Diario Sur

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Todo dentro de (su) lógica
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Héctor Barbotta | 17-10-2016 | 10:18| 0

Marbella aspiraba a obtener 15 millones de euros de los fondos europeos EDUSI, destinados a desarrollar diferentes actuaciones de su plan estratégico, y ha quedado fuera de una selección que sí ha beneficiado a Málaga capital, a la Diputación y a la vecina Estepona, entre otros municipios españoles. Se suponía que la ciudad contaba con grandes opciones de conseguir esos fondos, ya que una de las condiciones que se requerían era precisamente contar con un plan estratégico, un documento aprobado en Marbella mucho antes de la convocatoria de estas ayudas.

La selección, sin que se explicara en qué se fundamenta, fue tomada por el Gobierno central, en concreto por el Ministerio de Hacienda. De la propuesta presentados por Marbella sólo se sabe que no alcanzó la puntuación mínima exigida, una explicación tan lacónica como genérica, que se aplicó a todos los proyectos rechazados y que cuya falta de mayores precisiones no ayuda a ahuyentar las sospechas de arbitrariedad.

Si alguien pensaba que el jarro de agua fría que ha supuesto quedarse fuera de la posibilidad de acceder a estos recursos iba a servir para despertar a los partidos del letargo de enfrentamiento permanente en el que tienen sumido al Ayuntamiento y que iba a producirse un conjuro para acudir a Madrid con una sola voz a pedir explicaciones o a garantizarse una mejor posición de salida para la próxima convocatoria ha recibido un baño de realidad. La reacción del grupo municipal del PP ante una decisión tomada en Madrid por el gobierno en funciones de su partido fue exigir dimisiones. en Marbella. Los partidos parecen metidos en una dinámica de piñón fijo, con sólo dos respuestas ante todas las situaciones: la exigencia de dimisiones o las demandas en los juzgados. Cualquiera sea el estímulo, la respuesta siempre sale del mismo abanico, limitado y triste, de opciones. No puede decirse que esto sea un dechado de creatividad política.

En esa dinámica de desconfianza mutua, cálculo de corto plazo y mala fe debe inscribirse el proceso que ha acabado con el cierre del aula de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) de Marbella. Desde el año pasado las autoridades de esta institución en Málaga y el Ayuntamiento de Marbella vienen protagonizando desencuentros, y estos son de tal calibre que para comprender la situación no debe dejarse de tener en cuenta una circunstancia que debería ser secundaria en una institución educativa pero que lamentablemente parece, a la vista de los acontecimientos, esencial: el máximo responsable de la UNED en Málaga, en este caso su directora, es designada por la Diputación Provincial, entidad gobernada por el Partido Popular. Recordado este detalle se puede comenzar a analizar la situación, en la que la desconfianza, los reproches mutuos y la falta de lealtad han jugado un papel esencial.

Todo parte de la aprobación, en 2012, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que acotó drásticamente los apartados a los que los ayuntamientos podían destinar fondos y cortó actividades que hasta ese momento se venían desarrollando con recursos municipales. Entre esas actividades vedadas figuraban las de educación, donde los ayuntamientos no tienen competencias.

La UNED tenía en la provincia tres aulas financiadas de esa manera, la de Mijas, la de Ronda y la de Marbella. Las dos primeras cerraron sin mayor conflicto, pero Marbella comenzó a buscar vericuetos legales para mantenerla. No puede decirse que la UNED haya tenido desde entonces una posición de flexibilidad, de comprensión o mucho menos de complicidad para que el aula siguiera a pesar de una nueva situación que no hacía sencilla la continuidad. Más bien, su único interés pareció centrarse en que quedara claro que si había un cierre el responsable sería el Ayuntamiento. Tampoco en este caso, como en ningún otro, hubo nadie que se resistiera a la tentación de situar el problema fuera de la lógica de enfrentamiento PSOE-PP.

Por ello no llama la atención que la UNED haya enviado cartas a los alumnos en las que deposita toda la responsabilidad en el Ayuntamiento, que el PP se abstuviera cuando el pleno votó saltarse el reparo del interventor municipal que impedía saldar con la UNED la deuda pendiente por los servicios prestados el curso anterior o que el certificado del gobierno central que el Ayuntamiento de Marbella necesitaba para firmar un nuevo convenio que permita la continuidad haya llegado con el curso iniciado, posiblemente ya demasiado tarde. ¿Quién necesita mantener abierto un servicio educativo público cuando su cierre puede ser exhibido como muestra de lo ineptos que son los adversarios?

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Sólo negocios
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Héctor Barbotta | 02-10-2016 | 14:12| 0

Se podría decir utilizando algún camino indirecto que la relación de Telecinco con la Costa del Sol, y especialmente con Marbella, siempre ha sido de amor-odio, pero sin amor, y que a quienes vivimos por aquí tradicionalmente nos ha dejado un sabor que podríamos llamar agridulce aunque sin eufemismos es profundamente amargo. Sin embargo no nos lo debemos tomar como algo personal, son sólo negocios. Al margen de cualquier ética y del más laxo código deontológico, es verdad, pero sólo negocios. No es que hagan daño por placer, no es que destruyan el prestigio de una marca de la que comen miles de personas por mero afán destructivo;sólo es su manera de forrarse.
En los años del Gordo, Telecinco se ofreció voluntaria para enseñar en ‘prime-time’ aquella irrepetible imagen del alcalde de Marbella con su oronda figura desparramada en el jacuzzi y rodeada de señoras que no parecían haber presentado currículum con un diploma del Actors Studio para que las pusieran ahí. No es que se pueda echar la culpa a Telecinco del sitio por donde se arrastró la imagen de Marbella durante aquellos días, sino a quienes con su voto sentaron al personaje en el sillón de la Alcaldía. Telecinco sólo estaba ahí para aprovechar la oportunidad y hacer caja.
Después llegaron los días del alcalde y la folclórica, y la cadena siguió mejorando sus cuentas de resultados. Tampoco pueda decirse que fuera su culpa. Igual que cuando retransmitieron en directo la discusión entre Gil y Muñoz sobre quién era más golfo de los dos, un debate sin gran altura que arrojó empate técnico.
Más tarde llegó aquella combinación explosiva de operaciones policiales en las que aparecían algunos personajes de papel cuché. Telecinco inventó un nuevo género televisivo: los sucesos rosa, expresión máxima de la televisión basura en la que se mezclaban los protagonistas habituales de los programas de cotilleo y esos procesos pioneros contra la corrupción. No siempre esos personajes tenían el papel central que la cadena les atribuía, pero tampoco era cuestión de que el rigor periodístico les fastidiara el rating.
El público, sobre todo, demandaba diversión. Si había que pagarle a un delincuente para que se dejara entrevistar, se pagaba.
Ahora, cuando parecía que ya nos habían dejado en paz, anuncian una serie sobre narcotráfico que se llamará ‘Costa del Sol’. Un mínimo de rigor invita a concluir que no es precisamente el litoral de la provincia de Málaga donde más se sufre la actuación de los narcos. Pero no se trata de rigor, sino de llenar la caja. Las otras marcas venden menos.
Se ha reaccionado con indignación. Pero no nos lo debemos tomar como algo personal. Son sólo negocios.

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Adiós a la política
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Héctor Barbotta | 26-09-2016 | 08:50| 0

 

Si hubiese que explicar cuál es el clima político que se vive en Marbella bastaría con relatar de la forma más aséptica posible un episodio que tuvo lugar el pasado jueves en la televisión municipal, donde habían sido convocados a debatir representantes del gobierno municipal, del Partido Popular y del movimiento ciudadano ‘Ni un metro de Marbella para otro municipio’, denunciante en el caso de la supuesta falsedad en la tramitación del PGOU de 2010.
Por la plataforma ciudadana acudió su portavoz, Carola Herrero, y por el gobierno municipal la edil de Urbanismo, Isabel Pérez, mientras que por el Partido Popular había comprometido su presencia el concejal Manuel Cardeña. El tema del debate era el deslinde con Benahavís, de rabiosa actualidad estos días tras conocerse que el fiscal denunciará a la exalcaldesa Ángeles Muñoz por la presunta falsedad. A última hora el PP decidió cambiar de representante y enviar a la propia Muñoz, con el argumento de que se trata de un asunto que la afecta personalmente y que le correspondía a ella dar las explicaciones del caso y defenderse de las graves acusaciones que se le hacen.
Tanto la representante de la plataforma como la edil socialista se negaron a aceptar el cambio y a debatir directamente con la exalcaldesa y actual senadora, por lo que el programa tuvo que ser suspendido.
Aunque el derecho de cada uno a sentarse con quien quiera y de negarse a hacerlo con quien no le apetece está fuera de toda discusión, resultan difíciles de entender los motivos por los que dos personas que están en la primera línea de este asunto –la denunciante que llevó la parte más activa en la iniciativa que ha puesto a la exalcaldesa en una situación comprometida y la edil de Urbanismo– se negaron a debatir con la protagonista directamente implicada cuando la televisión municipal, con excelente criterio, había ofrecido un espacio para hacerlo. Lo lógico en una situación como la actual es que los rivales políticos de Ángeles Muñoz reclamen y hasta exijan que la exalcaldesa dé explicaciones. No que se marchen cuando se presenta. Lo que hicieron tiene difícil explicación.
Pero más inexplicable aún resultaron los argumentos ofrecidos momentos después por el PSOE, que en un comunicado indicó que el único debate al que va a prestarse con la exalcaldesa «será en los tribunales, por lo que ningún miembro del partido va a confrontar públicamente con la senadora, que podría terminar investigada por un delito de falsedad, asunto que se encuentra sub júdice».
Tener en estos momentos a Ángeles Muñoz delante y frente a una cámara con la posibilidad de exigirle explicaciones es una oportunidad que con toda seguridad muchos de sus votantes y de quienes no la han votado no desperdiciarían.
Está claro que Ángeles Muñoz deberá dar explicaciones ante el juez y es más que probable que en un futuro no muy lejano sea convocada a hacerlo. Pero quienes aseguran que todo el asunto del deslinde con Benahavís requiere también de una asunción de responsabilidad política se desmienten a sí mismos cuando anuncian que no aceptarán más debate que el que se dé ante los tribunales.
Renunciar a debatir con un adversario en activo sobre un asunto de interés prioritario para la ciudad no sólo constituye la confesión de que se ha optado por una estrategia de judicialización de la vida política. Constituye, en realidad, una renuncia a la política.

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Cuanto antes mejor
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Héctor Barbotta | 26-09-2016 | 08:42| 0

Que el fiscal jefe del área de Marbella haya concluido tras once meses de investigación que hay elementos que apuntan a que en la tramitación del PGOU de 2010 se pudo cometer un delito de falsedad es un hecho suficientemente grave como exigir que se den todas las explicaciones necesarias. Que los señalados por el Ministerio Público sean nada menos que la persona que ostentaba la Alcaldía y el vicesecretario municipal, un habilitado nacional cuya función es precisamente garantizar la legalidad de los actos, no hace más que añadir gravedad a la situación.

Ya no se trata de la denuncia de una plataforma ni de un partido rival, sino de las conclusiones a las que ha llegado el fiscal tras tomarse el tiempo necesario para investigar toda la documentación existente.

Tras la presentación de una denuncia de la plataforma ciudadana contra los deslindes y después de 11 meses de investigación, el representante del Ministerio Público ha llegado a la conclusión de que existen indicios de verosimilitud en una denuncia que apunta a que el documento que se votó como Plan General de Ordenación Urbana de 2010 en el pleno del 29 de julio de 2009 no es el mismo que los miembros de los partidos aprobaron en la comisión de Urbanismo dos días antes, y que las modificaciones se hicieron sin comunicárselo a los ediles que levantaron la mano. El cambio habría sido realizado en 22 planos, algunos de los cuales afectan a suelo propiedad de la familia de la exalcaldesa.

El pasado jueves, después de que el decreto firmado por el fiscal tomara estado público, Ángeles Muñoz salió al paso con unas declaraciones genéricas en las que se limitó a decir que todo se había hecho correctamente. Ahora que ya se conoce exactamente cuáles son las conclusiones del fiscal esas explicaciones son insuficientes.

La denuncia del fiscal seguirá su curso y como Muñoz es una persona aforada es posible que la tramitación se demore algunos meses. Hasta entonces no se sabrá si la denuncia se admite a trámite y si por lo tanto la exalcaldesa y ahora senadora pasa a ser investigada, la nueva terminología legal que se aplica a los antiguos imputados. Haría muy mal Ángeles Muñoz si considera que dispone de todo ese tiempo para ofrecer las explicaciones que el caso requiere. El tiempo no juega a su favor, sino en su contra. Y en contra también del PP. Es senadora por la provincia de Málaga, líder de la oposición en Marbella y presidenta del partido más votado. La ciudad no puede permitirse cinco o seis meses de incertidumbre. Las explicaciones deben ser inmediatas y con todo lujo de detalles. Si no hubo alteración de los documentos debe decirlo con claridad; si lo hubo, debe explicar las razones.

Después de que hace diez años Marbella ocupara todas las portadas y llenara horas de programación televisiva con ese maridaje venenoso entre corrupción y cotilleo, la ciudad pareció conjurarse para erradicar una imagen nociva que amenazaba con cargarse para siempre su prestigio y su principal fuente de ingresos. Durante un tiempo, el mundo de la política estuvo atento no solamente a no repetir errores del pasado sino también, como la mujer del César, a que pareciera que se había aprendido la lección.

Las conclusiones a las que ha llegado el fiscal, que no son evidentemente definitivas pero sí suficientes para denunciar el asunto, demuestran que al menos hubo relajación en los controles y en esa decisión inicial no sólo de hacer las cosas bien sino también de hacerlas tan bien como para que no cupieran sospechas. Una vez más vuelve a demostrarse que los políticos deberían encontrar la forma para vacunarse contra la tentación de la soberbia a la que alienta el poder y alejar a los consejeros obsecuentes que nunca encuentran defectos en sus jefes.

Que una exalcaldesa de la ciudad y también un habilitado nacional se encuentren ahora a las puertas de una imputación por una circunstancia al menos oscura es una pésima noticia no solamente para los implicados sino también para toda la ciudad.

Sólo una triste circunstancia ha amortiguado un daño a la imagen de Marbella que en otra circunstancia hubiese sido letal, y es que las conclusiones del fiscal han llegado en un momento en el que todo el país está inundado por las aguas fétidas que vierten las cloacas de la política, a cuyo olor parecemos ya acostumbrados.

Marbella ya no es la capital de los escándalos porque prácticamente no hay ciudad o comunidad autónoma que no parezca pugnar por la capitalidad de la corrupción y de lo que parece corrupción. Triste consuelo.

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Tormenta en la Policía Local
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Héctor Barbotta | 12-09-2016 | 14:53| 0

Hay dos áreas en las que el Ayuntamiento de Marbella seguramente necesitará más de dos generaciones para superar el destrozo que perpetró el GIL. Y eso siempre y cuando las cosas se hagan bien, que no está siendo el caso. Una es el urbanismo, donde diez años después se sigue sin dar con la tecla para comenzar a hacer de Marbella una ciudad al menos medio normal. La otra es la Policía Local, cuyo jefe durante los años del gilismo fue condenado en la ‘operación Malaya’ y ahora, cumplida la condena, está a punto de regresar. Esta semana, la Policía Local ha vuelto a ocupar el centro de las preocupaciones municipales.

Si hay un sector de la vida pública de la ciudad que debería permanecer al margen de los vaivenes políticos es precisamente el cuerpo de seguridad municipal. No solamente por el hecho altamente sensible de que sus funcionarios van armados, tienen capacidad coercitiva, pueden poner multas y hasta, llegado el caso, engrillar a otros vecinos –circunstancia que por sí misma debería ser suficiente para que no cayera sobre sus miembros y especialmente sobre sus mandos la más mínima sospecha– sino también porque la politización y las medidas adoptadas sobre la base del cálculo político y sobre la tentación de mandar sobre el cuerpo –en el peor sentido de la palabra mandar– atentan contra la eficacia de una institución de cuyo bien hacer depende gran parte de la buena marcha de la ciudad y del bienestar y de la seguridad de sus vecinos.
Esta semana, el portavoz del equipo de gobierno municipal, Javier Porcuna, anunció en rueda de prensa que el tripartito se está pensando si renueva su confianza en el jefe de la Policía Local, José Andrés Montoya. No se puede decir que haya sido un anuncio elegante, ni prudente, ni tampoco considerado o respetuoso hacia quien todavía es el máximo responsable del cuerpo policial. Montoya llegó a Marbella hace un año, requerido por el propio equipo de gobierno, desde su destino en la Policía Local de Vélez-Málaga. Su comisión de servicio vence a fin de mes y el mero anuncio de que el gobierno municipal se está pensando si sigue o no sigue es una desautorización suficiente que el jefe policial hizo bien en entender como una invitación a marcharse. Las palabras de Porcuna el pasado martes fueron suficientemente elocuentes y el silencio que el alcalde, José Bernal, mantuvo desde entonces, lo ha sido aún más.
Resulta lógico preguntarse qué ha pasado para que una persona que no estaba en Marbella, sino que se ha ido a buscarla, cayera en desgracia. El equipo de gobierno municipal confiaba en él para ponerse al frente de una institución que no ha dejado de ser foco de conflictos desde que Gil la convirtiera en su guardia pretoriana y en fuerza de choque para limpiar la ciudad con métodos inaceptables.
Lo lógico sería esperar que el alcalde y su edil de Seguridad explicaran por qué han perdido la confianza en Montoya, situación que antes de la rueda de prensa del martes ya se había evidenciado con actitudes algo, no mucho, más sutiles, como la apertura de un expediente a un subinspector de su entera confianza sin siquiera comunicárselo.
Desde su llegada al poder municipal, el PSOE –los otros dos partidos del gobierno se han mantenido al margen de este asunto– no ocultó que su hombre de confianza en la Policía Local es el subinspector Santiago Montero, antiguo dirigente sindical, funcionario que ejerce autoridad por delegación desde el cambio de gobierno y de quien sin embargo sus compañeros ignoran qué función concreta desarrolla, según han dejado ver en un escrito dirigido al alcalde. Aunque al principio hubo convivencia, la resistencia de Montoya a aceptar poderes paralelos y al margen de la cadena de mando ha provocado el cortocicuito, situación que se agravó desde que el alcalde delegó en Porcuna la competencia de Seguridad que en un principio llevó personalmente.
Pretender que un profesional al que se ha ido a buscar actúe como mero hombre de paja es demasiado pretender.
Aunque aún no ha formalizado su salida, los últimos desplantes hacen prácticamente imposible la continuidad de Montoya. Sólo la recuperación por parte de Bernal de la delegación de Seguridad y algún gesto público de desagravio podrían torcer una situación que ya parece consumada. La incógnita, si acaso, reside en qué vendrá después.

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De benefactor a apestado
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Héctor Barbotta | 08-08-2016 | 16:37| 0

 

En el mundo de la política las fotos parecen ser un mundo aparte. Sobre todo para los políticos. Una buena carrera política no se sustenta si no incluye fotos en plano de igualdad con personajes relevantes, del mismo modo que una foto con la persona inadecuada, aunque el papel ya amarillee, puede obligar a muchas explicaciones e incluso arruinar la carrera del más encumbrado. No se descubre ningún secreto si se revela que los mayores enfados de los políticos con los medios de comunicación son producto, más que de la aparición o el tratamiento de una u otra información, de la ausencia de una foto que consideran relevante. Hay periodos sensibles, como las campañas electorales, donde algunos parecen leer el periódico regla en mano para medir el tamaño de su retrato y el del adversario. Y deducir de ahí intenciones de lo más aviesas.
En Marbella todavía se recuerdan los malabarismos que hizo más de uno, y de una, para conseguir una foto con Michelle Obama cuando en 2010 pasó por aquí unos días de vacaciones. La primera dama norteamericana se resistió a esa utilización de su figura e incluso se cuenta que alguien de su equipo tuvo que ponerse desagradable con un consejero que se desplazó hasta la Alhambra para retratarse en el monumento con la visitante. Con el carácter que se le conoce, la mujer del presidente de Estados Unidos tuvo que hacerle saber que si el precio de la visita era hacerse la foto ella se quedaría con las ganas de pasearse por el Generalife y el Patio de los Leones. Y hubo visita, pero no foto.
Por eso no es difícil entender cuándo alguien está en la cresta de la ola y cuándo ha caído en desgracia. Si hay codazos para fotografiarse con él, la figura está en ascenso. Si el personaje empieza a aparecer solo es que su compañía sólo puede aportar dolores de cabeza. Hay algunos políticos de Marbella que aún se arrepienten de haberse inmortalizado al lado de Bárcenas cuando el todavía tesorero frecuentaba Guadalmina.
La fotografía del jeque Al-Thani el pasado miércoles en el palco del estadio municipal de Marbella explica con claridad cuánto se ha deteriorado el prestigio de quien se presentó hace sólo seis años como el inversor que iba a colocar a Marbella a la vanguardia del turismo náutico y cuyos incumplimientos y desplantes lo han puesto en el lugar de un apestado. Se puede decir que se lo ha ganado a pulso.
No hace mucho, una foto con el jeque podía impulsar la carrera de cualquier político como el de un servidor público cuya gestión contribuía a traer inversiones a la ciudad. Como además Al-Thani no mostraba generosidad a la hora de dejarse fotografiar, un encuentro, aunque sólo fuese tan fugaz como requiere la fracción de segundo necesaria para accionar el obturador de la máquina, podía presentarse como prueba de la relevancia del político.
Pero el pasado miércoles Al-Thani estuvo en Marbella porque su equipo se enfrentaba a los saudíes del Al-Ahli en el estadio municipal y los políticos locales guardaron distancias. El inversor presunto lució soledad en el palco y los dos concejales que ejercieron la representación municipal en el partido no se le acercaron. No hubo ni apretón de manos ni mucho menos encuentro con el alcalde.
El jeque ha pasado de ser el José Banús del siglo XXI, el inversor que pondría al puerto de La Bajadilla en el epicentro del turismo náutico de alta gama de todo el Mediterráneo, a convertirse en el principal obstáculo para que la ciudad pueda desarrollar ese proyecto.
La actitud que ha tenido desde que puso un pie en la ciudad y optó al concurso público para quedarse con la concesión no encuentra explicación posible ni en nuestros parámetros culturales ni en ningún otro. Y desde el punto de vista empresarial es una auténtica locura.
Posiblemente al albur de asesoramientos equívocos y de socios escasos de transparencia, desde un comienzo Al-Thani actuó como si el complejo entramado institucional español fuese demasiado para él y como si también en esta geografía la portación de su ilustre apellido fuese condición suficiente para saltarse trámites, ignorar normas e incumplir compromisos. Durante años se intentó interpretar qué intención última había detrás de cada maniobra con la que conseguía ganar un poco más de tiempo. A punto de culminar su relación con el proyecto es posible que esa incógnita nunca se resuelva.
En los últimos meses el equipo de gobierno municipal ha explorado posibles caminos legales para permitir la entrada de nuevos inversores. Por lo que se sabe existen interesados en participar del proyecto, pero después de más de seis años se ha tejido una madeja compleja que no facilita su entrada.
Las participaciones de la sociedad del jeque, accionista mayoritario de la mercantil Nas Marbella, concesionaria del puerto y en la que el Ayuntamiento ostenta un 3 por ciento, están embargadas y bajo custodia de un administrador judicial por el proceso abierto tras la denuncia del arquitecto José Seguí, autor del proyecto con el que se ganó el concurso y que reclama el pago de sus honorarios.
Los nuevos inversores quieren, como es lógico, un camino expedito sin la presencia del jeque, pero todas las gestiones realizadas para que se aparte voluntariamente no han llegado a buen término. Al-Thani ni hace ni deja hacer. Se ha convertido en un obstáculo para un proyecto estratégico para la ciudad y ello explica en gran medida por qué no hubo nadie del Ayuntamiento que quisiera estrecharle la mano el miércoles pasado en el estadio municipal.
El embargo de las acciones podrá abrir un camino para conseguir apartarlo aun sin su consentimiento, aunque ese camino es complejo. Ni el juez que entiende en la causa ni la administración judicial de las acciones tienen entre sus objetivos principales desatascar la situación, sino simplemente conseguir que el arquitecto cobre lo que se le debe. Sin meterse en más jardines. El autor del proyecto, que sabe que si éste se desarrolla tendrá más posibilidades de conseguir una victoria que no sea pírrica, sí está colaborando activamente para que esto salga adelante.
Legalmente, y es lo que cuenta para la administración autonómica, la sociedad concesionaria es la del jeque. La buena voluntad del Ayuntamiento tiene por delante un muro de burocracia y ahora, que se ha iniciado el proceso definitivo para resolver el contrato de la concesión, apenas tres meses para encontrar una solución.
Si antes el jeque, o quien lo haya sucedido, no presenta el proyecto constructivo, el contrato se habrá resuelto y, en el mejor de los casos, todo el proceso deberá iniciarse desde el comienzo con la convocatoria de un nuevo concurso. Y eso supondría más años de espera. El tiempo apremia.

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Había un banco
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Héctor Barbotta | 31-07-2016 | 18:09| 0

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, reveló esta semana en Marbella que si las obras del hospital no se reactivan antes del fin del verano se iniciará el expediente para resolver el contrato de la concesión. La iniciativa ha sido presentada como la llave maestra que resolverá el bloqueo de la ampliación del centro sanitario, que lleva seis años paralizada.

En rigor debería decirse que después de tanto tiempo de paralización y de la manifiesta impotencia de las administraciones para resolver una situación que parece enquistada, cualquier noticia es una buena noticia pero posiblemente interpretar el anuncio del consejero como una novedad altamente positiva suponga un exceso de optimismo. Sobre todo porque Alonso no quiso revelar qué es lo que vendrá después de que la actual concesionaria desoiga el ultimátum, que lo hará, y abandone la obra, que lo hará también.

Acerca de que la concesionaria quiere abandonar no existen dudas. Se trata de una Unión Temporal de Empresas denominada ‘Concesionaria Costa del Sol’, constituida al solo efecto de concurrir a este concurso, que al día de hoy sólo tiene dos trabajadores en plantilla y cuya empresa matriz es la compañía sevillana Abengoa, que atraviesa las dificultades conocidas. De hecho ya intentó irse en al menos una ocasión y la justicia la obligó a seguir. Los antecedentes y la postura que ha adoptado la Junta, con un ultimátum que ni siquiera tiene fecha, invitan a pensar que el vínculo se romperá previo acuerdo y pago, por parte de la Junta, de una indemnización por la resolución del contrato. El único misterio, si acaso, reside en la cuantía.

Que la continuidad de las obras con la misma concesionaria era inviable es algo sobre lo que había más que certezas desde que en agosto de 2014 se firmara un acuerdo a tres partes que con el paso del tiempo se comprobó que no se cumpliría. Durante un tiempo los motivos del incumplimiento de aquel convenio fueron un auténtico misterio. Había un elemento que no se conocía y que, ahora se ha sabido mantenía las obras bloqueadas.

El dato que no era de público conocimiento y que sin embargo era la clave de todo el embrollo lo reveló el consejero el miércoles en Marbella, posiblemente sin saber que estaba contando algo que no se sabía. La concesionaria, al parecer, estaba dispuesta a seguir, de lo contrario no hubiese firmado el acuerdo; el Servicio Andaluz de Salud quería que siguiera, y la Junta parecía dispuesta a hacer el esfuerzo económico previsto en ese acuerdo; el Ayuntamiento, todavía con Ángeles Muñoz al frente, se había comprometido a no poner más pegas pese a su actitud inicial; y hasta había fecha aproximada para volver a poner en marcha la maquinaria. Pero había un cuarto actor oculto entre bambalinas que no asomó la cabeza durante el acto de la firma pero del que dependía la última palabra. Detrás de la concesionaria había un banco. Y el banco dijo no. Sobre todas las decisiones de Abengoa, ya se sabe, los bancos tienen desde hace algún tiempo más peso que la propia Abengoa.

En efecto, fue la negativa del banco, que no veía la viabilidad económica del acuerdo, lo que decidió que no había garantías para la financiación. Y sin la financiación del banco, la UTE con dos empleados, un alto nivel de endeudamiento y fuerte dependencia financiera, carecía de solvencia para tomar decisiones por sí misma. No resultaría extraño que la disolución de la sociedad estuviera ya en marcha. Habrá, con toda seguridad, indemnización porque el banco querrá recuperar lo que puso y habrá activado su maquinaria legal.

El proyecto, por lo que se ve, estaba sustentado en cimientos inestables y por eso, con lo que se sabe ahora, no extraña que haya sucumbido después de que en 2010 el Ayuntamiento de Marbella ordenara la paralización de las obras por su desacuerdo de fondo con el modo en que se iba a financiar la construcción, mediante la explotación de unos aparcamientos subterráneos con tarifas premium en los que los usuarios se iban a ver poco menos que obligados a aparcar.

Ya anteriormente había habido reticencias municipales a conceder la licencia de obras debido a que el proyecto incluía áreas comerciales que según el gobierno municipal de entonces no se correspondía con el uso sanitario del suelo. Sin aparcamientos y sin área comercial la financiación de las obras no era viable. El Ayuntamiento reclamaba que la Junta invirtiera dinero de su presupuesto en Marbella y no que las obras las pagaran, de manera más o menos indirecta, los propios usuarios. Era la época en la que toda la estrategia política de Ángeles Muñoz, sin plan B, giraba en torno a conseguir una victoria de Javier Arenas en las elecciones autonómicas.

Cuando en abril de 2012 la tozuda realidad de las urnas obligó a rectificar ya era demasiado tarde. El endeble andamiaje en el que se había sustentado todo el proyecto para ampliar el Costa del Sol estaba tocado.

Todo lo que vino después, y lo que se consumará en las próximas semanas, no es más que el derrumbe que cabía esperar, la lógica consecuencia del cóctel que mezcló la fragilidad de un proyecto puesto en marcha sin dinero y el cálculo partidista y la desconfianza institucional.

¿Qué vendrá ahora? Si en la Junta no existía disposición financiera para solventar con fondos propios la ampliación cuando se inició el proyecto, mucho menos la hay ahora cuando las cuentas del Gobierno andaluz apenas alcanzan para administrar miseria. Sin embargo, ni la Junta ni el PSOE se pueden permitir que el Ayuntamiento más importante con el que cuentan en la provincia acabe el actual mandato municipal con el edificio del Hospital a medio construir. El discurso del tripartito que atribuye a Ángeles Muñoz y su política de confrontación la falta de inversiones en la ciudad necesita de resultados tangibles. Y necesita, además, enseñarlos antes de que acaben los cuatro años de mandato, de los que ya se ha consumido uno.

Las informaciones apuntan a que habrá un nuevo concurso en el que se tentará a alguna empresa puntera -no a una UTE improvisada, liderada por una sociedad en ruina y sometida al rigor de la financiación bancaria- con la concesión de algunos servicios que vayan más allá de los aparcamientos. Los hospitales son pequeñas ciudades en los que no sólo se aparca. Hay también cafeterías, lavanderías, zonas comerciales y multitud de servicios. Muchas posibilidades de hacer caja para rentabiliza la inversión. Y esta vez, un Ayuntamiento que no pondrá obstáculos

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El titán ignorado
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Héctor Barbotta | 25-07-2016 | 11:53| 0

En julio del año pasado el nadador alicantino Jorge Crivilles completó en 11 horas y 43 minutos el cruce del canal que separa la isla de Santa Catalina con la costa continental californiana. Con esa proeza consiguió lo que en el mundo de la natación en aguas abiertas se denomina la Triple Corona, que consiste en conseguir tres de las travesías de mayor dificultad, la mencionada de Santa Catalina, el cruce del Canal de la Mancha y la vuelta completa a la isla de Manhattan. La proeza del nadador alicantino fue recogida, con toda lógica de acuerdo a la dimensión del hito, con una extensa información en el periódico de información deportiva de mayor circulación en España y que constituye además la cabecera de referencia del presidente del Gobierno.
Hace menos de dos semanas, el paratriatleta marbellí Javier Mérida también se lanzó a las aguas de Santa Catalina para completar el cruce del canal. Lo hizoen 11 horas y 40 minutos. Pero como Mérida es un personaje peculiar a quien no le importa dar ventaja, lo hizo con una pierna menos, la que le falta desde que la perdiera en un terrible accidente del que se acaban de cumplir nueve años. Con el cruce de Santa Catalina, se convirtió en el primer amputado de todo el mundo que consigue la Triple Corona. No es que se trate de una proeza al alcance de pocos, de momento lo es al alcance de uno solo.
La lógica llevaba a pensar que semejante hazaña iba a encontrar espacio en los grandes medios nacionales y en la prensa deportiva del país, que Mérida tendría a su regreso una agenda cargada de entrevistas y que el Ayuntamiento de su ciudad le prepararía, sino un gran homenaje, al menos una recepción oficial como la que se brinda a los deportistas que consiguen algún resultado en diferentes competiciones. Nada de ello ha sucedido.
Mérida regresó a sus ocupaciones habituales y más allá de los abrazos de sus amigos y de las felicitaciones de quienes le conocen, con poco más se ha encontrado. Eso sí, hubo reseñas de la proeza en la prensa provincial y en los medios locales y una discreta nota del alcalde dejada en el buzón del grupo popular en el Ayuntamiento, al que Mérida pertenece como concejal.
No resulta fácil encontrar explicaciones a por qué los medios nacionales han ignorado la proeza de este deportista, ni por qué ni siquiera los dirigentes del partido al que Mérida pertenece, más allá de sus compañeros de Marbella, se han tomado un momento para felicitarlo. Aunque a Rajoy al menos le queda la justificación de que la noticia no ha aparecido en el Marca, hay actitudes para las que resulta difícil encontrar explicación.
Sí, en cambio, tiene explicación que el Ayuntamiento de Marbella, ciudad donde la noticia sí ha alcanzado cierta repercusión, no le haya organizado a Mérida una recepción y el reconocimiento que su hazaña merece. La explicación se resume en una sola palabra: sectarismo.
El sectarismo es la bacteria que contamina la vida política y que en el caso de Marbella presenta cada día síntomas de mayor gravedad. Esta semana hemos tenido varios ejemplos. El más grave fue el cruce de comunicados entre la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Marbella primero por el decreto para el nombramiento de directores generales, suspendido en uno de sus artículos por orden judicial tras una denuncia de la Abogacía del Estado, y después por la inasistencia del subdelegado a una reunión de la Junta de Seguridad Local.
Es difícil encontrar un antecedente que reúna una concatenación mayor de despropósitos. Tras serle rechazado el recurso contra la suspensión del artículo, el Ayuntamiento cargó contra la Subdelegación del Gobierno como si los abogados del Estado que denunciaron, con sus oposiciones y la independencia que se les supone, fueran empleados del Partido Popular. Lo mismo cabría para el juez que suspendió el decreto. Cuando uno empieza a ver conspiraciones en todos los sitios se incapacita a sí mismo para corregir errores y se condena a repetirlos.
A ataque municipal respondió el subdelegado del Gobierno con un comunicado inédito e igualmente desafortunado en el que reclamaba lealtad institucional pero cuyo efecto práctico no fue otro que el de subir los decibelios del enfrentamiento. Lejos de parar, el Ayuntamiento volvió a responder con la acusación contra el subdelegado de haber dado plantón a la Junta de Seguridad Local, un asunto que el subdelegado atribuyó a un malentendido y que en una situación de relaciones, no ya entre personas responsables sino entre personas que se comportan como adultas, se podría haber resuelto con una llamada telefónica.
No hay que hacer demasiada memoria para recordar el compromiso del alcalde para acabar con la confrontación institucional que durante años rigió las relaciones entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Asegurar que esa confrontación acabó –de momento sin resultados tangibles relativos a la deuda de inversiones que el Gobierno autonómico mantiene con la ciudad– es tan ajustado como reconocer que se ha inaugurado una nueva etapa de enfrentamiento con el Gobierno central. Llevarte bien con los tuyos posiblemente tenga algún mérito. Pero más digno de reconocimiento es quien consigue llevarse bien con quien piensa distinto. Y eso no se puede hacer desde el sectarismo.

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Balance triunfal
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Héctor Barbotta | 18-07-2016 | 16:13| 0

El equipo de gobierno ha hecho balance, al fin, de su primer año al frente del Ayuntamiento y las cuentas no pueden ser más alentadoras. Según el alcalde, José Bernal, ya se ha cumplido o está en camino de cumplirse el 73 por ciento del acuerdo a cuatro que propició su investidura. No el 70 ni el 75, que podrían considerarse cifras aproximadas y estimadas a vuelapluma, el 73 por ciento, lo que da cuenta de que el cálculo se hizo con exactitud, concienzudamente.
Con este ritmo de cumplimiento, aseguró el martes el alcalde, en un año más se habrá cumplido el contenido completo del pacto. El tripartito se arriesga a una segunda mitad de mandato sin nada por hacer.
El acuerdo de 15 puntos que el alcalde considera cumplido al 73 por ciento fue firmado por cuatro fuerzas, las tres que componen el tripartito y Costa del Sol Sí Puede, el partido instrumental de Podemos que votó a Bernal como alcalde pero prefirió quedarse fuera del gobierno. A los dos ediles de esta formación la suma le da otro resultado. Según sus cálculos se ha cumplido solamente un 30 por ciento de lo comprometido. Alguno debería revisar la batería de la calculadora. Además, precisan, lo que se ha hecho es lo más irrelevante.
Repasar el acuerdo de gobierno permite concluir que muchos de los puntos comprometidos siguen en el cajón de los asuntos pendientes. No hay reglamento de distritos, ni consejo territorial municipal, ni se ha elaborado el censo de personas con necesidades sociales, ni se ha abierto la residencia de mayores, ni se ha reabierto el centro terapéutico para personas con adicciones, medida que cuando era candidato Bernal anunció como la primera que tomaría tan pronto como accediera a la Alcaldía. Preguntado por estos asunto, el alcalde dijo esta semana que no se puede hacer todo en un año. Es verdad. También es posible que todas estas actuaciones formen parte del 27 por ciento pendiente, aunque en ese rincón no debe quedar mucho sitio ya que ahí se acumulan también todas las medidas previstas en el capítulo 5 del pacto (titulado Defensa de lo público), en el 7 (Revisión fiscal), en el 12 (Cultura y Patrimonio) y en el 14 (Seguridad ciudadana), así como la mayoría del 3 (Vivienda y acción social), del 4 (Empleo), del 13 (Educación y Deportes) y la mitad del 10 (Movilidad sostenible y Política medioambiental).
A la hora de hacer balance de su primer año, el equipo de gobierno municipal podría haber recordado las dificultades inesperadas y heredadas que se encontró en este periodo, especialmente las sentencias que anularon el PGOU y el convenio colectivo, o hacer hincapié especialmente en los resultados económicos, con la drástica reducción de la deuda privada. Esto último, virtud en gran medida de la aplicación de un plan de estabilidad impuesto por el gobierno central que impide a su vez la normal prestación de los servicios básicos. En el balance municipal esas cuentas aparecen, pero se incluye además ese porcentaje de cumplimiento del pacto de gobierno que resulta a todas luces difícil de homologar con la realidad.
El equipo de gobierno presentó también esta semana sus facturas de telefonía móvil, que presentan una reducción drástica del gasto de más del 90 por ciento en relación con la de los anteriores gestores. La más llamativa es la factura del alcalde, que da un consumo mensual de 3,95 euros.
El balance, en consecuencia, no puede ser más optimista. En su primer año el alcalde ha cumplido el 73 por ciento de su programa y prácticamente sin necesidad de hablar por teléfono. Todo un récord.

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Nepotismo y endogamia
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Héctor Barbotta | 13-07-2016 | 17:10| 0

La semana pasada se consumó la contratación del jefe de campaña del PSOE en las últimas elecciones municipales, Adrián Sánchez Acevedo, como nuevo cargo de confianza del Ayuntamiento de Marbella. Sánchez pasó a ocupar la plaza dejada libre por Manuel Morales, que dejó de ser ‘asesor responsable de Innovación y Administración electrónica’ cuando se convirtió en concejal de lo mismo. La rapidez con la que se produjo el nombramiento invita a pensar que como concejal Morales no daba abasto y necesitaba un ‘asesor responsable’ que lo secundara.
El caso es que su sucesor es la pareja de la primer teniente de alcalde y su madre trabaja también como cargo de confianza en el Ayuntamiento. Posiblemente el nombramiento fuese necesario, pero no fue explicado. Como es lógico, no ha sido bien recibido ni por la oposición, como era de esperar, ni por los propios socios de gobierno del PSOE, que se enteraron del nombramiento por la prensa, reconocen en privado lo que les disgusta tener que cargar con el coste político de decisiones como ésta y se preguntan qué necesidad había de meterse en este jardín cuando aún no se ha terminado de salir del jardín de los caballos.
No se cuestiona que el nombrado reúna méritos –esa discusión se abrirá, o no, cuando el Ayuntamiento cuelgue su currículum en la web municipal– o que su nombramiento sea necesario pero su designación presenta toda la apariencia de ser un caso más de la endogamia y el nepotismo que campan por las instituciones y que tanto han enfadado a los ciudadanos hasta el punto de cambiar de manera definitiva el mapa político de este país. Perder de vista esa circunstancia y actuar como si el personal estuviese dispuesto a tragar con todo no dice nada bueno de la capacidad de los responsables municipales para leer la realidad. Considerar que el problema se reduce a que el nombramiento se haya convertido en noticia, tampoco.
Ningún político que lleve mucho tiempo en el poder está a salvo de perder el contacto con la calle y de acabar actuando como si la institución fuese una cápsula de cristal en la que se estaría de escándalo si los informadores no importunaran. El problema es si esos síntomas aparecen cuando se acaba de cumplir el primer año en el poder. Alguien debe advertirle al alcalde, como al emperador del cuento de Andersen, de que no lleva un traje invisible.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella