Diario Sur
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Ciudad del deporte
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Héctor Barbotta | 26-05-2017 | 17:46| 0

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el procedimiento para reconocer como hijos adoptivos a tres destacadas figuras del deporte con un importante vínculo con la ciudad: el extenista Manolo Santana, asentado en Marbella durante más de 30 años; el exentrenador de la selección española de fútbol Vicente del Bosque, que suele pasar largas temporadas de descanso en su casa de San Pedro, y el entrenador de la selección de baloncesto Sergio Scariolo, también residente en Marbella cuando sus obligaciones se lo permiten. Se trata de tres personas con méritos incontestables en el mundo del deporte y además con una vinculación contrastada y estrecha con la ciudad. Su declaración como hijos adoptivos de Marbella va a tener el triple efecto de reconocer y homenajear sus trayectorias, de consolidar y fortalecer esa vinculación con la ciudad y seguramente también de proyectar la imagen de Marbella como la de una ciudad vinculada al deporte y a unos valores encarnados en estos tres personajes, alejados de la equívoca y parcial reputación de ciudad frívola, insustancial y superficial que tanto daño ha hecho y sigue haciendo a Marbella.
Se trata de una consecuencia que no debe desdeñarse, porque la pátina de trivialidad con la que insistentemente se cubre a Marbella, ante la indiferencia y cuando no el beneplácito de muchos de sus vecinos y de sus representantes, supone una loza de la que es necesario desprenderse, no sólo por injusta, equivocada e irreal sino también porque tiene efectos perniciosos que muchas veces se subestiman.
No se trata solamente de que la distinción sea justa por el perfil y la trayectoria de los tres deportistas; su reputación tiene un alcance que puede permitir que el hecho mismo de homenajearlos sitúe a la ciudad en un peldaño de prestigio.
El actual equipo de gobierno tiene la intención indisimulada de vincular la imagen de la ciudad con el deporte, conocedor de que se trata de un terreno que puede traer beneficios promocionales y de creación de riqueza. En esa dirección se inscribe el contrato firmado con la organización internacional del IronMan, la disciplina de deporte extremo que va a fijar en Marbella la sede de una de sus competiciones anuales a partir de 2018 y para los próximos cuatro años. El Ayuntamiento destinará a esta actividad 700.000 euros, la cuantía del contrato firmado con los organizadores, y estaría bien que dispusiera de algunos fondos adicionales para promocionar el evento y asegurarse de esa manera que la inversión tenga un retorno palpable.
La declaración de hijos adoptivos de Santana, Del Bosque y Scariolo tendrá que superar algún obstáculo administrativo, según advirtió el secretario municipal esta misma semana en la comisión en la que se acordó llevar al pleno la apertura del expediente. El reglamento que rige la declaración de hijos adoptivos e hijos predilectos de Marbella establece un límite en el número de hijos adoptivos vivos que puede tener la ciudad que se superaría con estas tres declaraciones, ya que el cupo está casi completo con los dos Hijos Adoptivos vivos, María Luisa de Prusia y Mario Vargas Llosa. Saltarse esa norma obligará al equipo de gobierno a justificar fundamentadamente la excepcionalidad de los nombramientos para que el expediente salga adelanta.
No está previsto que se repita el fiasco de la concesión de las medallas de la ciudad, cuando la propuesta del alcalde de homenajear al primer alcalde democrático de Marbella tras la dictadura, Alfonso Cañas, se frustró en el pleno ante la falta de apoyo de los grupos municipales del PP y Podemos, que no comparte la manera en que se proponen estos nombramientos.
Ahora, el grupo popular, pese a que ha reservado el sentido del voto para el momento de la celebración del pleno, apoyará la propuesta cuando llegue el momento en atención a la trayectoria y el prestigio de los tres candidatos propuestos. De hecho, ya en 2009, durante el mandato de Ángeles Muñoz, el Ayuntamiento inició un expediente para nombrar Hijo Adoptivo a Manolo Santana que nunca se llegó a concluir.
No habrá, seguramente, cuestionamientos serios a que se concedan estos tres nombramientos. El peligro, sin embargo, va más allá del acto simbólico y reside en que la vinculación de la ciudad con el deporte se quede limitada a una cuestión de imagen.
No sería la primera vez que sucede. Durante el periodo del Partido Popular al frente del Ayuntamiento, el equipo de gobierno obtuvo la designación de Marbella como Ciudad Europa del Deporte y consiguió convertirla también en sede de una eliminatoria de la Copa Davis. Por aquella época, y por gestión de la Junta de Andalucía, las pistas del hotel Puente Romano acogieron en dos años sucesivos un torneo del circuito femenino de tenis (WTA), con la presencia de algunas de las principales raquetas del mundo, entre ellas Serena Williams. Pero ninguno de estos eventos tuvo continuidad y tampoco se llegó a saber nunca a ciencia cierta para qué sirvió aquella pomposa declaración de Ciudad Europea del Deporte.
Esta experiencia permite saber cuáles son los riesgos de creer que se ha conseguido un gran avance cuando apenas se ha iniciado el camino y, sobre todo, cuando no se conoce con claridad cuál es el destino que se quiere alcanzar. Basta reemplazar el nombramiento de los hijos adoptivos por la declaración de Ciudad Europea del Deporte y la celebración del IronMan por cualquiera de los grandes eventos de tenis de finales de la década anterior para tener una visión exacta de cuáles son los riesgos.
Sobre todo, porque por más acontecimientos que se traigan Marbella no es una ciudad del deporte. Las carencias de infraestructuras son una traba para quienes lo practican y constituyen cualquier cosa menos una invitación para quienes aún no lo hacen o no han incluido una actividad deportiva en la rutina semanal de sus hijos.
Marbella podrá pugnar por traerse grandes acontecimientos, y está muy bien que así se haga, podrá homenajear a grandes deportistas y será una iniciativa digna de aplauso, pero su imagen externa de ciudad del deporte será apenas una cáscara mientras el club de waterpolo siga sin una piscina donde jugar, mientras no se ofrezca una solución real y viable al grave problema administrativo que amenaza la continuidad del club de rugby o mientras los equipos de baloncesto no tengan unas instalaciones dignas.
Ya se sabe que la ciudad puede ser la mejor opción del mundo para que las viejas glorias del deporte encuentren un lugar donde retirarse. Pero estaría bien que, además, fuese una ciudad donde practicar deportes no fuese una continua carrera de obstáculos.

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Sustos de muerte
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Héctor Barbotta | 26-05-2017 | 17:43| 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hace una década se supo de una situación propia de un relato enmarcado en el realismo mágico o en la tradición más vernácula del esperpento pero que formaba parte de la actualidad más rabiosa. El Ayuntamiento recibió la notificación de un embargo que la Liga de Fútbol Profesional había trabado sobre el cementerio Virgen del Carmen por una deuda generada por Jesús Gil en su época de alcalde. Un acuerdo con la entidad que aglutina a los equipo de fútbol permitió seis años después destrabar esta situación, que quedó como uno de los ejemplos más grotescos de la herencia de aquellos años oscuros.

Aquel episodio sorprendió menos de lo normal porque el depósito de la capacidad de sorpresa de la herencia del GIL estaba agotando sus últimas gotas de reserva, pero esta semana se ha conocido otra situación que vuelve a alterar la paz de los muertos y parece instalar a la ciudad en un sobresalto permanente que posiblemente contribuya a animar el siempre revuelto debate entre las fuerzas políticas pero que genera en la ciudadanía una diversidad de sentimientos todos ellos alejados del de la tranquilidad.

El Ayuntamiento ha recibido la notificación de que un juzgado de Málaga ha anulado la licencia de obras que amparó la construcción del tanatorio de San Pedro, que podría verse obligado a cerrar cuando la decisión adquiera carácter firme. El equipo de gobierno ha adelantado que aún no ha decidido si presentará recurso, y en las explicaciones municipales, que atribuyen toda la responsabilidad al anterior equipo de gobierno, se ha echado de menos cierta continuidad institucional. El equipo de gobierno da por hecho que el Ayuntamiento no tiene razón en ese contencioso que lo enfrenta con un vecino simplemente porque la decisión de construir el tanatorio en su actual emplazamiento fue adoptada por el equipo de gobierno anterior ante el rechazo de las fuerzas que entonces estaban en la oposición y ahora gobiernan.

Es más, en su comparecencia los miembros del equipo de gobierno criticaron sin disimulo la defensa jurídica que el Ayuntamiento hizo en ese proceso, arremetiendo también con ese argumento contra sus antecesores. Lo hicieron sin tomar en cuenta que de la lectura de la sentencia se deduce que aunque fue durante el gobierno de Ángeles Muñoz cuando se decidió la ubicación del tanatorio que dio lugar a la demanda de un vecino, la defensa de los intereses municipales se hizo cuando ya se había producido el relevo en la Alcaldía y el director de los servicios jurídicos nombrado por Muñoz, Enrique Sánchez, a quien el portavoz municipal mencionó de manera explícita en su comparecencia del pasado martes, ya no estaba en el Ayuntamiento. Sánchez dimitió de su cargo el 13 de junio del año pasado y en la sentencia se cita como fecha de entrada de la demanda cuatro días después, el 17 de junio. Los servicios jurídicos municipales formularon su contestación a la demanda el 10 de septiembre. Por aquellos días el nuevo equipo de gobierno había confiado toda la dirección de este tipo de cuestiones al secretario municipal, que meses después y ante una carga de trabajo inasumible acabaría por dejarla.

Este episodio no dejaría de ser una anécdota si no pusiera de manifiesto dos cuestiones que dos años después de la llegada del tripartito aún chirrían. Una es que el tiempo y el esfuerzo que algunos ediles del equipo de gobierno destinan a criticar a la gestión anterior parece a estas alturas ciertamente excesivo. La tesis de la herencia recibida puede valer al comienzo, durante el aterrizaje, pero no debería convertirse en una dedicación obsesiva. Centrar casi toda la energía en hacer oposición a la oposición, además de ser inconducente, puede llevar a errores de bulto, como calificar de chapucera una defensa legal que en realidad se ha realizado bajo la propia responsabilidad.

La segunda, y derivada de ésta, es la sensación que se percibe de falta de continuidad institucional en algunos asuntos. Es claro que no se puede esperar, y tampoco es en absoluto deseable, que dos opciones ideológicas diferentes piloten el Ayuntamiento de la misma manera y mucho menos con objetivos idénticos. Pero otra muy distinta es que no se asuma que los intereses públicos deben estar por encima de las diferencias y de las disputas. El equipo de gobierno está obligado a hacer todo el esfuerzo posible para evitar el cierre del tanatorio de San Pedro, aunque ello lo obligue a ahorrarse alguna crítica a sus antecesores.

La asociación DOM3, que aglutina a empresas y profesionales ligados al sector de las viviendas de alta gama, celebró el viernes la segunda edición de su foro, al que consiguió convocar a dos centenares de asistentes. La reunión estuvo plagada de referencias y críticas más o menos veladas a la complicada situación urbanística de Marbella.

Aunque seguramente está lejos de la intención de su junta directiva, hubo quien leyó el encuentro como el contrapunto al apoyo que la Asociación de Empresarios CIT Marbella ha dado a la hoja de ruta trazada por el equipo de gobierno municipal. La asistencia masiva de cargos del Partido Popular -encabezados por el presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo-, el patrocinio del evento por parte de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol y la ausencia significativa del alcalde de Marbella, que sobresalió no sólo en la foto inaugural sino también en la mesa redonda de alcaldes que se limitó un debate a dos entre los mandatarios de Estepona y Benahavís, no hicieron más que acentuar esta imagen.

Los colectivos ciudadanos, y en especial las asociaciones empresariales, suelen ser reacias a decantarse en las trifulcas políticas porque saben que eso conspira contra sus intereses. Pero a veces, cuando los partidos comienzan a cavar trincheras, tienen muy difícil evitar que se los perciba a uno u otro lado de la línea de fuego.

A estas alturas quedan ya pocas dudas acerca del veto que Opción Sampedreña le impuso a Ángeles Muñoz en sus negociaciones hace dos años que terminaron con el apoyo de ese partido a la investidura de José Bernal. Desde aquellos días ya se tuvo una convicción de que así habían sido las cosas, pero Elías Bendodo ha laminado las dudas que aún podían quedar. El presidente provincial del PP, que en aquella ocasión y en otras posteriores se ha reunido con el portavoz de OSP, Rafael Piña, lo reveló recientemente en un acto celebrado en Marbella con dirigentes comarcales de su partido.

Bendodo aseguró por primera vez de manera explícita, lo que en aquel momento era un secreto a voces: los sampedreños no descartaban un pacto con el PP siempre que fuera con un candidato diferente a Ángeles Muñoz. Y aseguró que fue el PP el que decidió no entregar en bandeja de plata la cabeza de la entonces alcaldesa aunque ésta se ofreció a dar un paso al costado. Bendodo no lo dijo, pero el veto de OSP alcanzaba también a otros ediles del PP, entre ellos Manuel Cardeña y María José Figueira. Queda por saber qué ha cambiado, si es que algo ha cambiado, en estos dos años.

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Ir por arriba o por abajo
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Héctor Barbotta | 26-05-2017 | 17:36| 0

Si no fuese porque tamaña irresponsabilidad podría haber causado una tragedia de proporciones, la noticia sobre el conductor que circuló más de cuatro kilómetros por la autopista en dirección contraria para evitar pagar el peaje bien podría dar lugar a más de una reflexión en tono jocoso. Seguramente el suceso tenga más relación con la salud mental del protagonista que con el precio del peaje de la AP-7 entre Fuengirola y Manilva, pero un incidente de esta envergadura estaba tardando en suceder en una autopista que en algunos tramos, y sobre todo en los meses de verano, se convierte en la más cara de España si se toma en cuenta el parámetro de precio por distancia.

Los gestores de la AP-7 tienen una política tarifaria singular, autorizada, no hay que olvidarlo, por el mismo Ministerio de Fomento que considera que cuando una infraestructura de este tipo pierde rentabilidad toda la sociedad debe sufragar con sus impuestos el rescate de los concesionarios.

La autopista que recorre el litoral occidental no ha sido rescatada de momento por el Estado porque son los conductores quienes la rescatan cada verano y cada Semana Santa. En esos periodos, el Ministerio autoriza aumentos que explican con claridad matemática cuánto hay de ley de mercado y cuánto de criterio de servicio público en la gestión de esta infraestructura. En esos momentos de máxima densidad de tráfico, cuando más se colapsa la carretera antigua y por lo tanto, más peligrosa se vuelve, en lugar de incentivar el uso de la autopista se implantan tarifas disuasorias. Los autobuses pagan un 34 por ciento más y los conductores de turismos y microbuses, un 65 por ciento más. La seguridad en la carretera, para el que se la pueda permitir.

Resulta llamativo que cuando mayor afluencia de vehículos podría haber, y por lo tanto mayores ingresos para los concesionarios, la política que se adopta es la de reducir el uso a los pocos que pueden pagar esas tarifas. Así se da lugar al colapso de la ya colapsada autovía, donde la velocidad de circulación está reducida a 80 kilómetros por hora y a la que las entradas y salidas de las urbanizaciones convierten en una generadora permanente de atascos, cuando no en un peligro latente para los conductores.

Mientras tanto, la autopista sólo aumenta mínimamente su densidad del tráfico aunque los ingresos de la concesionaria se disparan. Así también se dispara la brecha entre quienes se pueden permitir circular por arriba y quienes se ven obligados a ir por abajo. Un desastre desde el punto de vista de la seguridad del tráfico, pero una metáfora inmejorable sobre el horizonte social hacia el que nos dirigimos.

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Despotismo ilustrado
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Héctor Barbotta | 16-05-2017 | 10:28| 0

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras de España ( Seopan) ha dado a conocer un estudio que llama la atención sobre lo rentable que podría resultar construir el tren de la Costa, que uniría Málaga con Marbella. Habrá quien pueda pensar que se trata de un informe interesado, ya que lógicamente a la empresas que se dedican a construir infraestructuras les conviene que las inversiones públicas contribuyan a aumentar su facturación. Pero lo realmente llamativo es que de entre todas las obras públicas pendientes que hay en España, la asociación señalara al tren de Marbella como la más rentable y la de mayor beneficio social, por delante de otras actuaciones en los entornos metropolitanos de Madrid y Barcelona.
Hace ya más de 20 años que se viene hablando de la necesidad de que el litoral occidental de la provincia de Málaga quede conectado por tren y periódicamente aparecen datos en los que sustentar lo pertinente de la obra. Hay valoraciones más o menos subjetivas o proyecciones fáciles de intuir pero imposibles de confirmar, pero otras objetivas e irrebatibles, como que Marbella es la única ciudad con más de 100.000 habitantes sin tren. Se trata, este último, de un dato incompleto, porque el peso de Marbella va mucho más allá de sus 140.000 habitantes en invierno, del mismo modo que el número de visitantes es insuficiente para explicar su importancia turística. Ahora, los constructores aportan un nuevo dato, los 295 millones de euros anuales en los que se calcula el valor del tiempo que los usuarios del tren podrían ahorrarse si se contara con esta infraestructura.
Aún así, el tren sigue sin hacerse y también es necesario encontrar los motivos para ello. Que Marbella siga sin tren puede atribuirse a diversos factores. Hasta ahora se contaba con la gigante inversión necesaria, con la saturación urbanística de algunos de los posibles trazados, con la desvergüenza de los políticos de diferente signo que lo vienen prometiendo desde hace años y también con el históricamente escaso peso político de la ciudad, muy por debajo de su importancia demográfica y económica.
Pero quizás haya que empezar a considerar como un factor la torpeza de los actores vernáculos. La semana pasada Ahecos organizó un foro en Málaga para reivindicar el tren hasta Marbella y promover una acción unitaria. A la reunión asistieron cargos políticos y representantes de diferentes colectivos de Málaga y ninguno de Marbella, incluidos su alcalde y sus organizaciones empresariales, que no fueron invitados.
Todo por Marbella, pero sin Marbella. Una especie de despotismo ilustrado de la iniciativa ciudadana.

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Espejismo
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Héctor Barbotta | 11-05-2017 | 11:35| 0

 

Si la fotografía de la semana pasada fue la del desencuentro en el pleno en el que se aprobó la hoja de ruta para salir del atolladero urbanístico, la de ésta dibuja un panorama en apariencia diametralmente opuesto. El escenario es la fachada del Ministerio de Medio Ambiente y allí aparecen los cinco portavoces municipales. Es el momento previó a la reunión en la que se les anunció que el Gobierno licitará este año los proyectos para construir los espigones que deben devolver la estabilidad a la arena de las playas. Se trata de un momento de aparente unidad inédito en un periodo municipal, el posterior a las elecciones municipales de 2015, marcado por el enfrentamiento y la intolerancia mutuos.
El cálculo político ha llevado a estos dos momentos que a simple vista podrían parecer expresiones de dos estrategias diametralmente opuestas -la del entendimiento y la de la confrontación-, pero es posible que ello sea consecuencia de los caminos también diferentes que les quedan por delante a la salida del laberinto urbanístico y a la solución para el endémico problema de la estabilidad en las playas. El gobierno municipal, por su propia posición, está comprometido en ambas situaciones, pero es posible que el PP, desde su confortable lugar de partido de oposición, haya decidido apostar por lo seguro y por capitalizar su parte del mérito en el caso de las playas y apartarse de las dificultades que con toda seguridad seguirán apareciendo en el área urbanística.
En la cuestión de los espigones y de la estabilización de las playas, la situación parece más sencilla. En este caso, además, el grupo municipal del PP cuenta con la ventaja de ir de la mano del Gobierno central.
Es muy probable que al menos Ángeles Muñoz supiera desde el principio que en el Ministerio de Medio Ambiente, tras encontrarse con la oferta municipal de hacerse cargo de la financiación de la construcción de los espigones pese a no tratarse de una competencia municipal, iban a responder de la única manera que podían hacerlo, no sólo poniendo en marcha el proceso para licitar los proyectos sino también haciéndose cargo del coste de las obras.
El Gobierno ha asumido su responsabilidad y pagará con sus propios recursos los cientos de miles de euros que supondrá la redacción de los proyectos constructivos. Ya se verá en el futuro, cuando el inicio de las obras obligue a desembolsar no cientos de miles, sino millones. Pero de momento la generosidad del Ayuntamiento, que bien podría leerse como un órdago, ha sido cortésmente rechazada con el recurso que suele utilizarse en estos casos: se estudiará. Resulta difícil imaginar al Gobierno aceptando que un ayuntamiento gobernado por sus adversarios le pise el terreno.
Hay quien podría pensar que la fotografía de los cinco portavoces municipales a las puertas del Ministerio abre una nueva etapa de colaboración en la vida política del Ayuntamiento, pero aunque sea una pena no es fácil compartir esa visión optimista. Esa imagen se acerca más a un espejismo que a un dato de la realidad.
Para tener una lectura completa hay que remontarse a algunas semanas atrás, cuando en pleno azote del temporal sobre las playas Ángeles Muñoz anunció que había pactado una reunión con la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar para buscar una solución. El alcalde, José Bernal, le respondió, desde la estrategia del ninguneo, que podría haberse ahorrado el trabajo, que él ya tenía secretaria para concertarle reuniones y que puestos a elegir el alcalde de Marbella prefería reunirse con cargos de más rango.
Pero tras pensárselo mejor y comprender que rechazar una reunión no encaja con el perfil de administración dialogante que se empeña en construir y además podía poner en bandeja a su rival la posibilidad de apuntarse lo que el Ministerio fuera a hacer, el equipo de gobierno cambió de postura, aceptó la reunión y para quitarle protagonismo a quien la había promovido la convirtió en un encuentro con todos los portavoces municipales y la significativa ausencia del alcalde. Además, tomó la iniciativa con la propuesta de financiación municipal de momento apartada por el Ministerio.
En este cambio de actitud, contra el criterio inicial del alcalde, primaron la opinión del portavoz socialista, Javier Porcuna, y sobre todo la de su par de Izquierda Unida, Miguel Díaz, que en su condición de edil de Sostenibilidad y en medio de una situación que bien podría denominarse ‘crisis de las playas’, está obligado a entenderse diariamente con los responsables provinciales de Costas. El día a día de su responsabilidad en el área de playas obliga habitualmente al concejal de IU a recurrir a sus dotes diplomáticas para recomponer relaciones cada vez que el alcalde saca a la luz sus diferencias con el Gobierno central a cuenta del mantenimiento del litoral. Pero la mejor prueba de que este asunto seguirá siendo escenario de confrontación y no de entendimiento se tuvo al día siguiente del anuncio del Ministerio, cuando el secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Heredia, se desplazó a Marbella para ofrecer una rueda de prensa a pie de playa y junto Bernal cuyo contenido parecía haber sido elaborado antes de que el Gobierno se comprometiera a comenzar a actuar.
Sin embargo, el anuncio realizado por Costas en esta carrera por tomar la iniciativa ofrece una cierta garantía de que el proyecto de los espigones cogerá impulso y es posible que antes del verano del año próximo se empiecen a ver máquinas trabajando frente a las playas. No hay mejor indicador de que algo va bien que ver a los partidos pugnando con mayor o menor disimulo por atribuirse el mérito.
Todo lo contrario sucede con el urbanismo, donde el Partido Popular ha dejado clara su intención de dejar solo al gobierno municipal. En el PP no creen que el camino elegido vaya a suponer una solución y menos aún después de que la propuesta del tripartito saliera adelante con la enmienda de adición presentada por los ediles de Podemos.
Superado el trámite del pleno, ahora tanto la aprobación del texto refundido del PGOU de 1986 como el inicio del proceso para su adaptación a la LOUA se enfrentan a otras pruebas. Ambas tramitaciones están pendientes de sendos informes jurídicos y hay quien pone en duda que sea posible encontrarle encaje legal a las enmiendas que Podemos puso como condición para ofrecer su apoyo. El secretario municipal ha delegado en los servicios jurídicos de Urbanismo la elaboración del informe correspondiente. Las preguntas son qué pasará con las alegaciones que eventualmente se presenten y, sobre todo, si es posible, tal y como reclama Podemos, que la adaptación del PGOU a la LOUA incorpore la sentencia del TSJA en relación a la modificación de lindes con Benahavís. El camino, lejos de allanarse, puede haber entrado en un trazado aún más enrevesado. No debe descartarse que en un futuro próximo se redoblen las presiones para que los dos principales partidos alcancen un acuerdo.

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Techos de cristal
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Héctor Barbotta | 11-05-2017 | 11:31| 0

Esto no es una reflexión sobre asuntos deportivos, pero bien podría comenzar por una pregunta. ¿A quién se debe reconocer como la personalidad más destacada en toda la historia del tenis?

En el mundo de la economía, de la educación, del deporte y también de las relaciones familiares se han construido diferentes techos a los que llamamos de cristal pero que en realidad están hechos de materiales mucho más consistentes, porque habitan en rincones que muchas veces son muy difíciles de detectar.

Afectan a una gran mayoría de la población y hacen que no nos preguntemos por qué ha llegado antes un negro a la presidencia de Estados Unidos que un gitano al Congreso de los Diputados, que asumamos que aún con Trump un mexicano tiene más posibilidades de éxito en Estados Unidos que las que tiene un subsahariano en España o que consideremos natural llamar moros a los árabes que llegan en patera y árabes, a quienes lo hacen en jet privado.

Hay diferentes techos de cristal para diferentes segmentos de la población: están los que afectan a los muy jóvenes, a los muy mayores, a los muy gordos, a los extranjeros según su país de procedencia, a quienes sufren alguna discapacidad o a quienes tiene según qué orientación sexual o según qué identidad de género.

De todos los techos de cristal, los más graves, los más perjudiciales para el conjunto de la sociedad, son los que afectan a las mujeres. No porque sean más injustos que el resto, sino porque limitan las posibilidades de desarrollo de una mayor parte de la población. En concreto, de la mitad de la población.

De este problema, que a veces parece en vías de solución aunque en realidad estemos apenas en el inicio del camino, se habló la semana pasada en el foro ‘Mujeres más’, organizado por SUR y celebrado en la escuela de alta dirección hotelera Les Roches. Allí se escucharon, además de reflexiones, algunos ejemplos que indican qué tan al principio del camino estamos. Uno de ellos debería estremecernos: los resultados de la selección de personal cambian en favor de las mujeres cuando se recortan de los currículum los datos referentes al nombre y sexo del aspirante.

Con el debate de la igualdad instalado en la sociedad, cabe preguntarse dónde radican los techos de cristal.

Estas líneas, además de un artículo, pretendían ser un experimento. Ahora hay que volver a la pregunta del principio. No hay una respuesta correcta, depende de gustos y de criterios. Pero si el lector ha pensado en Nadal o en Federer y no ha caído en que quien más títulos ha cosechado en su carrera es Serena Williams, está cerca de descubrir por dónde deben comenzar a demolerse esos límites invisibles que nos atenazan.

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Hoja de ruta sin unanimidad
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Héctor Barbotta | 04-05-2017 | 11:01| 0

El pleno aprobó este viernes la hoja de ruta del gobierno municipal para salir del atolladero urbanístico en el que se encuentra la ciudad desde que hace un año y medio el Tribunal Supremo anulara el PGOU de 2010. En realidad el bloqueo viene de antes y nadie debería esperar una mejora sustancial e inmediata después de la aprobación del texto refundido del PGOU de 1986 y de haberse obtenido el visto bueno del pleno para iniciar su proceso de adaptación a la LOUA, una tramitación que nadie se atreve a adelantar cuánto durará.
Después de haber mantenido la incertidumbre durante los días previos y de recibir presiones bastante explícitas por parte de las principales asociaciones empresariales, el PP optó por la abstención y por ceder a Podemos el papel de árbitro en un asunto sustancial.
Si bien no ha sorprendido la postura final que adoptó el PP, sí ha llamado la atención la manera en la que afrontó el debate. A nadie escapa que el urbanismo es una cuestión compleja donde reinan la confusión y problemas que se entrecruzan. Toda la economía de la ciudad –no solamente los empresarios o los inversores, como suele erróneamente apuntarse– sufre el retraso de las licencias, el síntoma más evidente de que las cosas no funcionan como es debido. Pero atribuir esa circunstancia solamente a que se ha anulado el PGOU de 2010 supone una simplificación. Los problemas en el área vienen de mucho antes.
No cabe reprocharle al Partido Popular que no comparta la estrategia adoptada por el tripartito para afrontar esta situación –cuya responsabilidad es de ambos partidos mayoritarios en porcentajes seguramente muy cercanos al 50 por ciento– pero sí que no haya explicado con claridad cuál es su alternativa. A lo largo de cada semana el grupo popular suele convocar entre dos y tres ruedas de prensa para marcar su postura sobre asuntos de lo más diversos. Que no lo haya hecho para explicar su abstención en este tema y la alternativa que propone, que haya mantenido la incertidumbre hasta último momento, que haya reducido sus explicaciones a las acotadas intervenciones en el pleno, que la postura la hayan comunicado dos portavoces diferentes, que Ángeles Muñoz no haya abierto la boca en el pleno, pone en evidencia, además de las consideraciones que se puedan hacer sobre la situación de la exalcaldesa, que el grupo popular prefiere eludir cualquier responsabilidad en este asunto.
Su estrategia parece ser esperar a que el equipo de gobierno se estrelle en soledad. Cabe esperar más de la primera fuerza política de Marbella.

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Turismo de sol y…
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Héctor Barbotta | 04-05-2017 | 10:59| 0

 

Hay problemas que tienen una virtud divulgativa. Así como una mayoría desconocía qué era la prima de riesgo antes de que la crisis la situara en el primer plano, los años de la ‘operación Malaya’ convirtieron a muchos marbellíes en expertos en derecho procesal, y lo que vino después tuvo para mucha gente el valor de un máster de Urbanismo. Desde hace tiempo, hay también muchos vecinos que tienen opinión formada sobre cómo evitar que las playas se queden periódicamente sin arena aunque no sean ni ingenieros ni biólogos marinos.
Es difícil que surja la conversación sobre el estado de las playas y que no haya quién tenga opinión acerca de si serían más eficaces unos espigones perpendiculares o paralelos a la costa, o si serían más eficaces en superficie o semisumergidos. Allí donde la gente empieza a sentir la necesidad de convertirse en especialista suele haber un problema sin resolver.
Muchas veces cuando se habla de las fortalezas de la oferta turística del sur de España y se menciona a las playas, los vecinos de Marbella suelen sentir la necesidad de guardar silencio, porque el prestigio de la ciudad descansa sobre una multitud de factores, algunos naturales y muchos otros construidos a lo largo de más de medio siglo de trabajo, talento y esfuerzo. Pero las playas han dejado de ser una fortaleza de Marbella para pasar a constituir una debilidad. Que no lo mencionemos en las campañas de promoción turística, que muchas veces se guarde un piadoso silencio, no quiere decir que no tengamos un problema. Los turistas no vienen por las playas, vienen a pesar de las playas. Apostar a que lo seguirán haciendo si seguimos ignorando este problema es jugar a la ruleta rusa.
No se trata de un problema que haya estado siempre. Marbella no se podría haber construido desde la nada si no hubiese tenido unas playas que se han degradado radicalmente, en primer lugar por la presión urbanística y también porque en algún momento alguna mente preclara decidió que había que quitar los espigones que las protegían de los temporales. Los más antiguos recuerdan a La Venus en el extremo de una de esas estructuras que se metían en el mar.
La solución que se arbitra desde entonces forma parte de una lógica absurda. Con cada invierno el viento y el oleaje se llevan la arena, y en cada primavera se dedican ingentes cantidades de dinero público para reponerla. Si, como ha sucedido este año, el temporal se empeña en visitarnos más asiduamente –no siempre, pero a veces la naturaleza nos devuelve nuestra falta de respeto–, la reposición de arena también debe repetirse. Cientos de miles de euros esparcidos, arrasados y otra vez esparcidos en un círculo que se repite año tras año tras año. Existe la opinión generalizada de que se puede romper esa dinámica devolviendo los espigones que alguna vez estuvieron y el Ayuntamiento se ha ofrecido a financiarlos.
Posiblemente no sea la salida más ordenada ni lo que en una situación ideal correspondería hacer frente a un problema que debería haber resuelto el Estado hace ya mucho tiempo. Para eso tiene no sólo las competencias, sino también la responsabilidad y el discurso hueco cada vez que se menciona la importancia de Marbella en la actividad turística. Pero de momento, la propuesta municipal es la única que hay sobre la mesa y además tiene la virtud de la agilidad. El alcalde ha dicho esta semana que si se acepta la oferta, podría ponerse en marcha este mismo año.
Es verdad que además de aportar una posible solución, la propuesta municipal también pone en evidencia una situación de abandono por parte de la Administración central, del mismo modo que la financiación municipal del futuro centro de salud de San Pedro desnuda las vergüenzas de la Junta de Andalucía en relación con Marbella. Pero si el Gobierno no tiene una solución mejor, debería tragarse el mal rato y darle vía libre. Cualquier otra respuesta sería difícil de entender.

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Mal momento para la amnesia
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Héctor Barbotta | 04-05-2017 | 10:56| 0

En estos días en que deberíamos estar conmovidos -aunque no lo estemos porque ya nos hemos acostumbrado- por un nuevo caso de corrupción, estaría bien que todos los ojos volvieran a posarse en Marbella. No por una cuestión de nostalgia por los tiempos en los que se asistía a la fiesta sin pensar en la factura, sino de rabiosa actualidad. Marbella es un buen ejemplo, hoy día, de cuáles son las consecuencias de haber soportado la corrupción durante demasiado tiempo. Casi olvidado el impacto mediático inicial, celebrados los juicios y conocidas las sentencias, cumplidas o en cumplimiento la mayor parte de las condenas, con muchos de los responsables ya fuera de la cárcel sin haber devuelto el dinero (el caso más reciente es el de José María del Nido), los efectos del saqueo permanecen. Y es probable que futuras generaciones los sigan sufriendo aún cuando ya se haya cedido a la tentación del olvido.

Esta semana se han conocido las dificultades que continúan surgiendo en la compleja tarea de normalizar la situación urbanística de la ciudad, que sigue teniendo miles de inmuebles en situación irregular y carencia de suelo para dotarse de las infraestructuras mínimas necesarias, y las diferencias que separan a los dos principales partidos a la hora de arbitrar soluciones.

Resulta muy significativo que los debates que se están celebrando en torno al bloqueo urbanístico que sufre la ciudad sitúen el origen del problema en el Plan General de 2010 y su anulación en noviembre de 2015, cuando en realidad habría que remontarse mucho más atrás, a 1991, cuando en las elecciones municipales de ese año el pueblo de Marbella le abrió al zorro de par en par las puertas del gallinero.

 

Debería ser materia de estudio sociológico el pertinaz empeño de esta sociedad y de sus representantes políticos en olvidar aquel terrible periodo de la historia de Marbella y resulta bastante significativo que los dos principales partidos se echen mutuamente las culpas de la actual situación cuando deberían ir de la mano no sólo a buscar soluciones sino también para recordar cómo empezó todo, única fórmula posible para despejar del camino futuro de la ciudad la piedra con la que nunca más debería tropezar.

Sin duda, resulta más cómodo situar el origen del problema en el PGOU de 2010 porque ahí tanto el PP como el PSOE tienen batería para descargar contra su adversario y alimentar de esa manera a sus hooligans, porque unos y otros fueron corresponsables en el proceso que concluyó en su aprobación. Unos, porque la institución que gobiernan desde hace más de tres décadas fue la que designó a uno de sus urbanistas de cabecera para que lo redactara y siguió tutelando el proceso aún después de que devolviera las competencias urbanísticas al Ayuntamiento. Los otros, porque estaban al frente de la institución municipal y tenían mayoría absoluta cuando el pleno lo aprobó, sin escuchar las voces que advertían que el documento no iba a servir para solucionar los problemas existentes y crearía otros nuevos. Harían bien el PSOE y el PP en asumir que el PGOU se aprobó con los votos de ambos grupos municipales y que después el documento fue refrendado por la Junta. De esa manera podrían entender que por mucho odio que se tengan sus máximos responsables políticos en Marbella, por muchas cosquillas que se sigan buscando mutuamente en los tribunales, por desagradable que les resulte sentarse a hablar frente a frente en una mesa, la ciudad no les perdonará que no sean capaces de ir juntos en la solución de este problema.

El equipo de gobierno, que a veces parece actuar como si olvidara que está ahí como consecuencia de que tuvo mayor capacidad que su adversario para negociar, tejer alianzas y constituir una mayoría para la investidura, ha elaborado una hoja de ruta para salir del atolladero urbanístico. Pero la tarea no ha terminado ahí, sino que es ahora cuando debería empezar. Es ahora cuando tendrían que estar dedicados a convencer a los dos grupos de la oposición que ese es el mejor camino, o el único posible. O en caso contrario, pedirles alternativas. Sin embargo, lo sucedido en el pleno de febrero, cuando uno de los documentos quedó sobre la mesa, y lo de la última comisión de urbanismo, cuando no se aseguró la mayoría del segundo documento para el pleno de este mes, demuestra que queda mucho por hacer.

Está claro que el PP no está por la labor de poner las cosas fáciles. Habrá muchos de sus electores que lo entenderán y, seguramente, muchos otros que no. Cada uno es libre de elegir sus estrategias, con la advertencia de que después debe asumir las consecuencias.

El gobierno municipal ha optado por un camino que puede entenderse como opuesto a la negociación. Los esfuerzos se han dedicado a presentar su propuesta ante los colectivos vecinales y, sobre todo, empresariales, a los que se les ha explicado la imperiosa necesidad de que salgan adelante la aprobación del texto refundido del PGOU de 1986 y de su adaptación a la LOUA. El último actor en esta estrategia ha sido el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, que esta semana se presentó en Marbella para dar su bendición a la hoja de ruta trazada por el Ayuntamiento. En el PP entienden, con razón, que están siendo objeto de una campaña de presión para hacerles cambiar de opinión por un camino diferente al del negociar. Y aseguran que por esa senda no les van a torcer.

Por el interés de la ciudad, ambas partes deberían sentarse en una mesa, mirarse a los ojos y comenzar a hablar.

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Imaginación
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Héctor Barbotta | 21-04-2017 | 10:54| 0

Cuando Gil y sus discípulos reinaban en las portadas y en los horarios de audiencia máxima toda la corrupción política se asociaba casi exclusivamente al manejo espurio del urbanismo. Pero gracias a los inacabables casos aislados que hemos conocido desde entonces hemos aprendido que Einstein falló cuando dijo -en caso de que la cita sea verdadera y no una de los millones de posverdades que circulan por la red- que sólo el universo y la estupidez humana son infinitas. Los ladrones de cuello blanco nos han hecho conocer que la codicia y las fórmulas posibles del saqueo también pueden alcanzar ese rango.
De Malaya hasta aquí hemos aprendido que se le puede tomar el pelo al personal y quedarse con lo suyo recalificando suelo y firmando convenios urbanísticos, pero también cobrando el 3 por ciento por cada obra pública; inflando artificialmente los precios de infraestructuras de diversa índole; recaudando con membrete de la familia regia para jornadas que nunca se realizan o que se realizan con presupuesto inflado; montando cursos que nunca se imparten; adjudicando eventos sin concurso público; recaudando para el partido y quedándose con una parte; privatizando servicios públicos que después se rescatan para sanearlos y así volver a privatizarlos; aplicando el mismo sistema pero con la banca; tolerando que las sentencias en favor de los consumidores nunca se ejecuten; permitiendo sistemas de tarificación aprobados en consejos de administración donde se sienta un excargo público, repartendo tarjetas barra libre… En su afán pedagógico, los prohombres nos han ilustrado sobre el valor de la imaginación a la hora de satisfacer una ambición insaciable por definición y también sobre su propia falta de escrúpulos cuando se trata de traicionar la confianza y quedarse con lo de todos.
El último caso aislado remite a una modalidad sin duda novedosa e imaginativa: utilizar los recursos de una empresa pública de abastecimiento de agua para comprar a precios desorbitados empresas ruinosas en América Latina. No puede decirse que sea el no va más porque eso supondría haber alcanzado una meta, algún tipo de punto final, y en la dinámica en la que estamos la única certeza es que cada caso que sale a la luz sólo es la antesala del siguiente.
Pero el alarde de sofisticación que lucen para robar se convierte en vulgaridad cuando los pillan. Ahí se limitan a anunciar que el trincado ha perdido su condición de militante del partido y su nombre es reemplazado por la fórmula ‘esa persona de la que usted me habla’. Al menos por respeto al personal deberían echarle un poco más de imaginación.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella