Diario Sur

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Anécdota o categoría
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Héctor Barbotta | 10-06-2016 | 11:40| 0

Cuando en noviembre del año pasado el Tribunal Supremo anuló el Plan General de Ordenación Urbana de Marbella y obligó a volver al documento de 1986 –que había sido el punto de colisión entre la legalidad y los gobiernos de Jesús Gil– en la ciudad se experimentó la sensación de estar viviendo el día de la marmota, como si una maldición divina la atrapara en un bucle permanente del que parece impedida de salir.
Algo parecido ha sucedido esta semana cuando se supo que la boda de un miembro de las dos últimas candidaturas socialistas y amigo del alcalde, celebrada en el Ayuntamiento, había contado con el ornato de una escolta de la Policía Local en la que no se habían mezquinado ni los uniformes de gala ni una guardia montada en dos caballos de la unidad equina del cuerpo.
Si con el asunto del PGOU la maldición es de fondo, al menos en apariencia el caso de los caballos se presenta como un cuestión principalmente estética. Pero el problema es que la estética del GIL guardaba una coherencia vital con todo lo que se cocía intramuros.
Entre las escenas que en Marbella aún se recuerdan con sonrojo, la del cortejo uniformado y montado a caballo que solía acompañar al alcalde en actos a los que se pretendía dotar de pompa y solemnidad no es la menor. Por ello resulta imposible comprender cómo el equipo de gobierno, que se conformó bajo el discurso de marcar una nueva época en la ciudad que cerrara para siempre el capítulo del gilismo y también de lo que en sus filas dieron en llamar el ‘neogilismo’ se ha metido en este jardín sin que nadie lo empujara.
Hay problemas que sobrevienen forzados por las circunstancias, inevitablemente, y otros en los que los responsables públicos se meten solos, voluntariamente, sin que sea posible encontrar para ello más explicación que una mala lectura del pulso social.
Si el alcalde estaba informado de que una guardia montada de la Policía Local iba a escoltar a su compañero de partido camino de la boda, esto podría entenderse como una ostentación irresponsable de poder. Pero si es verdad que se hizo sin su conocimiento las conclusiones no son más tranquilizadoras.
La desafección ciudadana con los políticos por el uso arbitrario de los recursos públicos se ha expresado ya de formas tan diversas y contundentes que resulta imposible entender por qué un error de esta magnitud ha podido tener lugar a no ser que se concluya que a un año de tomar posesión el alcalde o alguien de su entorno ha perdido ya el contacto con la realidad. Y es ahí donde el episodio puede dejar de ser anécdota para convertirse en categoría.

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Predicar y dar trigo
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Héctor Barbotta | 07-06-2016 | 17:35| 0

 

 

Los límites que cada uno se va autoimponiendo por la fuerza de la costumbre y que acaban por ser un obstáculo para afrontar situaciones nuevas son conocidas desde hace años por una definición a la que continuamente recurren asesores, instructores y quienes ejercen un oficio más o menos nuevo que se reconoce bajo el anglicismo de ‘coaching’. A esa frontera que muchas veces la inercia de la rutina impide traspasar se la define como ‘zona de confort’. También existe en la política.
El martes pasado el alcalde de Marbella, José Bernal, pasó un mal rato cuando participaba de un acto electoral en su barrio de Leganitos junto al secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Heredia. Dos vecinos se acercaron atraídos por la presencia de las cámaras y comenzaron a increparlo por supuestas promesas realizadas cuando Bernal no era alcalde, sino candidato y jefe de la oposición. El acto no se interrumpió y continuó como si las voces de quienes protestaban no se escucharan.
No hubo en aquella escena nada que supusiera una gran novedad. Resulta bastante habitual que cuando los políticos visitan los barrios la presencia de las cámaras se convierte en un imán para quienes ven la posibilidad de salir del anonimato durante un instante. Algunas veces caen lisonjas y en otras, como el martes pasado, reproches.
La actitud de los espontáneos no constituye un termómetro de nada, ni cuando elogian ni cuando recriminan, pero posiblemente a un año del relevo en la Alcaldía es posible que para José Bernal la anécdota escenificada en el barrio donde nació y creció haya tenido cierto amargo carácter simbólico. Todo debe verse más fácil desde el ingrato escaño de la oposición que desde el cómodo pero difícil sillón de la alcaldía.
El próximo viernes se cumple un año de la toma de posesión del actual equipo de gobierno y resulta difícil afrontar siquiera un primer análisis sin asumir que el paisaje que los miembros del tripartito se encontraron cuando llegaron se asemeja seguramente muy poco al que imaginaban desde los escaños de la oposición, en parte porque desde ahí todo parece más fácil y en parte también porque durante estos 12 meses surgieron contratiempos que con toda seguridad no se esperaban.
Algunas de estas contrariedades no son en absoluto atribuibles al actual equipo de gobierno. Entre ellas lo más importante y trascendente que ha sucedido en este primer año de mandato municipal: las sentencias que anularon el Plan General de 2010 y que pusieron al urbanismo de la ciudad en una situación que muy probablemente no se podrá resolver, siquiera, en los tres años que todavía restan. Con las historia tan traumática que arrastra la ciudad en esa materia posiblemente no tenga mayor sentido señalar a estas alturas responsabilidades exclusivas por la anulación de un Plan que fue elaborado bajo la supervisión de la Junta de Andalucía y aprobado por el equipo de gobierno del PP y con el voto favorable del PSOE. Lo que sí podría evaluarse es cómo se está afrontando la situación creada y ante eso posiblemente no quepa más que decir que el Ayuntamiento, con los recursos de los que dispone, está haciendo lo que puede.
Algo parecido puede decirse del segundo gran contratiempo sobrevenido: la sentencia que echó por tierra el convenio colectivo del Ayuntamiento y que obligó al equipo de gobierno a negociar en situación de desventaja y a retrasar la elaboración de los presupuestos.
Que los dos principales contratiempos del primer año de mandato hayan sido consecuencia directa de la herencia recibida no deja de ser significativo, aunque ello no excluya otras contrariedades sufridas por el equipo de gobierno municipal que demostraron que gobernar no era tan sencillo como parecía. De las derrotas sufridas no ha sido la menor la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del proceso de nombramiento de directores generales después de que la Abogacía del Estado denunciara el reglamento municipal que le daba amparo. Desde su llegada, el gobierno municipal tuvo serias dificultades para armar su organigrama, que por un lado situaba en cada área del Ayuntamiento a cargos de confianza –una práctica criticada desde la oposición y asumida sin complejos desde el gobierno– y por el otro atribuía a los habilitados nacionales unas funciones que, como se ha visto con la reciente renuncia del secretario municipal a la jefatura de la Asesoría Jurídica, excedía largamente sus atribuciones y su capacidad de trabajo dados los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento. Esta dimisión fue el corolario a una serie de tropiezos que comenzaron con un inicio de mandato desordenado, en el que asesores externos asumieron funciones en el Ayuntamiento antes siquiera de que un contrato amparara su función y que termina, un año después, con todo el organigrama de la dirección del Ayuntamiento cogido con alfileres y pendiente de decisiones judiciales.
Con tantas dificultades en el funcionamiento interno y su lógica repercusión en la gestión de los asuntos municipales no llama la atención que desde el gobierno municipal se mantenga la tensión sobre asuntos que se impulsaron desde la oposición, que ya tuvieron su rédito electoral y que aún se mantienen vivos, como los debates sobre el patrimonio de la exalcaldesa o sobre el ya archivado expediente de alteración de lindes con Benahavís.
No es que no sean cuestiones trascendentes. Es más, sería sano y deseable que de existir responsabilidades, políticas o penales, se depuraran con todo el rigor que merecieran. Pero la trascendencia que se les sigue dando desde el equipo de gobierno y sus altavoces y el esfuerzo por mantenerlos en el primer plano de la actualidad lleva a deducir que están interesados en convencer al PP de que debe iniciar un proceso de recambio. Aunque quizás sólo sea que están a gusto ejerciendo de oposición de la oposición. Como si la inercia les llevara a permanecer en esa zona de confort en la que parecen cómodamente instalados.

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Aniversario
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Héctor Barbotta | 30-05-2016 | 10:20| 1

 

El equipo de gobierno municipal ha comunicado esta semana que Transparencia Internacional otorga al Ayuntamiento de Marbella una puntuación del 95 por ciento. Es posible que la respuesta que se remitió hace dos semanas a la Fiscalía sobre la presunta alteración de los planos del PGOU de 2010 haya caído en el 5 por ciento que aún falta. Ya es mala suerte.
Los grupos políticos municipales, que no la ciudad, llevan dos semanas metidos en la discusión de la supuesta alteración / sustitución / falsificación de los planos y hasta el observador menos avisado sabe que este debate se decantaría en un sentido o en otro con la simple exhibición del informe que se ha remitido a la Fiscalía después de que ésta requiriera esa información. Pero después de dos semanas ha quedado claro que el equipo de gobierno, que primero informó que se había remitido la información sin explicar qué información se había remitido; después comunicó que el informe estaba a disposición de los concejales de la oposición y que por último ha terminado por pedir autorización al fiscal para evitar hacerlo público, está cómodo en la incertidumbre. Pero la sospecha es demasiado grave como para dejarse vencer por la tentación de estirar el misterio más allá de lo necesario.
No son pocos los temas que el Ayuntamiento debería afrontar antes del inicio del verano. Comenzando por la organización de la Feria, que a una semana de su inauguración no tiene todavía adjudicadas las casetas, y siguiendo por la puesta a punto de la infraestructura para una temporada turística que se prevé de afluencia masiva. Sin embargo, el pleno del pasado viernes, el último que se celebrará antes de las elecciones generales del 26 de junio, se ajustó más a la lógica electoral que a una lógica de ciudad.
No sólo por la aprobación de mociones declamativas sin alcance alguno para el interés ciudadano, sino también por las formas que si ya eran malas en el periodo anterior ahora han alcanzado el nivel de la política chabacana en la que algunos portavoces parecen sentirse a gusto. Que un concejal del PP acuse al gobierno de «prácticas bolivarianas» –ya estaban tardando los políticos vernáculos en sumarse a la absurda moda de mentar a Venezuela y exhibir su ignorancia sobre lo que allí sucede– o que el alcalde se dirija a una edil de la oposición recomendándole que baje la voz porque «parece una loca» dan cuenta del nivel por el que se arrastra el debate.
Después de haber sufrido el gilismo –una enfermedad política en la que la chabacanería y la mala educación eran los síntomas más superficiales– alguien podría pensar que como prueba de que se han desarrollado los anticuerpos el pleno del Ayuntamiento de Marbella habría asumido unas formas exquisitas que no dieran lugar a equívocos. Pero las malas formas y los insultos constituyen toda una metáfora.
Ha sido ésta, en realidad, una semana rica en metáforas. Todas ellas relacionadas con ese aniversario de infausto recuerdo. La más significativa fue la manera en que la ciudad ha elegido ignorar un seminario de tres días promovido por el Consejo Social de la Universidad de Málaga sobre lo que supuso el gilismo. Ponentes de primer nivel se vieron abocados a hablar entre ellos ante la ausencia de público y un boicoteo tan evidente como escandaloso por parte del Ayuntamiento.
La iniciativa estaba prevista inicialmente para celebrarse en el Hospitalillo, pero la desidia municipal la arrinconó en un salón de la planta superior del Palacio de Ferias. El evento, además, fue ignorado por los servicios de protocolo del Ayuntamiento y también por su gabinete de prensa, que ni siquiera lo incluyeron en la relación de actos que se remiten diariamente y que suelen abarcar desde convocatorias de trascendencia hasta otras absurdas por lo irrelevantes. Si se quería dejar claro que el recuerdo del gilismo aún escuece, molesta e incomoda, no puede decirse que la actitud municipal no haya sido cristalina.
Posiblemente la metáfora más significativa de la semana haya tenido lugar el último día de las jornadas, cuando quien fuera presidente de la gestora, Diego Martín Reyes, explicó desde una de las escasas butacas reservadas al público ocupadas durante el seminario cómo se saboteó su intención de depurar una plantilla municipal que había sido inflada durante el mandato de Gil como una de sus principales estrategias para perpetuarse el poder.
En jornadas anteriores se había explicado también el sistema de empresas municipales montado durante aquellos años para eludir todos los controles democráticos. A la misma hora en que los escasos asistentes a las jornadas debatían sobre aquel mecanismo perverso, el pleno del Ayuntamiento aprobaba la plena integración de los trabajadores de los oales –herederos de aquellas sociedades públicas convertidas en un coladero de afines– en la plantilla municipal. Por unanimidad.

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Elegir el olvido
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Héctor Barbotta | 27-05-2016 | 18:05| 1

El jueves 26 de mayo se cumplieron 25 años de la primera victoria electoral de Jesús Gil y Marbella acogió durante tres días un seminario organizado por el Consejo Social de la Universidad de Málaga para analizar lo que fue el gilismo. En realidad es exagerado asegurar que Marbella lo acogió.
Alguien podría suponer que un evento de este tipo tendría un discurso inaugural del alcalde, la presencia de los portavoces de los partidos viejos y de los nuevos, un salón abarrotado con la presencia de lo que se conoce como fuerzas vivas, una moción para instituir algo así como ‘El día de la Memoria’.
No. La actividad, efectivamente, se desarrollóa en Marbella, en su Palacio de Congresos, pero durante el primer día hubo casi tantos ponentes como público. Y no es que los ponentes fuesen muchos.
No cabe atribuir a una mala organización la escasa respuesta de los vecinos y el rácano apoyo institucional. El tema es fundamental para entender el presente de Marbella;la propuesta de las jornadas, más que acertada: «una reflexión sosegada sobre un modelo de crecimiento basado en el ladrillo que tuvo a Marbella como banco de pruebas, una invitación a la catarsis, un aprendizaje que permita impedir su olvido». Tampoco cabe atribuirla a la valía de los conferenciantes. Por las jornadas habrán pasado en tres días muchos de quienes sobresalieron en la denuncia del gilismo y algunos de los que consiguieron acabar con él. ¿Por qué la gente no ha ido? No ha sido ni por la trascendencia de la efemérides, ni por la organización, ni por el enfoque elegido, ni por los ponentes. Ha sido por todo eso. Se ha invitado a la catarsis a una sociedad que no quiere hacerla, se ha llamado a recordar a quienes prefieren olvidar.
Se ha cumplido, efectivamente, el 25º aniversario de la irrupción electoral de Jesús Gil y una buena experiencia sería buscar en Marbella a alguien que admita haberlo votado para que explique qué razones lo llevaron a hacerlo y cuál es la reflexión que hace 25 años después. Hay que adelantar que no sería sencillo. El GIL ganó en Marbella cuatro elecciones seguidas pero encontrar votantes confesos es como la aguja en el pajar.
La adulación, que es la forma con la que los políticos eligen relacionarse con los votantes, impide que desde las instituciones se responsabilice a los vecinos por la suerte que corrió su ciudad y por las consecuencias que aún arrastra.
Quienes votaron a Gil no quieren recordar que lo hicieron; mucho menos explicar por qué no volverían a hacerlo. Quienes crearon las condiciones para esta tragedia política tampoco asumen sus responsabilidades. Sería un ejercicio de injustificado optimismo asegurar que la ciudad ha creado los anticuerpos para que algo parecido no vuelva a suceder.

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Lo prudente es contarlo todo
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Héctor Barbotta | 22-05-2016 | 19:21| 0

 

Resulta inverosímil, a estas alturas del siglo y un año después de las elecciones municipales, que en el equipo de gobierno municipal no se hayan percatado todavía de la necesidad de comunicar con claridad.

Esta semana, después de la reunión de la junta de gobierno local, el portavoz municipal, Javier Porcuna, y la concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, informaron de que el Ayuntamiento había dado respuesta a una pregunta de la Fiscalía acerca de la supuesta alteración de planos en la tramitación del PGOU de 2010, hoy anulado. Explicaron que efectivamente se habían encontrado diferencias en 22 planos, 18 de ellas de calado, entre los planos remitidos por el equipo redactor el 12 de junio de 2009 (el que sirvió de base para que el jefe de la Unidad Técnica de Planeamiento y Gestión emitiera su informe sobre la revisión del Plan) y los que se aprobaron finalmente en pleno el 29 de julio de 2009 y que fueron enviados a la Junta para la aprobación definitiva del PGOU.

Como era de esperar, y sobre todo sabiendo que un juzgado de Marbella tramita una causa tras una denuncia de la plataforma ciudadana contra la alteración de las lindes con Benahavís, la revelación causó interés entre los presentes en la comparecencia de los ediles, que preguntaron una y otra vez sobre la naturaleza de esas diferencias. Porque no es lo mismo, por ejemplo, una posible subsanación de errores habitual en cualquier tramitación de este tipo que una falsificación intencionada como sostiene en su denuncia la plataforma denunciante. Y más si está en conocimiento de la opinión pública que la exalcaldesa Ángeles Muñoz y su familia tienen intereses en la zona afectada por el cambio de lindes.

No hubo manera, aunque se les preguntó de una forma y de la contraria, de que los ediles explicaran cuáles eran las diferencias que habían puesto en conocimiento de la Fiscalía. Es más, aseguraron que simplemente se había comunicado de la existencia de diferencias. Si el objetivo era explicar con claridad la situación, la comunicación fue muy deficiente. Pero si el objetivo era el contrario, es decir, sembrar un mar de dudas y sospechas, la comunicación fue sobresaliente.

Los concejales se ampararon en su voluntad de actuar con prudencia para no dar más precisiones, pero en un caso como éste lo prudente no es hurtar información sino dar toda la información de la que se dispone. Es verdad que es el fiscal quien la había solicitado, pero que se sepa el proceso no está bajo secreto de sumario –si así fuera el equipo de gobierno hubiese estado obligado a actuar con mayor discreción y no informar de nada relacionado con el tema– y por lo tanto no hay nada más sensato y obligado que actuar con transparencia cristalina.

A nadie escapa que todo el proceso de alteración de las lindes con Benahavís ha resultado devastador para los intereses electorales del PP y para la imagen de Ángeles Muñoz y es probable que el equipo de gobierno se vea tentado de aprovechar su intervención en el proceso para volver a situar el tema en la agenda y continuar corroyendo la imagen de la exalcaldesa. Hasta es posible que la imprudencia con la que Muñoz manejó desde la Alcaldía este asunto  –del que se debería haber apartado por sus intereses en la zona– la hagan merecedora de este desgaste y del desgaste futuro que le puede venir. Pero no se trata de esta clase de cálculos, sino del derecho de los vecinos a saber qué ha pasado y si hay o no ‘caso Planos’.

En la comparecencia del martes los concejales aseguraron que la respuesta que se ha trasladado al fiscal, basado en un informe de los técnicos de Urbanismo, se limitaba a corroborar que, efectivamente, hay diferencias entre unos planos y otros. Pero después se ha sabido que existe un informe sobre la naturaleza de esas diferencias. Y esa es una información que no se puede seguir hurtando.

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No hay repetición
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Héctor Barbotta | 20-05-2016 | 11:30| 0

El PP y el PSOE han encendido en Marbella el ventilador de porquerías y hasta el observador menos atento sabe que cuando esa máquina siniestra se pone en marcha es porque hay elecciones en el horizonte. Las denuncias mediáticas sin fondo jurídico, las acusaciones disfrazadas de preguntas, el ‘tú más’ llevado a límites absurdos, constituyen de momento todo el catálogo de propuestas disponible.
El nombre que se pone a cada cosa es importante. Se dice que vamos a una repetición de las elecciones y eso es una falacia en varios sentidos. Lo que se celebra el 26 de junio no es una repetición sino unos comicios nuevos en una situación diferente a la del 20 de diciembre. La repetición electoral no existe en la Constitución y además con esa figura se pretende ignorar que durante los últimos cuatro meses el país ha tenido una legislatura. Fallida, sí, pero legislatura. Que se hagan cargo.
Estamos ante una situación nueva, provocada por la incapacidad de los partidos a la hora de asumir que el 20D el país entró en una etapa política diferente, ya veremos si peor o mejor pero diferente, a la de los últimos 34 años. No se puede hablar de repetición, además, porque la oferta no es la misma. En Málaga el PP se presentó con un cabeza de lista nuevo que pretendía simbolizar una renovación que ya se ha visto en qué ha quedado; el PSOE tuvo que cambiar a su número dos por un motivo que estaría bien que explicara; Podemos e IU han unido fuerzas en una operación que ya se verá qué efecto tiene entre quienes hace cuatro meses votaron a una u otra formación. ¿Cómo pueden hablar de repetición?
Es posible que volvamos a tener otra campaña en la que unos destacarán la necesidad de que el tren llegue a Marbella y otros prometerán un Ministerio de Turismo, en el que unos propondrán más reformas y otros se comprometerán a ponerles freno. Pero esta vez no son las propuestas lo único importante. En esta ocasión no sólo huele a viejo sino también a mentira el discurso de todos los candidatos que dicen que salen a ganar. Hace cuatro meses que sabemos que nadie va a ganar, ellos los primeros, y que el nuevo gobierno será de quien tenga capacidad para proponer pactos, llegar a acuerdos y conseguir mayoría parlamentaria.
Durante años los partidos se han negado a hablar de pactos durante la campaña y si esa postura tuvo sentido en algún momento ahora ya no. Que se hable de pactos durante la campaña electoral es la única manera de que cada uno sepa qué está votando. Después de cuatro meses de despropósito hay una sola oportunidad para que la opción lógica no sea quedarse en casa el día del comicio: que los partidos dejen de pedirnos que les demos, una vez más, un cheque en blanco.

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Cuenta atrás para un despropósito
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Héctor Barbotta | 20-05-2016 | 11:17| 0

Había un choque de principios y se impuso el pragmatismo. El gobierno municipal ya puede presumir de haber conseguido la paz social en el Ayuntamiento y, en clave más interna, de haberse congraciado con una fuerza fáctica que tuvo un papel relevante en el vuelco político que experimentó la ciudad en las elecciones municipales del año pasado.
El alcalde, José Bernal, y los sindicatos estaban enfrentados en una cuestión que a simple vista podía parecer secundaria pero que por la forma en que se había planteado parecía de casi imposible solución. Bernal se negaba a que en el nuevo convenio colectivo de los trabajadores laborales del Ayuntamiento siguiera figurando el seguro médico privado concedido por Jesús Gil en la época en la que los fondos públicos del Ayuntamiento de Marbella eran un botín disponible para quien demostrara tener menos escrúpulos. Pero para los sindicatos ese mismo seguro, que se encontraba de hecho suspendido porque no había póliza contratada, constituía un derecho reconocido por dos sentencias al que no se podía renunciar sin más. Este choque mantuvo en apariencia bloqueadas las negociaciones mientras se negociaba a resguardo de los focos.
Más allá de que posiblemente el manual del buen sindicalista debe decir que no se renuncia por las buenas a un derecho reconocido, incluso el más amoral de los negociadores debía ser consciente de que reclamar que una institución pública pague a sus empleados un seguro médico privado hurta a los representantes de los trabajadores de la más mínima referencia. No sólo porque los aleja de los principios que supuestamente deben defender, sino porque les arrebata cualquier posibilidad de construir un discurso o un relato coherente para defender sus propias reivindicaciones.
En un país que goza afortunadamente de un acceso universal a la sanidad pública y en un momento político en el que lo público ha sufrido constantes ataques desde el poder político, ¿cómo puede defenderse desde un sindicato de trabajadores públicos un acuerdo que conspira contra un servicio y un derecho esencial?
El acuerdo alcanzado ha obligado a inventar una palabra –un ejercicio por el que los políticos parecen sentir debilidad–, la ‘inaplicación’ del seguro. En esa situación se mantendrá hasta el mes de diciembre, cuando comience la negociación por el nuevo convenio colectivo en el que los trabajadores seguramente recuperarán derechos perdidos y al mismo tiempo tendrán que decir adiós a un privilegio del que de hecho hace tiempo que no disfrutan.
Los sindicatos contaban con dos sentencias que avalaban su postura y al mismo tiempo suponían una espada de Damocles para las frágiles cuentas del Ayuntamiento. Pero al mismo tiempo sabían que mantener la demanda de que el seguro médico privado sobreviviera era una postura insostenible. Posiblemente por ello se haya llegado a un acuerdo en el que ambas partes salvan la cara y que de alguna manera pone fecha de caducidad a un despropósito que nada tenía que ver con los legítimos y muchas veces vilipendiados derechos de los trabajadores.

 

La Bajadilla
Cuenta atrás para otro despropósito
Si algo faltaba para terminar de asumir que toda la trayectoria del jeque Al-Thani en relación con el puerto de La Bajadilla ha sido un soberano despropósito, esta semana hemos tenido un cruce de comunicados que demuestra hasta qué punto llega el enfrentamiento entre el dueño del Málaga y los socios que se había buscado para el proyecto de ampliación.
Como Al-Thani parece no hacerse cargo nunca de sus decisiones ni de las que se toman en su nombre, no se sabe si fue decisión suya o de alguno de los colaboradores que al parecer sistemáticamente lo traicionan, pero el hecho es que hace algunos meses, al mismo tiempo que tomaba el control del Málaga, el grupo Satli –del empresario Jamal Satli Iglesias– se hizo con la gestión de la concesionaria y tomó las riendas del proyecto del puerto de La Bajadilla. Colocó a uno de sus directivos, Gonzalo Hervás, como administrador de la sociedad concesionaria NAS Marbella, se hizo cargo de la gestión diaria del puerto, intentó redefinir el proyecto con una distribución diferente del suelo comercial y más aparcamientos, anunció obras de estudio sobre el terreno, comenzó a promocionar el puerto en ferias especializadas para comercializar los futuros locales y avisó al autor del proyecto que consideraba que sus honorarios eran muy elevados y por ello no los iba a cobrar aunque lo avalara un contrato firmado. Esto último abrió un conflicto que acabó en los tribunales y con las acciones de la concesionaria embargadas y bajo administración judicial. Tampoco consiguió que la Junta le permitiera redefinir el proyecto.
Cuando estalló el conflicto sobre la propiedad del Málaga, este grupo no se preocupó mucho en esconder que su aspiración no estaba en el fútbol sino en el puerto y en ello posiblemente resida la clave del comunicado enviado el pasado miércoles, cuando en nombre de NAS Marbella arremetió contra las instituciones, las acusó de deslealtad por buscar nuevos inversores y de filtrar información con interés «claramente malicioso» y posiblemente delictivo.
El jeque se apresuró en desmarcarse de ese comunicado y en desautorizar para hablar en nombre de NAS Marbella a quienes a estas alturas posiblemente ya habría que considerar exsocios.
Cuando el nuevo equipo de gobierno tomó posesión en el Ayuntamiento e intentó saber quién era su interlocutor en el puerto no encontró ningún papel que acreditara al grupo Satli como parte de la sociedad concesionaria. Sin embargo, uno de sus directivos figura como administrador. Este periódico está intentando sin éxito desde el jueves pasado obtener una explicación de esa sociedad.
La pregunta a estas alturas ya no es si la actual concesionaria hará algún día las obras. La situación es mucho más dramática: no existe certidumbre sobre quién es en realidad la concesionaria. Posiblemente haya que celebrar que la Agencia Pública de Puertos haya puesto fecha de caducidad a esta concesión malograda y que las acciones estén embargadas y bajo administración judicial. Sólo resta esperar que antes de que venza el plazo aparezca alguien con el mínimo de seriedad indispensable.

Política municipal
Las preguntas de la semana
-¿Alguien creía que los partidos iban a estar dispuestos a apagar el ventilador en pleno camino hacia las urnas?
-¿Era muy difícil prever que el asunto de las lindes iba a volver a aparecer en plena campaña electoral?
-¿El nuevo desmarque de Podemos del equipo de gobierno tiene alguna relación con la precampaña electoral?

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De juerga
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Héctor Barbotta | 13-05-2016 | 15:09| 0

Se encuentra gente muy interesante en Marbella. Personas que atesoran trayectorias en sus lugares de origen dignas de ser conocidas y que llegado un momento decidieron fijar su residencia en un lugar que consideran el mejor posible para vivir. También están los que eligen la ciudad para desarrollar sus trayectorias vitales, los que encuentran donde poder dar a sus familias la oportunidad que no tuvieron en su lugar de origen, los que atesoran con orgullo varias generaciones de marbelleros a sus espaldas… Marbella esconde muchas marbellas y no todas pueden apreciarse a simple vista.
Así, resulta inevitable que una ciudad tan permeable en la que todo el mundo se adapta y que se adapta a todo el mundo atraiga a algún que otro indeseable, y no sólo porque un lugar con más de 150 nacionalidades diferentes en su padrón de vecinos donde nadie llama la atención es el mejor lugar para esconderse.
Quienes piden que desaparezcan los impuestos que gravan las herencias tienen en un sujeto llamdo Capper al peor de sus propagandistas. Este personaje lleva varios años en Marbella disfrutando del dinero de su padre, un empresario británico multimillonario, sin otra actividad que las discotecas, las borracheras, las prostitutas y el consumo de drogas, según admitió él mismo a la policía.
Desde el martes por la noche está alojado en la prisión de Alhaurín de la Torre, a donde una jueza lo envió después de que el día anterior atropellara a una mujer de 40 años madre de tres hijos –uno de ellos de un año– que acababa de salir de su trabajo en un restaurante. Capper, que iba acompañado de otro sujeto de igual condición moral, no sólo no se detuvo a ayudar a la víctima, que murió, sino que se marchó toda velocidad a seguir la juerga en Estepona, donde fue detenido. Triplicaba el máximo permitido de alcohol en sangre.
Hay quien cree que esa muerte se podría haber evitado y que Capper y el otro deberían llevar un tiempo en prisión. En 2014 fueron detenidos por la desaparición de una joven cuyo rastro se perdió en una discoteca. Las cámaras de seguridad registraron que la muchacha, visiblemente ebria, entraba en el coche de los sujetos al parecer contra su voluntad. Tres días más tarde, otra cámara, instalada en el puerto de La Duquesa, permitió ver a varios hombres trasladando una pesada maleta hasta un barco propiedad de Capper que partiría momentos después.
Con esas pruebas, y con la sospecha de que el cuerpo de la mujer podría haber sido arrojado al mar, la policía lo detuvo pero el juez que entiende en la causa consideró insuficientes las pruebas y lo dejó en libertad aunque procesado. El angelito siguió la juerga. Hasta el lunes, cuando lo detuvieron en un bar de Estepona.

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El ventilador a toda marcha
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Héctor Barbotta | 09-05-2016 | 09:22| 0

No es que el resto del tiempo esto sea un dechado de virtudes, pero cuando llegamos a la antesala de una convocatoria electoral la práctica sectaria de los partidos se hace más visible. Es cuando más deberían disimular, al menos en función de sus propios intereses y de cuál viene siendo la percepción que la mayor parte de la población tiene de la actividad política, pero el comportamiento se hace más cristalino a medida que se avanza en el camino hacia las urnas.
Turismo y desempleo

Hace dos semanas tuvimos en Marbella una exhibición de comportamiento sectario cuando el presidente provincial del PP, Elías Bendodo, atribuyó el menor crecimiento del turismo en Marbella en el último año en relación a otros municipios del entorno a la nueva política de promoción turística del Ayuntamiento; sin tener en cuenta que el periodo que valoró para que los datos le dieran sustento a su argumento (febrero de 2015-febrero de 2016) incluían cinco meses de gobierno del PP en el Ayuntamiento y que la nueva política de promoción turística municipal sólo se hizo visible a partir de enero, cuando se presentó en Fitur el nuevo lema y hubo presencia municipal al margen del Patronato de Turismo. Este tipo de argumentaciones no sólo ponen de manifiesto hasta qué punto se utilizan no ya las instituciones sino hasta los datos en una dinámica partidista de la que los ciudadanos no sacan nada en claro, también muestran cierto desprecio por el más mínimo rigor intelectual.
Esta semana hemos tenido la contrapartida desde las filas del PSOE. Los datos del paro y del empleo turístico dieron la oportunidad al secretario provincial socialista, Miguel Ángel Heredia, y al propio alcalde, José Bernal, de atribuir los buenos resultados y también las excelentes previsiones en el sector no sólo a la estrategia de promoción turística del Ayuntamiento sino también a la política económica de la Junta de Andalucía. Así, desde esta perspectiva, cuando el paro sube es responsabilidad del Gobierno central, y cuando desciende, de la Junta de Andalucía. Desde las filas del PP el argumentario no es diferente, sólo es opuesto. Muchas veces se dice que frente a los discursos vacíos la respuesta está en acudir a los datos. Pero, como se ve, también los datos pueden manipularse según antojo de cada uno. Con los datos se pueden hacer análisis y también se puede hacer demagogia –o populismo, que es como se llama a la demagogia últimamente–. Y la demagogia puede servir para ganar algún voto pero sin análisis no hay manera de encontrar las soluciones a los problemas ciudadanos.

 
La cercanía de las elecciones también trae consigo un segundo efecto algo más desagradable que el anterior. En el entorno de la vida política se lo conoce como ‘el ventilador de mierda’. Esta semana también hemos tenido de eso. El asesor jurídico del alcalde, Carlos Cañavate, acudió finalmente a la citación de la comisión parlamentaria que investiga el fraude en los cursos de formación de la Junta después de que la Cámara tuviera dos intentos frustrados para localizarlo. Su testimonio era clave para la comisión, porque su declaración ante la Guardia Civil cuando aún era director de Formación Profesional para el Empleo de la Junta fue la que destapó la práctica habitual de eludir la rendición de cuentas que se había instalado en la administración autonómica. Fue destituido por el gobierno andaluz casi de inmediato pero el Ayuntamiento de Marbella lo repescó como cargo de confianza. A diferencia de lo que hizo cuando fue citado por la Guardia Civil, ante la comisión parlamentaria Cañavate optó por acogerse a su derecho a no declarar. Su postura, tan legítima desde el punto de vista legal como inasumible ética y estéticamente para quien cobra y ha cobrado de las arcas públicas, generó, como era de esperar, reacciones y contrarreacciones. Desde el PP acusaron al PSOE, y en concreto al alcalde, José Bernal, de comprar con un puesto de trabajo en Marbella el silencio de Cañavate, y el PSOE respondió con una nota en términos igualmente duros en la que advertía al PP que tenía mucho que callar porque debe dar explicaciones «y las dará en un futuro muy cercano» sobre su gestión al frente del Ayuntamiento de Marbella. Una amenaza en toda regla. El ventilador de mierda a toda máquina. ¿Tiene algo que ver todo esto con los intereses de los ciudadanos?

Está a punto de suscribirse el acuerdo de confluencia entre Podemos e Izquierda Unida y va llegando la hora de preguntarse qué repercusiones podrá tener ese acuerdo, si cuaja más allá de lo meramente electoral, en la política local de Marbella. De momento ambas formaciones llevan estrategias diametralmente opuestas en el Ayuntamiento, con el primer grupo dentro y el segundo fuera del gobierno municipal. Entre ambos suman cuatro de los 14 votos necesarios para sacar adelante las votaciones en el pleno ¿La posible convergencia aportará estabilidad al gobierno municipal o todo lo contrario?El gobierno municipal ha recibido un nuevo varapalo en los juzgados con la suspensión cautelar por el TSJA del artículo del reglamento que permitía nombrar a los altos cargos municipales. ¿Tendrá la decisión judicial consecuencias prácticas en el organigrama del Ayuntamiento o el equipo de gobierno se dispone a resistir?

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Sin plan B para la feria de noche
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Héctor Barbotta | 03-05-2016 | 12:03| 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos lo llaman pragmatismo; los más benevolentes, realismo, y los pretenciosos, ‘real politik’. Cuando un aspirante al poder consigue el objetivo de sentarse en el sillón soñado, en ocasiones la realidad le avisa de que algunas de las cosas que aspiraba a hacer tienen caminos difíciles y a veces, imposibles. Y el político se ve obligado a hacer aquello que no quería o que incluso criticaba cuando el bastón de mando no era más que una aspiración.
Hay diferentes maneras de abordar la situación. Están los que reconocen la realidad y la explican. Son los menos, lamentablemente. Están también los que actúan con cinismo y se pasan a defender con entusiasmo aquello que censuraban. Son los más. Y están también los que actúan con disimulo, mirando hacia otro lado, con la secreta intención de que el cambio de rumbo o la claudicación pacen desapercibidos.
El martes de la semana pasada la junta de gobierno del Ayuntamiento aprobó aceptar la cesión de los terrenos de la tercera fase de La Cañada para la celebración de la feria de San Bernabé. Lo hizo por trámite de urgencia y con un extenso informe del vicesecretario municipal en el que se advertía de que los terrenos tenían que ser recibidos en precario. Ya se conoce la prolongada batalla que Tomás Olivo –propietario de la sociedad General de Galerías Comerciales, titular de los terrenos– viene librando para que se reconozca su condición de suelo urbano consolidado, calificación que no aparece en el PGOU vigente pero sí en una sentencia del TSJA que de momento se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo por otra sociedad con intereses en la zona.
La hemeroteca es en ocasiones incómoda. Un año atrás, cuando el anterior equipo de gobierno anunció que la feria se celebraría provisionalmente en La Cañada mientras se construía un recinto ferial permanente en La Serranía, proyecto que se ha visto frustrado por la anulación del PGOU, la oposición de entonces criticó el acuerdo. El actual alcalde y entonces portavoz socialista, José Bernal, pidió que se aclarara el coste de la obra y se comprometió a devolver la feria de día al centro si alcanzaba la Alcaldía, como finalmente sucedió. Prudente, no asumió compromiso alguno en relación con la feria de noche. El portavoz de IU y actual edil de Movilidad, Miguel Díaz, fue más allá y aseguró que el acuerdo para celebrar la feria en los terrenos de La Cañada era «la constatación de un pacto por el que el empresario Tomás Olivo se ahorra más de 20 millones de euros en compensaciones a la ciudad».
Tan pronto como se vio abocado a la organización de la feria de este año, el actual equipo de gobierno adelantó que la de día volvería al centro de la ciudad. Y advertido de que las críticas del año pasado volverían como un bumerán si no se encontraba espacio alternativo para la de noche, exploró diferentes posibilidades que lo llevaron a descartar primero emplazamientos anteriores que hubiesen ocasionado una gran contestación vecinal, como el de Las Albarizas, y después otros que se plantearon como posibilidades que acabaron desechadas por falta de espacio suficiente o de infraestructuras, como el entorno del edificio del hotel Don Miguel.
A su pesar, el equipo de gobierno tuvo que regresar a donde no quería y volver a pedir los terrenos de La Cañada. Aprobó la cesión después de incluir el punto en el orden del día de la última junta de gobierno por la vía de urgencia y sin informar del mismo en la habitual rueda de prensa posterior. A no ser que tuvieran en mente celebrar la feria de noche de incógnito y con las luces apagadas, no se entiende por qué se eligió el camino de la opacidad. Cuando uno se equivoca o simplemente elige una opción indeseada porque no tiene otra, lo mejor es reconocerlo. Cualquier otro camino lleva al engaño y al cinismo.

Confusa citación de un asesor del alcalde
El próximo martes, el asesor jurídico del alcalde, Carlos Cañavate, se sentará ante la comisión del Parlamento de Andalucía que estudia el escándalo de los cursos de formación. Antes de recalar en el Ayuntamiento tras la investidura de José Bernal, Cañavate fue director general de Formación para el Empleo del Gobierno Andaluz, y en calidad de tal compareció como testigo ante la Guardia Civil el 4 de julio de 2014. Su testimonio abrió un nuevo frente en la causa en la que ya se investigaban los ERE fraudulentos y los cursos de formación, el de los consorcios de empleo de la Junta.
El testimonio de Cañavate fue clave porque reveló que a partir de 2007, seis años antes de que asumiera el cargo, comenzó a llegar tal volumen de dinero procedente de Europa para formar a parados que para evitar que no se pudieran renovar las ayudas por no haberse justificado el destino de los fondos anteriores se comenzó a eximir a los beneficiarios de la obligación de justificarlo mediante lo que se conoció como resoluciones de ‘exceptuación’. Esta posibilidad está prevista en la ley, pero lo que tendría que haber sido una práctica excepcional se transformó en habitual. Las consecuencias que tuvo aquella práctica son fáciles de deducir. El entonces director general aseguró que cuando llegó a su cargo se encontró con 950 millones de euros de ayudas a formación sin justificar.
Como era de esperar, tras la revelación de cómo había funcionado la gestión de los fondos antes de su llegada, Cañavate no duró mucho en su puesto. Ese mismo año fue destituido por Susana Díaz y el alto cargo de la Junta volvió a su despacho de abogado antes de que el Ayuntamiento de Marbella lo repescara como asesor jurídico del alcalde.
El caso es que ahora la comisión parlamentaria que investiga el fraude masivo en los cursos de formación quiere contar con su testimonio indudablemente valioso, pero al parecer hubo problemas para hacerle llegar la citación.
Según revelaron a este periódico fuentes parlamentarias, existieron dos intentos fallidos de comunicarle la convocatoria. Tal es así, que el parlamentario de Podemos que interviene en la comisión, el sevillano Juan Ignacio Yagüe, tuvo que comunicarse con el secretario local de ese partido en Marbella, Manuel González, para que intercediera y le hiciera llegar la citación. Finalmente, fue la concejala Victoria Mendiola, también de Podemos, la que hizo la gestión personalmente en la Alcaldía. En el PSOE aseguran que cuando la edil de Podemos se interesó por esta cuestión, Cañavate ya estaba avisado. En todo caso, el martes ofrecerá su testimonio ante la comisión parlamentaria. Habrá que esperar hasta entonces para saber si lo hará de manera tan locuaz como ante la Guardia Civil.

Las preguntas de la semana
Su dimisión como diputado después de haber encabezado la lista del PP en las últimas elecciones han puesto en el primer plano al alcalde de Estepona, José María García Urbano. El regidor ha preferido guardar silencio sobre los motivos que lo llevaron a abandonar, por lo que las preguntas de la semana van dirigidas a él.
-¿No sabía antes de presentarse a las elecciones generales que su condición de registrador de la propiedad en Huelva era incompatible con la de diputado?- ¿Por qué no informó cuando renunció al sueldo de alcalde que seguiría cobrando como registrador de la propiedad?
- ¿Tenía expectativas de ocupar un alto cargo en la Administración por el que sí habría dejado su puesto de registrador?
-¿Ha defraudado la confianza de Elías Bendodo y de Juanma Moreno, que apostaron por usted ante Mariano Rajoy, que quería mantener a Celia Villalobos como número uno por Málaga?-¿Considera que ha sido maltratado por compañeros de su partido, que lo enviaron a la última fila del hemiciclo y no le dieron responsabilidades? ¿Ha vivido en carne propia la desconfianza de los partidos políticos hacia las personas que vienen de la actividad privada?
-¿Se equivocó al aceptar encabezar una lista con Celia Villalobos como número 2?

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella