Diario Sur

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Una cuenta inexorable
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Héctor Barbotta | 04-07-2016 | 16:37| 0

Hay cuestiones que pesan más cuando se trata de responder a las preguntas de los encuestadores que a la hora de depositar el voto. La corrupción parece encontrarse entre las primeras; el temor a los cambios de rumbo con destino incierto, entre las segundas.
En los últimos años, el concepto de que el dinero público no procede de una bolsa de fondo infinito sino del sufrido bolsillo de los ciudadanos parecía haber crecido en la conciencia social, pero seguramente aún queda un duro trecho por andar. Es verdad que la corrupción no tiene buena prensa, pero todavía indigna más que la tibieza a la hora de combatirla. Decimos que sabemos que el dinero público es de todos, pero a veces seguimos actuando como si no fuera de nadie.
Quizás el problema resida en que las consecuencias del robo de dinero público no se sufre en el momento en el que se conoce la noticia, y a que la cleptocracia suele campar a sus anchas en épocas de vacas gordas que dejan buen recuerdo en la memoria de las víctimas. La corrupción parece formar parte de los ciclos económicos. Sucede cuando la economía va bien o medio bien; nos enteramos cuando va mal o peor.
Pero que la noticia la tengamos con retraso y que los robos se perpetren en momentos que recordamos como de gran prosperidad no quiere decir que las consecuencias no se acaben sufriendo. En diferido y con retraso pero las facturas inapelablemente llegan. Y suelen hacerlo cuando más duele.
Marbella es, con poco espacio para la duda, el mejor ejemplo de ello. La ciudad inauguró prematuramente el mapa español de la corrupción, cuando el resto del panorama parecía inmaculado, y acaparó hace ya una década titulares, focos y la exclusividad de la atención.
Pasó el impacto original de las detenciones y la avalancha informativa que las sucedieron, la celebración de los juicios y hasta la ejecución de las condenas. Después los focos y la atención viajaron a otros lares y en esta década hubo tiempo suficiente para que el problema decantara. Consumida la atención inicial, depositada la atención en otros puntos de la geografía y en otras expresiones de la desvergüenza, el latrocinio todavía sigue pasando factura una década después de acabado. Y lo que queda.
Esta semana se inició en Madrid la subasta de los bienes incautados hace diez años a Juan Antonio Roca y un simple repaso a la composición del primer lote, en el que no aparece el Miró que supuestamente completaba la decoración del baño con jacuzzi, da una buena idea del volumen del saqueo. Es muy poco probable que un solo euro de lo que se recaude en la casa de subastas regrese algún día a los bolsillos que se vaciaron para que Roca acumulara ese patrimonio que seguramente no es lo que más echa de menos desde la celda que ocupa desde 2006. Aún así, estaría bien que desde el Ayuntamiento se mantuviese la tensión sobre este asunto. Es necesario que exista un control sobre lo que el Estado va cobrando y que la reivindicación de que el dinero regrese a Marbella siga viva. Hay cientos de casos con sentencia en los que la ciudad aparece como perjudicada y la presión para que esas cantidades se cobren antes que la sentencia de ‘Malaya’, donde el acreedor es el Estado, debería seguir. Los actuales responsables municipales enarbolaron cuando estaban en la oposición la bandera del regreso del dinero a Marbella, e hicieron bien. Ahora, desde el poder municipal, la tensión institucional sobre este asunto no debe decaer.
El saqueo sufrido por la ciudad no deja de mostrar nuevas caras. Esta semana los vecinos de Marbella se enteraron de que tendrán que seguir aplazando la satisfacción de algunas de sus necesidades más básicas porque el Ayuntamiento tendrá que destinar 308.000 euros a pagar las minutas de los abogados y procuradores que representaron a funcionarios acusados en su día y después absueltos. Estas personas fueron involucradas en casos de corrupción municipal de los que finalmente quedaron al margen. Y aunque uno de ellos está incurso en otros procesos, el Ayuntamiento se ve obligado a pagar una factura que tiene su respaldo legal pero que ética y hasta estéticamente resulta inasumible. Es un ejemplo, otro más, de que la cuenta de la corrupción tarda en llegar pero es inexorable y, con sus múltiples caras, se acaba pagando.

No es difícil, sino imposible, saber cuál sería la situación si el primer alcalde socialista en 24 años hubiese llegado en un momento en el que las arcas de las instituciones no estuviesen vacías. Pero la realidad es la que es y a José Bernal le toca lidiar con una Junta de Andalucía cuya situación financiera le impide realizar la más mínima inversión.
Esta semana, mientras el consejero Emilio de Llera admitía con una claridad digna de elogio que no habrá Ciudad de la Justicia porque no hay con qué pagarla, el teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, tuvo que comparecer ante una asamblea de Opción Sampedreña para explicar que un año después de firmado el pacto de investidura de José Bernal las obras comprometidas en San Pedro siguen siendo proyectos que en el mejor de los casos están en el papel. En el mejor de los casos. Ni siquiera el instituto, que la presidenta de la Junta aseguró en su visita a Marbella el pasado abril que estaba «para ya», ha visto licitado su proyecto. Ni hablar del centro de salud o de las otras obras comprometidas.
Hay miseria y se nota. Sólo así se explica que la Junta enviara una nota esta semana para anunciar que en la primera quincena de julio se celebraría una reunión para intentar desbloquear las obras del Hospital Costa del Sol. A más de uno se le habrá acelerado el corazón al ver en el correo una nota de la Junta anunciando noticias sobre el hospital. Pero el comunicado no anunciaba una solución, sino que se celebraría una reunión para la que ni tan siquiera hay fecha. La nota recordó a esos equipos que, incapaces de marcar un gol, acaban celebrando cuando consiguen un córner.

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Una campaña sin la promesa del tren
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Héctor Barbotta | 19-06-2016 | 19:09| 1

 

Una de las características más salientes de esta campaña electoral repetida tras la de diciembre es que los candidatos están siendo más comedidos a la hora de prometer inversiones. Como las elecciones del 20 de diciembre demostraron que la clave de la política española durante los próximos años será la capacidad de llegar a acuerdos y sellar pactos, todo el debate está girando en torno a ese eje y no a promesas sobre si se hará esta o aquella actuación. Lo bueno de ello es que el electorado se ahorra las promesas vacías; lo malo es que quien llegue al Gobierno, si es que no hay unas terceras elecciones que no sería prudente descartar, lo hará con las manos libres de compromisos.
Ello nos lleva a preguntarnos si esa situación nos aleja o nos acerca al tren litoral, un clásico de las promesas en las campañas electorales luego olvidadas. Y la respuesta no es fácil. Al menos esta vez nos estamos ahorrando oír la promesa.
Si algo hay que agradecer a las campañas electorales es que acercan a la periferia lo que habitualmente sólo se ve a través de la televisión. Y cuando finalmente se puede escrutar en directo el comportamiento de algún líder nacional se concluye que no es demasiado diferente a lo que se está acostumbrado con los líderes vernáculos. Con más parafernalia, sí, pero igual. O incluso peor.
Hay que agradecer a Pedro Sánchez que sea el único de los cuatro candidatos a presidente de Gobierno que ha pasado por Marbella –no hay perspectivas de que alguno de los otros tres vaya a seguirlo en lo que queda de campaña–, aunque la suya sólo haya sido una visita estética.
El paseo del aspirante socialista del pasado miércoles fue anunciado por el equipo de campaña como una reunión con el sector empresarial y con convocatoria sólo a los informadores gráficos, lo que en el código de la necesariamente tempestuosa pero imprescindible relación entre políticos y periodistas supone un aviso implícito de que el candidato no haría declaraciones.
Aunque existiera el legítimo interés por conocer de primera mano cuáles son los compromisos que el aspirante socialista a la Moncloa está dispuesto a asumir en relación con un posible Ministerio de Turismo, con la precaria situación de los chiringuitos, con la reforma de la Ley de Costas e incluso con la conexión ferroviaria de Marbella, existía ese aviso implícito de que no hablaría. También existía, por qué negarlo, la secreta esperanza de que Sánchez se decidiera a darle algún sentido al paseo, se saltara el programa y accediera a atender a los medios de comunicación locales. Tampoco ello habría supuesto un terrible trastorno para sus asesores de marketing. Por eso la visita estuvo rodeada de una nube de periodistas. Y Sánchez no habló. Se le podrá reprochar torpeza comunicativa, lo que no supone novedad, pero no que su equipo no haya avisado.
Para asegurarse de que los informadores no se acercaran al candidato, la organización dispuso un cordón sanitario en la que participaron con entusiasmo algunos cargos de confianza del Ayuntamiento que seguramente se habrían pedido el día en su puesto de trabajo y que compensarán con horas extras el tiempo hurtado a los vecinos de Marbella, que no les pagan 31.171 euros al año para que se dediquen a labores partidarias. Estaría bien que el gobierno municipal aclarara ese extremo aunque en realidad no se conozca bien a qué dedican el tiempo algunos de estos cargos cuando no están impidiendo que los periodistas intenten hacer su trabajo. Durante esta campaña se está viendo a algunos de ellos día sí y día también ataviados con camiseta roja y repartiendo propaganda electoral en horas de trabajo. Habrá que suponer que se han pedido vacaciones o algún tipo de dispensa sin derecho a salario.
El caso es que lo que al parecer se pretendía que no se viera es que la reunión de Sánchez con los empresarios no fue tal, si por reunión se entiende el candidato y sus interlocutores sentados frente a una mesa intercambiando opiniones sobre temas de alguna trascendencia. Porque lo que hubo fue una sesión de fotos. Primero en la playa, frente a unos espetos de sardinas, y después en la planta baja del hotel El Fuerte, donde el candidato no paró de hacerse fotografías con sus fans. En campaña, ya se sabe, los candidatos son como actores de cine. Si además son altos y guapos, más aún. Que no se caiga una idea resulta irrelevante.
Horas después el PSOE envió un comunicado en el que decía que Sánchez había mostrado su apoyo al Plan Qualifica y las medidas que contribuyan a mejorar las playas. Su forma de hacerlo, al parecer, fue dejarse fotografiar junto a los espetos.

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La política es así
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Héctor Barbotta | 13-06-2016 | 11:28| 1

 

Tradicionalmente, Don Perogrullo habitaba preferentemente en los aledaños del fútbol: ‘El partido no acaba hasta el minuto 90’, ‘Somos once contra once’, ‘No hay rival pequeño’, ‘Nadie te regala nada’, ‘El árbitro se equivoca para un lado y para el otro’ son algunas de las expresiones más comunes y repetidas. Con todo, la más superflua, por lo simple hasta la necedad, es la que sentencia que ‘Fútbol es fútbol’, también utilizada bajo la fórmula ‘El fútbol es así’.
Pero como la simpleza ha ido ganando terreno a medida que los buscavidas sin fondo se apropiaban de la esfera pública, también la política se ha ido llenando de perogrulladas. Cada día se escuchan más sentencias de este tipo que, es oportuno apuntar, no constituyen falsedades sino todo lo contrario: afirmaciones tan evidentes que su mera alocución resulta una bobería.
Una de las más repetidas, que se suele utilizar como el atajo que permite saltarse un mínimo esfuerzo intelectual a la hora de explicar cuestiones aparentemente de compleja comprensión, es una de las más evidentemente copiadas al entorno del fútbol: ‘La política es así’.
En esa sentencia se han sustentado durante esta semana algunos intentos de interpretar las nefastas consecuencias que ha tenido para el equipo de gobierno municipal, y en concreto para el alcalde, José Bernal, el episodio, y sobre todo la fotografía, de los policías uniformados de gala y montados a caballo escoltando a una pareja de novios camino del Ayuntamiento donde la casaría el regidor.
El de Marbella es un ayuntamiento en el que el equipo de gobierno no ha podido hacer pie todavía en muchos aspectos de la gestión diaria, que ha eliminado buena parte de su programación cultural, que a un año de la toma de posesión del alcalde aún no tiene claro el organigrama de mando, que se ha encontrado en el urbanismo con una situación sobrevenida que ha colocado a la ciudad en una situación gravísima y que no ha podido traducir en hechos los compromisos de inversión del Gobierno autonómico –ahí siguen el mapa escolar plagado de necesidades y las grúas inmóviles del Hospital Costa del Sol–. Sin embargo, la mayor crisis de imagen la han provocado dos policías locales montados a caballo escoltando a los contrayentes de una boda oficiada por el alcalde y a la que asistía como invitado medio Partido Socialista.
Dan ganas de recurrir a la explicación fácil y concluir que ‘La política es así’, pero sería bueno intentar ir más allá.
Y no es necesario analizar mucho para concluir que en lo que podríamos denominar la crisis de los caballos han intervenido dos factores: por un lado, la reaparición de una imagen que supuso en su día un icono de la estética gilista; por el otro, la flagrante torpeza con la que el equipo de gobierno asumió esta crisis de imagen, comenzando por lo que suele ser el prólogo a los grandes dolores de cabeza: subestimar el problema que llama a las puertas y ceder a la tentación de recurrir a la mentira.
Sobre la policía montada como icono imprescindible del gilismo no hace falta ahondar mucho. Basta con recordar que la unidad equina fue una creación de Jesús Gil en sus primeros años de mandato, cuando impuso en la ciudad esa estética megalómana que tanto entusiasmó en aquel momento a una buena parte de los vecinos y que acabó convirtiéndose en uno de los símbolos estéticos de una época cuyas consecuencias nefastas todavía se padecen. Esa unidad, creada con más de una veintena de caballos, cantidad que con el tiempo se ha visto reducida a sólo ocho animales, fue, con buen criterio, eliminada gradualmente de los actos oficiales. Esta reaparición en una ceremonia privada en una situación que sólo puede ser interpretada como síntoma de caciquismo lleva el signo de los problemas que los responsables políticos eventualmente se buscan solos sin que nada que no sea una deficiente lectura del pulso social y de las posibles consecuencias los empuje a ello.
La segunda lectura puede hacerse no del hecho en sí, sino de la manera en que se gestionó su negativa repercusión pública. Después de que el PP denunciara los hechos –pocos regalos se le han hecho al grupo mayoritario de oposición tan grandes como éste en el año que va de nuevo gobierno municipal– el equipo de gobierno reaccionó de la peor manera posible: subestimando su repercusión en la opinión pública y mintiendo para relativizar la importancia. El portavoz del equipo de gobierno dijo que los policías habían acudido de manera voluntaria, que este tipo de custodias suponían un hecho habitual en el cuerpo y que el jefe de la Policía Local era el padrino de la boda. Ninguna de la tres afirmaciones, realizadas el pasado martes por el portavoz del equipo de gobierno en rueda de prensa, son ciertas, aunque lamentablemente la última de ellas fue reproducida por el autor de este artículo en una crónica firmada en el periódico del miércoles, por lo que corresponde pedir disculpas a los lectores. El mismo portavoz afirmó el miércoles en una cadena de televisión que el PP, durante su mandato municipal, había brindado este servicio de escolta en la inauguración de una inmobiliaria. También mentira.
El problema, cuando una crisis de imagen se afronta desde las falsedades y las medias verdades, es que el resto de la explicación entra en una sombra de duda. Incluida la afirmación de que la escolta fue decidida por el jefe de la Policía Local y que el alcalde y el concejal de Seguridad, que es también portavoz, no estaban al tanto de nada. Aunque a estas alturas eso ya parece un detalle menor.

De todas las faltas que cometen los políticos, posiblemente utilizar las instituciones como si fueran cortijos privados es la que está en estos días peor visto. Es más, la percepción ciudadana de que ese tipo de comportamientos son moneda corriente es posiblemente uno de los factores que más espacio político ha abierto a los nuevos partidos que en poco tiempo se han instalado como actores imprescindibles de la política nacional.
Por eso llama la atención que después de que el PP denunciara el asunto de los caballos los concejales de Podemos hayan decidido guardar un sorprendente silencio. Su credibilidad como grupo que actúa con criterios independientes de los del equipo de gobierno ha quedado sensiblemente dañada.

Alguien podría pensar que después de este episodio el alcalde iba hacer esfuerzos o gestos para que nadie pensara que se comporta como si el Ayuntamiento fuera suyo. Pero no, lo que hubo fueron dos tazas. El viernes a las una menos cuarto del mediodía, con la polémica de los caballos todavía caliente, dio una dispensa a todos los trabajadores municipales para que se marcharan a la feria. A la una no quedaba nadie en el Ayuntamiento. Si hubiese sido un simulacro de incendio habría que haber condecorado al jefe de Protección Civil.
Posiblemente este asunto no será criticado por ningún partido, porque nadie quiere enemistarse con un colectivo de más de 3.000 personas a dos semanas de una cita electoral. Es difícil saber si algún vecino habrá visto frustrada su intención de hacer algún trámite dejado para último momento. Pero el panorama en el Ayuntamiento el viernes a mediodía era (¿cómo decirlo?) algo bananero.

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Anécdota o categoría
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Héctor Barbotta | 10-06-2016 | 11:40| 0

Cuando en noviembre del año pasado el Tribunal Supremo anuló el Plan General de Ordenación Urbana de Marbella y obligó a volver al documento de 1986 –que había sido el punto de colisión entre la legalidad y los gobiernos de Jesús Gil– en la ciudad se experimentó la sensación de estar viviendo el día de la marmota, como si una maldición divina la atrapara en un bucle permanente del que parece impedida de salir.
Algo parecido ha sucedido esta semana cuando se supo que la boda de un miembro de las dos últimas candidaturas socialistas y amigo del alcalde, celebrada en el Ayuntamiento, había contado con el ornato de una escolta de la Policía Local en la que no se habían mezquinado ni los uniformes de gala ni una guardia montada en dos caballos de la unidad equina del cuerpo.
Si con el asunto del PGOU la maldición es de fondo, al menos en apariencia el caso de los caballos se presenta como un cuestión principalmente estética. Pero el problema es que la estética del GIL guardaba una coherencia vital con todo lo que se cocía intramuros.
Entre las escenas que en Marbella aún se recuerdan con sonrojo, la del cortejo uniformado y montado a caballo que solía acompañar al alcalde en actos a los que se pretendía dotar de pompa y solemnidad no es la menor. Por ello resulta imposible comprender cómo el equipo de gobierno, que se conformó bajo el discurso de marcar una nueva época en la ciudad que cerrara para siempre el capítulo del gilismo y también de lo que en sus filas dieron en llamar el ‘neogilismo’ se ha metido en este jardín sin que nadie lo empujara.
Hay problemas que sobrevienen forzados por las circunstancias, inevitablemente, y otros en los que los responsables públicos se meten solos, voluntariamente, sin que sea posible encontrar para ello más explicación que una mala lectura del pulso social.
Si el alcalde estaba informado de que una guardia montada de la Policía Local iba a escoltar a su compañero de partido camino de la boda, esto podría entenderse como una ostentación irresponsable de poder. Pero si es verdad que se hizo sin su conocimiento las conclusiones no son más tranquilizadoras.
La desafección ciudadana con los políticos por el uso arbitrario de los recursos públicos se ha expresado ya de formas tan diversas y contundentes que resulta imposible entender por qué un error de esta magnitud ha podido tener lugar a no ser que se concluya que a un año de tomar posesión el alcalde o alguien de su entorno ha perdido ya el contacto con la realidad. Y es ahí donde el episodio puede dejar de ser anécdota para convertirse en categoría.

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Predicar y dar trigo
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Héctor Barbotta | 07-06-2016 | 17:35| 0

 

 

Los límites que cada uno se va autoimponiendo por la fuerza de la costumbre y que acaban por ser un obstáculo para afrontar situaciones nuevas son conocidas desde hace años por una definición a la que continuamente recurren asesores, instructores y quienes ejercen un oficio más o menos nuevo que se reconoce bajo el anglicismo de ‘coaching’. A esa frontera que muchas veces la inercia de la rutina impide traspasar se la define como ‘zona de confort’. También existe en la política.
El martes pasado el alcalde de Marbella, José Bernal, pasó un mal rato cuando participaba de un acto electoral en su barrio de Leganitos junto al secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Heredia. Dos vecinos se acercaron atraídos por la presencia de las cámaras y comenzaron a increparlo por supuestas promesas realizadas cuando Bernal no era alcalde, sino candidato y jefe de la oposición. El acto no se interrumpió y continuó como si las voces de quienes protestaban no se escucharan.
No hubo en aquella escena nada que supusiera una gran novedad. Resulta bastante habitual que cuando los políticos visitan los barrios la presencia de las cámaras se convierte en un imán para quienes ven la posibilidad de salir del anonimato durante un instante. Algunas veces caen lisonjas y en otras, como el martes pasado, reproches.
La actitud de los espontáneos no constituye un termómetro de nada, ni cuando elogian ni cuando recriminan, pero posiblemente a un año del relevo en la Alcaldía es posible que para José Bernal la anécdota escenificada en el barrio donde nació y creció haya tenido cierto amargo carácter simbólico. Todo debe verse más fácil desde el ingrato escaño de la oposición que desde el cómodo pero difícil sillón de la alcaldía.
El próximo viernes se cumple un año de la toma de posesión del actual equipo de gobierno y resulta difícil afrontar siquiera un primer análisis sin asumir que el paisaje que los miembros del tripartito se encontraron cuando llegaron se asemeja seguramente muy poco al que imaginaban desde los escaños de la oposición, en parte porque desde ahí todo parece más fácil y en parte también porque durante estos 12 meses surgieron contratiempos que con toda seguridad no se esperaban.
Algunas de estas contrariedades no son en absoluto atribuibles al actual equipo de gobierno. Entre ellas lo más importante y trascendente que ha sucedido en este primer año de mandato municipal: las sentencias que anularon el Plan General de 2010 y que pusieron al urbanismo de la ciudad en una situación que muy probablemente no se podrá resolver, siquiera, en los tres años que todavía restan. Con las historia tan traumática que arrastra la ciudad en esa materia posiblemente no tenga mayor sentido señalar a estas alturas responsabilidades exclusivas por la anulación de un Plan que fue elaborado bajo la supervisión de la Junta de Andalucía y aprobado por el equipo de gobierno del PP y con el voto favorable del PSOE. Lo que sí podría evaluarse es cómo se está afrontando la situación creada y ante eso posiblemente no quepa más que decir que el Ayuntamiento, con los recursos de los que dispone, está haciendo lo que puede.
Algo parecido puede decirse del segundo gran contratiempo sobrevenido: la sentencia que echó por tierra el convenio colectivo del Ayuntamiento y que obligó al equipo de gobierno a negociar en situación de desventaja y a retrasar la elaboración de los presupuestos.
Que los dos principales contratiempos del primer año de mandato hayan sido consecuencia directa de la herencia recibida no deja de ser significativo, aunque ello no excluya otras contrariedades sufridas por el equipo de gobierno municipal que demostraron que gobernar no era tan sencillo como parecía. De las derrotas sufridas no ha sido la menor la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del proceso de nombramiento de directores generales después de que la Abogacía del Estado denunciara el reglamento municipal que le daba amparo. Desde su llegada, el gobierno municipal tuvo serias dificultades para armar su organigrama, que por un lado situaba en cada área del Ayuntamiento a cargos de confianza –una práctica criticada desde la oposición y asumida sin complejos desde el gobierno– y por el otro atribuía a los habilitados nacionales unas funciones que, como se ha visto con la reciente renuncia del secretario municipal a la jefatura de la Asesoría Jurídica, excedía largamente sus atribuciones y su capacidad de trabajo dados los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento. Esta dimisión fue el corolario a una serie de tropiezos que comenzaron con un inicio de mandato desordenado, en el que asesores externos asumieron funciones en el Ayuntamiento antes siquiera de que un contrato amparara su función y que termina, un año después, con todo el organigrama de la dirección del Ayuntamiento cogido con alfileres y pendiente de decisiones judiciales.
Con tantas dificultades en el funcionamiento interno y su lógica repercusión en la gestión de los asuntos municipales no llama la atención que desde el gobierno municipal se mantenga la tensión sobre asuntos que se impulsaron desde la oposición, que ya tuvieron su rédito electoral y que aún se mantienen vivos, como los debates sobre el patrimonio de la exalcaldesa o sobre el ya archivado expediente de alteración de lindes con Benahavís.
No es que no sean cuestiones trascendentes. Es más, sería sano y deseable que de existir responsabilidades, políticas o penales, se depuraran con todo el rigor que merecieran. Pero la trascendencia que se les sigue dando desde el equipo de gobierno y sus altavoces y el esfuerzo por mantenerlos en el primer plano de la actualidad lleva a deducir que están interesados en convencer al PP de que debe iniciar un proceso de recambio. Aunque quizás sólo sea que están a gusto ejerciendo de oposición de la oposición. Como si la inercia les llevara a permanecer en esa zona de confort en la que parecen cómodamente instalados.

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Aniversario
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Héctor Barbotta | 30-05-2016 | 10:20| 1

 

El equipo de gobierno municipal ha comunicado esta semana que Transparencia Internacional otorga al Ayuntamiento de Marbella una puntuación del 95 por ciento. Es posible que la respuesta que se remitió hace dos semanas a la Fiscalía sobre la presunta alteración de los planos del PGOU de 2010 haya caído en el 5 por ciento que aún falta. Ya es mala suerte.
Los grupos políticos municipales, que no la ciudad, llevan dos semanas metidos en la discusión de la supuesta alteración / sustitución / falsificación de los planos y hasta el observador menos avisado sabe que este debate se decantaría en un sentido o en otro con la simple exhibición del informe que se ha remitido a la Fiscalía después de que ésta requiriera esa información. Pero después de dos semanas ha quedado claro que el equipo de gobierno, que primero informó que se había remitido la información sin explicar qué información se había remitido; después comunicó que el informe estaba a disposición de los concejales de la oposición y que por último ha terminado por pedir autorización al fiscal para evitar hacerlo público, está cómodo en la incertidumbre. Pero la sospecha es demasiado grave como para dejarse vencer por la tentación de estirar el misterio más allá de lo necesario.
No son pocos los temas que el Ayuntamiento debería afrontar antes del inicio del verano. Comenzando por la organización de la Feria, que a una semana de su inauguración no tiene todavía adjudicadas las casetas, y siguiendo por la puesta a punto de la infraestructura para una temporada turística que se prevé de afluencia masiva. Sin embargo, el pleno del pasado viernes, el último que se celebrará antes de las elecciones generales del 26 de junio, se ajustó más a la lógica electoral que a una lógica de ciudad.
No sólo por la aprobación de mociones declamativas sin alcance alguno para el interés ciudadano, sino también por las formas que si ya eran malas en el periodo anterior ahora han alcanzado el nivel de la política chabacana en la que algunos portavoces parecen sentirse a gusto. Que un concejal del PP acuse al gobierno de «prácticas bolivarianas» –ya estaban tardando los políticos vernáculos en sumarse a la absurda moda de mentar a Venezuela y exhibir su ignorancia sobre lo que allí sucede– o que el alcalde se dirija a una edil de la oposición recomendándole que baje la voz porque «parece una loca» dan cuenta del nivel por el que se arrastra el debate.
Después de haber sufrido el gilismo –una enfermedad política en la que la chabacanería y la mala educación eran los síntomas más superficiales– alguien podría pensar que como prueba de que se han desarrollado los anticuerpos el pleno del Ayuntamiento de Marbella habría asumido unas formas exquisitas que no dieran lugar a equívocos. Pero las malas formas y los insultos constituyen toda una metáfora.
Ha sido ésta, en realidad, una semana rica en metáforas. Todas ellas relacionadas con ese aniversario de infausto recuerdo. La más significativa fue la manera en que la ciudad ha elegido ignorar un seminario de tres días promovido por el Consejo Social de la Universidad de Málaga sobre lo que supuso el gilismo. Ponentes de primer nivel se vieron abocados a hablar entre ellos ante la ausencia de público y un boicoteo tan evidente como escandaloso por parte del Ayuntamiento.
La iniciativa estaba prevista inicialmente para celebrarse en el Hospitalillo, pero la desidia municipal la arrinconó en un salón de la planta superior del Palacio de Ferias. El evento, además, fue ignorado por los servicios de protocolo del Ayuntamiento y también por su gabinete de prensa, que ni siquiera lo incluyeron en la relación de actos que se remiten diariamente y que suelen abarcar desde convocatorias de trascendencia hasta otras absurdas por lo irrelevantes. Si se quería dejar claro que el recuerdo del gilismo aún escuece, molesta e incomoda, no puede decirse que la actitud municipal no haya sido cristalina.
Posiblemente la metáfora más significativa de la semana haya tenido lugar el último día de las jornadas, cuando quien fuera presidente de la gestora, Diego Martín Reyes, explicó desde una de las escasas butacas reservadas al público ocupadas durante el seminario cómo se saboteó su intención de depurar una plantilla municipal que había sido inflada durante el mandato de Gil como una de sus principales estrategias para perpetuarse el poder.
En jornadas anteriores se había explicado también el sistema de empresas municipales montado durante aquellos años para eludir todos los controles democráticos. A la misma hora en que los escasos asistentes a las jornadas debatían sobre aquel mecanismo perverso, el pleno del Ayuntamiento aprobaba la plena integración de los trabajadores de los oales –herederos de aquellas sociedades públicas convertidas en un coladero de afines– en la plantilla municipal. Por unanimidad.

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Elegir el olvido
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Héctor Barbotta | 27-05-2016 | 18:05| 1

El jueves 26 de mayo se cumplieron 25 años de la primera victoria electoral de Jesús Gil y Marbella acogió durante tres días un seminario organizado por el Consejo Social de la Universidad de Málaga para analizar lo que fue el gilismo. En realidad es exagerado asegurar que Marbella lo acogió.
Alguien podría suponer que un evento de este tipo tendría un discurso inaugural del alcalde, la presencia de los portavoces de los partidos viejos y de los nuevos, un salón abarrotado con la presencia de lo que se conoce como fuerzas vivas, una moción para instituir algo así como ‘El día de la Memoria’.
No. La actividad, efectivamente, se desarrollóa en Marbella, en su Palacio de Congresos, pero durante el primer día hubo casi tantos ponentes como público. Y no es que los ponentes fuesen muchos.
No cabe atribuir a una mala organización la escasa respuesta de los vecinos y el rácano apoyo institucional. El tema es fundamental para entender el presente de Marbella;la propuesta de las jornadas, más que acertada: «una reflexión sosegada sobre un modelo de crecimiento basado en el ladrillo que tuvo a Marbella como banco de pruebas, una invitación a la catarsis, un aprendizaje que permita impedir su olvido». Tampoco cabe atribuirla a la valía de los conferenciantes. Por las jornadas habrán pasado en tres días muchos de quienes sobresalieron en la denuncia del gilismo y algunos de los que consiguieron acabar con él. ¿Por qué la gente no ha ido? No ha sido ni por la trascendencia de la efemérides, ni por la organización, ni por el enfoque elegido, ni por los ponentes. Ha sido por todo eso. Se ha invitado a la catarsis a una sociedad que no quiere hacerla, se ha llamado a recordar a quienes prefieren olvidar.
Se ha cumplido, efectivamente, el 25º aniversario de la irrupción electoral de Jesús Gil y una buena experiencia sería buscar en Marbella a alguien que admita haberlo votado para que explique qué razones lo llevaron a hacerlo y cuál es la reflexión que hace 25 años después. Hay que adelantar que no sería sencillo. El GIL ganó en Marbella cuatro elecciones seguidas pero encontrar votantes confesos es como la aguja en el pajar.
La adulación, que es la forma con la que los políticos eligen relacionarse con los votantes, impide que desde las instituciones se responsabilice a los vecinos por la suerte que corrió su ciudad y por las consecuencias que aún arrastra.
Quienes votaron a Gil no quieren recordar que lo hicieron; mucho menos explicar por qué no volverían a hacerlo. Quienes crearon las condiciones para esta tragedia política tampoco asumen sus responsabilidades. Sería un ejercicio de injustificado optimismo asegurar que la ciudad ha creado los anticuerpos para que algo parecido no vuelva a suceder.

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Lo prudente es contarlo todo
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Héctor Barbotta | 22-05-2016 | 19:21| 0

 

Resulta inverosímil, a estas alturas del siglo y un año después de las elecciones municipales, que en el equipo de gobierno municipal no se hayan percatado todavía de la necesidad de comunicar con claridad.

Esta semana, después de la reunión de la junta de gobierno local, el portavoz municipal, Javier Porcuna, y la concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, informaron de que el Ayuntamiento había dado respuesta a una pregunta de la Fiscalía acerca de la supuesta alteración de planos en la tramitación del PGOU de 2010, hoy anulado. Explicaron que efectivamente se habían encontrado diferencias en 22 planos, 18 de ellas de calado, entre los planos remitidos por el equipo redactor el 12 de junio de 2009 (el que sirvió de base para que el jefe de la Unidad Técnica de Planeamiento y Gestión emitiera su informe sobre la revisión del Plan) y los que se aprobaron finalmente en pleno el 29 de julio de 2009 y que fueron enviados a la Junta para la aprobación definitiva del PGOU.

Como era de esperar, y sobre todo sabiendo que un juzgado de Marbella tramita una causa tras una denuncia de la plataforma ciudadana contra la alteración de las lindes con Benahavís, la revelación causó interés entre los presentes en la comparecencia de los ediles, que preguntaron una y otra vez sobre la naturaleza de esas diferencias. Porque no es lo mismo, por ejemplo, una posible subsanación de errores habitual en cualquier tramitación de este tipo que una falsificación intencionada como sostiene en su denuncia la plataforma denunciante. Y más si está en conocimiento de la opinión pública que la exalcaldesa Ángeles Muñoz y su familia tienen intereses en la zona afectada por el cambio de lindes.

No hubo manera, aunque se les preguntó de una forma y de la contraria, de que los ediles explicaran cuáles eran las diferencias que habían puesto en conocimiento de la Fiscalía. Es más, aseguraron que simplemente se había comunicado de la existencia de diferencias. Si el objetivo era explicar con claridad la situación, la comunicación fue muy deficiente. Pero si el objetivo era el contrario, es decir, sembrar un mar de dudas y sospechas, la comunicación fue sobresaliente.

Los concejales se ampararon en su voluntad de actuar con prudencia para no dar más precisiones, pero en un caso como éste lo prudente no es hurtar información sino dar toda la información de la que se dispone. Es verdad que es el fiscal quien la había solicitado, pero que se sepa el proceso no está bajo secreto de sumario –si así fuera el equipo de gobierno hubiese estado obligado a actuar con mayor discreción y no informar de nada relacionado con el tema– y por lo tanto no hay nada más sensato y obligado que actuar con transparencia cristalina.

A nadie escapa que todo el proceso de alteración de las lindes con Benahavís ha resultado devastador para los intereses electorales del PP y para la imagen de Ángeles Muñoz y es probable que el equipo de gobierno se vea tentado de aprovechar su intervención en el proceso para volver a situar el tema en la agenda y continuar corroyendo la imagen de la exalcaldesa. Hasta es posible que la imprudencia con la que Muñoz manejó desde la Alcaldía este asunto  –del que se debería haber apartado por sus intereses en la zona– la hagan merecedora de este desgaste y del desgaste futuro que le puede venir. Pero no se trata de esta clase de cálculos, sino del derecho de los vecinos a saber qué ha pasado y si hay o no ‘caso Planos’.

En la comparecencia del martes los concejales aseguraron que la respuesta que se ha trasladado al fiscal, basado en un informe de los técnicos de Urbanismo, se limitaba a corroborar que, efectivamente, hay diferencias entre unos planos y otros. Pero después se ha sabido que existe un informe sobre la naturaleza de esas diferencias. Y esa es una información que no se puede seguir hurtando.

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No hay repetición
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Héctor Barbotta | 20-05-2016 | 11:30| 0

El PP y el PSOE han encendido en Marbella el ventilador de porquerías y hasta el observador menos atento sabe que cuando esa máquina siniestra se pone en marcha es porque hay elecciones en el horizonte. Las denuncias mediáticas sin fondo jurídico, las acusaciones disfrazadas de preguntas, el ‘tú más’ llevado a límites absurdos, constituyen de momento todo el catálogo de propuestas disponible.
El nombre que se pone a cada cosa es importante. Se dice que vamos a una repetición de las elecciones y eso es una falacia en varios sentidos. Lo que se celebra el 26 de junio no es una repetición sino unos comicios nuevos en una situación diferente a la del 20 de diciembre. La repetición electoral no existe en la Constitución y además con esa figura se pretende ignorar que durante los últimos cuatro meses el país ha tenido una legislatura. Fallida, sí, pero legislatura. Que se hagan cargo.
Estamos ante una situación nueva, provocada por la incapacidad de los partidos a la hora de asumir que el 20D el país entró en una etapa política diferente, ya veremos si peor o mejor pero diferente, a la de los últimos 34 años. No se puede hablar de repetición, además, porque la oferta no es la misma. En Málaga el PP se presentó con un cabeza de lista nuevo que pretendía simbolizar una renovación que ya se ha visto en qué ha quedado; el PSOE tuvo que cambiar a su número dos por un motivo que estaría bien que explicara; Podemos e IU han unido fuerzas en una operación que ya se verá qué efecto tiene entre quienes hace cuatro meses votaron a una u otra formación. ¿Cómo pueden hablar de repetición?
Es posible que volvamos a tener otra campaña en la que unos destacarán la necesidad de que el tren llegue a Marbella y otros prometerán un Ministerio de Turismo, en el que unos propondrán más reformas y otros se comprometerán a ponerles freno. Pero esta vez no son las propuestas lo único importante. En esta ocasión no sólo huele a viejo sino también a mentira el discurso de todos los candidatos que dicen que salen a ganar. Hace cuatro meses que sabemos que nadie va a ganar, ellos los primeros, y que el nuevo gobierno será de quien tenga capacidad para proponer pactos, llegar a acuerdos y conseguir mayoría parlamentaria.
Durante años los partidos se han negado a hablar de pactos durante la campaña y si esa postura tuvo sentido en algún momento ahora ya no. Que se hable de pactos durante la campaña electoral es la única manera de que cada uno sepa qué está votando. Después de cuatro meses de despropósito hay una sola oportunidad para que la opción lógica no sea quedarse en casa el día del comicio: que los partidos dejen de pedirnos que les demos, una vez más, un cheque en blanco.

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Cuenta atrás para un despropósito
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Héctor Barbotta | 20-05-2016 | 11:17| 0

Había un choque de principios y se impuso el pragmatismo. El gobierno municipal ya puede presumir de haber conseguido la paz social en el Ayuntamiento y, en clave más interna, de haberse congraciado con una fuerza fáctica que tuvo un papel relevante en el vuelco político que experimentó la ciudad en las elecciones municipales del año pasado.
El alcalde, José Bernal, y los sindicatos estaban enfrentados en una cuestión que a simple vista podía parecer secundaria pero que por la forma en que se había planteado parecía de casi imposible solución. Bernal se negaba a que en el nuevo convenio colectivo de los trabajadores laborales del Ayuntamiento siguiera figurando el seguro médico privado concedido por Jesús Gil en la época en la que los fondos públicos del Ayuntamiento de Marbella eran un botín disponible para quien demostrara tener menos escrúpulos. Pero para los sindicatos ese mismo seguro, que se encontraba de hecho suspendido porque no había póliza contratada, constituía un derecho reconocido por dos sentencias al que no se podía renunciar sin más. Este choque mantuvo en apariencia bloqueadas las negociaciones mientras se negociaba a resguardo de los focos.
Más allá de que posiblemente el manual del buen sindicalista debe decir que no se renuncia por las buenas a un derecho reconocido, incluso el más amoral de los negociadores debía ser consciente de que reclamar que una institución pública pague a sus empleados un seguro médico privado hurta a los representantes de los trabajadores de la más mínima referencia. No sólo porque los aleja de los principios que supuestamente deben defender, sino porque les arrebata cualquier posibilidad de construir un discurso o un relato coherente para defender sus propias reivindicaciones.
En un país que goza afortunadamente de un acceso universal a la sanidad pública y en un momento político en el que lo público ha sufrido constantes ataques desde el poder político, ¿cómo puede defenderse desde un sindicato de trabajadores públicos un acuerdo que conspira contra un servicio y un derecho esencial?
El acuerdo alcanzado ha obligado a inventar una palabra –un ejercicio por el que los políticos parecen sentir debilidad–, la ‘inaplicación’ del seguro. En esa situación se mantendrá hasta el mes de diciembre, cuando comience la negociación por el nuevo convenio colectivo en el que los trabajadores seguramente recuperarán derechos perdidos y al mismo tiempo tendrán que decir adiós a un privilegio del que de hecho hace tiempo que no disfrutan.
Los sindicatos contaban con dos sentencias que avalaban su postura y al mismo tiempo suponían una espada de Damocles para las frágiles cuentas del Ayuntamiento. Pero al mismo tiempo sabían que mantener la demanda de que el seguro médico privado sobreviviera era una postura insostenible. Posiblemente por ello se haya llegado a un acuerdo en el que ambas partes salvan la cara y que de alguna manera pone fecha de caducidad a un despropósito que nada tenía que ver con los legítimos y muchas veces vilipendiados derechos de los trabajadores.

 

La Bajadilla
Cuenta atrás para otro despropósito
Si algo faltaba para terminar de asumir que toda la trayectoria del jeque Al-Thani en relación con el puerto de La Bajadilla ha sido un soberano despropósito, esta semana hemos tenido un cruce de comunicados que demuestra hasta qué punto llega el enfrentamiento entre el dueño del Málaga y los socios que se había buscado para el proyecto de ampliación.
Como Al-Thani parece no hacerse cargo nunca de sus decisiones ni de las que se toman en su nombre, no se sabe si fue decisión suya o de alguno de los colaboradores que al parecer sistemáticamente lo traicionan, pero el hecho es que hace algunos meses, al mismo tiempo que tomaba el control del Málaga, el grupo Satli –del empresario Jamal Satli Iglesias– se hizo con la gestión de la concesionaria y tomó las riendas del proyecto del puerto de La Bajadilla. Colocó a uno de sus directivos, Gonzalo Hervás, como administrador de la sociedad concesionaria NAS Marbella, se hizo cargo de la gestión diaria del puerto, intentó redefinir el proyecto con una distribución diferente del suelo comercial y más aparcamientos, anunció obras de estudio sobre el terreno, comenzó a promocionar el puerto en ferias especializadas para comercializar los futuros locales y avisó al autor del proyecto que consideraba que sus honorarios eran muy elevados y por ello no los iba a cobrar aunque lo avalara un contrato firmado. Esto último abrió un conflicto que acabó en los tribunales y con las acciones de la concesionaria embargadas y bajo administración judicial. Tampoco consiguió que la Junta le permitiera redefinir el proyecto.
Cuando estalló el conflicto sobre la propiedad del Málaga, este grupo no se preocupó mucho en esconder que su aspiración no estaba en el fútbol sino en el puerto y en ello posiblemente resida la clave del comunicado enviado el pasado miércoles, cuando en nombre de NAS Marbella arremetió contra las instituciones, las acusó de deslealtad por buscar nuevos inversores y de filtrar información con interés «claramente malicioso» y posiblemente delictivo.
El jeque se apresuró en desmarcarse de ese comunicado y en desautorizar para hablar en nombre de NAS Marbella a quienes a estas alturas posiblemente ya habría que considerar exsocios.
Cuando el nuevo equipo de gobierno tomó posesión en el Ayuntamiento e intentó saber quién era su interlocutor en el puerto no encontró ningún papel que acreditara al grupo Satli como parte de la sociedad concesionaria. Sin embargo, uno de sus directivos figura como administrador. Este periódico está intentando sin éxito desde el jueves pasado obtener una explicación de esa sociedad.
La pregunta a estas alturas ya no es si la actual concesionaria hará algún día las obras. La situación es mucho más dramática: no existe certidumbre sobre quién es en realidad la concesionaria. Posiblemente haya que celebrar que la Agencia Pública de Puertos haya puesto fecha de caducidad a esta concesión malograda y que las acciones estén embargadas y bajo administración judicial. Sólo resta esperar que antes de que venza el plazo aparezca alguien con el mínimo de seriedad indispensable.

Política municipal
Las preguntas de la semana
-¿Alguien creía que los partidos iban a estar dispuestos a apagar el ventilador en pleno camino hacia las urnas?
-¿Era muy difícil prever que el asunto de las lindes iba a volver a aparecer en plena campaña electoral?
-¿El nuevo desmarque de Podemos del equipo de gobierno tiene alguna relación con la precampaña electoral?

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella