbella, Jesús Gil agitó el fantasma de la discriminación para desacreditar cualquier atisbo de límite que desde la Administración autonómica se le quisiera poner a la depredación del territorio con la que engordaba el botín. En ese aislamiento institucional calculado encontró además la excusa para destinar a llenar sus bolsillos y los de sus secuaces el suelo que debería haber puesto a disposición de la Administración autonómica para que se levantaran colegios, institutos y centros de salud. Y la verdad es que por comodidad, por cobardía o por ineptitud de quienes hubiesen podido pararlo gozó de manos libres durante doce larguísimos años.
Durante su breve etapa al frente del Ayuntamiento, Julián Muñoz intentó un tímido acercamiento para intentar lavar cara, imagen y posiblemente también el destino carcelario que se le venía encima, pero todo estaba tan podrido y el propio alcalde tan sumergido en la mierda que cualquier entendimiento fue imposible.
Llegó el turno de la gestora y la Junta aparentó volcarse con la ciudad. Hubo visitas del entonces presidente y de consejeros, se devolvieron las competencias urbanísticas y hasta se eligió a Marbella para anunciar que el tren llegaría a San Pedro Alcántara en el otoño de 2013. De aquella breve luna de miel, interrumpida cuando el resultado de las elecciones municipales de 2007 alteró la hoja de ruta trazada desde San Telmo, quedan dos de los legados que llegan hasta hoy: el anticipo reintegrable de 100 millones de euros concedido para evitar la quiebra del Ayuntamiento y cuyo importe se calculó según las inversiones que la Junta había dejado de realizar y el comienzo de la tramitación del Plan General.
El préstamo y el PGOU se convirtieron con el tiempo en un pesado lastre para el desarrollo de la ciudad. El primero, porque su devolución se pactó en unas condiciones imposibles de cumplir en un periodo de grave crisis económica; el segundo, porque la fórmula que se pergeñó para evitar el derribo de miles de viviendas ilegales fue un sistema de compensaciones que en la práctica se reveló imposible de cumplir y convirtió a la delegación de Urbanismo en un embudo burocrático donde se atascaron cientos de proyectos y se puso a prueba la paciencia de los inversores.
Las relaciones de Ángeles Muñoz con la Junta posiblemente se puedan dividir en dos etapas. En la primera, Marbella se convirtió en uno de los principales altavoces del discurso del PP contra el gobierno andaluz. El relato oficial era el de una ciudad ignorada y maltratada por la Junta. Por aquel entonces, la apuesta de Ángeles Muñoz se llamaba Javier Arenas y en esa única dirección puso el timón de su estrategia. Después del grave trauma que supusieron para el PP los resultados autonómicos de 2012 se intentó un cambio de rumbo y de discurso, pero para entonces ya era tarde. La confrontación desde un lado era respondida por desprecio desde el otro. Que ninguno de los tres presidentes que ha tenido Andalucía en los últimos ocho años haya entrado por la puerta del Ayuntamiento ilustra cuál ha sido el lugar que ocupó la ciudad en los despachos de Sevilla.
Ahora se anuncia un nuevo tiempo. El signo político ha cambiado y en el PSOE son conscientes de que la oportunidad para consolidar el poder municipal recuperado tras un cuarto de siglo gracias a una alianza multicolor pasa en gran medida por cómo se retrate la Junta en Marbella durante los próximos cuatro años.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella