Una concejala de Marbella que se destaca por fustigar a la Junta por la falta de inversiones en los colegios y que antes de volcarse con la política había dedicado su vida a la educación pública se despacha con un mensaje en Twitter en el que dice que la educación pública genera ciudadanos débiles, subsidiarios y dependientes.
El diputado nacional Toni Cantó, que desarrolla parte de su trabajo en la comisión de Igualdad del Congreso, da por buenas unas cifras que escuchó por ahí y suelta en la misma red social que la mayoría de las denuncias por maltrato son falsas.
No hace mucho, una parlamentaria advertía también en Twitter de que las prospecciones exponían a la Costa del Sol al peligro de sufrir ‘un Prestige’, olvidando aclarar, por imposible, qué clase de chapapote podía generar un eventual escape de gas.
Obviando la irresponsabilidad de la que hizo gala Cantó al repicar unas cifras que le ha pasado un lobby interesado en minusvalorar la importancia social de la violencia de género, los malabares dialécticos de quienes por posición política se ven obligados a defender unos recortes que seguramente no comparten y el oportunismo indocumentado que inunda sin remedio la actividad pública, los tres ejemplos ilustran algo más que el lamentable nivel en el que se desarrolla casi todo el debate político: los profesionales del asunto no se han enterado de los peligros de meterse a debatir en Twitter sin conocer algo más que las reglas básicas de la red.
La concejala pidió disculpas por su mensaje y rogó que se lo analizara en un contexto que solo se comprendía –y solo a medias, debe admitirse– si se leían los mensajes anteriores y posteriores, sin comprender que en la comunicación no hay más contexto que el propio mensaje, y que quien no tiene capacidad de síntesis debería abstenerse de debates en profundidad si no quiere llevarse un mal rato.
Cantó también pidió disculpas y admitió que no debió haber reproducido públicamente unas estadísticas que no tenía contrastadas, sin entender que lo que se ha escrito en la red, en la red queda.
Desde que los políticos descubrieron en Twitter un vehículo para comunicarse sin intermediarios con el personal se ha producido un fenómeno curioso: muchos de quienes lo han querido utilizar para plantear debates con cierta independencia o profundidad han quedado expuestos, mientras que quienes se han limitado a reproducir las consignas de su partido o han tenido el comportamiento friqui de retransmitir su agenda en directo como si tuviera el mismo interés que la de Obama no han sufrido contratiempos.
Posiblemente unos y otros deban entender que para comunicar con cierta profundidad son necesarios rigor y capacidad de síntesis. Las cualidades básicas, vaya casualidad, que también demanda un oficio en horas bajas cuya desaparición vaticinaron quienes creyeron que para comunicar bastaba con sentarse frente a la pantalla y darle a la tecla.
Subir de San Pedro a Ronda o hacer el camino contrario desde Ronda hasta la Costa forma parte de la rutina diaria de decenas de turistas y de cientos de trabajadores. Los primeros, atraídos por esa parte de Andalucía que a pie de playa solo llega a intuirse, y los segundos, para ganar en la Costa el sustento que no se encuentra en los pueblos de la Serranía.
Por ello, la carretera que une ambos puntos ha estado siempre en el centro de mira. Recorrerla puede ser un ejercicio placentero si uno va sin prisas y, cámara en mano, dispuesto a cazar con el objetivo cascadas, vistas panorámicas, cabras o buitres leonados. Pero también puede transformarse en un calvario si se tiene la mala suerte de que el vehículo que va delante sea un camión o simplemente tenga al volante a un conductor inexperto.
Ahora la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, ha calificado de inviable el proyecto para la construcción de una autopista entre Ronda y la Costa, y lo ha hecho con argumentos que suenan convincentes: el impacto medioambiental sobre flora y fauna que acabaría causando daños irreparables en el Valle del Genal, la Sierra Bermeja o el río Guadalmina. La Junta ha necesitado de un estudio informativo para llegar a esta conclusión, la misma a la que hubiese arribado cualquier mortal cuando se lanzó la propuesta utilizando tan solo su sentido común.
Las hemerotecas son crueles. Ayudan a recordar que hace algunos años, en plena campaña electoral, con la evidente intención de revertir un panorama que las encuestas vaticinaban como poco alentador y saltándose la norma que impide utilizar posiciones institucionales para hacer anuncios de este tipo, una consejera de la Junta adelantó a bombo y platillo que en pocos años el trayecto de Ronda a Marbella podría hacerse en veinte minutos.
A diferencia del engaño del tren litoral, un proyecto que se sabe necesario y a la larga rentable, el anuncio de la autopista San Pedro-Ronda no embaucó a casi nadie. Primero porque la motivación del anuncio estaba clara, y segundo porque no hacía falta esperar a un estudio de Medio Ambiente para darse cuenta de que el proyecto era una salvajada ecológica y una grosería financiera. El anuncio, como tantos otros, no pasó de ser un chusco recurso electoral.
Pero así como en su momento la propuesta fue un alarde de oportunismo por parte del PSOE, el anuncio de la Junta de que no se hará ha sido recibido desde la otra orilla no como un muestra de sentido común, sino como una nueva prueba de que a la hora de las inversiones la Junta se olvida de Marbella y bla bla bla. Como si no hubiera ejemplos suficientes para recurrir a ese argumento.
Y es que no importa de qué se trate. Escaparse del oportunismo, a un lado y a otro, parece imposible.
UN concejal socialista de Marbella acaba de anunciar que abandona el grupo municipal porque está cansado de soportar situaciones que en la vida empresarial podrían llamarse mobbing y en el académico, acoso escolar, pero que en la vida política, posiblemente por habituales, carecen por el momento de denominación.
Dice el concejal en cuestión que sus compañeros de grupo no le tramitaban las mociones que presentaba, que en las reuniones no se le asignaba tarea alguna y que llevaba sin hablarse con el portavoz del grupo nada menos que ¡un año y cuatro meses! Ambos fueron elegidos en mayo de 2011, en junio asumieron sus cargos, y en octubre dejaron de hablarse.
Desde su grupo político se limitan a apelar a la disciplina, a reclamar que devuelva el acta de concejal para que pase el siguiente –al parecer más afín–, a lamentar que haya expresado estas críticas en público (en lugar de hacerlo en las reuniones en las que al parecer lo ninguneaban) y a sembrar dudas sobre su verdadera relación con los adversarios.
El episodio, que además de no ser inédito y que revela la importancia de aquella recomendación que, bajo la advertencia de ‘Al suelo que vienen los nuestros’, resulta imprescindible para sobrevivir en ese ambiente, es una muestra más de hasta qué punto el mundo de la política tiene sus propios códigos, sus propios valores y sus propias referencias alejadas de aquellas con las que se comporta el resto de la sociedad y que en cualquier otro ámbito serían inaceptables.
No se trata de emitir un juicio sobre a cuál de las partes le asiste la razón, de si el concejal en cuestión hizo méritos para ser ninguneado, ni mucho menos sobre la capacidad que algunos líderes políticos demuestran para dividir y restar cuando lo que necesitarían para tener algo de futuro es aprender a sumar. Se trata solo de preguntarse cómo ha sido posible que la mal llamada ‘clase política’ haya sido capaz de construir una burbuja aislada del resto de la sociedad donde rigen comportamientos que la mayoría de las personas considera inaceptables.
Suele decirse que la verdadera política, la de altura, se hace en los bancos, en los consejos de administración de las grandes corporaciones empresariales o en el Vaticano. Que lo que hay en los partidos es política de bajo vuelo, y también que en el microclima de los partidos no hay nada inédito porque esas organizaciones no son otra cosa que el reflejo de la sociedad. Pero convengamos que hay situaciones que solo son posibles en los partidos políticos. ¿Alguien una empresa de la que el tesorero se haya llevado 22 millones de euros y el consejo de administración le siga pagando la Seguridad Social sin dar una sola explicación que los accionistas sean capaces de creer?
La alcaldesa de Marbella viajó la pasada semana a la sede de la Consejería de Economía en Sevilla en busca de un compromiso financiero para 40 años y regresó con un acuerdo que le permitirá respirar durante uno. Peor es nada.
La decisión de la consejera Carmen Martínez Aguayo de admitir que el Ayuntamiento pague solo tres de los 12,2 millones de euros correspondientes al vencimiento de este año por el anticipo de 100 millones recibidos en 2006 supone ciertamente una bocanada de oxígeno que llega sobre la hora antes de la aprobación de un plan de ajuste que iba a suponer la adopción de medidas dolorosas en el capítulo de Personal del Ayuntamiento. Sin embargo, ello no permite olvidar que se trata de una medida de emergencia que ayuda a salir del paso, pero no a afrontar las medidas de fondo que necesita el Ayuntamiento de Marbella. Tan solo permite aplazarlas.
La decisión de la Junta ha dado lugar a la eliminación de la propuesta de reducir los salarios de los trabajadores municipales en un 7 por ciento, al menos hasta diciembre. Entonces habrá que retomar la discusión. Alguien podría decir, no sin razón, que esto es pan para hoy y hambre para mañana, pero a quien se encuentra al borde de la inanición, el pan de hoy le sabe a gloria. Ya habrá tiempo para preocuparse de qué llevarse a la boca mañana.
Después de que a la hora de ajustar sus cuentas el Ayuntamiento señalara a la Junta de Andalucía para hacerla responsable de los recortes que se adoptaran en el capítulo de Personal, no era fácil sospechar que el Gobierno andaluz recogiera el guante; se esperaba más bien que mirara para otro lado, como suele hacer con muchos de los asuntos que afectan a esta ciudad. Pero lo que se encontraron la alcaldesa y su equipo fue una respuesta a su medida. La consejera de Hacienda dio un año de tregua y señaló hacia dónde habría que mirar para buscar una respuesta definitiva: la Junta solo refinanciará la deuda completa si hay un compromiso del Gobierno central en relación con todos los ayuntamientos andaluces en dificultades. No sería extraño que ahora el Gobierno apuntara a Bruselas o a Berlín. En momentos de dificultades, el juego político parece consistir en impulsar el balón hacia arriba.
Uno de los argumentos que más le gusta esgrimir a la alcaldesa a la hora de reclamar un tratamiento especial para Marbella es el elemento diferencial de la historia reciente: ninguna otra corporación de España fue disuelta tras ser saqueada sistemáticamente durante quince años. Pero la Junta no ha entrado por ahí y recuerda que los ayuntamientos en dificultades son todos, algunos con menos personal contratado que el de Marbella, independientemente de las circunstancias que los pusieron en esa situación. Sobre todo ahora que sabemos que el latrocinio de las cuentas públicas no ha sido en los años recientes patrimonio exclusivo ni del gilismo ni de Marbella.
La Junta tampoco ha querido entrar en el otro argumento central para el equipo de gobierno del PP: que los 100 millones prestados por el Gobierno andaluz para que la gestora tuviera con qué hacer su trabajo provenían del cálculo de las inversiones que se dejaron de hacer durante la etapa del GIL. No ha habido debate sobre de quién es la responsabilidad de esa parálisis inversora. Hubiese sido interesante.
Así, la reunión entre la alcaldesa de Marbella y la consejera de Economía ha dado para un balón de oxígeno de un año, pero no para una solución de fondo que, a la vista del condicionante puesto por la Junta -ayuda estatal para todos los municipios andaluces-, se antoja difícil.
Ángeles Muñoz ya sabe que este año no tendrá que reducir salarios ni realizar despidos. Pero también que la carga financiera, y con ello la perspectiva de ahogo para los próximos ejercicios, ha aumentado. Mucho debería cambiar el paisaje económico a corto plazo para que la recaudación de los tributos municipales permitiera al Ayuntamiento afrontar con garantías y sin recortes los próximos años.
Seguramente a los miembros del equipo de gobierno municipal no se les escapa que al postergar las medidas que tenían previstas en base a un gesto temporal de la Junta le han dado al Gobierno andaluz la llave que puede abrir o cerrar la conflictividad social en Marbella. Y con ello el manejo del calendario político en el futuro cercano.
Si hay un sitio donde cabía esperar una muestra de indignación o al menos de incomodidad por parte de miembros del Partido Popular frente a las noticias que desde hace más de una semana gotean desde su sede central, ese sitio es Marbella.
Primero, porque el caso se parece a lo vivido en esta ciudad: un oscuro personaje que se enriquece por el método de recibir dinero de empresas (quién sabe a cambio de qué aunque no es difícil imaginarlo) y a quien se le encuentra una contabilidad B en la que se reflejan pagos a cargos políticos. En la contabilidad de Roca, principal sustento de la acusación en el ‘caso Malaya’, figuraban iniciales; en la de Bárcenas, nombres completos. La contabilidad de Roca con sus iniciales dio lugar a un terremoto político y a una causa penal pendiente ahora de sentencia. La de Bárcenas con sus nombres completos está al comienzo del camino.
El segundo motivo por el que cabía esperar al menos una protesta por parte de militantes del PP de Marbella es porque sus concejales mantuvieron durante los años del GIL un comportamiento ejemplar. No se dejaron vencer ni por la tentación ni por las presiones, y ahora encuentran en su partido comportamientos que seguramente les resultan tristemente familiares. No extraña que las primeras voces de concejales populares alzadas contra lo que se ha conocido hayan llegado desde el País Vasco. Y sorprende el silencio de Marbella.
Por aquí, en lugar de indignación, de reclamo de transparencia, de pedido de explicaciones, solo se ha visto una exhibición de confianza ciega en el líder, reflejada en uno de los mayores ridículos en la corta historia de Twitter: el hastag #yocreoenRajoy. Ver sumarse a destacados militantes del PP de Marbella a esa consigna desesperada, a ese reclamo de fidelidad incondicional, de lealtad impermeable a los datos y sorda a las informaciones resultó tan sorprendente como doloroso. Sin embargo, la intención de que los los votantes, los simpatizantes, los afiliados sin cargo se sumaran a esa manifestación de fe casi religiosa, como si un partido político fuese un equipo de fútbol donde la lealtad a los colores es incapaz de discernir acerca de merecimientos, cayó en saco roto. El PP no es el Real Madrid.
Tampoco tuvo éxito la estrategia de lavar culpas propias en vergüenzas ajenas. El argumento del ‘tú más’, al mismo tiempo que agita a los convencidos profundiza el desapego de los ciudadanos de a pie.
Afortunadamente no es España un país donde la corrupción de alto nivel haya alcanzado la calle. A diferencia de otros países con los que compartimos idioma, aquí no ha salpicado al guardia de tráfico, al inspector municipal o al taquillero que reserva las mejores entradas para quien se acerca escondiendo un billete. Pera hacia allí vamos inexorablemente si la gente pierde la confianza en el sistema de convivencia y se queda sin un espejo ejemplar en el que mirarse. Parafraseando a Rajoy, nadie quiere un país así para sus hijos.
Cuando un partido asume responsabilidades de gobierno es oportuno prestar atención a la postura que adopta en los temas más trascendentes. Por ello no deben subestimarse las opiniones de Izquierda Unida sobre la situación del puerto de La Bajadilla, ya que no conviene olvidar que en el gobierno bipartito andaluz es esa formación la que ostenta la cartera de Fomento y, en consecuencia, la que controla la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA).
Tras conocerse que el Ayuntamiento ha tocado la puerta de Exteriores para intentar que alguien en Catar con más autoridad que el jeque Al-Thani le obligue a cumplir con sus obligaciones, IU ha salido con el consejo a la alcaldesa de que recurra a Interpol para encontrar a su socio.
Más allá del chascarrillo, en el nivel de ingenio y ocurrencia al que nos tiene acostumbrado nuestro debate político, cabe analizar las otras recomendaciones del grupo municipal de IU. Dice la nota que la iniciativa diplomática del gobierno municipal revela la debilidad del Consistorio como socio para resolver los incumplimientos del jeque, lo que supone una constatación de lo obvio. Recomienda a la alcaldesa que se desvincule del jeque, cuando lo que se intenta conseguir, con grandes posibilidades de fracaso, es impedir que el jeque se desvincule totalmente del proyecto, al menos hasta que el mismo se pueda traspasar a alguien interesado en hacer la inversión. Pone en un mismo nivel lo que considera «pasividad del jeque y del Consistorio», cuando la propia iniciativa diplomática revela que por parte municipal puede haber preocupación e impotencia, pero no desde luego pasividad. Y se recomienda a Muñoz que «busque socios que aseguren un proyecto realista», y es aquí donde está la clave.
Que el Ayuntamiento está buscando socios dispuestos a invertir lo que el jeque parece que no podrá o no querrá es un secreto a voces. Lo que IU debería aclarar es si está por salvar este proyecto con otros socios o darlo por terminado y comenzar todo el proceso desde el principio con un proyecto nuevo. Y en ese caso, ya que tiene la APPA a su cargo, podría ilustrar al personal acerca de qué plazos estaríamos hablando.
No cabe duda de que para la oposición, la tentación de recrearse en la fallida apuesta del equipo de gobierno por el jeque es una tentación seguramente tan grande como la que habrán sentido en el equipo de gobierno cuando se presentó la oportunidad de subirse al carro del jeque e intentar controlar el proyecto desde dentro. Una de las reglas básicas de la política es hacer pagar a los adversarios el coste de sus errores. El problema aquí es evaluar los daños colaterales de ese pase de factura.
Cada incumplimiento de Al-Thani ofrece la posibilidad de lanzar un dardo contra Ángeles Muñoz. Pero sobre lo que habría que preguntarse es si se puede sacar algo en claro del hecho de que Ayuntamiento tenga ese simbólico 3 por ciento y cómo se puede usar para salvar el proyecto con otros inversores. La otra posibilidad es dedicarse a ingeniar chascarrillos sobre el jeque desaparecido mientras el proyecto se muere y la ampliación de La Bajadilla vuelve a sumergirse en el cajón de la burocracia autonómica hasta que algún día a alguien se le ocurra convocar un nuevo concurso.
A diferencia de las otras dos grandes ferias que jalonan el calendario del sector turístico de la Costa del Sol –la WTM de Londres y la ITB de Berlín–, no es FITUR una cita a la que se acuda a hacer negocio. En el mejor de los casos sirve para hacer promoción –en caso de que se considere que un destino maduro como la Costa del Sol necesite situar la promoción en el mercado nacional entre sus prioridades–, y en la mayoría para hacer acto de presencia en un escaparate cuya principal motivación para no ausentarse sigue siendo desde hace años la frase más repetida que no distingue entre épocas de prosperidad o de vacas flacas: «en FITUR hay que estar». Aunque muchas veces no se sepa para qué.
Ha llovido desde que un empresario del sector confesó en privado a un servidor que su único motivo para asistir cada año a la feria turística de Madrid era que el pabellón de Ifema constituía el único sitio donde podía encontrarse con casi todos los alcaldes y otros responsables políticos de la provincia, de modo que podía resolver en un par de días gestiones que en la propia Costa del Sol le podían requerir varios meses. Si alguien quiere encontrarse casualmente con un consejero, dejarse ver por un alcalde para hacerle un comentario como quien no quiere la cosa o incluso aparecer en una foto con algún destacado miembro de la Familia Real en plan Mocito Feliz no tiene más que invertir en un billete de AVE y poner rumbo a Madrid en la última semana de enero.
Por ello no debe llamar la atención que el encuentro directo con el presidente de la Junta de Andalucía que la alcaldesa de Marbella venía intentando desde hace tiempo para solventar temas pendientes –y el más importante de todos es el de la refinanciación de la deuda de 100 millones de euros– se haya producido en Fitur, bajo los flashes y fugazmente, pero con provecho.
Cuando la semana anterior el presidente Griñán dijo en Málaga a preguntas de un periodista que no tenía inconveniente en sentarse con el Ayuntamiento de Marbella a discutir posibles nuevas condiciones para el pago de la deuda, hubo quien creyó que se trataba de una respuesta improvisada para salir del paso. Pero esa sospecha quedó desairada en el breve encuentro de Madrid. Bastó que la alcaldesa le recordara la necesidad de sentarse a negociar la refinanciación para que Griñán le respondiera que recibiría una llamada. Y veinte minutos más tarde quedó concretada la cita en Sevilla para el 5 de febrero con la consejera de Hacienda. Para que después digan que ir a FITUR no sirve para nada.
Lo que resta ahora es saber si lo que pretende el Gobierno andaluz es solamente salvar la cara y no aparecer ante la opinión pública en una posición de intransigente ensimismamiento y de desinterés hacia la suerte de Marbella o si hay realmente existe intención de dar un respiro financiero al Ayuntamiento de Marbella.
Y desde el lado municipal, si hay predisposición a asumir compromisos que puedan cumplirse y no solo ganar tiempo para postergar la aplicación de ajustes –seguramente necesarios independientemente de cómo se resuelva el tema de la deuda– en las cuentas del Ayuntamiento.
Las respuestas podrán comenzar a conocerse en cuanto ambas partes se sienten a hablar, sin condiciones previas, mañana, martes, en Sevilla.
Que el Ayuntamiento de Marbella tenga que recurrir a la diplomacia para intentar enterarse de cuáles son las intenciones de su presunto socio, el jeque Al-Thani, en el proyecto de ampliación del puerto de La Bajadilla no solo sirve para describir la naturaleza de esa sociedad, sino sobre todo qué entiende por lealtad el socio desaparecido.
Cuando hace poco menos de dos años Al-Thani, tras erigirse en propietario-benefactor del Málaga Club de Fútbol, desembarcó en Marbella con la intención de hacerse con la concesión para ampliar el puerto pesquero de La Bajadilla, la ciudad se rindió ante el sueño de un proyecto que se presentaba como el Banús del siglo XXI y estaba llamado a ser el gran revulsivo turístico y comercial de la Costa del Sol.
Cuentan que al jeque hubo que explicarle que no bastaba con manifestar su intención de hacer una inversión multimillonaria en reuniones con altos cargos organizadas por conseguidores profesionales, sino que también tenía que ganar un concurso.
Aquello supuso el primer desencanto para el benefactor, que rápidamente reaccionó invitando al Ayuntamiento de Marbella a participar como socio minoritario en su proyecto a través de una empresa pública. Y el Ayuntamiento, igual de tentado que el conjunto de la ciudad, aceptó el regalo sin intuir que venía más envenenado que la manzana que mordió Blancanieves.
Así como su primera etapa en el Málaga había sido una carta de presentación que le permitió seducir al Ayuntamiento y después ganar el concurso, el cierre del grifo inversor en el fútbol dio la primera señal de alarma que después los hechos confirmaron. El socio no solo incumplió religiosamente todas y cada una de sus obligaciones sin saltarse ninguna. También dejó de dar señales de vida.
Si la operación del Málaga y la del puerto formaban parte de la campaña de imagen del emirato que ha llevado a la compra del París Saint Germain o a gastarse una cifra seguramente astronómica para que el Barcelona lleve el nombre de Catar en su camiseta, la inexplicable e inexplicada actitud del jeque en relación con Marbella dejan esa imagen a la altura del betún. A la misma altura, para entendernos, que la noticia de que el emirato consiguió ser sede del mundial de 2022 engrasando decisiones a fuerza de billetera.
Si las gestiones diplomáticas consiguen que algún superior del jeque, en su familia o en su gobierno -conceptos que por aquellos lares significan lo mismo- le hace entender que el horno de la imagen catarí ya no está para bollos habrán conseguido su objetivo.
Posiblemente lo único bueno es que uno ya llega a este momento con los deberes hechos, debidamente entrenado y con los conocimientos básicos .
Conocer en su momento el abultado sumario y después las sentencias del ‘caso Ballena Blanca’ permitió enterarse de que el pequeño estado de Delaware, situado en la costa este de Estados Unidos, tiene una legislación que tolera la opacidad bancaria y societaria y que poco tiene que envidiar a los paraísos fiscales más conocidos situados en pequeños países que parecen creados para eso.
Funcionar con firmas radicadas en Delaware, en pleno corazón de Estados Unidos, otorga casi las mismas ventajas que hacerlo por ejemplo desde las islas Caimán, aunque es más elegante y hasta da un aura de cierta respetabilidad.
El siguiente sumario frondoso procedente de Marbella, el del ‘caso Malaya’, también nos preparó para entender la política española a gran escala. Allí se pudo comprender que los delitos de blanqueo requieren de una investigación compleja para la que no siempre los defensores de la ley cuentan con la preparación y los recursos suficientes, y que Suiza ya no es lo que era a la hora de ocultar información.
Pero sobre todo, Malaya permitió conocer lo fácil que puede resultar comprar lealtades y aceitar los conductos internos de una organización mediante el sencillo método de vender favores a las empresas constructoras, quedarse con la mayor parte del botín y repartir sobres con el dinero a las personas cuya participación es necesaria para que el mecanismo siga funcionando.
A quienes en los últimos años han seguido la actualidad de Marbella les está resultando más fácil no perder comba de la actualidad política española de estos días, porque los mecanismos, los lugares y hasta la desvergüenza de quienes en algún momento se sintieron impunes ya resultan de sobra conocidos, aunque antes el epicentro haya estado en la oficina de Roca en la Gerencia de Urbanismo de Marbella y ahora haya que buscarla en un despacho de la calle Génova.
Delaware, sociedades opacas, paraísos fiscales, Zurich, empresas generosas, políticos agradecidos, sobres bajo cuerda… Parece una película vista. Cualquier parecido con lo ya conocido seguramente es más que una casualidad y revela que estigmatizar a Marbella fue un acto de hipocresía. Solo cambian los personajes, que en el fondo no son tan distintos. Pero el argumento parece el mismo. Y por conocido, ademas de asquear, ya aburre.
El juicio por blanqueo contra Julián Muñoz e Isabel Pantoja está a punto de terminar. Solo restan por conocer las conclusiones de las partes, y ya se puede adelantar que no se han materializado los temores de que la cita periódica en la Audiencia Provincial se convirtiera, a tenor del perfil de los personajes, en un vodevil que devolviera la imagen de Marbella a sus años más esperpénticos. Los programas rosas que se prometían meses enteros de contenido morboso garantizado acabaron reduciendo su cobertura al comentario de algunas anécdotas, a la vista de la aridez resultante del tratamiento judicial de unos supuestos delitos fiscales; y hasta los rumores previos sobre legiones de forofos que colapsarían los accesos al Palacio de Justicia se han traducido solamente en el tímido desfile de unos pocos personajes en busca de sus quince minutos de cámara. Los casi siete meses que ha durado el juicio han convertido una imagen que muchos imaginaron inverosímil –la de la tonadillera compartiendo banquillo– en parte del paisaje habitual de la agenda pública. Sin embargo, que la celebración del juicio se haya mantenido dentro de las fronteras de un debate jurídico en el que debía esclarecerse si los acusados formaron parte de una trama que permitió al exalcalde blanquear el dinero obtenido ilegítimamente desde su situación de poder municipal no ha conseguido, según parece, transmitir a la opinicón pública la gravedad de los hechos que se enjuician, ni mucho menos su naturaleza lesiva para el conjunto de la sociedad. Si la audiencia pública, en ese caso, hubiese cumplido con ese fin pedagógico no se habría visto esa bochornosa imagen a la salida de la penúltima sesión, en la que una miembro de una plataforma antidesahucios se acercó a los dos acusados más célebres en este juicio –Pantoja y Muñoz– para pedir, y obtener, una firma que respalde sus reclamos. Los desahucios han pasado a formar, tristemente, una parte central de nuestra cotidiana realidad social, y por ello cabía pensar que hasta el espectador menos avisado es capaz de razonar cómo la entrada de dinero negro en el circuito legal a través de inversiones inmobiliarias contribuyó durante años al crecimiento de la burbuja, cuya pinchazo está dejando cada día a cientos de personas en la calle. La conciencia social señala a los bancos a la hora de explicar por qué se llegó hasta aquí. No está de más recordar que hay otros responsables a quienes no debería darse la oportunidad de lavar la imagen con una firma en favor de sus víctimas
