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Historia de dos fotos

2014 enero 15
por HectorBarbotta

La aglomeración que se preveía a la hora de atribuirse el mérito de haber conseguido cerrar el paso a la construcción de torres en altura en Marbella tuvo su expresión más gráfica el lunes por la tarde en el hotel San Cristóbal, donde la plataforma contraria a los rascacielos había convocado a todos quienes habían participado en la iniciativa que llevó al equipo de gobierno municipal a dejar sin efecto una norma que había aprobado apenas un mes y medio antes.

Ya lo habíamos anticipado en una entrada anterior. La iniciativa que el equipo de gobierno municipal adoptó en noviembre con la modificación de las normas urbanísticas había conseguido aglutinar en su contra una oposición de lo más variada. Algunos se situaron enfrente desde el principio, otros lo hicieron de manera sobrevenida tras cambiar de opinión sobre la marcha, algunos más esperaron a pronunciarse hasta asegurarse de que el proyecto estaba condenado al archivo, pero finalmente allí estuvieron todos:  muchos  de quienes se significaron en la oposición a las barbaridades del GIL y algún que otro perpetrador y beneficiario de esas barbaridades; la oposición política y buena parte de su base social y antiguos miembros o simpatizantes del PP con cuentas pendientes con Ángeles Muñoz; ecologistas convencidos de trayectoria inmaculada y promotores que no cuentan a esos ecologistas en su club de fans (ni tampoco lo pretenden) ; personajes que se atribuyen la condición de élite intelectual de la Costa del Sol –en algún caso a partir de una generosa dosis de autoestima- y  buena parte de los personajes del papel couché  que en su día formaron coro para aplaudirle las gracias a Gil.

Y estuvieron sobre todo, y allí residió el gran mérito de la plataforma, un millar largo de vecinos conectados a través de las redes sociales que entendieron que las torres no entraban en el modelo de ciudad que pretenden y muchos a quienes la experiencia reciente invita a abordar con desconfianza cualquier iniciativa urbanística de relieve, incluya o no edificios en altura.

El mes largo de polémica en el  que gran parte de la ciudadanía de Marbella no quiso siquiera que el debate comenzara, hasta tal punto que el equipo de gobierno municipal comprendió que cuanto antes concluyera el  episodio menos profundo sería el desgaste, dio a la sociedad civil –con todo lo amplio que puede resultar ese concepto- una victoria rotunda y permitió ver, desde una perspectiva optimista, que ante el desprestigio que sufre la actividad política en este país los políticos que sepan leer el sentir de la calle serán los que cuenten con más posibilidades de sobrevivir, aunque ello les obligue a rectificar de rumbo y enterrar cualquier tentación de soberbia.

El asunto también dio lugar a conclusiones de menos alcance y permitió asistir a escenas cuanto menos curiosas que invitan a cuestionarse cuáles son las referencias de cada uno, como el de concejales que se sitúan a la izquierda argumentado en el pleno que los rascacielos eran una mala idea porque habían cosechado el rechazo de la duquesa de Alba o el de algún personaje erigiéndose en portavoz de la familia real saudí (y varios medios repicando sus opiniones como si provinieran de la representación diplomática de Riad en Madrid), cuando los saudíes llevan décadas en Marbella sin concederle a nadie semejante protagonismo.

La última escena curiosa se vio el lunes en la celebración del hotel San Cristóbal, cuando la heterogeneidad de la plataforma quedó expuesta en toda su crudeza.  A la hora de la foto de familia, algunos de los promotores de la iniciativa se negaron a quedar inmortalizados junto a los concejales del PSOE e IU que se acercaron a participar de la celebración.

Hubo que hacer dos fotos, una con políticos y otros sin. Como para desmentir a quienes abogaron por que la plataforma tenga continuidad en otras iniciativas una vez enterrados los rascacielos. 

Interior le debe una explicación a Marbella (o dos)

2013 diciembre 30
por HectorBarbotta

Desde hace poco más de un año y medio, concretamente desde que en abril de 2012 destituyó a Agapito Hermes de Dios Herrero como comisario jefe de Marbella, el Ministerio del Interior le debe a la ciudad una explicación que nunca le dio. Ahora le debe dos. O quizás más.
En abril del año pasado se supo que Herrero había hurgado donde no debía, y como resultado de esas investigaciones se llegó al ático que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, tiene en Estepona. El caso ya es suficientemente conocido, y de momento ha llevado a la jueza Mariana Peregrina a iimputar a Lourdes Cavero, mujer de González, por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. La Fiscalía, un órgano de jerarquía vertical que en éste y en otros casos que también afectan a personas relacionadas con el poder no se sabe si ejerce funciones de acusación o de defensa, ha recurrido la imputación. Pero no es ése el único asunto oscuro.
La investigación del comisario Herrero no solo dio lugar a que saliera a la luz una compleja operación de movimiento de capitales por medio mundo que el presidente de la Comunidad de Madrid no ha acertado todavía a explicar. También desencadenó la salida de Herrero de la Comisaría de Marbella. Desde las altas instancias policiales nunca se negó la estrecha conexión entre la investigación llevada adelante por Herrero y su obligado alejamiento de la Comisaría. La explicación, extraoficial, fue que esa gestión la había realizado por su propia cuenta, o por cuenta de alguien, al margen de los cauces reglamentarios. Que todo acabara en un proceso judicial que afecta a un alto cargo del partido en el gobierno a quien se le encontró una propiedad que difícilmente podía explicar con sus ingresos fue, según esta explicación, una circunstancia casual.
El caso es que el policía que realizó esa investigación tuvo que dejar la Comisaría de Marbella, marcharse a una función de segunda fila en una comisaría de barrio de Madrid y convertirse en el quinto jefe policial que abandonaba el cargo en seis años.
Un año y medio después, otro comisario, Daniel Salgado, también se ve obligado a abandonar el puesto, la ciudad confirma su condición de plaza difícil –ahora van seis comisarios en siete años– y otra vez el Ministerio del Interior opta por no dar una explicación que Marbella merece y necesita.
En esta ocasión, el Gobierno y los mandos policiales en la provincia de Málaga y en Andalucía Oriental han tenido la suerte de que la ciudad estaba inmersa en un debate de otro tipo que permitió que este episodio pasara desapercibido. Pero es un secreto a voces que desde que llegó a Marbella Salgado no gozó de la confianza de sus mandos, que su propia llegada fue indeseada por algunos de ellos y que se ha tenido que marchar porque la falta de sintonía hacía imposible la convivencia.
Al igual que sucedió con su antecesor, la marcha de Salgado estuvo precedida de rumores y filtraciones salidas de los propios pasillos policiales en los que se cuestionaba su actuación y que demostraban que no eran precisamente amigos lo que más había cosechado en una comisaría ya demasiado salpicada por episodios que distan de ser edificantes.
Y todo ello invita a preguntarse, después de estas dos experiencias, pero también de algunas anteriores, si Marbella podrá tener alguna vez un jefe policial a quien se le permita trabajar con independencia para limpiar todo lo que considere necesario.

Sin margen de error

2013 diciembre 23
por HectorBarbotta

Quizás algún día alguien pueda explicarlo, pero de momento resulta una incógnita difícil de entender. Ni siquiera quienes deberían tener las claves son capaces de articular una explicación acerca de por qué el equipo de gobierno presentó tan mal su iniciativa de permitir la construcción de torres de gran altura en la ciudad. Por qué lo hizo de sorpresa, casi a hurtadillas, como si el asunto fuese a pasar desapercibido. Por qué no preparó el terreno ante un asunto que, justificadamente o no, iba a provocar escozor. Por qué no intentó seducir con el proyecto. Por qué no fue capaz de articular una respuesta ante la oleada de críticas que impidieron un debate serio y sosegado. Por qué la alcaldesa estuvo ausente de la polémica y solo apareció para decir que si no hay consenso no habrá rascacielos, que es como adelantar que no habrá rascacielos. En lugar de pelear la batalla que ella misma había planteado, decidió izar la bandera blanca.
Después de seis años de placidez, el equipo de gobierno se enfrenta a su peor momento por esa derrota que se ha infringido a sí mismo. Porque lejos de haber caído frente a una iniciativa acertada de la oposición o ante un imponderable lo ha hecho por un asunto que el propio gobierno municipal colocó en la agenda sin medir las consecuencias, sin saber a qué se enfrentaba y sin una estrategia para sacarlo adelante. Simplemente con la confianza que da la inercia del poder ejercido sin apenas contrapesos.
La polémica de los rascacielos –llamarlo debate sería exagerado porque nunca llegó a haber una confrontación serena de ideas, sino una reacción instantánea y visceral ante una propuesta que ni siquiera fue considerada– tuvo la rara virtud de reunir bajo una misma consigna a gente de lo más diversa: desde los grupos de la oposición y su base natural hasta quienes por naturaleza apoyarían al PP pero no lo hacen porque consideran que no son objeto de suficiente atención; desde vecinos que se significaron en la lucha contra los abusos del GIL hasta algunos de sus perpetradores y beneficiarios más notorios. Desde los promotores y arquitectos que consideraron que esto suponía un cambio de modelo que sentenciaba a muerte a su gallina de los huevos de oro hasta los fiscalizadores que se erigen a toda hora y para todo asunto en reserva moral e ilustrada de la Costa del Sol.
Es verdad que la reacción en contra de la idea fue tan sonora que quienes no la veían con malos ojos o incluso quienes albergaban dudas apenas tuvieron ganas de expresarse, so riesgo de ser señalados como depredadores urbanísticos, pero incluso eso debió haber sido previsto por el equipo de gobierno. La historia reciente de la ciudad cubre con un manto de desconfianza toda iniciativa en el campo del urbanismo, sea buena, regular o mala. Cualquier proyecto requiere de una dosis extra de comunicación y transparencia. La mera promesa de riqueza y empleos convence cada día a menos.
Es probable que si esta propuesta hubiese sido incluida en el plan estratégico de Marbella –su marco natural dado el alcance que tenía– la posibilidad de que fuera objeto de un debate racional y menos costoso para Ángeles Muñoz y su equipo hubiese sido mayor. Pero se optó por una iniciativa inexplicable, inexplicada, sobrevenida a última hora, y ahora el gobierno municipal carga con sus consecuencias.
Que un movimiento social tan dispar y heterogéneo se haya conformado en apenas unos días contra una propuesta municipal no solo supone una derrota en toda regla para el equipo de gobierno, sino una seria advertencia para el año y medio que le queda por delante hasta las próximas elecciones. Ángeles Muñoz tendrá que medir con cautela sus próximos pasos. Tiene por delante 18 meses para revalidar su mayoría y algunos asuntos sensibles, como la ampliación del puerto de La Bajadilla o el proyecto de peatonalizar Ricardo Soriano, en la agenda. La época con amplio margen para el error y en la que podían subestimarse las posibles dificultades ha quedado definitivamente atrás.

Debatir sin vértigo

2013 diciembre 2
por HectorBarbotta

La polémica por el hotel que el jeque quiere levantar en el puerto, las voces que reclaman para Marbella un edificio emblemático, la advertencia desde algunos actores del sector de la construcción sobre la dificultad a la hora de conseguir suelo con vistas para construir viviendas de lujo, la reactivación del sector de la construcción en el segmento más alto del mercado. No se puede decir que no existían indicadores que advirtieran de que más tarde o más temprano el debate iba a estallar, pero aún así el anuncio ha tenido el efecto de una explosión inesperada: hay grupos de inversión que quieren levantar rascacielos en Marbella. No de la altura de los emblemas de las grandes urbes, es verdad, pero sí de unas dimensiones que para bien o para mal suponen un impacto para el imaginario colectivo acerca de lo que siempre ha sido la ciudad. Se habla de entre 30 y 50 plantas.
Ya el Plan General preveía la posibilidad de levantar torres en lo que todavía es el polígono de La Ermita, pero la novedad radica en que mientras en esa localización el uso sería comercial y para oficinas, ahora se plantea crear cinco zonas donde los rascacielos tendrían uso residencial.
La nueva situación que puede modificar la configuración paisajística de Marbella parte de tres realidades contrastadas: una, que ya hay sobre la mesa proyectos, y que estos proyectos se sustentan en una demanda real. La segunda es que el suelo no es infinito, y menos el suelo con vistas al mar. La tercera es que la ciudad no ha encontrado una alternativa productiva al turismo residencial.
La propuesta está dando lugar a un debate sin duda apasionado y posiblemente visceral. Por un lado hay quien considera que la construcción de torres aparta a Marbella de su modelo tradicional y la lleva camino de Benidorm, aunque existen otras ciudades en el mundo, referencias internacionales del turismo de calidad y no de la masificación, que no parecen sufrir de vértigo frente a las alturas. Por el otro, están quienes consideran que un destino como Marbella no puede ignorar las nuevas tendencias que se imponen en el mundo de la arquitectura, y que la ciudad no debe renunciar ni a crecer ni a albergar edificios icónicos y emblemáticos.
Seguramente una cuestión clave será intentar acercarse a una respuesta adecuada cuando se cuestione cuáles son las señas de identidad que la ciudad debe preservar, si debe hacerlo en todas las zonas por igual y preguntarse si eso es compatible con las torres.
Desde un punto de vista o desde el otro parece adecuado situar la discusión en su contexto. Es verdad que el pueblo mediterráneo es la gran aportación de Marbella a la arquitectura turística, pero ello no debe hacer olvidar que el panorama idílico que el genio de Melvin Villarroel dibujó en el Puente Romano y el Marbella Club no son el único paisaje de la ciudad, que existen zonas sobre las que no hay riesgo de degradación porque ya han sido suficientemente degradadas y que la urbanización La Zagaleta, a la que la marca Marbella tanto aporta y a la que la ciudad de Marbella tanto debe, se ha desarrollado en un municipio vecino y es difícilmente reproducible en este término municipal.
Tampoco es inoportuno recordar que las torres no son extrañas a la ciudad. Existen algunos mamotretos infames, pero otras, como la del hotel Don Carlos, han contribuido y contribuyen al modelo más deseable de desarrollo turístico.
La propuesta de las grandes torres es para cinco zonas concretas de la ciudad y plantea límites que a primera vista parecen razonables, como la cota máxima de 150 metros sobre el nivel del mar que se impone para los suelos que puedan albergar a estos edificios.
Los antecedentes de los años negros y los abusos cometidos entonces ante la pasividad no solo institucional sino también ciudadana invitan a ser precavidos y desconfiados. Pero lo que se hizo en aquellos años nos recuerda que la depredación del paisaje no solo puede ser vertical, sino también horizontal, y que los mayores amigos del descontrol, más que la altura, son el secretismo y los hechos consumados. Por ello, además de recordar que en aquellos días no fueron necesarias las construcciones en gran altura para atentar contra el orden urbanístico, la calidad de vida de los vecinos y el buen gusto, es necesario reclamar el máximo de transparencia en todo el proceso. Y esta exigencia no solo cabe para quienes tienen la obligación de no hurtar información a los vecinos, sino también para cualquiera que se vea tentado por el ejercicio demagógico de mantener una postura en privado y otra en público.
El Ayuntamiento ya aprobó el pasado viernes la modificación de elementos, pero todos los trámites que quedan por delante permiten abrir un debate que seguramente será sano si se consigue apartarlo de la demagogia. Posiblemente no sea mucho pedir.

Hora de hablar de dinero

2013 noviembre 12
por HectorBarbotta

Se dice, con razón, que el pleno de los presupuestos es el más importante del año, porque donde realmente se comprueba qué política se hace no es en los discursos y en las declaraciones, sino en las cuentas. Se puede escuchar todos los días a un gobernante declamando su compromiso con el apoyo a la creación de empleo y a las pequeñas empresas, pero eso solo se comprueba cuando llega el momento en el que se decide cuánto se cobra de IAE y cuánto de IBI a los locales comerciales, lo mismo vale para otras instancias cuando se escucha hablar de defensa de la educación pública o de la sanidad, por poner los ejemplos donde palabras y hechos suelen surcar los caminos más divergentes.

Por eso, el documento que se aprobó en el último pleno extraordinario marcará qué pasará con la ciudad durante todo el año que viene, y más allá de los motivos que puedan esgrimirse y de las responsabilidades que puedan atribuirse para que ello siga siendo así, lo concreto es que Marbella sigue siendo una ciudad cuyo ayuntamiento se ve obligado a destinar, de cada 100 euros, 62 a pagar nóminas, 20 a atender la deuda, y 16 a inversiones. Y es también un ayuntamiento sustentado en un 85 por ciento en el Impuesto de Bienes Inmuebles.

La recuperación económica se viene anunciando con entusiasmo, pero los presupuestos no se dan por enterados del anuncio. Aquí vale elogiar la prudencia o criticar el pesimismo, pero lo cierto es que los presupuestos siguen siendo presupuestos de crisis. Y además, presupuestos de crisis de un Ayuntamiento que hace siete años tuvo que ser rescatado porque estaba en quiebra.

Los hechos son tozudos. Aunque a veces el apresuramiento de unos por pasar página y el oportunismo de otros por atribuir todos los males de la ciudad a quien ahora tiene el bastón de mando invitan a olvidarlo, el Ayuntamiento de Marbella es una institución que durante mucho tiempo seguirá marcada por su historia reciente. Las reconstrucciones suelen ser más penosas, largas y complejas que los derribos. Por eso, la misma alcaldesa que propuso unos presupuestos que no contemplan el cobro de las multas y penalizaciones impuestas a quienes cometieron desmanes en el pasado tuvo que recordar en su intervención en el pleno de dónde venimos.

Los presupuestos son los de una institución endeudada que todavía no sabe cómo va a abordar el pago de esa deuda. Se han aprobado pese a que dos reparos del interventor, uno de los cuales se refiere a que solo se han reservado tres millones de euros para cumplir con el pago del plazo por la deuda con la Junta de Andalucía pese a que el compromiso firmado por el Ayuntamiento es pagar 17,8 millones de euros. El Ayuntamiento confía, o al menos esa es su postura oficial, en retomar cuanto antes las conversaciones con la Junta, interrumpidas cuando Griñán dejó su lugar a Susana Díaz, y conseguir un compromiso de refinanciación que dé algo de alivio a las arcas municipales. En enero de este año, el entonces presidente permitió que Marbella aplazara la mayor parte del pago de 2013 y dejó abierta la puerta a una negociación definitiva. «Es el mismo equipo de gobierno», dijo esta semana, con candidez real o fingida el portavoz municipal, Félix Romero. Pero no. Ni es el mismo equipo, ni el mismo gobierno, ni la misma presidenta, ni la misma consejera.

La negociación tendrá que comenzar no donde se dejó, si no desde el principio. No se sabe si será mejor o peor para los intereses de la ciudad, ya que lo único seguro es que resolver este problema de momento no figura entre las prioridades más urgentes del Gobierno andaluz, y que cuando la consejera, María Jesús Montero, tome una decisión sobre el tema lo hará en función de la coyuntura política del momento. Por ahora el tema está aparcado, y la petición del Ayuntamiento de una reunión para abordar el asunto seguirá sin respuesta.

Mientras tanto, los dos partidos mayoritarios han presentado iniciativas para que el tema de las cuentas de Marbella se aborde en el Parlamento Andaluz y en el Congreso de los Diputados. El PP llevó a la cámara autonómica una propuesta para instar al Gobierno andaluz a refinanciar el cobro de la deuda, un asunto que no podrá abordarse por el pleno hasta el mes de febrero, y el PSOE propuso en el Congreso que Hacienda no se quede con las multas que se cobren por el ‘caso Malaya’, ya que los delitos ahí juzgados tuvieron como víctima a Marbella y sus vecinos.

Que el PP se dirija a la Junta y el PSOE al Gobierno, y no al revés, demuestra cuánto hay en estas iniciativas de ganas de hacer ruido y cuánto de intención de resolver problemas para la ciudad. Seguramente si intercambiaran los papeles se podría avanzar algo. Y es que a veces se los ve venir desde lejos. 

Una incertidumbre inaceptable

2013 noviembre 3
por HectorBarbotta

La imagen de los diputados el pasado jueves abandonando el hemiciclo en estampida, sin recato ni disimulo, incluso antes de que se contabilizara la votación, para zambullirse con algunas horas de adelanto en un puente del que no podrán disfrutar seis millones de conciudadanos es la prueba más palmaria de que la mayor parte de los políticos no se ha enterado de nada. Que consideran que el descrédito que sufren es una foto pasajera de las encuestas, que ese estado de opinión cambiará tan pronto como la mejora que se anuncia en la economía se deje sentir en los bolsillos de las familias (si es que llega ese momento), y que en definitiva el asunto no va con ellos. Que no tienen nada que cambiar y que pueden seguir actuando como hasta ahora sin que la erosión que por su culpa sufren los cimientos del sistema de convivencia acabe por poner todo patas arriba.
No es el único ejemplo de irresponsabilidad que hemos tenido en los últimos días. Ha habido otro mucho más cercano: el ‘escrache’, acoso o protesta montado, con destacada participación marbellí, por cargos (públicos y de confianza) del PP contra la presidenta de la Junta en plena celebración del aniversario del Museo Picasso, nada menos, y la reacción posterior tras el incidente, unos para no reconocer su error de bulto, otros para exagerarlo y sacar así el mayor rédito posible. Un dirigente de Izquierda Unida, para que apreciemos el nivelito, llegó recordar los fusilamientos de la posguerra.
Mala noticia: estos ejemplos, que tienen la virtud de desnudar ante el gran público de una manera simple y gráfica la degradación y la vulgaridad que ha alcanzado la actividad política no son meras anécdotas, sino la expresión pública de lo que se cuece entre bambalinas, fuera del alcance de la vista de todos.
Esta semana, la presentación de los presupuestos municipales de Marbella ha permitido saber que el interventor municipal ha puesto un reparo. El Ayuntamiento ha reservado solo tres millones de euros para cumplir con el plazo de 2014 correspondiente al crédito de 100 millones que la Junta concedió en 2006 tras disolverse la corporación municipal, aunque el acuerdo firmado establece un pago de 17,8 millones. El interventor ha venido a decir que si lo firmado son 17,8 millones hay que hacer una reserva por esa cantidad, aunque sea mayor a lo previsto para las inversiones de todo el ejercicio.
Antes de irse, el entonces presidente Griñán llegó a un acuerdo con la alcaldesa que permitió al Ayuntamiento reducir la cantidad a pagar en 2013, y Ángeles Muñoz confiaba en renovarlo. Pero desde que cambió el gobierno andaluz los responsables municipales no han conseguido saber qué planes tiene la nueva consejera de Hacienda sobre el cobro de la deuda. En realidad ni siquiera han conseguido que responda a las múltiples cartas que se le han enviado. Ni soñar con que su secretaria coja el teléfono y concerte una reunión.
Puede ser discutible la postura municipal de reservar solo tres millones cuando el acuerdo firmado establece un pago de 17,8. Pero no más discutible que la tozudez de la Junta por mantener unas condiciones de cobro firmadas en el escenario económico anterior a la crisis y sobre un crédito que se concedió a partir del reconocimiento de una deuda inversora equivalente a la cantidad prestada.
Si la consejera de Hacienda está por la labor de llegar a un acuerdo para refinanciar la deuda debería decirlo ya. Y si no, también. Lo que no es aceptable es la descortesía institucionalizada, el cálculo descarado sobre el rédito político que se puede obtener al mantener en la incertidumbre a una ciudad mientras se ahoga financieramente al ayuntamiento porque está gobernado por la siglas del adversario. La misma queja de la Junta contra el Gobierno español vale para el Ayuntamiento de Marbella en relación con la Junta. En esto, como en los escraches, no puede haber dos varas.
El sentido común diría que no se puede tener en vilo a una ciudad y a sus vecinos. Pero es el sentido común de quienes no salen corriendo atropelladamente de su trabajo antes de terminarlo por más puente que haya, ni le montan un encierro o un escrache en la puerta a un vecino porque debe tres cuotas de comunidad, ni relatan una mera discusión como si hubiese estallado la Segunda Guerra Civil.
Hay instancias –altas o bajas, a estas alturas no se sabe– donde el sentido de la lógica, de la responsabilidad e incluso de la decencia está visto que es otro.

El cierre de la etapa judicial en Marbella abre la puerta a la bronca política

2013 octubre 28
por HectorBarbotta

Hay algo más absurdo e imprudente que vender la piel del oso antes de cazarlo: montar una pelea por un botín improbable. En esta práctica necia, la de pelearse por algo que no existe, han entrado los partidos políticos tras la sentencia del ‘caso Malaya’, que recomendó que las multas que se cobren a los condenados reviertan en la ciudad.

Si hubiese adivinado que el último párrafo de la sentencia iba a servir para que se montara una nueva pelea de gallos, posiblemente el tribunal se lo habría ahorrado. La ciudad aún no ha cobrado nada y es muy posible que se consiga muy poco, teniendo en cuenta la insolvencia sobrevenida de los condenados, pero aún así hay bronca política –llamarla debate sería elevarla a un nivel del que lo separa un abismo– sobre el destino del dinero. La discusión ha llegado hasta el Parlamento Andaluz.

La sentencia ha supuesto el final de un capítulo para la ciudad. Y lamentable, pero no inesperadamente, el cierre de la etapa judicial ha abierto la fase de la bronca. Los partidos han perdido la oportunidad de que desde las instituciones se elabore un relato conjunto de los años más negros de la historia de la ciudad y de enseñar una unidad granítica a la hora de que Marbella reclame en todos los foros lo que considera que es suyo. ¿Pero quién va a querer hacer política con mayúsculas cuando existe la posibilidad de arañar unos pocos votos aunque sea a costa de insultar la inteligencia de la mayoría?

Hace tiempo que Marbella viene pidiendo que los bienes incautados en la ‘operación Malaya’ y las multas de otros procesos judiciales reviertan en la ciudad. De hecho, en octubre de 2010 el Parlamento Andaluz ya votó una proposición en ese sentido presentada por el PP y respaldada por todos los grupos.

El pasado jueves, una iniciativa idéntica, esta vez presentada por el PSOE, fue aprobada por unanimidad, pero eso no es más que un espejismo. La moción fue apenas una excusa para usar la historia reciente de Marbella en el rifirrafe de todos los días. En este ejercicio de política con minúsculas la iniciativa la llevó el portavoz municipal del PSOE y parlamentario andaluz José Bernal, que utilizó la propuesta de pedir –por tercera vez- que el importe de las multas venga a Marbella para afear la conducta del PP durante los años del gilismo. El portavoz de IU en el Parlamento, José Antonio Castro, lo convocó estérilmente a la prudencia: «Yo que usted no sacaría pecho», le dijo.

Desde que el Parlamento aprobara la moción por segunda vez (¿es necesario aprobar lo mismo tres veces?) ha corrido agua. El Ayuntamiento llegó a un acuerdo con Hacienda para que el dinero recuperado –y es oportuno recordar que se está hablando de una hipótesis, de un futurible, de una entelequia, porque apenas se ha conseguido recuperar nada– fuese a aliviar la deuda que la ciudad tiene con Hacienda y la Seguridad Social. Es un acuerdo que está firmado y en vigor.

Ahora, con la sentencia en la mano, la recomendación del tribunal en el mismo sentido, «que los bienes aquí decomisados, así como el importe de las multas satisfechas, sean utilizados para abonar esas deudas con las entidades reseñadas», y ante lo que parecía un consenso básico sobre el tema, el PSOE lleva (y aprueba) en el Parlamento Andaluz una declaración para que el dinero se utilice en un plan de empleo y en infraestructuras. Es difícil que alguien vote en contra de un plan de empleo, el problema es que la propuesta no es más que un brindis al sol. Primero porque el dinero no está; segundo porque cuando aparezca se lo llevará el Estado, al que se le deben 300 millones de euros.

Pero al mismo tiempo que presentaba esta propuesta, el PSOE se negó a discutir una enmienda del PP que pedía a la Junta un plan de inversiones para Marbella que compensara lo que se dejó de invertir por el aislamiento institucional durante la larga noche gilista. Lo que los populares consideran la ‘deuda histórica’ con la ciudad. Los socialistas se negaron a incluir esta enmienda porque su intención no era poner en un aprieto a la Junta, y sí intentar sacar las vergüenzas al PP por su supuesto comportamiento durante aquellos años. La metáfora bíblica de la paja en el ojo ajeno en toda su dimensión. El viejo truco de reprochar el pasado para eludir un debate sobre el presente.

No ha sido la única muestra de oportunismo político a la sombra del fallo del Tribunal. El Ayuntamiento ha encontrado en ese párrafo de la sentencia la coartada para no recurrirla pese a la sensación generalizada de que las condenas han sido tibias. ¿Cómo recurrir una sentencia –han venido a decir– que pide que el dinero de las multas revierta en Marbella? Ese razonamiento olvida –más allá del daño moral que produce que quienes la han hecho muy grave se escapen con castigos leves y de que robar a manos llenas en este caso salga rentable– la obviedad de que con condenas más duras las multas también lo serían

La postura municipal, en todo caso, es una exhibición de pragmatismo marca de la casa. Saben que ir al Supremo cuesta dinero, que por más que –en el mejor de los escenarios– las multas se aumenten, cobrarlas seguirá siendo igual de difícil, que hay empresarios que han salido bien parados con los que la ciudad debe seguir conviviendo, y seguramente íntimamente participan de que la sentencia incluye de forma implícita una postura crítica a la instrucción que en los años de la ‘operación Malaya’, cuando la acusación particular no la ejercía el Ayuntamiento, sino el PP, compartían.

Durante el debate en el Parlamento, el representante del PP, José Eduardo Díaz, optó por la mesura y evitó responder a la foto exhibida por Bernal en la que se veía a Jesús Gil confraternizando con Esperanza Oña con alguna de las múltiples instantáneas en la que Isabel García Marcos aparece delante del anagrama del PSOE. Pero la prudencia se acabó en el pleno municipal del viernes, donde los reproches asomaron con toda su intensidad.

Si estas posturas son difícilmente comprensibles para cualquiera que analice la situación más allá de las pasiones y los intereses políticos, lo que resulta más triste es la dificultad que se encuentra a la hora de que la ciudad pueda hallar un mínimo consenso a la hora de cerrar el balance de lo que pasó.

Que mientras unos recuerdan que García Marcos fue la cara del PSOE en Marbella durante más de una década, los otros reprochen los pactos en Benahavís o en la Mancomunidad que encontraron a GIL y PP como compañeros de viaje no ayuda gran cosa a resolver los problemas actuales.

Posiblemente sirva para alimentar el forofismo de la parroquia que unos enseñen como prueba de su compromiso las denuncias interpuestas por la Junta por infracciones urbanísticas (al mismo tiempo que la misma Junta cobraba los impuestos de las construcciones ilegales), mientras los otros se vanaglorien de ser los únicos sin concejales salpicados por la basura. Pero ambos olvidan que si Gil pudo gobernar en Marbella fue porque los partidos tenían su reputación por los suelos, y que la ciudad necesita cerrar una etapa con antídotos para que la historia no vuelva a repetirse.

Ese epílogo debería escribirse en conjunto, si es posible con poco oportunismo y al menos unas gotas de una autocrítica a la que todos parecen ser alérgicos.

Economía, fortalezas y deberes

2013 octubre 21
por HectorBarbotta

La escuela de negocios Esesa y el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT)_Marbella organizaron el pasado jueves una mesa redonda sobre el futuro económico de la ciudad desde las perspectivas política, empresarial y académica en la que participaron la alcaldesa, Ángeles Muñoz, el presidente del CIT, Juan José González, y el profesor Antonio Moya. El encuentro, ante más de medio centenar de asistentes, la mayor parte empresarios, dejó algunas certidumbres sobre el futuro económico, algunos datos inquietantes sobre el presente y no pocas tareas pendientes. Si antes del foro los asistentes podían albergar alguna duda sobre cuál es el modelo productivo que la ciudad debe asumir, durante la reunión parecieron despejarse todas las incertidumbres. Los participantes, sin que nadie del público cuestionara esa opinión aparentemente unánime, coincidieron en que Marbella debe insistir sobre sus tres pilares básicos, en los que ha sabido a lo largo del tiempo construir un sólido liderazgo y en el que mantiene activos y una posición privilegiada frente a competidores reales y potenciales que debe saber seguir aprovechando: el turismo convencional, el turismo residencial y la construcción. Sobre este último sector, en el encuentro se asumió la necesidad de evitar los errores del pasado reciente y permitió vislumbrar una percepción optimista sobre una reactivación que llegará más temprano que tarde. En relación al turismo, en el que la calidad debe seguir siendo norte y referencia, el gran desafío sigue siendo la desestacionalización. Conseguir que Marbella tenga actividad durante todo el año pasa, según se puso de manifiesto durante el debate, tanto por un acuerdo social que permita reducir costes de explotación de los hoteles cuando la demanda y los precios bajan como seguir potenciando sectores que han demostrado contarse entre las principales fortalezas de la ciudad, como el turismo de salud, el de golf y el de congresos. Para conseguir este objetivo de desestacionalizar, que no parece sencillo a la vista del tiempo que se lleva intentándolo sin conseguirlo, se presentan tareas de los más disímiles. Desde cuestiones aparentemente sencillas, como mantener las playas abiertas todo el año porque este es un destino que permite utilizarlas más allá del verano –a diferencia de los principales competidores–, hasta otras de más difícil solución, como conseguir que la ciudad tenga un palacio de congresos más acorde con sus necesidades. El debate abierto sobre el turismo residencial permitió confirmar que más allá de los nuevos mercados que tantas expectativas generan –especialmente los de Europa del Este–, la principal fortaleza sigue estando en los tradicionales: el Reino Unido, Alemania y los países nórdicos. Diversificar siempre es aconsejable, pero no lo es tanto perder la brújula y la capacidad de análisis que permiten darle a cada uno lo suyo ante la innegable tentación que siempre supone la novedad. La oferta se servicios de calidad que el sector privado ofrece, y que no deja de crecer sobre todo el ámbito sanitario y educativo, es un activo de gran valor, y convertirse en ciudad universitaria, un objetivo que colocaría a Marbella en una posición imbatible. Y frente a este panorama optimista, la necesidad de mejorar sobre todo, en la formación. Una tarea, esta última, cada día más difícil porque frente a la oferta de servicios de primera calidad para quienes pueden pagárselos, Marbella sufre la realidad lacerante que con el tiempo, lejos de corregirse se acentúa, de unos servicios públicos sanitarios y educativos estancados. Una ciudad que basa su modelo económico en servicios de primera calidad es inviable si al mismo tiempo no ofrece a sus vecinos la posibilidad de integrarse en ese modelo y necesita permanente recurrir a mano de obra que ha tenido que formarse fuera.

Malaya, punto y seguido

2013 octubre 14
por HectorBarbotta

Ya ha habido tiempo para digerir la sentencia del ‘caso Malaya’, situada en la posición aparentemente contradictoria que marcan unas condenas tímidas en relación con lo que solicitaban las acusaciones y el fiscal por un lado y una descripción de hechos probados gravísimos por el otro.

Quedarse en una valoración basada exclusivamente en que a Roca le pedían 30 años que se han reducido a 11 o que a Isabel García Marcos le han caído solo cuatro de los 12 que le solicitaban, o incluso en la gran cantidad de absueltos, puede llevar a cerrar este capítulo fundamental de la historia de Marbella con la percepción equivocada de que ‘Malaya’ ha sido un caso fallido, que el Estado a través de la judicatura y la policía arremetió contra personas inocentes o que lo que sucedía en Marbella no era para tanto.

Pero es la propia sentencia la que expone el relato ajustado de lo que pasaba en la ciudad durante aquellos años, negro sobre blanco, al asegurar que «el Tribunal ha llegado a la firme convicción de la realidad del sistema de corrupción generalizada que se había instaurado en el Ayuntamiento de Marbella por parte de los procesados y bajo el poder de hecho ejercido por el señor Roca». Se basa para ello en el cúmulo de datos, de prueba documental, pericial, registros, intervenciones telefónicas, testimonios y hasta confesiones.

En la semana transcurrida desde que se hiciera pública la sentencia se han disparado las interpretaciones y análisis, y la mayor parte destaca su solidez jurídica y lo impecable de los fundamentos en los que está basada. Hay también quien ha entendido, sobre todo en relación a los presuntos testaferros de segunda fila que han sido absueltos pese a las serias sospechas del Tribunal sobre su implicación, que posiblemente los magistrados hayan considerado que la pena de banquillo ha constituido ya suficiente castigo.

Seguramente algunos de los condenados irán ahora al Supremo, pero la mayor parte de quienes han analizado la sentencia coinciden en que ante un fallo tan prudente difícilmente el alto tribunal pueda reducir aún más las penas impuestas.

De las situaciones que han causado sorpresa una de las que más destaca es la del empresario Tomás Olivo, que resultó absuelto. Con dos sentencias favorables del Constitucional por el tiempo que permaneció detenido antes de comparecer ante el juez, difícilmente una sentencia condenatoria hubiese pasado la prueba del algodón del Supremo. Su abogado se ha ganado sobradamente la minuta.

La sentencia reveló una profunda disparidad de criterios entre el Tribunal y las acusaciones, tanto de la Fiscalía como del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, y en algunos casos esta diferencia quedó expresada en duras críticas hacia la forma en que se concretaron los cargos que se imputaban a los acusados. Los magistrados llegan a mencionar «una cierta ambigüedad y falta de precisión tanto a la hora de exponer los hechos que consideran delictivos, como a la hora de su calificación jurídica y a la hora de fijar el nexo causal entre hechos y delitos».

Ahora la incógnita es si las acusaciones recurrirán. El Ayuntamiento ha mostrado escaso interés en ir al Supremo, aunque después de un varapalo tan grande como el que recibieron las acusaciones, no recurrir la sentencia sería igual a admitir que la labor realizada por su representación en el juicio ha sido penosa.

Sin embargo, el equipo de gobierno municipal está de momento reticente e insiste en que su interés es recuperar dinero para la ciudad. Por eso la alcaldesa no dudó en exhibir como un triunfo una de las últimas consideraciones del Tribunal, que acuerda que los bienes decomisados y el importe de las multas sean utilizados para saldar la deuda que el Ayuntamiento mantiene con Hacienda y la Seguridad Social

Pero la coletilla del tribunal no es una orden, sino un pedido, y cabe preguntarse cómo se pretende recuperar ese dinero si no se consigue que se aumenten las condenas, incluso el número de condenados, y con ellos las multas. La experiencia del ‘caso Saqueo’, en el que Roca fue condenado a devolver a la ciudad 24 millones de euros, revela lo difícil que resulta traducir en dinero contante y sonante una resolución judicial.

Hace ya un año que el Ayuntamiento de Marbella y Juan Antonio Roca alcanzaron un acuerdo para el pago de esa sanción. El acuerdo incluía la deuda principal de 24 millones de euros, cinco millones de intereses y tres sentencias del Tribunal de Cuentas contra el propio Roca, por lo que el montante global ascendía a 30 millones de euros. Entre los bienes de Roca aceptados por el Ayuntamiento como parte de pago se encontraban el helipuerto, la finca de la Caridad, valorada en más de 5,2 millones de euros; dos parcelas de las Brisas, el local Marbella House, una parcela de Camoján y una finca de los Siete Corchones.

Sin embargo, en mayo pasado la ejecución del acuerdo fue frenado por un informe del interventor municipal, quien señaló que los derechos del Ayuntamiento podían verse mermados, ya que la venta de los inmuebles obligarían a la ciudad a hacer frente al impuesto de plusvalías, lo que rebajaría significativamente el beneficio obtenido. Además, el hecho de que estas propiedades figuren a nombre de sociedades, cuya titularidad asumiría la institución municipal, suponía un riesgo para el futuro, ya que en el caso de que aparecieran cargas sobre estas mercantiles el Ayuntamiento debería hacer frente a las mismas. Y ello sin contar con que la tasación que se puede hacer hoy día de esas propiedades no es ni mucho menos lo que costaban cuando fueron embargadas. Ya entonces la alcaldesa advirtió de que difícilmente se pudiera recuperar la mayor parte de lo robado.

Ahora hay nuevos condenados y una recomendación del Tribunal para que el dinero revierta en la ciudad. Pero ese pedido y la propia sentencia no dejan de ser una reparación moral para los vecinos de Marbella. Y es probable que haya que conformarse con eso.

Malaya: condena y relato

2013 octubre 11
por HectorBarbotta

Parece que fue un problema de expectativas, como cuando la crítica que antecede a una película es tan buena que la experiencia de verla no llega a lo que el público espera. El tribunal del ‘caso Malaya’ se ha sentido obligado a dar alguna explicación después de que la mayor parte de la opinión pública recibiera la sentencia con desazón, atribulada por la sensación de que la corrupción, si es a gran escala, sale a cuenta. Ya lo había dicho Jesús Gil, mentor, inspirador y guía espiritual de esta caterva de sinvergüenzas: «De la cárcel se sale, de pobre no».

A la vista de los saludos y las enhorabuenas que se cruzaban en la sala mientras se leía la sentencia y de las caras de satisfacción con la que abandonaban el Palacio de Justicia, parece que muchos de los condenados se habían preparado para condenas más duras. Así de convencidos estaban de la inocencia que pregonan.

Los magistrados han explicado que pese a los delitos gravísimos que han quedado demostrados, con la ley en la mano no cabía hacer otra cosa. Si se hubiese podido aplicar la actual legislación sobre delitos de corrupción, y no el Código Penal anterior, no se habrían visto tantas sonrisas hirientes en el Palacio de Justicia.

Pero la expectativa incumplida de que prosperaran las peticiones de las acusaciones -no solo la Fiscalía, sino también la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella harían bien en preguntarse si hicieron correctamente su trabajo- no debe permitir que el relato de lo que sucedió en Marbella lo terminen escribiendo quienes se han librado por los pelos, confunden una condena leve con una declaración de inocencia o sostienen que ‘Malaya’ fue la ocurrencia de unos irresponsables en busca de protagonismo.

Porque es la primera vez que se condena por hechos gravísimos a un gobierno municipal completo y, sobre todo, porque ‘Malaya’ no fue ni ha sido nunca una causa general contra el gilismo, sino un caso abierto sobre algunos hechos concretos que tuvieron lugar en un corto periodo de tiempo. Si alguien pretende calcular en años de cárcel lo que supusieron Gil y sus sucesores para Marbella debería sumar a ‘Malaya’ ‘Saqueo’ 1 y 2, ‘Minutas’, ‘Blanqueo’ y las centenares de causas abiertas por cuestiones urbanísticas.

Malaya ha pasado, y aunque los años de la corrupción en Marbella siguen vivos en juzgados de toda la provincia, el tiempo transcurrido juega a favor de la impunidad. Es el precio a pagar por la ineptitud, la complacencia y la cobardía con que la sociedad y el Estado afrontaron un problema llamado Jesús Gil.