Diario Sur

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El ventilador a toda marcha
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Héctor Barbotta | 09-05-2016 | 09:22| 0

No es que el resto del tiempo esto sea un dechado de virtudes, pero cuando llegamos a la antesala de una convocatoria electoral la práctica sectaria de los partidos se hace más visible. Es cuando más deberían disimular, al menos en función de sus propios intereses y de cuál viene siendo la percepción que la mayor parte de la población tiene de la actividad política, pero el comportamiento se hace más cristalino a medida que se avanza en el camino hacia las urnas.
Turismo y desempleo

Hace dos semanas tuvimos en Marbella una exhibición de comportamiento sectario cuando el presidente provincial del PP, Elías Bendodo, atribuyó el menor crecimiento del turismo en Marbella en el último año en relación a otros municipios del entorno a la nueva política de promoción turística del Ayuntamiento; sin tener en cuenta que el periodo que valoró para que los datos le dieran sustento a su argumento (febrero de 2015-febrero de 2016) incluían cinco meses de gobierno del PP en el Ayuntamiento y que la nueva política de promoción turística municipal sólo se hizo visible a partir de enero, cuando se presentó en Fitur el nuevo lema y hubo presencia municipal al margen del Patronato de Turismo. Este tipo de argumentaciones no sólo ponen de manifiesto hasta qué punto se utilizan no ya las instituciones sino hasta los datos en una dinámica partidista de la que los ciudadanos no sacan nada en claro, también muestran cierto desprecio por el más mínimo rigor intelectual.
Esta semana hemos tenido la contrapartida desde las filas del PSOE. Los datos del paro y del empleo turístico dieron la oportunidad al secretario provincial socialista, Miguel Ángel Heredia, y al propio alcalde, José Bernal, de atribuir los buenos resultados y también las excelentes previsiones en el sector no sólo a la estrategia de promoción turística del Ayuntamiento sino también a la política económica de la Junta de Andalucía. Así, desde esta perspectiva, cuando el paro sube es responsabilidad del Gobierno central, y cuando desciende, de la Junta de Andalucía. Desde las filas del PP el argumentario no es diferente, sólo es opuesto. Muchas veces se dice que frente a los discursos vacíos la respuesta está en acudir a los datos. Pero, como se ve, también los datos pueden manipularse según antojo de cada uno. Con los datos se pueden hacer análisis y también se puede hacer demagogia –o populismo, que es como se llama a la demagogia últimamente–. Y la demagogia puede servir para ganar algún voto pero sin análisis no hay manera de encontrar las soluciones a los problemas ciudadanos.

 
La cercanía de las elecciones también trae consigo un segundo efecto algo más desagradable que el anterior. En el entorno de la vida política se lo conoce como ‘el ventilador de mierda’. Esta semana también hemos tenido de eso. El asesor jurídico del alcalde, Carlos Cañavate, acudió finalmente a la citación de la comisión parlamentaria que investiga el fraude en los cursos de formación de la Junta después de que la Cámara tuviera dos intentos frustrados para localizarlo. Su testimonio era clave para la comisión, porque su declaración ante la Guardia Civil cuando aún era director de Formación Profesional para el Empleo de la Junta fue la que destapó la práctica habitual de eludir la rendición de cuentas que se había instalado en la administración autonómica. Fue destituido por el gobierno andaluz casi de inmediato pero el Ayuntamiento de Marbella lo repescó como cargo de confianza. A diferencia de lo que hizo cuando fue citado por la Guardia Civil, ante la comisión parlamentaria Cañavate optó por acogerse a su derecho a no declarar. Su postura, tan legítima desde el punto de vista legal como inasumible ética y estéticamente para quien cobra y ha cobrado de las arcas públicas, generó, como era de esperar, reacciones y contrarreacciones. Desde el PP acusaron al PSOE, y en concreto al alcalde, José Bernal, de comprar con un puesto de trabajo en Marbella el silencio de Cañavate, y el PSOE respondió con una nota en términos igualmente duros en la que advertía al PP que tenía mucho que callar porque debe dar explicaciones «y las dará en un futuro muy cercano» sobre su gestión al frente del Ayuntamiento de Marbella. Una amenaza en toda regla. El ventilador de mierda a toda máquina. ¿Tiene algo que ver todo esto con los intereses de los ciudadanos?

Está a punto de suscribirse el acuerdo de confluencia entre Podemos e Izquierda Unida y va llegando la hora de preguntarse qué repercusiones podrá tener ese acuerdo, si cuaja más allá de lo meramente electoral, en la política local de Marbella. De momento ambas formaciones llevan estrategias diametralmente opuestas en el Ayuntamiento, con el primer grupo dentro y el segundo fuera del gobierno municipal. Entre ambos suman cuatro de los 14 votos necesarios para sacar adelante las votaciones en el pleno ¿La posible convergencia aportará estabilidad al gobierno municipal o todo lo contrario?El gobierno municipal ha recibido un nuevo varapalo en los juzgados con la suspensión cautelar por el TSJA del artículo del reglamento que permitía nombrar a los altos cargos municipales. ¿Tendrá la decisión judicial consecuencias prácticas en el organigrama del Ayuntamiento o el equipo de gobierno se dispone a resistir?

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Sin plan B para la feria de noche
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Héctor Barbotta | 03-05-2016 | 12:03| 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos lo llaman pragmatismo; los más benevolentes, realismo, y los pretenciosos, ‘real politik’. Cuando un aspirante al poder consigue el objetivo de sentarse en el sillón soñado, en ocasiones la realidad le avisa de que algunas de las cosas que aspiraba a hacer tienen caminos difíciles y a veces, imposibles. Y el político se ve obligado a hacer aquello que no quería o que incluso criticaba cuando el bastón de mando no era más que una aspiración.
Hay diferentes maneras de abordar la situación. Están los que reconocen la realidad y la explican. Son los menos, lamentablemente. Están también los que actúan con cinismo y se pasan a defender con entusiasmo aquello que censuraban. Son los más. Y están también los que actúan con disimulo, mirando hacia otro lado, con la secreta intención de que el cambio de rumbo o la claudicación pacen desapercibidos.
El martes de la semana pasada la junta de gobierno del Ayuntamiento aprobó aceptar la cesión de los terrenos de la tercera fase de La Cañada para la celebración de la feria de San Bernabé. Lo hizo por trámite de urgencia y con un extenso informe del vicesecretario municipal en el que se advertía de que los terrenos tenían que ser recibidos en precario. Ya se conoce la prolongada batalla que Tomás Olivo –propietario de la sociedad General de Galerías Comerciales, titular de los terrenos– viene librando para que se reconozca su condición de suelo urbano consolidado, calificación que no aparece en el PGOU vigente pero sí en una sentencia del TSJA que de momento se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo por otra sociedad con intereses en la zona.
La hemeroteca es en ocasiones incómoda. Un año atrás, cuando el anterior equipo de gobierno anunció que la feria se celebraría provisionalmente en La Cañada mientras se construía un recinto ferial permanente en La Serranía, proyecto que se ha visto frustrado por la anulación del PGOU, la oposición de entonces criticó el acuerdo. El actual alcalde y entonces portavoz socialista, José Bernal, pidió que se aclarara el coste de la obra y se comprometió a devolver la feria de día al centro si alcanzaba la Alcaldía, como finalmente sucedió. Prudente, no asumió compromiso alguno en relación con la feria de noche. El portavoz de IU y actual edil de Movilidad, Miguel Díaz, fue más allá y aseguró que el acuerdo para celebrar la feria en los terrenos de La Cañada era «la constatación de un pacto por el que el empresario Tomás Olivo se ahorra más de 20 millones de euros en compensaciones a la ciudad».
Tan pronto como se vio abocado a la organización de la feria de este año, el actual equipo de gobierno adelantó que la de día volvería al centro de la ciudad. Y advertido de que las críticas del año pasado volverían como un bumerán si no se encontraba espacio alternativo para la de noche, exploró diferentes posibilidades que lo llevaron a descartar primero emplazamientos anteriores que hubiesen ocasionado una gran contestación vecinal, como el de Las Albarizas, y después otros que se plantearon como posibilidades que acabaron desechadas por falta de espacio suficiente o de infraestructuras, como el entorno del edificio del hotel Don Miguel.
A su pesar, el equipo de gobierno tuvo que regresar a donde no quería y volver a pedir los terrenos de La Cañada. Aprobó la cesión después de incluir el punto en el orden del día de la última junta de gobierno por la vía de urgencia y sin informar del mismo en la habitual rueda de prensa posterior. A no ser que tuvieran en mente celebrar la feria de noche de incógnito y con las luces apagadas, no se entiende por qué se eligió el camino de la opacidad. Cuando uno se equivoca o simplemente elige una opción indeseada porque no tiene otra, lo mejor es reconocerlo. Cualquier otro camino lleva al engaño y al cinismo.

Confusa citación de un asesor del alcalde
El próximo martes, el asesor jurídico del alcalde, Carlos Cañavate, se sentará ante la comisión del Parlamento de Andalucía que estudia el escándalo de los cursos de formación. Antes de recalar en el Ayuntamiento tras la investidura de José Bernal, Cañavate fue director general de Formación para el Empleo del Gobierno Andaluz, y en calidad de tal compareció como testigo ante la Guardia Civil el 4 de julio de 2014. Su testimonio abrió un nuevo frente en la causa en la que ya se investigaban los ERE fraudulentos y los cursos de formación, el de los consorcios de empleo de la Junta.
El testimonio de Cañavate fue clave porque reveló que a partir de 2007, seis años antes de que asumiera el cargo, comenzó a llegar tal volumen de dinero procedente de Europa para formar a parados que para evitar que no se pudieran renovar las ayudas por no haberse justificado el destino de los fondos anteriores se comenzó a eximir a los beneficiarios de la obligación de justificarlo mediante lo que se conoció como resoluciones de ‘exceptuación’. Esta posibilidad está prevista en la ley, pero lo que tendría que haber sido una práctica excepcional se transformó en habitual. Las consecuencias que tuvo aquella práctica son fáciles de deducir. El entonces director general aseguró que cuando llegó a su cargo se encontró con 950 millones de euros de ayudas a formación sin justificar.
Como era de esperar, tras la revelación de cómo había funcionado la gestión de los fondos antes de su llegada, Cañavate no duró mucho en su puesto. Ese mismo año fue destituido por Susana Díaz y el alto cargo de la Junta volvió a su despacho de abogado antes de que el Ayuntamiento de Marbella lo repescara como asesor jurídico del alcalde.
El caso es que ahora la comisión parlamentaria que investiga el fraude masivo en los cursos de formación quiere contar con su testimonio indudablemente valioso, pero al parecer hubo problemas para hacerle llegar la citación.
Según revelaron a este periódico fuentes parlamentarias, existieron dos intentos fallidos de comunicarle la convocatoria. Tal es así, que el parlamentario de Podemos que interviene en la comisión, el sevillano Juan Ignacio Yagüe, tuvo que comunicarse con el secretario local de ese partido en Marbella, Manuel González, para que intercediera y le hiciera llegar la citación. Finalmente, fue la concejala Victoria Mendiola, también de Podemos, la que hizo la gestión personalmente en la Alcaldía. En el PSOE aseguran que cuando la edil de Podemos se interesó por esta cuestión, Cañavate ya estaba avisado. En todo caso, el martes ofrecerá su testimonio ante la comisión parlamentaria. Habrá que esperar hasta entonces para saber si lo hará de manera tan locuaz como ante la Guardia Civil.

Las preguntas de la semana
Su dimisión como diputado después de haber encabezado la lista del PP en las últimas elecciones han puesto en el primer plano al alcalde de Estepona, José María García Urbano. El regidor ha preferido guardar silencio sobre los motivos que lo llevaron a abandonar, por lo que las preguntas de la semana van dirigidas a él.
-¿No sabía antes de presentarse a las elecciones generales que su condición de registrador de la propiedad en Huelva era incompatible con la de diputado?- ¿Por qué no informó cuando renunció al sueldo de alcalde que seguiría cobrando como registrador de la propiedad?
- ¿Tenía expectativas de ocupar un alto cargo en la Administración por el que sí habría dejado su puesto de registrador?
-¿Ha defraudado la confianza de Elías Bendodo y de Juanma Moreno, que apostaron por usted ante Mariano Rajoy, que quería mantener a Celia Villalobos como número uno por Málaga?-¿Considera que ha sido maltratado por compañeros de su partido, que lo enviaron a la última fila del hemiciclo y no le dieron responsabilidades? ¿Ha vivido en carne propia la desconfianza de los partidos políticos hacia las personas que vienen de la actividad privada?
-¿Se equivocó al aceptar encabezar una lista con Celia Villalobos como número 2?

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Una cuestión de dinero
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Héctor Barbotta | 25-04-2016 | 08:45| 0

 

Es cuestión de dinero. Como en todo en la vida, diría alguien. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reconoció este lunes en Marbella que el proyecto de ampliación del Hospital Costa del Sol está bloqueado judicialmente. Aseguró que se trata de una situación muy complicada por las denuncias que se han cruzado los diferentes actores que intervienen en el proyecto: la Junta a través de la Agencia Sanitaria de la Costa del Sol, el Ayuntamiento de Marbella y la sociedad concesionaria.
La presidenta volvió a mostrarse como la máxima defensora de los servicios públicos, sanitarios y educativos, que constituyen el eje de su discurso político, y para ello propuso como prueba que en la misma semana en que visitó Marbella inauguraría dos hospitales, uno en Loja y otro en Alcalá la Real. Pero las obras de ampliación del Costa del Sol, subrayó para demostrar de que no se trata de una cuestión de voluntad política, están bloqueadas judicialmente. Eso sí, aseguró que está trabajando para destrabar la situación. Lo que no dijo es que estamos ante una situación que sólo puede desbloquearse de una manera: con dinero encima de la mesa.
El acuerdo y la voluntad ya existen. Las partes involucradas firmaron hace casi dos años, el 1 de agosto de 2014, un acuerdo para continuar las obras. Allí, se asumieron diferentes compromisos: la Agencia Sanitaria, reordenar y finalizar el proyecto; el Ayuntamiento, conceder la licencia para la explotación de los aparcamientos, de la urbanización y de la explotación de las zonas comerciales, ceder suelo que faltaba y no autorizar aparcamientos en la zona; la concesionaria, hacer un significativo descuento en el aparcamiento a los vecinos de Marbella y terminar las obras en 2016. Entonces sólo quedaba un fleco: calcular la indemnización que le correspondería a la concesionaria para garantizarse su viabilidad. Esa cantidad, que tenía que aportar la Junta, rondaría los diez millones de euros, según reconoció en aquel momento el gerente del Servicio Andaluz de Salud. Las obras no volvieron a ponerse en marcha y las demandas cruzadas que todas las partes se habían interpuesto siguen en los tribunales.
La conclusión es sencilla: el Hospital Costa del Sol no se amplía por una única razón: no hay dinero. Al menos, no hay dinero para el Hospital Costa del Sol. Eso es algo que ya sabíamos desde el inicio, cuando la Junta aprobó su ampliación con inversión cero y mediante una concesión que se financiaría a través de la explotación de los aparcamientos y de los locales comerciales. Y cuando esa fórmula falló por la contestación ciudadana y del Ayuntamiento gobernado por el PP, que vio la oportunidad de desgastar a la Junta poniéndose de parte de los vecinos que se negaban a pagar un parking como si en lugar de ir al médico estuviesen yendo al cine, no hubo fórmula alternativa. El acuerdo para desbloquear la situación no se ha materializado porque sigue sin haber dinero. Y se destrabará, si es que ese momento llega, cuando la Junta se rasque el bolsillo. No hay más misterios.
Por eso, cuando se anunció la visita a Marbella de la presidenta de la Junta de Andalucía y desde el gabinete del alcalde se filtró que Susana Díaz haría un anuncio importante para Marbella, todas las miradas se posaron sobre el hospital. Sin embargo, desde la Junta tuvieron la prudencia de rebajar las expectativas. Advirtieron a quienes se interesaron por saber qué venía a hacer a Marbella un presidente de la Junta de Andalucía después de diez años de ausencia que a lo que venía la presidenta era, precisamente, a dar por finalizados esos diez años. No con esas palabras, claro. Para este tipo de trámites protocolarios se utiliza la fórmula ‘visita institucional’. No iba a haber anuncios relevantes y no los hubo.
Susana Díaz llegó con el retraso habitual que se pueden permitir quienes mandan mucho, atendió a la prensa en una sala a la que se le habían quitado las sillas posiblemente porque al estilo de la presidenta no le sienta bien poner una mesa entre ella y los informadores, contestó a todas las preguntas sin escaparse de ninguna y después cumplió con el protocolo que se había preparado. La reunión privada de algunos minutos con el alcalde «para tratar los temas pendientes», la firma en el libro de honor y la inauguración de un vivero de empresas en el que la Junta no había tenido nada que ver hasta un par de semanas antes de la visita, cuando se decidió que el CADE se mudaría a ese edificio construido con fondos municipales y europeos, completaron la visita.
La cosecha, más allá de la escenificación de una sintonía institucional bienvenida pero que no debería depender del color político de quien ocupa la Alcaldía, fue la promesa de que la Junta está trabajando en la licitación de la redacción del proyecto del instituto de San Pedro. Hubo hasta quien en los días posteriores sacó pecho por eso.

LAS PREGUNTAS DE LA SEMANA

Después de haber acusado con razón a Elías Bendodo de utilizar el turismo como arma arrojadiza –el presidente del PP, de la Diputación y del Patronato de Turismo volvió a hacerlo la semana pasada en Marbella– José Bernal ha lanzado una voz de alarma sobre el posible desabastecimiento de agua durante el verano. La pregunta: ¿Fue por un impulso o tenía previsto abrir un frente de batalla antes de tomar conocimiento del enfado que esa iniciativa despertaría en varios de sus compañeros de partido como los alcaldes de Torremolinos y Ojén?

Durante la visita institucional de Susana Díaz a Marbella cada grupo político jugó su papel. Los ediles del PSOE arroparon a la presidenta; los del PP mostraron su rechazo a los compromisos incumplidos con una carta que le entregaron en mano; los de Izquierda Unida tuvieron una presencia menos que discreta; los de Podemos se dejaron ver con camisetas reivindicativas, y los de Opción Sampedreña cumplieron roles opuestos. Manuel Osorio cumplió con su papel institucional sin complejos y Rafael Piña no apareció por el Ayuntamiento. Las preguntas: ¿Fue un reparto de papeles espontáneo? ¿Fue consensuado? ¿Fue reflejo de la valoración que hace cada uno de cómo va el desarrollo del pacto de gobierno y las inversiones comprometidas por la Junta en San Pedro?

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, deja el Congreso de los Diputados después de que la propia Cámara decidiera que tenía que elegir entre su condición de diputado y la de registrador de la propiedad. Antes de que la Cámara lo informara, anunció que se iba para centrarse en las tareas municipales. Las expectativas que albergaba cuando aceptó encabezar la lista del Partido Popular no se confirmaron y durante los escasos tres meses que pasó en la Carrera de San Jerónimo se ha visto relegado a una presencia testimonial en dos comisiones sin relevancia política y a un asiento situado en la última fila del hemiciclo. Está claro que no repetirá como candidato cuando se convoquen nuevas elecciones. La pregunta: ¿Cuál fue el papel de Celia Villalobos en la marginación política que sufrió quien había sido presentado como prueba de la renovación del Partido Popular en la provincia?

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Cobardes
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Héctor Barbotta | 21-04-2016 | 10:58| 0

Después de aquellos trágicos años en los que el secuestro de aviones constituía la operatividad habitual de organizaciones terroristas de todo tipo, las democracias alcanzaron un acuerdo que redujo esa práctica a la marginalidad: ningún gobierno negociaría con piratas aéreos. A partir de esa decisión, hacer rehenes a pasajeros se convirtió en el pasaporte seguro a una derrota.
En estos días hemos conocido nuevas y más sofisticadas formas de piratería, una especie de terrorismo judicial. Dos asociaciones cuyo hedor podía ser percibido por cualquier observador más o menos atento eran en realidad organizaciones criminales que vivían del chantaje.
Entre las víctimas de esta actividad se encontraban, según las informaciones de los últimos días, Unicaja y su presidente, Braulio Medel. Según el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la entidad financiera de Málaga llegó a pagar más de 600.000 euros a estas organizaciones delictivas para acabar con el acoso judicial a su máximo responsable.
Unicaja no fue la única víctima de este accionar mafioso, que al parecer creció gracias a que la mayor parte de los chantajeados cedieron en lugar de denunciar. A nadie se le puede pedir, ni mucho menos obligar, a ser valiente al extremo de la temeridad, pero un mínimo de coraje cívico sí es exigible.
Cuando en Marbella se comenzaron a conocer los detalles de cómo Roca había construido su fortuna exigiendo mordidas a los promotores, algunos empresarios se justificaron en que pagar los sobornos era la única manera que tenían de hacer su trabajo. Con buen criterio el juez los acabó procesando. A veces hacer lo que se debe requiere de cierto coraje, y las actitudes inspiradas en la cobardía o en la comodidad acaban bordeando la complicidad. Ahora comenzamos a conocer hasta dónde había crecido un monstruo que se había convertido en gigante. Lo que no imaginábamos era la pequeñez de sus víctimas.
La cobardía no es exclusiva de banqueros. A veces se aprecia también en quienes se parapetan en la trinchera opuesta. El líder del SAT Diego Cañamero se esconde estos días porque no quiere ir a declarar ante la jueza que ha abierto una causa por uno de los asaltos a los supermercados que lideró para denunciar la situación de precariedad de muchas familias andaluzas. Cañamero dice ahora que la mercancía que se llevó por las bravas fue en realidad una donación del supermercado.
El cinismo y la cobardía no deberían ser la inspiración de un líder político o social. Quien se pone al frente de una acción reivindicativa y de propaganda, como fue aquella, debería tener al menos el coraje de asumir sus consecuencias.

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Dinero
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Héctor Barbotta | 16-04-2016 | 16:36| 0

Para la mayor parte de los mortales el dinero es escaso y sirve en el mejor de los casos para satisfacer las necesidades básicas. Hay quienes una vez cubiertas esas necesidades encuentran en el dinero el camino para darse algunos gustos y satisfacer cuestiones más superfluas. Hay afortunados que ven en el dinero la posibilidad de comprar tranquilidad y tiempo, y también están aquellos menos afortunados a quienes el dinero les alcanza para comprar cosas a las que una vez pasada la compulsión consumista no le encuentran utilidad alguna. Están los que invierten la ecuación y adquieren una capacidad asombrosa para crearse necesidades en las que gastar lo que tienen y muchas veces también lo que no tienen. Están también los que encuentran en el dinero la posibilidad de aparentar lo que no son o de conseguir prestigio, respeto, admiración, adulación, sexo y hasta amistad o cariño.
Y finalmente están aquellos para quienes la acumulación de dinero no supone nada de eso, sino la posibilidad de ejercer poder. No son pocos quienes han perdido la cabeza por seguir acumulando más dinero del que podrían gastar en varias vidas y han acabado consumiendo gran parte de su única vida en un calabozo. No resulta difícil encontrar ejemplos de este último modelo. A muchos los tenemos cerca.
A Mario Conde, que pasó por Marbella horas antes de que la Guardia Civil lo llevara otra vez a la cárcel, lo pillaron posiblemente por el exceso de confianza en el que al parecer incurrió al acelerar la repatriación del dinero que se había llevado tras vaciar Banesto. Más dinero del que él y sus hijos podrían disfrutar.
Juan Antonio Roca, que acumuló desde el Ayuntamiento de Marbella una de las fortunas más grandes de este país, intenta en estos días que la Fiscalía le acepte una confesión general en los 122 casos que le quedan pendientes para poder concretar una pena de 20 años de cárcel y comenzar a pensar en algún permiso de fin de semana. Julián Muñoz, que también acumuló lo suyo, intenta salir de la prisión por la vía de inspirar pena y mostrar arrepentimiento, pero no da ninguna señal de estar dispuesto a devolver un duro. José Luis Sierra, uno de los personajes claves en el saqueo de Marbella y también dueño de una fortuna malhabida, salió de la cárcel consumido por la enfermedad y ahora pasa sus últimos días sin saber quién es mientras sus testaferros se apoderan del botín.
No pasa un día en el que no tengamos noticia de un nuevo caso de deslumbrados por el dinero que se arriesgan a acabar entre rejas por acumular más de lo que nunca podrán gastar y uno no puede dejar de preguntarse si, pobres, les merecerá la pena.

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Conspiración contra Marbella
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Héctor Barbotta | 13-04-2016 | 08:32| 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una información difundida desde Madrid por la agencia Europa Press informaba el pasado martes de una lista de 351 municipios españoles a los que Hacienda había decidido retener su participación en los impuestos del Estado (conocidos como fondos PIE) del mes de abril por no haber entregado la documentación correspondiente a la liquidación de los presupuestos municipales de 2014. La información fue recogida por diversos medios locales, entre ellos éste –que confirmó antes de su publicación algunos extremos, como el importe que sería objeto de esa retención: cerca de 2,6 millones de euros–. El equipo de gobierno municipal no tenía ese día ninguna información sobre el asunto y su concejal de Hacienda se encontraba ilocalizable.
Al día siguiente, durante una rueda de prensa que había sido previamente convocada para otro tema, el alcalde aseguró que se trataba de una noticia falsa. Sostuvo que desde el Ayuntamiento se habían puesto en contacto con responsables de Hacienda y que desde el ministerio que dirige Cristóbal Montoro les habían asegurado que la información no era tal, sino «un bulo» y que no estaba previsto practicarle ninguna retención al Ayuntamiento de Marbella. Bernal no tardó en atribuir la difusión de la noticia a una filtración interesada con claros fines políticos. Y señaló concretamente al ministro Montoro y a sus buenas relaciones con el Partido Popular de Marbella.
Para demostrar la fiabilidad del desmentido, el Ayuntamiento difundió la lista de los municipios a los que, según la información colgada en la página web del ministerio, se les retendrían los fondos. Eran apenas un puñado, una cantidad muy alejada de los 351 municipios citados en la información original. Esta documentación tenía, sin embargo, un problema: correspondía a los fondos retenidos durante el mes de marzo –última información oficial disponible– y no del mes de abril, a la que se refería la noticia de la polémica y cuyo contenido no era aún oficial.
Las gestiones realizadas ese mismo día por este periódico permitieron confirmar algunas cuestiones:
1-Que la información original había salido del ministerio y era veraz.
2- Que los ayuntamientos incluidos en la lista lo estaban por algunos de los siguientes motivos: no haber entregado la documentación, haber entregado documentación incorrecta o haber entregado documentación incompleta.
3- Que Marbella había incurrido en el tercer motivo
4- Que Marbella había sido retirada de la lista
El motivo de esta exclusión era muy simple. Casualidad o no, el mismo día en que se difundió la información, el Ayuntamiento había entregado la documentación que faltaba, correspondiente a la liquidación de dos sociedades mercantiles, la de Transportes y los Puertos Deportivos. El propio gobierno municipal confirmó a este periódico ese extremo ya en la noche del miércoles.
Sin embargo, el pasado viernes, el alcalde, José Bernal, volvió al punto de partida. Insistió en que el Ayuntamiento de Marbella había entregado en tiempo forma toda la documentación, que no hubo retraso alguno y que todo ha sido producto de una conspiración para manchar el buen nombre de la ciudad.
Es difícil saber si José Bernal cree realmente en esta teoría de la conspiración contra Marbella, a la que muchos de sus antecesores en el cargo recurrieron en algún momento de sus mandatos, o si todo forma parte de una representación a la que los políticos nos tienen acostumbrados. Hasta el secretario provincial de su partido, Miguel Ángel Heredia, se ha sumado a esta teoría de la conspiración, posiblemente sin recordar o quizás recordándolo, que mientras el PP gobernó la ciudad y también durante los años del GIL, a quienes se situaba desde el Ayuntamiento como inspiradores de los más perversos planes para mancillar el inmaculado nombre de Marbella eran precisamente los malvados socialistas. Después de tanto tiempo seguramente debe ser reconfortante interpretar el papel de defensor de la ciudad vilipendiada.
Esta semana el departamento que dirige Montoro ha estado en el centro de la atención informativa nacional porque la aparición de los papeles de Panamá ha propiciado que se recordara la amnistía fiscal que impulsó en su día y también por el inicio de la campaña de la renta. Pero también por la carta enviada a las comunidades autónomas en las que les conminaba a reducir el déficit. Es difícil saber si la decisión de elaborar la lista con los 351 ayuntamientos que se habían retrasado en la entrega de la documentación de 2014 tiene alguna relación con esta situación que pone a Hacienda en el centro de la escena política. Pero por más importante que parezca Marbella mirada desde Marbella parece un acto de ombliguismo extremo dar por hecho que en medio de esta situación a alguien en el Ministerio se le ocurrió que estaría bien meterle una puyita a la ciudad. Sobre todo cuando el propio Ayuntamiento, aunque al alcalde se le haya olvidado reconocerlo en las dos comparecencias públicas en las que denunció la conspiración, no completó el envío de la documentación hasta el martes pasado. El mismo día en el que se supo de la existencia de la lista.

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Adiós, Mister Marshall
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Héctor Barbotta | 04-04-2016 | 08:51| 0

 

Esta vez va en serio. Se acabó. C’est fini. No va más. La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) ha dado un ultimátum y el jeque Al-Thani ya tiene fijada la fecha en el calendario para irse del sitio a donde nunca llegó: el puerto de La Bajadilla. Esta semana la APPA remitió un oficio a NAS, la empresa concesionaria propiedad en un 97 por ciento de una sociedad de Al-Thani, en la que le comunica que resolverá el contrato si antes del 31 de julio no presenta el proyecto constructivo del recinto.
El oficio no es más que una formalidad necesaria. Nadie, ni en la APPA ni en el Ayuntamiento, alberga la más mínima expectativa de que el jeque vaya a hacer en cuatro meses lo que no hizo en cinco años. Se le ha señalado la puerta de salida y sólo resta saber si se irá por las buenas o si habrá conflicto.
Desde que a Al-Thani se le abrieran de par en par las puertas del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía hace cinco años, la interpretación de lo que podían significar sus escasos gestos y prolongados silencios se convirtieron en una disciplina en la que ninguno de los que se atrevió a participar consiguió sacar nada en claro. Al principio el juego parecía apasionante, en virtud de la lluvia de millones que parecía prometer el jeque, pero al cabo del tiempo el asunto acabó por aburrir. Nadie está hoy interesado en pretender adivinar qué es lo que pretende Al-Thani porque si algo está claro es que no tiene la menor intención de poner un solo euro en un proyecto en el que ha perdido todo interés, si es que en algún momento lo tuvo.
Han pasado cinco años desde que pujó con fuerza para quedarse con la concesión del puerto, imponiéndose a otra oferta en gran parte por los millones gastados en el Málaga Club de Fútbol, que habían llamado la atención en algunos despachos de Sevilla. Esos millones, y alguno más, le abrieron algunas puertas gracias a los oficios de un expresidente andaluz reconvertido en facilitador de reuniones.
Quienes han estado más cerca de todo lo que vino después aseguran que de las promesas imposibles de cumplir de quienes se le acercaron en aquel momento sobrevinieron los equívocos y los desencuentros posteriores. Al-Thani entendió que la cercanía al poder que –inducido o no– pudo percibir en los encuentros preliminares y su alianza estratégica con el Ayuntamiento, al que le cedió un 3 por ciento de las acciones, le garantizaban vía libre para la ocupación de espacios con sus ambiciones comerciales y hoteleras. Pero en España, donde existen tres niveles de administración cuyas competencias resultan seguramente incomprensibles para alguien que llega mal asesorado y con la referencia de sistemas políticos donde no hay más que una autoridad única, los asuntos de este calado son siempre más complejos de lo que parece.
Sus sucesivos representantes no se cansaron de repetir después que el jeque se había sentido engañado, aunque el relato que el propio Al-Thani transmite por vías siempre indirectas invitan a retratarlo como un pobre ingenuo con dinero, porque cada asesor que se busca asegura que el asesor anterior también ha participado del engaño.
Sin embargo quienes realmente pueden considerarse engañados son los vecinos de Marbella que lo acogieron con la esperanza de que la lluvia de millones prometida se tradujera en puestos de trabajo. Seguramente también puede sentirse defraudado el anterior equipo de gobierno municipal, que convirtió al Ayuntamiento en un socio imprescindible y que ligó gran parte de su credibilidad a un personaje cuya solvencia ha resultado inesperadamente etérea. Estaría bien que las lecciones que no se asimilaron tras la berlanguiana ‘Bienvenido Míster Marshall’ se aprendieran tras el episodio del jeque.
Con los resultados a la vista parecería claro concluir que entrar en la sociedad con este personaje fue un error de bulto, pero curiosamente es precisamente la condición de socio de Al-Thani que ostenta el Ayuntamiento, algo que tantas críticas levantó en la oposición de entonces, la que permite al gobierno municipal de ahora tener la llave para buscarse un aliado más solvente.
Desde que comenzaron los problemas las oficinas municipales han estado recibiendo las visitas un día sí y otro también de presuntos inversores y de presuntos representantes de presuntos inversores interesados en coger el relevo. Desde el principio, la APPA advirtió de que un traspaso debería superar dificultades legales, aunque ahora, transcurridos más de tres años desde que se formalizó la concesión, el camino está expedito.
El problema actual reside en dos cuestiones. La primera es encontrar a un inversor solvente; la segunda, si aparece, es determinar si Al-Thani se irá por las buenas o por las malas.
El Ayuntamiento está en conversaciones más o menos avanzadas con tres grupos de inversores: uno viene de Estados Unidos; otro es europeo; el tercero, de un país árabe. Más recientemente ha aparecido un cuarto, español, que también ha mostrado interés aunque de momento no ha presentado ningún papel. En la primera quincena de abril el Ayuntamiento espera contar con documentación suficiente que permita valorar el grado de solvencia de cada uno de los aspirantes. También confía en que alguno de ellos pueda ejercer algún tipo de ascendencia sobre Al-Thani para que decida irse por las buenas. Si no es así, la alternativa es recurrir a la opción de ejecutar el embargo de sus acciones, una alternativa en la que tendría que intervenir el arquitecto José Seguí, autor del proyecto y que se transformó en un actor clave después de que su demanda por impago llevara a la inmovilización de esas participaciones, sujetas ahora a una administración judicial .
La APPA no está participando de estas negociaciones y se encuentra a la expectativa. La agencia dependiente de la Consejería de Fomento, que mostró con el jeque una paciencia no siempre valorada, ha vuelto a ceder al estirar los plazos más allá de cualquier límite para intentar llegar a una solución que evite la resolución del contrato, un epílogo que nadie quiere porque supondría regresar al punto de partida. Pero la solución, la que sea, tendrá que llegar antes del 31 de julio. Una nueva prórroga ya es, a estas alturas, un escenario impensable.
Las preguntas de la semana

– ¿A qué mente preclara del equipo de gobierno municipal (alcalde socialista, participación de Izquierda Unida) se le ocurrió cederle gratuitamente una instalación pública a una empresa de trabajo temporal para que reclute trabajadores eventuales para la temporada de verano después de que CCOO denunciara despidos masivos de trabajadores fijos en los principales hoteles de la ciudad? El sábado el alcalde, José Bernal, rectificó tras conocer las críticas de CCOO. ¿Lo hizo por iniciativa propia o aconsejado por IU?
–¿Se atreverá alguien en el PP a transmitirle a Ángeles Muñoz el creciente disgusto que en su propia formación producen sus prolongadas ausencias? ¿Era tan necesaria su asistencia a la interparlamentaria que el PP celebró en Málaga el lunes 28 de marzo para que se ausentara del último pleno a los cinco minutos de iniciado? ¿Es esa ausencia un adelanto de su elección sobre su futuro político?

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Diez años es mucho
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Héctor Barbotta | 01-04-2016 | 10:02| 0

LA letra de un tango sabio enseña que 20 años no es nada, pero produce cierto vértigo comprobar cómo ha cambiado casi todo en la mitad de ese tiempo. Diez años sí puede ser mucho. Hace diez años Marbella asistía conmocionada a la irrupción de la policía en las dependencias municipales, a la detención de la alcaldesa que ejercía el poder formal, del asesor que mandaba de verdad y de un puñado de personajes secundarios. Asistía al derrumbe repentino de un poder construido sobre un apoyo popular difícil de explicar y difícil de entender y también sobre un goteo de limosnas, favores y temores que no dice nada bueno de la condición humana. Diez años es mucho tiempo, pero no ha alcanzado para que la ciudad se dé a sí misma la explicación que aún se debe.
Produce vértigo asistir a cómo ha cambiado todo desde aquellos días en que Marbella era fustigada como paradigma de la corrupción política, una isla de indecencia en medio de un océano que simulaba estar calmo y que escondía tempestades de podredumbre que no tardaron en aflorar. Una podredumbre que, según hemos visto, afectaba también a muchos de quienes entonces se rasgaban las vestiduras con simulada sorpresa e indignación.
Han pasado diez años desde que estalló la ‘operación Malaya’ y hoy hasta resulta asombroso recordar que no ha pasado tanto tiempo –una década es apenas un suspiro en términos históricos– desde que la ciudad dio una mayoría absoluta a Julián Muñoz y asistió impávida unas semanas después a una moción de censura que sentó a Marisol Yagüe en el sillón de la Alcaldía.
Hoy la mayoría de esos personajes purgan sus culpas en la cárcel. A algunos los hemos visto dejar caer lágrimas, pedir perdón, clamar por su inocencia, aducir ignorancia u obediencia debida o suplicar clemencia apelando al deterioro físico, pero seguimos sin noticias del botín.
En la década que vivimos desde que la ‘operación Malaya’ cambió la historia de Marbella y también la de España hemos tenido dos Papas, dos presidentes del Gobierno, dos partidos nuevos y un gobierno a la espera de ser formado; hemos visto morir al fax y nacer al wassap; hemos confiado nuestra imagen, nuestras relaciones y nuestra reputación a las redes sociales.
En todo ese tiempo, Juan Antonio Roca ha vivido entre rejas. A él lo hemos visto admitir algunas acusaciones y negar otras. Pero no se le ha escapado ni una lágrima ni una súplica. No se le ha escuchado echarle la culpa a nadie, no ha pretendido inspirar lástima, ni intentar convencer de que no sabía. Cometió delitos y los está pagando. En medio de tanto lloriqueo se agradece, al menos, algo de dignidad.

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Hay que
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Héctor Barbotta | 28-03-2016 | 11:12| 0

EL consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, explicó recientemente en un foro de SUR en Torremolinos los objetivos de su mandato: desestacionalizar, aumentar el tiempo de estancia y el promedio de gasto de los visitantes, integrar la oferta turística andaluza, lanzar una ofensiva de promoción como nunca antes…
Los socialistas han pasado de ofrecer la Consejería de Turismo como moneda de cambio en cada proceso de negociación cuando tuvieron que gobernar en coalición a asegurar que el consejero del ramo es uno de los que más manda en el Gobierno. Es un avance, aunque los discursos nos invitan a pensar que estamos siempre en el mismo sitio. Los objetivos en la política turística de la Junta de Andalucía se parecen al horizonte de un navegante que se ha quedado sin tierra. Se navega rumbo a un objetivo que nunca se alcanza. Y no es que no esté bien que la política tenga un rumbo, y mucho menos que ese rumbo sea siempre el mismo. Lo que sorprende es que cada consejero de Turismo que llega plantea esos objetivos como como si nunca se hubieran planteado antes.
Los socialistas gobiernan Andalucía desde hace más de 30 años, y desde que la Consejería se creó en 1996 ha visto pasar consejeros de diferentes partidos. Andalucistas primero, socialistas después, de Izquierda Unida, ahora otra vez del PSOE. Salvo el andalucista José Hurtado, destituido por una conspiración interna en su partido, y Rafael Rodríguez, que tuvo que irse cuando Susana Díaz decidió cortar abruptamente la anterior legislatura, todos los consejeros acabaron plácidamente sus mandatos, aunque algunos se fueron sin aprender a pronunciar la palabra desestacionalización. Y cada uno que llegó planteó sus ‘hay que’ como si fueran novedosos: Hay que mejorar la calidad, hay que integrar toda la oferta andaluza, hay que lanzar una gran campaña de promoción, hay que desestacionalizar.
Está muy bien que independientemente del color de los consejeros la política turística de la Junta parezca ir siempre en la misma dirección. Eso podría indicar que los objetivos están claros y que hay una estrategia. Porque es verdad que hay que mejorar la calidad de la oferta, hay que integrar la oferta de toda la comunidad, hay que promocionar con inteligencia y sin mezquinar, hay que desestacionalizar. Pero además de objetivos situados en un horizonte que parece no alcanzarse debería fijarse la costumbre de rendir cuentas. Sólo así podríamos saber si avanzamos o si la repetición de los discursos de un consejero tras otro es consecuencia de que estamos siempre en el mismo sitio.

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Turismo de calidad, empleo…
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Héctor Barbotta | 28-03-2016 | 11:05| 0

Uno de los lugares comunes que se repiten año tras año en el mundo turístico sostiene que no hay mejor encuesta que permita vaticinar cómo se comportará la temporada alta que la Semana Santa. Una Semana Santa de hoteles llenos es la mejor garantía de que tendremos un verano pletórico; una Semana Santa con agujeros de ocupación y poco gasto adelanta un verano corto y con dificultades. Contra los incrédulos que desconfían de los tópicos debe decirse que se trata de un lugar común que no suele fallar.
De manera que si estamos ante una Semana Santa con ocupaciones históricas, como es el caso, con hoteles llenos y restaurantes y comercios haciendo caja podemos estar en condiciones de adelantar que el verano vendrá bien, que los alojamientos turísticos estarán a rebosar, que en las cuentas de resultados no sólo de los hoteles sino también de los restaurantes, cafeterías y comercios habrá cierta alegría y que se creará empleo temporal, precario y mal pagado.
No será éste el primer año desde que comenzó la crisis en el que el turismo ofrecerá resultados que invitan al optimismo. Los hoteles vuelven a estar llenos, en algunas épocas del año resulta imposible conseguir una habitación y el precio medio retorna a los niveles anteriores a la crisis. Viene más gente y se queda más tiempo. Pero simultáneamente, los hoteles se desprenden de sus trabajadores más veteranos y experimentados, y con mejores condiciones laborales, para contratar jóvenes con menos experiencia, más desesperación por entrar en el mercado laboral y menor peso en la masa salarial. Cuando se decía que en toda crisis hay una oportunidad posiblemente alguien podía estar pensando precisamente en eso. Y las oportunidades, ya se sabe, están para ser aprovechadas
El presidenta de la CEA, Javier González de Lara, atribuyó el pasado lunes en Marbella la falta de impulso del turismo en la creación de empleo de calidad a la estacionalización, a la incertidumbre política y a que todavía no se ha firmado el certificado de defunción de la crisis.
Son tres razones sin duda de gran peso. Pero posiblemente no sea un exceso de pesimismo o de incredulidad preguntarse qué va a pasar cuando la crisis se deje atrás. Por qué van a renunciar los empresarios a un marco de regulación laboral que les resulta tan beneficioso cuando ese certificado de defunción que anhela González de Lara sea finalmente rubricado. Y quizás sea oportuno también lanzar otra pregunta ¿Es posible una oferta de calidad con empleo precario? ¿Estamos condenados al bucle que nos invita año tras año a reconocer que hay que mejorar la oferta turística?

 


No es el único bucle. Todos los años cuando llega la Semana Santa se suscita el debate sobre el estado de las playas y sobre si es oportuno o no dedicar recursos públicos a su regeneración para devolverles la arena que se llevaron los temporales del invierno. Todos los años la misma discusión y el mismo gasto. Alguna vez se harán cuentas para concluir que es más inteligente hacer una inversión seria que impida que la arena se vaya y no volver a aparecer cada año con el camioncito y la grúa.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella