Diario Sur

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Elegir el olvido
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Héctor Barbotta | 27-05-2016 | 18:05| 1

El jueves 26 de mayo se cumplieron 25 años de la primera victoria electoral de Jesús Gil y Marbella acogió durante tres días un seminario organizado por el Consejo Social de la Universidad de Málaga para analizar lo que fue el gilismo. En realidad es exagerado asegurar que Marbella lo acogió.
Alguien podría suponer que un evento de este tipo tendría un discurso inaugural del alcalde, la presencia de los portavoces de los partidos viejos y de los nuevos, un salón abarrotado con la presencia de lo que se conoce como fuerzas vivas, una moción para instituir algo así como ‘El día de la Memoria’.
No. La actividad, efectivamente, se desarrollóa en Marbella, en su Palacio de Congresos, pero durante el primer día hubo casi tantos ponentes como público. Y no es que los ponentes fuesen muchos.
No cabe atribuir a una mala organización la escasa respuesta de los vecinos y el rácano apoyo institucional. El tema es fundamental para entender el presente de Marbella;la propuesta de las jornadas, más que acertada: «una reflexión sosegada sobre un modelo de crecimiento basado en el ladrillo que tuvo a Marbella como banco de pruebas, una invitación a la catarsis, un aprendizaje que permita impedir su olvido». Tampoco cabe atribuirla a la valía de los conferenciantes. Por las jornadas habrán pasado en tres días muchos de quienes sobresalieron en la denuncia del gilismo y algunos de los que consiguieron acabar con él. ¿Por qué la gente no ha ido? No ha sido ni por la trascendencia de la efemérides, ni por la organización, ni por el enfoque elegido, ni por los ponentes. Ha sido por todo eso. Se ha invitado a la catarsis a una sociedad que no quiere hacerla, se ha llamado a recordar a quienes prefieren olvidar.
Se ha cumplido, efectivamente, el 25º aniversario de la irrupción electoral de Jesús Gil y una buena experiencia sería buscar en Marbella a alguien que admita haberlo votado para que explique qué razones lo llevaron a hacerlo y cuál es la reflexión que hace 25 años después. Hay que adelantar que no sería sencillo. El GIL ganó en Marbella cuatro elecciones seguidas pero encontrar votantes confesos es como la aguja en el pajar.
La adulación, que es la forma con la que los políticos eligen relacionarse con los votantes, impide que desde las instituciones se responsabilice a los vecinos por la suerte que corrió su ciudad y por las consecuencias que aún arrastra.
Quienes votaron a Gil no quieren recordar que lo hicieron; mucho menos explicar por qué no volverían a hacerlo. Quienes crearon las condiciones para esta tragedia política tampoco asumen sus responsabilidades. Sería un ejercicio de injustificado optimismo asegurar que la ciudad ha creado los anticuerpos para que algo parecido no vuelva a suceder.

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Lo prudente es contarlo todo
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Héctor Barbotta | 22-05-2016 | 19:21| 0

 

Resulta inverosímil, a estas alturas del siglo y un año después de las elecciones municipales, que en el equipo de gobierno municipal no se hayan percatado todavía de la necesidad de comunicar con claridad.

Esta semana, después de la reunión de la junta de gobierno local, el portavoz municipal, Javier Porcuna, y la concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, informaron de que el Ayuntamiento había dado respuesta a una pregunta de la Fiscalía acerca de la supuesta alteración de planos en la tramitación del PGOU de 2010, hoy anulado. Explicaron que efectivamente se habían encontrado diferencias en 22 planos, 18 de ellas de calado, entre los planos remitidos por el equipo redactor el 12 de junio de 2009 (el que sirvió de base para que el jefe de la Unidad Técnica de Planeamiento y Gestión emitiera su informe sobre la revisión del Plan) y los que se aprobaron finalmente en pleno el 29 de julio de 2009 y que fueron enviados a la Junta para la aprobación definitiva del PGOU.

Como era de esperar, y sobre todo sabiendo que un juzgado de Marbella tramita una causa tras una denuncia de la plataforma ciudadana contra la alteración de las lindes con Benahavís, la revelación causó interés entre los presentes en la comparecencia de los ediles, que preguntaron una y otra vez sobre la naturaleza de esas diferencias. Porque no es lo mismo, por ejemplo, una posible subsanación de errores habitual en cualquier tramitación de este tipo que una falsificación intencionada como sostiene en su denuncia la plataforma denunciante. Y más si está en conocimiento de la opinión pública que la exalcaldesa Ángeles Muñoz y su familia tienen intereses en la zona afectada por el cambio de lindes.

No hubo manera, aunque se les preguntó de una forma y de la contraria, de que los ediles explicaran cuáles eran las diferencias que habían puesto en conocimiento de la Fiscalía. Es más, aseguraron que simplemente se había comunicado de la existencia de diferencias. Si el objetivo era explicar con claridad la situación, la comunicación fue muy deficiente. Pero si el objetivo era el contrario, es decir, sembrar un mar de dudas y sospechas, la comunicación fue sobresaliente.

Los concejales se ampararon en su voluntad de actuar con prudencia para no dar más precisiones, pero en un caso como éste lo prudente no es hurtar información sino dar toda la información de la que se dispone. Es verdad que es el fiscal quien la había solicitado, pero que se sepa el proceso no está bajo secreto de sumario –si así fuera el equipo de gobierno hubiese estado obligado a actuar con mayor discreción y no informar de nada relacionado con el tema– y por lo tanto no hay nada más sensato y obligado que actuar con transparencia cristalina.

A nadie escapa que todo el proceso de alteración de las lindes con Benahavís ha resultado devastador para los intereses electorales del PP y para la imagen de Ángeles Muñoz y es probable que el equipo de gobierno se vea tentado de aprovechar su intervención en el proceso para volver a situar el tema en la agenda y continuar corroyendo la imagen de la exalcaldesa. Hasta es posible que la imprudencia con la que Muñoz manejó desde la Alcaldía este asunto  –del que se debería haber apartado por sus intereses en la zona– la hagan merecedora de este desgaste y del desgaste futuro que le puede venir. Pero no se trata de esta clase de cálculos, sino del derecho de los vecinos a saber qué ha pasado y si hay o no ‘caso Planos’.

En la comparecencia del martes los concejales aseguraron que la respuesta que se ha trasladado al fiscal, basado en un informe de los técnicos de Urbanismo, se limitaba a corroborar que, efectivamente, hay diferencias entre unos planos y otros. Pero después se ha sabido que existe un informe sobre la naturaleza de esas diferencias. Y esa es una información que no se puede seguir hurtando.

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No hay repetición
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Héctor Barbotta | 20-05-2016 | 11:30| 0

El PP y el PSOE han encendido en Marbella el ventilador de porquerías y hasta el observador menos atento sabe que cuando esa máquina siniestra se pone en marcha es porque hay elecciones en el horizonte. Las denuncias mediáticas sin fondo jurídico, las acusaciones disfrazadas de preguntas, el ‘tú más’ llevado a límites absurdos, constituyen de momento todo el catálogo de propuestas disponible.
El nombre que se pone a cada cosa es importante. Se dice que vamos a una repetición de las elecciones y eso es una falacia en varios sentidos. Lo que se celebra el 26 de junio no es una repetición sino unos comicios nuevos en una situación diferente a la del 20 de diciembre. La repetición electoral no existe en la Constitución y además con esa figura se pretende ignorar que durante los últimos cuatro meses el país ha tenido una legislatura. Fallida, sí, pero legislatura. Que se hagan cargo.
Estamos ante una situación nueva, provocada por la incapacidad de los partidos a la hora de asumir que el 20D el país entró en una etapa política diferente, ya veremos si peor o mejor pero diferente, a la de los últimos 34 años. No se puede hablar de repetición, además, porque la oferta no es la misma. En Málaga el PP se presentó con un cabeza de lista nuevo que pretendía simbolizar una renovación que ya se ha visto en qué ha quedado; el PSOE tuvo que cambiar a su número dos por un motivo que estaría bien que explicara; Podemos e IU han unido fuerzas en una operación que ya se verá qué efecto tiene entre quienes hace cuatro meses votaron a una u otra formación. ¿Cómo pueden hablar de repetición?
Es posible que volvamos a tener otra campaña en la que unos destacarán la necesidad de que el tren llegue a Marbella y otros prometerán un Ministerio de Turismo, en el que unos propondrán más reformas y otros se comprometerán a ponerles freno. Pero esta vez no son las propuestas lo único importante. En esta ocasión no sólo huele a viejo sino también a mentira el discurso de todos los candidatos que dicen que salen a ganar. Hace cuatro meses que sabemos que nadie va a ganar, ellos los primeros, y que el nuevo gobierno será de quien tenga capacidad para proponer pactos, llegar a acuerdos y conseguir mayoría parlamentaria.
Durante años los partidos se han negado a hablar de pactos durante la campaña y si esa postura tuvo sentido en algún momento ahora ya no. Que se hable de pactos durante la campaña electoral es la única manera de que cada uno sepa qué está votando. Después de cuatro meses de despropósito hay una sola oportunidad para que la opción lógica no sea quedarse en casa el día del comicio: que los partidos dejen de pedirnos que les demos, una vez más, un cheque en blanco.

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Cuenta atrás para un despropósito
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Héctor Barbotta | 20-05-2016 | 11:17| 0

Había un choque de principios y se impuso el pragmatismo. El gobierno municipal ya puede presumir de haber conseguido la paz social en el Ayuntamiento y, en clave más interna, de haberse congraciado con una fuerza fáctica que tuvo un papel relevante en el vuelco político que experimentó la ciudad en las elecciones municipales del año pasado.
El alcalde, José Bernal, y los sindicatos estaban enfrentados en una cuestión que a simple vista podía parecer secundaria pero que por la forma en que se había planteado parecía de casi imposible solución. Bernal se negaba a que en el nuevo convenio colectivo de los trabajadores laborales del Ayuntamiento siguiera figurando el seguro médico privado concedido por Jesús Gil en la época en la que los fondos públicos del Ayuntamiento de Marbella eran un botín disponible para quien demostrara tener menos escrúpulos. Pero para los sindicatos ese mismo seguro, que se encontraba de hecho suspendido porque no había póliza contratada, constituía un derecho reconocido por dos sentencias al que no se podía renunciar sin más. Este choque mantuvo en apariencia bloqueadas las negociaciones mientras se negociaba a resguardo de los focos.
Más allá de que posiblemente el manual del buen sindicalista debe decir que no se renuncia por las buenas a un derecho reconocido, incluso el más amoral de los negociadores debía ser consciente de que reclamar que una institución pública pague a sus empleados un seguro médico privado hurta a los representantes de los trabajadores de la más mínima referencia. No sólo porque los aleja de los principios que supuestamente deben defender, sino porque les arrebata cualquier posibilidad de construir un discurso o un relato coherente para defender sus propias reivindicaciones.
En un país que goza afortunadamente de un acceso universal a la sanidad pública y en un momento político en el que lo público ha sufrido constantes ataques desde el poder político, ¿cómo puede defenderse desde un sindicato de trabajadores públicos un acuerdo que conspira contra un servicio y un derecho esencial?
El acuerdo alcanzado ha obligado a inventar una palabra –un ejercicio por el que los políticos parecen sentir debilidad–, la ‘inaplicación’ del seguro. En esa situación se mantendrá hasta el mes de diciembre, cuando comience la negociación por el nuevo convenio colectivo en el que los trabajadores seguramente recuperarán derechos perdidos y al mismo tiempo tendrán que decir adiós a un privilegio del que de hecho hace tiempo que no disfrutan.
Los sindicatos contaban con dos sentencias que avalaban su postura y al mismo tiempo suponían una espada de Damocles para las frágiles cuentas del Ayuntamiento. Pero al mismo tiempo sabían que mantener la demanda de que el seguro médico privado sobreviviera era una postura insostenible. Posiblemente por ello se haya llegado a un acuerdo en el que ambas partes salvan la cara y que de alguna manera pone fecha de caducidad a un despropósito que nada tenía que ver con los legítimos y muchas veces vilipendiados derechos de los trabajadores.

 

La Bajadilla
Cuenta atrás para otro despropósito
Si algo faltaba para terminar de asumir que toda la trayectoria del jeque Al-Thani en relación con el puerto de La Bajadilla ha sido un soberano despropósito, esta semana hemos tenido un cruce de comunicados que demuestra hasta qué punto llega el enfrentamiento entre el dueño del Málaga y los socios que se había buscado para el proyecto de ampliación.
Como Al-Thani parece no hacerse cargo nunca de sus decisiones ni de las que se toman en su nombre, no se sabe si fue decisión suya o de alguno de los colaboradores que al parecer sistemáticamente lo traicionan, pero el hecho es que hace algunos meses, al mismo tiempo que tomaba el control del Málaga, el grupo Satli –del empresario Jamal Satli Iglesias– se hizo con la gestión de la concesionaria y tomó las riendas del proyecto del puerto de La Bajadilla. Colocó a uno de sus directivos, Gonzalo Hervás, como administrador de la sociedad concesionaria NAS Marbella, se hizo cargo de la gestión diaria del puerto, intentó redefinir el proyecto con una distribución diferente del suelo comercial y más aparcamientos, anunció obras de estudio sobre el terreno, comenzó a promocionar el puerto en ferias especializadas para comercializar los futuros locales y avisó al autor del proyecto que consideraba que sus honorarios eran muy elevados y por ello no los iba a cobrar aunque lo avalara un contrato firmado. Esto último abrió un conflicto que acabó en los tribunales y con las acciones de la concesionaria embargadas y bajo administración judicial. Tampoco consiguió que la Junta le permitiera redefinir el proyecto.
Cuando estalló el conflicto sobre la propiedad del Málaga, este grupo no se preocupó mucho en esconder que su aspiración no estaba en el fútbol sino en el puerto y en ello posiblemente resida la clave del comunicado enviado el pasado miércoles, cuando en nombre de NAS Marbella arremetió contra las instituciones, las acusó de deslealtad por buscar nuevos inversores y de filtrar información con interés «claramente malicioso» y posiblemente delictivo.
El jeque se apresuró en desmarcarse de ese comunicado y en desautorizar para hablar en nombre de NAS Marbella a quienes a estas alturas posiblemente ya habría que considerar exsocios.
Cuando el nuevo equipo de gobierno tomó posesión en el Ayuntamiento e intentó saber quién era su interlocutor en el puerto no encontró ningún papel que acreditara al grupo Satli como parte de la sociedad concesionaria. Sin embargo, uno de sus directivos figura como administrador. Este periódico está intentando sin éxito desde el jueves pasado obtener una explicación de esa sociedad.
La pregunta a estas alturas ya no es si la actual concesionaria hará algún día las obras. La situación es mucho más dramática: no existe certidumbre sobre quién es en realidad la concesionaria. Posiblemente haya que celebrar que la Agencia Pública de Puertos haya puesto fecha de caducidad a esta concesión malograda y que las acciones estén embargadas y bajo administración judicial. Sólo resta esperar que antes de que venza el plazo aparezca alguien con el mínimo de seriedad indispensable.

Política municipal
Las preguntas de la semana
-¿Alguien creía que los partidos iban a estar dispuestos a apagar el ventilador en pleno camino hacia las urnas?
-¿Era muy difícil prever que el asunto de las lindes iba a volver a aparecer en plena campaña electoral?
-¿El nuevo desmarque de Podemos del equipo de gobierno tiene alguna relación con la precampaña electoral?

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De juerga
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Héctor Barbotta | 13-05-2016 | 15:09| 0

Se encuentra gente muy interesante en Marbella. Personas que atesoran trayectorias en sus lugares de origen dignas de ser conocidas y que llegado un momento decidieron fijar su residencia en un lugar que consideran el mejor posible para vivir. También están los que eligen la ciudad para desarrollar sus trayectorias vitales, los que encuentran donde poder dar a sus familias la oportunidad que no tuvieron en su lugar de origen, los que atesoran con orgullo varias generaciones de marbelleros a sus espaldas… Marbella esconde muchas marbellas y no todas pueden apreciarse a simple vista.
Así, resulta inevitable que una ciudad tan permeable en la que todo el mundo se adapta y que se adapta a todo el mundo atraiga a algún que otro indeseable, y no sólo porque un lugar con más de 150 nacionalidades diferentes en su padrón de vecinos donde nadie llama la atención es el mejor lugar para esconderse.
Quienes piden que desaparezcan los impuestos que gravan las herencias tienen en un sujeto llamdo Capper al peor de sus propagandistas. Este personaje lleva varios años en Marbella disfrutando del dinero de su padre, un empresario británico multimillonario, sin otra actividad que las discotecas, las borracheras, las prostitutas y el consumo de drogas, según admitió él mismo a la policía.
Desde el martes por la noche está alojado en la prisión de Alhaurín de la Torre, a donde una jueza lo envió después de que el día anterior atropellara a una mujer de 40 años madre de tres hijos –uno de ellos de un año– que acababa de salir de su trabajo en un restaurante. Capper, que iba acompañado de otro sujeto de igual condición moral, no sólo no se detuvo a ayudar a la víctima, que murió, sino que se marchó toda velocidad a seguir la juerga en Estepona, donde fue detenido. Triplicaba el máximo permitido de alcohol en sangre.
Hay quien cree que esa muerte se podría haber evitado y que Capper y el otro deberían llevar un tiempo en prisión. En 2014 fueron detenidos por la desaparición de una joven cuyo rastro se perdió en una discoteca. Las cámaras de seguridad registraron que la muchacha, visiblemente ebria, entraba en el coche de los sujetos al parecer contra su voluntad. Tres días más tarde, otra cámara, instalada en el puerto de La Duquesa, permitió ver a varios hombres trasladando una pesada maleta hasta un barco propiedad de Capper que partiría momentos después.
Con esas pruebas, y con la sospecha de que el cuerpo de la mujer podría haber sido arrojado al mar, la policía lo detuvo pero el juez que entiende en la causa consideró insuficientes las pruebas y lo dejó en libertad aunque procesado. El angelito siguió la juerga. Hasta el lunes, cuando lo detuvieron en un bar de Estepona.

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El ventilador a toda marcha
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Héctor Barbotta | 09-05-2016 | 09:22| 0

No es que el resto del tiempo esto sea un dechado de virtudes, pero cuando llegamos a la antesala de una convocatoria electoral la práctica sectaria de los partidos se hace más visible. Es cuando más deberían disimular, al menos en función de sus propios intereses y de cuál viene siendo la percepción que la mayor parte de la población tiene de la actividad política, pero el comportamiento se hace más cristalino a medida que se avanza en el camino hacia las urnas.
Turismo y desempleo

Hace dos semanas tuvimos en Marbella una exhibición de comportamiento sectario cuando el presidente provincial del PP, Elías Bendodo, atribuyó el menor crecimiento del turismo en Marbella en el último año en relación a otros municipios del entorno a la nueva política de promoción turística del Ayuntamiento; sin tener en cuenta que el periodo que valoró para que los datos le dieran sustento a su argumento (febrero de 2015-febrero de 2016) incluían cinco meses de gobierno del PP en el Ayuntamiento y que la nueva política de promoción turística municipal sólo se hizo visible a partir de enero, cuando se presentó en Fitur el nuevo lema y hubo presencia municipal al margen del Patronato de Turismo. Este tipo de argumentaciones no sólo ponen de manifiesto hasta qué punto se utilizan no ya las instituciones sino hasta los datos en una dinámica partidista de la que los ciudadanos no sacan nada en claro, también muestran cierto desprecio por el más mínimo rigor intelectual.
Esta semana hemos tenido la contrapartida desde las filas del PSOE. Los datos del paro y del empleo turístico dieron la oportunidad al secretario provincial socialista, Miguel Ángel Heredia, y al propio alcalde, José Bernal, de atribuir los buenos resultados y también las excelentes previsiones en el sector no sólo a la estrategia de promoción turística del Ayuntamiento sino también a la política económica de la Junta de Andalucía. Así, desde esta perspectiva, cuando el paro sube es responsabilidad del Gobierno central, y cuando desciende, de la Junta de Andalucía. Desde las filas del PP el argumentario no es diferente, sólo es opuesto. Muchas veces se dice que frente a los discursos vacíos la respuesta está en acudir a los datos. Pero, como se ve, también los datos pueden manipularse según antojo de cada uno. Con los datos se pueden hacer análisis y también se puede hacer demagogia –o populismo, que es como se llama a la demagogia últimamente–. Y la demagogia puede servir para ganar algún voto pero sin análisis no hay manera de encontrar las soluciones a los problemas ciudadanos.

 
La cercanía de las elecciones también trae consigo un segundo efecto algo más desagradable que el anterior. En el entorno de la vida política se lo conoce como ‘el ventilador de mierda’. Esta semana también hemos tenido de eso. El asesor jurídico del alcalde, Carlos Cañavate, acudió finalmente a la citación de la comisión parlamentaria que investiga el fraude en los cursos de formación de la Junta después de que la Cámara tuviera dos intentos frustrados para localizarlo. Su testimonio era clave para la comisión, porque su declaración ante la Guardia Civil cuando aún era director de Formación Profesional para el Empleo de la Junta fue la que destapó la práctica habitual de eludir la rendición de cuentas que se había instalado en la administración autonómica. Fue destituido por el gobierno andaluz casi de inmediato pero el Ayuntamiento de Marbella lo repescó como cargo de confianza. A diferencia de lo que hizo cuando fue citado por la Guardia Civil, ante la comisión parlamentaria Cañavate optó por acogerse a su derecho a no declarar. Su postura, tan legítima desde el punto de vista legal como inasumible ética y estéticamente para quien cobra y ha cobrado de las arcas públicas, generó, como era de esperar, reacciones y contrarreacciones. Desde el PP acusaron al PSOE, y en concreto al alcalde, José Bernal, de comprar con un puesto de trabajo en Marbella el silencio de Cañavate, y el PSOE respondió con una nota en términos igualmente duros en la que advertía al PP que tenía mucho que callar porque debe dar explicaciones «y las dará en un futuro muy cercano» sobre su gestión al frente del Ayuntamiento de Marbella. Una amenaza en toda regla. El ventilador de mierda a toda máquina. ¿Tiene algo que ver todo esto con los intereses de los ciudadanos?

Está a punto de suscribirse el acuerdo de confluencia entre Podemos e Izquierda Unida y va llegando la hora de preguntarse qué repercusiones podrá tener ese acuerdo, si cuaja más allá de lo meramente electoral, en la política local de Marbella. De momento ambas formaciones llevan estrategias diametralmente opuestas en el Ayuntamiento, con el primer grupo dentro y el segundo fuera del gobierno municipal. Entre ambos suman cuatro de los 14 votos necesarios para sacar adelante las votaciones en el pleno ¿La posible convergencia aportará estabilidad al gobierno municipal o todo lo contrario?El gobierno municipal ha recibido un nuevo varapalo en los juzgados con la suspensión cautelar por el TSJA del artículo del reglamento que permitía nombrar a los altos cargos municipales. ¿Tendrá la decisión judicial consecuencias prácticas en el organigrama del Ayuntamiento o el equipo de gobierno se dispone a resistir?

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Sin plan B para la feria de noche
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Héctor Barbotta | 03-05-2016 | 12:03| 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos lo llaman pragmatismo; los más benevolentes, realismo, y los pretenciosos, ‘real politik’. Cuando un aspirante al poder consigue el objetivo de sentarse en el sillón soñado, en ocasiones la realidad le avisa de que algunas de las cosas que aspiraba a hacer tienen caminos difíciles y a veces, imposibles. Y el político se ve obligado a hacer aquello que no quería o que incluso criticaba cuando el bastón de mando no era más que una aspiración.
Hay diferentes maneras de abordar la situación. Están los que reconocen la realidad y la explican. Son los menos, lamentablemente. Están también los que actúan con cinismo y se pasan a defender con entusiasmo aquello que censuraban. Son los más. Y están también los que actúan con disimulo, mirando hacia otro lado, con la secreta intención de que el cambio de rumbo o la claudicación pacen desapercibidos.
El martes de la semana pasada la junta de gobierno del Ayuntamiento aprobó aceptar la cesión de los terrenos de la tercera fase de La Cañada para la celebración de la feria de San Bernabé. Lo hizo por trámite de urgencia y con un extenso informe del vicesecretario municipal en el que se advertía de que los terrenos tenían que ser recibidos en precario. Ya se conoce la prolongada batalla que Tomás Olivo –propietario de la sociedad General de Galerías Comerciales, titular de los terrenos– viene librando para que se reconozca su condición de suelo urbano consolidado, calificación que no aparece en el PGOU vigente pero sí en una sentencia del TSJA que de momento se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo por otra sociedad con intereses en la zona.
La hemeroteca es en ocasiones incómoda. Un año atrás, cuando el anterior equipo de gobierno anunció que la feria se celebraría provisionalmente en La Cañada mientras se construía un recinto ferial permanente en La Serranía, proyecto que se ha visto frustrado por la anulación del PGOU, la oposición de entonces criticó el acuerdo. El actual alcalde y entonces portavoz socialista, José Bernal, pidió que se aclarara el coste de la obra y se comprometió a devolver la feria de día al centro si alcanzaba la Alcaldía, como finalmente sucedió. Prudente, no asumió compromiso alguno en relación con la feria de noche. El portavoz de IU y actual edil de Movilidad, Miguel Díaz, fue más allá y aseguró que el acuerdo para celebrar la feria en los terrenos de La Cañada era «la constatación de un pacto por el que el empresario Tomás Olivo se ahorra más de 20 millones de euros en compensaciones a la ciudad».
Tan pronto como se vio abocado a la organización de la feria de este año, el actual equipo de gobierno adelantó que la de día volvería al centro de la ciudad. Y advertido de que las críticas del año pasado volverían como un bumerán si no se encontraba espacio alternativo para la de noche, exploró diferentes posibilidades que lo llevaron a descartar primero emplazamientos anteriores que hubiesen ocasionado una gran contestación vecinal, como el de Las Albarizas, y después otros que se plantearon como posibilidades que acabaron desechadas por falta de espacio suficiente o de infraestructuras, como el entorno del edificio del hotel Don Miguel.
A su pesar, el equipo de gobierno tuvo que regresar a donde no quería y volver a pedir los terrenos de La Cañada. Aprobó la cesión después de incluir el punto en el orden del día de la última junta de gobierno por la vía de urgencia y sin informar del mismo en la habitual rueda de prensa posterior. A no ser que tuvieran en mente celebrar la feria de noche de incógnito y con las luces apagadas, no se entiende por qué se eligió el camino de la opacidad. Cuando uno se equivoca o simplemente elige una opción indeseada porque no tiene otra, lo mejor es reconocerlo. Cualquier otro camino lleva al engaño y al cinismo.

Confusa citación de un asesor del alcalde
El próximo martes, el asesor jurídico del alcalde, Carlos Cañavate, se sentará ante la comisión del Parlamento de Andalucía que estudia el escándalo de los cursos de formación. Antes de recalar en el Ayuntamiento tras la investidura de José Bernal, Cañavate fue director general de Formación para el Empleo del Gobierno Andaluz, y en calidad de tal compareció como testigo ante la Guardia Civil el 4 de julio de 2014. Su testimonio abrió un nuevo frente en la causa en la que ya se investigaban los ERE fraudulentos y los cursos de formación, el de los consorcios de empleo de la Junta.
El testimonio de Cañavate fue clave porque reveló que a partir de 2007, seis años antes de que asumiera el cargo, comenzó a llegar tal volumen de dinero procedente de Europa para formar a parados que para evitar que no se pudieran renovar las ayudas por no haberse justificado el destino de los fondos anteriores se comenzó a eximir a los beneficiarios de la obligación de justificarlo mediante lo que se conoció como resoluciones de ‘exceptuación’. Esta posibilidad está prevista en la ley, pero lo que tendría que haber sido una práctica excepcional se transformó en habitual. Las consecuencias que tuvo aquella práctica son fáciles de deducir. El entonces director general aseguró que cuando llegó a su cargo se encontró con 950 millones de euros de ayudas a formación sin justificar.
Como era de esperar, tras la revelación de cómo había funcionado la gestión de los fondos antes de su llegada, Cañavate no duró mucho en su puesto. Ese mismo año fue destituido por Susana Díaz y el alto cargo de la Junta volvió a su despacho de abogado antes de que el Ayuntamiento de Marbella lo repescara como asesor jurídico del alcalde.
El caso es que ahora la comisión parlamentaria que investiga el fraude masivo en los cursos de formación quiere contar con su testimonio indudablemente valioso, pero al parecer hubo problemas para hacerle llegar la citación.
Según revelaron a este periódico fuentes parlamentarias, existieron dos intentos fallidos de comunicarle la convocatoria. Tal es así, que el parlamentario de Podemos que interviene en la comisión, el sevillano Juan Ignacio Yagüe, tuvo que comunicarse con el secretario local de ese partido en Marbella, Manuel González, para que intercediera y le hiciera llegar la citación. Finalmente, fue la concejala Victoria Mendiola, también de Podemos, la que hizo la gestión personalmente en la Alcaldía. En el PSOE aseguran que cuando la edil de Podemos se interesó por esta cuestión, Cañavate ya estaba avisado. En todo caso, el martes ofrecerá su testimonio ante la comisión parlamentaria. Habrá que esperar hasta entonces para saber si lo hará de manera tan locuaz como ante la Guardia Civil.

Las preguntas de la semana
Su dimisión como diputado después de haber encabezado la lista del PP en las últimas elecciones han puesto en el primer plano al alcalde de Estepona, José María García Urbano. El regidor ha preferido guardar silencio sobre los motivos que lo llevaron a abandonar, por lo que las preguntas de la semana van dirigidas a él.
-¿No sabía antes de presentarse a las elecciones generales que su condición de registrador de la propiedad en Huelva era incompatible con la de diputado?- ¿Por qué no informó cuando renunció al sueldo de alcalde que seguiría cobrando como registrador de la propiedad?
- ¿Tenía expectativas de ocupar un alto cargo en la Administración por el que sí habría dejado su puesto de registrador?
-¿Ha defraudado la confianza de Elías Bendodo y de Juanma Moreno, que apostaron por usted ante Mariano Rajoy, que quería mantener a Celia Villalobos como número uno por Málaga?-¿Considera que ha sido maltratado por compañeros de su partido, que lo enviaron a la última fila del hemiciclo y no le dieron responsabilidades? ¿Ha vivido en carne propia la desconfianza de los partidos políticos hacia las personas que vienen de la actividad privada?
-¿Se equivocó al aceptar encabezar una lista con Celia Villalobos como número 2?

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Una cuestión de dinero
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Héctor Barbotta | 25-04-2016 | 08:45| 0

 

Es cuestión de dinero. Como en todo en la vida, diría alguien. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reconoció este lunes en Marbella que el proyecto de ampliación del Hospital Costa del Sol está bloqueado judicialmente. Aseguró que se trata de una situación muy complicada por las denuncias que se han cruzado los diferentes actores que intervienen en el proyecto: la Junta a través de la Agencia Sanitaria de la Costa del Sol, el Ayuntamiento de Marbella y la sociedad concesionaria.
La presidenta volvió a mostrarse como la máxima defensora de los servicios públicos, sanitarios y educativos, que constituyen el eje de su discurso político, y para ello propuso como prueba que en la misma semana en que visitó Marbella inauguraría dos hospitales, uno en Loja y otro en Alcalá la Real. Pero las obras de ampliación del Costa del Sol, subrayó para demostrar de que no se trata de una cuestión de voluntad política, están bloqueadas judicialmente. Eso sí, aseguró que está trabajando para destrabar la situación. Lo que no dijo es que estamos ante una situación que sólo puede desbloquearse de una manera: con dinero encima de la mesa.
El acuerdo y la voluntad ya existen. Las partes involucradas firmaron hace casi dos años, el 1 de agosto de 2014, un acuerdo para continuar las obras. Allí, se asumieron diferentes compromisos: la Agencia Sanitaria, reordenar y finalizar el proyecto; el Ayuntamiento, conceder la licencia para la explotación de los aparcamientos, de la urbanización y de la explotación de las zonas comerciales, ceder suelo que faltaba y no autorizar aparcamientos en la zona; la concesionaria, hacer un significativo descuento en el aparcamiento a los vecinos de Marbella y terminar las obras en 2016. Entonces sólo quedaba un fleco: calcular la indemnización que le correspondería a la concesionaria para garantizarse su viabilidad. Esa cantidad, que tenía que aportar la Junta, rondaría los diez millones de euros, según reconoció en aquel momento el gerente del Servicio Andaluz de Salud. Las obras no volvieron a ponerse en marcha y las demandas cruzadas que todas las partes se habían interpuesto siguen en los tribunales.
La conclusión es sencilla: el Hospital Costa del Sol no se amplía por una única razón: no hay dinero. Al menos, no hay dinero para el Hospital Costa del Sol. Eso es algo que ya sabíamos desde el inicio, cuando la Junta aprobó su ampliación con inversión cero y mediante una concesión que se financiaría a través de la explotación de los aparcamientos y de los locales comerciales. Y cuando esa fórmula falló por la contestación ciudadana y del Ayuntamiento gobernado por el PP, que vio la oportunidad de desgastar a la Junta poniéndose de parte de los vecinos que se negaban a pagar un parking como si en lugar de ir al médico estuviesen yendo al cine, no hubo fórmula alternativa. El acuerdo para desbloquear la situación no se ha materializado porque sigue sin haber dinero. Y se destrabará, si es que ese momento llega, cuando la Junta se rasque el bolsillo. No hay más misterios.
Por eso, cuando se anunció la visita a Marbella de la presidenta de la Junta de Andalucía y desde el gabinete del alcalde se filtró que Susana Díaz haría un anuncio importante para Marbella, todas las miradas se posaron sobre el hospital. Sin embargo, desde la Junta tuvieron la prudencia de rebajar las expectativas. Advirtieron a quienes se interesaron por saber qué venía a hacer a Marbella un presidente de la Junta de Andalucía después de diez años de ausencia que a lo que venía la presidenta era, precisamente, a dar por finalizados esos diez años. No con esas palabras, claro. Para este tipo de trámites protocolarios se utiliza la fórmula ‘visita institucional’. No iba a haber anuncios relevantes y no los hubo.
Susana Díaz llegó con el retraso habitual que se pueden permitir quienes mandan mucho, atendió a la prensa en una sala a la que se le habían quitado las sillas posiblemente porque al estilo de la presidenta no le sienta bien poner una mesa entre ella y los informadores, contestó a todas las preguntas sin escaparse de ninguna y después cumplió con el protocolo que se había preparado. La reunión privada de algunos minutos con el alcalde «para tratar los temas pendientes», la firma en el libro de honor y la inauguración de un vivero de empresas en el que la Junta no había tenido nada que ver hasta un par de semanas antes de la visita, cuando se decidió que el CADE se mudaría a ese edificio construido con fondos municipales y europeos, completaron la visita.
La cosecha, más allá de la escenificación de una sintonía institucional bienvenida pero que no debería depender del color político de quien ocupa la Alcaldía, fue la promesa de que la Junta está trabajando en la licitación de la redacción del proyecto del instituto de San Pedro. Hubo hasta quien en los días posteriores sacó pecho por eso.

LAS PREGUNTAS DE LA SEMANA

Después de haber acusado con razón a Elías Bendodo de utilizar el turismo como arma arrojadiza –el presidente del PP, de la Diputación y del Patronato de Turismo volvió a hacerlo la semana pasada en Marbella– José Bernal ha lanzado una voz de alarma sobre el posible desabastecimiento de agua durante el verano. La pregunta: ¿Fue por un impulso o tenía previsto abrir un frente de batalla antes de tomar conocimiento del enfado que esa iniciativa despertaría en varios de sus compañeros de partido como los alcaldes de Torremolinos y Ojén?

Durante la visita institucional de Susana Díaz a Marbella cada grupo político jugó su papel. Los ediles del PSOE arroparon a la presidenta; los del PP mostraron su rechazo a los compromisos incumplidos con una carta que le entregaron en mano; los de Izquierda Unida tuvieron una presencia menos que discreta; los de Podemos se dejaron ver con camisetas reivindicativas, y los de Opción Sampedreña cumplieron roles opuestos. Manuel Osorio cumplió con su papel institucional sin complejos y Rafael Piña no apareció por el Ayuntamiento. Las preguntas: ¿Fue un reparto de papeles espontáneo? ¿Fue consensuado? ¿Fue reflejo de la valoración que hace cada uno de cómo va el desarrollo del pacto de gobierno y las inversiones comprometidas por la Junta en San Pedro?

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, deja el Congreso de los Diputados después de que la propia Cámara decidiera que tenía que elegir entre su condición de diputado y la de registrador de la propiedad. Antes de que la Cámara lo informara, anunció que se iba para centrarse en las tareas municipales. Las expectativas que albergaba cuando aceptó encabezar la lista del Partido Popular no se confirmaron y durante los escasos tres meses que pasó en la Carrera de San Jerónimo se ha visto relegado a una presencia testimonial en dos comisiones sin relevancia política y a un asiento situado en la última fila del hemiciclo. Está claro que no repetirá como candidato cuando se convoquen nuevas elecciones. La pregunta: ¿Cuál fue el papel de Celia Villalobos en la marginación política que sufrió quien había sido presentado como prueba de la renovación del Partido Popular en la provincia?

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Cobardes
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Héctor Barbotta | 21-04-2016 | 10:58| 0

Después de aquellos trágicos años en los que el secuestro de aviones constituía la operatividad habitual de organizaciones terroristas de todo tipo, las democracias alcanzaron un acuerdo que redujo esa práctica a la marginalidad: ningún gobierno negociaría con piratas aéreos. A partir de esa decisión, hacer rehenes a pasajeros se convirtió en el pasaporte seguro a una derrota.
En estos días hemos conocido nuevas y más sofisticadas formas de piratería, una especie de terrorismo judicial. Dos asociaciones cuyo hedor podía ser percibido por cualquier observador más o menos atento eran en realidad organizaciones criminales que vivían del chantaje.
Entre las víctimas de esta actividad se encontraban, según las informaciones de los últimos días, Unicaja y su presidente, Braulio Medel. Según el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la entidad financiera de Málaga llegó a pagar más de 600.000 euros a estas organizaciones delictivas para acabar con el acoso judicial a su máximo responsable.
Unicaja no fue la única víctima de este accionar mafioso, que al parecer creció gracias a que la mayor parte de los chantajeados cedieron en lugar de denunciar. A nadie se le puede pedir, ni mucho menos obligar, a ser valiente al extremo de la temeridad, pero un mínimo de coraje cívico sí es exigible.
Cuando en Marbella se comenzaron a conocer los detalles de cómo Roca había construido su fortuna exigiendo mordidas a los promotores, algunos empresarios se justificaron en que pagar los sobornos era la única manera que tenían de hacer su trabajo. Con buen criterio el juez los acabó procesando. A veces hacer lo que se debe requiere de cierto coraje, y las actitudes inspiradas en la cobardía o en la comodidad acaban bordeando la complicidad. Ahora comenzamos a conocer hasta dónde había crecido un monstruo que se había convertido en gigante. Lo que no imaginábamos era la pequeñez de sus víctimas.
La cobardía no es exclusiva de banqueros. A veces se aprecia también en quienes se parapetan en la trinchera opuesta. El líder del SAT Diego Cañamero se esconde estos días porque no quiere ir a declarar ante la jueza que ha abierto una causa por uno de los asaltos a los supermercados que lideró para denunciar la situación de precariedad de muchas familias andaluzas. Cañamero dice ahora que la mercancía que se llevó por las bravas fue en realidad una donación del supermercado.
El cinismo y la cobardía no deberían ser la inspiración de un líder político o social. Quien se pone al frente de una acción reivindicativa y de propaganda, como fue aquella, debería tener al menos el coraje de asumir sus consecuencias.

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Dinero
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Héctor Barbotta | 16-04-2016 | 16:36| 0

Para la mayor parte de los mortales el dinero es escaso y sirve en el mejor de los casos para satisfacer las necesidades básicas. Hay quienes una vez cubiertas esas necesidades encuentran en el dinero el camino para darse algunos gustos y satisfacer cuestiones más superfluas. Hay afortunados que ven en el dinero la posibilidad de comprar tranquilidad y tiempo, y también están aquellos menos afortunados a quienes el dinero les alcanza para comprar cosas a las que una vez pasada la compulsión consumista no le encuentran utilidad alguna. Están los que invierten la ecuación y adquieren una capacidad asombrosa para crearse necesidades en las que gastar lo que tienen y muchas veces también lo que no tienen. Están también los que encuentran en el dinero la posibilidad de aparentar lo que no son o de conseguir prestigio, respeto, admiración, adulación, sexo y hasta amistad o cariño.
Y finalmente están aquellos para quienes la acumulación de dinero no supone nada de eso, sino la posibilidad de ejercer poder. No son pocos quienes han perdido la cabeza por seguir acumulando más dinero del que podrían gastar en varias vidas y han acabado consumiendo gran parte de su única vida en un calabozo. No resulta difícil encontrar ejemplos de este último modelo. A muchos los tenemos cerca.
A Mario Conde, que pasó por Marbella horas antes de que la Guardia Civil lo llevara otra vez a la cárcel, lo pillaron posiblemente por el exceso de confianza en el que al parecer incurrió al acelerar la repatriación del dinero que se había llevado tras vaciar Banesto. Más dinero del que él y sus hijos podrían disfrutar.
Juan Antonio Roca, que acumuló desde el Ayuntamiento de Marbella una de las fortunas más grandes de este país, intenta en estos días que la Fiscalía le acepte una confesión general en los 122 casos que le quedan pendientes para poder concretar una pena de 20 años de cárcel y comenzar a pensar en algún permiso de fin de semana. Julián Muñoz, que también acumuló lo suyo, intenta salir de la prisión por la vía de inspirar pena y mostrar arrepentimiento, pero no da ninguna señal de estar dispuesto a devolver un duro. José Luis Sierra, uno de los personajes claves en el saqueo de Marbella y también dueño de una fortuna malhabida, salió de la cárcel consumido por la enfermedad y ahora pasa sus últimos días sin saber quién es mientras sus testaferros se apoderan del botín.
No pasa un día en el que no tengamos noticia de un nuevo caso de deslumbrados por el dinero que se arriesgan a acabar entre rejas por acumular más de lo que nunca podrán gastar y uno no puede dejar de preguntarse si, pobres, les merecerá la pena.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella