Diario Sur

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Insisten
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Héctor Barbotta | 09-11-2015 | 12:19| 0

El parlamentario andaluz por el PSOE de Sevilla Carmelo Gómez, de quien no se puede decir que no sea una persona cercanísima a la presidenta de la Junta de Andalucía, acaba de ser señalado por el fiscal del caso Mercasevilla como uno de quienes cobró de las empresas de Juan Lanzas. En sentido estricto era un asalariado, aunque no hay que dejarse llevar por la literalidad que a veces conduce a equívocos. Por lo general quienes perciben un salario lo hacen en retribución por un trabajo. A Gómez le pagaban por otro motivo, que se desconoce, porque a trabajar no iba, según el fiscal. De momento no se han escuchado explicaciones convincentes.
El diputado provincial por el PSOE en Málaga Luis Guerrero figuraba en el organigrama de la Junta de Andalucía, cuya nómina de altos cargos sigue siendo un secreto mejor guardado que el de los confidentes del CNI, como director del Centro Andaluz del Flamenco. Guerrero no sabía ni dónde estaba la sede de este organismo. Es más, también ignoraba que el sueldo que le ingresaban todos los meses provenía de esa responsabilidad nunca ejercida. El ahora diputado suponía que le pagaban por estar al frente del Centro Andaluz de las Letras, aunque tanto él como los funcionarios que sí trabajan ahí con un horario y esas cosas que a uno suelen exigirle cuando le pagan un salario sospechaban que ese cargo era sólo una coartada. Ahora se ha sabido que hasta la coartada era falsa.
En Marbella ha habido cambio de gobierno en el Ayuntamiento y a los nuevos regidores les ha dado por revisar las facturas de teléfono. Así es como hemos sabido que la anterior alcaldesa tenía cinco líneas de teléfono a su nombre, para lo cual posiblemente exista una explicación que estaría bien escuchar, y que la presidenta de Nuevas Generaciones, Melania Leiva, que no tenía cargo ni relación alguna con el Ayuntamiento, contaba a su disposición con un teléfono móvil del área de Juventud. Que la gran parte de las llamadas desde ese teléfono fueran al número de su novio y que otra buena cantidad se realizara en los dos días previos a las elecciones municipales explica en qué se gastó el dinero de los vecinos de Marbella, aunque ello no puede considerarse en sí mismo una explicación.
Los casos de corrupción, grande, mediana y pequeña, posiblemente hayan existido siempre, pero lo que es nuevo es la exposición de un cierto hartazgo en la ciudadanía. No es que haya una disposición decidida a echar a los sinvergüenzas de la vida política –de hecho algunos siguen ganando elecciones– pero posiblemente no haya mucha gente dispuesta a que le sigan tomando el pelo. Pero ellos siguen. Inasequibles al desaliento.

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Se necesitan bomberos, no pirómanos
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Héctor Barbotta | 01-11-2015 | 21:02| 1

Esto no debería consistir en analizar quién tiene razón, mucho menos quién la tiene mas larga. De lo que debería tratarse es de ver cómo llegar a un acuerdo de convivencia que permita demostrar no quién es más fuerte y puede mover más influencias en la ciudad, sino quién es más civilizado. Lamentablemente estamos lejos de eso.
El conflicto que ha estallado en el corazón del casco antiguo entre el restaurante La Skina, uno de los tres estrellas Michelin de los que puede presumir Marbella, y la Hermandad del Rocío, uno de los colectivos más populares y con mayor implantación en la ciudad, supone una muestra de cómo no deben afrontarse los conflictos.
El propietario del restaurante, un cocinero que a lo largo de su ya dilatada y exitosa trayectoria exhibió una resistencia obcecada a aparecer en los medios de comunicación que es prueba suficiente de que no es el afán de protagonismo lo que lo guía, rompió a llorar el pasado martes ante los periodistas, a quienes había convocado para denunciar una vez más los graves perjuicios personales y profesionales que está sufriendo por la contaminación acústica que causan las actividades de la hermandad rociera, colindante con su negocio y con su vivienda.
El restaurante lleva 11 años en la misma ubicación, pero no fue hasta hace tres, después de que el empresario se fuera a vivir encima del restaurante, cuando estalló el conflicto con el ruido. El afectado sostiene que le asiste la razón; hay días de la semana en la que los ensayos rocieros superan los decibelios permitidos y exhibe informes que lo prueban. Los hermanos recurren a otro tipo de lógica: llevan ahí 25 años. Se sabe que el asunto preocupa. De hecho, el jefe de la Policía Local se ha presentado en el lugar para conocer personalmente y de primera mano el conflicto, hablar con ambas partes e intentar llegar a una solución. No es un gesto menor.
Pero el choque va a más. Ambas partes ha cruzado denuncias y los dos han salido perjudicados de esa dinámica. Se puede prohibir a los rocieros poner mesas en la calle porque no tienen licencia para ello, pero nadie puede impedirles que saquen la basura cuando los clientes del restaurante están disfrutando de una cena en la que se dejarán un buen dinero. La pregunta es si todo esto lleva a alguna parte.
Esta semana los contendientes han trabajado para recabar apoyos. El restaurante enseñó el respaldo de sus otros colegas con estrella Michelin. La Hermandad ha convocado a la prensa para mostrar que el resto de las cofradías de Marbella está con ellos. En las redes ha comenzado una campaña de defensa de la Hermandad ante una supuesta conspiración para hacerla desaparecer. Parece exagerado, por no decir mentira.
Cuando un amigo tiene un problema de convivencia con un vecino puede haber dos actitudes. Una es animarlo a ir a la pelea y ofrecerse a participar de la paliza. La otra es aconsejarle que intente resolver el problemas por las buenas. Cabe preguntarse con cuál de los dos actitudes se lo ayuda más.
Independiemente de a quién asista la razón –no se trata solamente de eso y además en este tipo de conflictos las dos partes suelen tener algo de razón y nunca toda la razón– la entidad de los protagonistas convierte a este problema no sólo en una noticia, sino también en una mala noticia para la ciudad. Por ello es también una oportunidad para que desde el terreno institucional se demuestre que la política puede aportar liderazgos positivos y no solamente escándalos y denuncias de escándalos. Si algo se espera de los alcaldes es que sepan resolver este tipo de problemas. El Ayuntamiento debería tomar la iniciativa.
Y quienes están en el entorno de los protagonistas harían bien en aportar calma y sosiego. Los incendios no se apagan con gasolina.

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Latiguillos contra la calidad democrática
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Héctor Barbotta | 27-10-2015 | 11:32| 0

El tiempo que lleva el actual equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Marbella ha servido para saber que la mayor parte de los cambios que se vaticinaban, algunos esperanzadores y otros, negros augurios, no han llegado y posiblemente nunca lleguen.
Entre lo que no ha cambiado están las formas lamentables en las que se desarrolla el debate político en la ciudad, basado no ya en la crítica ocasional del adversario sino en su descalificación permanente y en su deslegitimación para lanzar opiniones o propuestas. Durante el mandato del PP, cada vez que la oposición ofrecía una rueda de prensa o enviaba un comunicado, no pasaba más de media hora antes de que desde la oficina de prensa del Ayuntamiento llegara la respuesta, siempre en esa línea.
El contracomunicado servía para preguntarse dos cosas. La primera era si entre las funciones que debe realizar la televisión municipal debe estar la de avisar a la oficina de comunicación del gobierno qué ha dicho la oposición para que de esa manera pueda enviar una respuesta al resto de los medios lo más rápido posible. La segunda era en relación a la naturaleza de esa respuesta. Nunca se respondía al fondo del asunto, sino con una fórmula al que se recurría invariablemente, cualquiera fuera el asunto a debatir. Así, todas las respuestas comenzaban con la acusación hacia la oposición de irresponsabilidad, de hacer críticas destructivas, de desconocer la realidad de la ciudad y del Ayuntamiento y de atentar contra la imagen de Marbella.
«Que dejen de engañar a los ciudadanos», «que insten a la Junta de Andalucía» y «que se pongan a trabajar por Marbella» eran algunos de los latiguillos con los que una y otra vez, hasta el cansancio, se respondía a las críticas de la oposición, cualquiera fuera el asunto que se estuviese tratando.
Con la llegada del actual equipo de gobierno el modus operandi no ha variado, lo que invita a pensar que la forma de actuar de los partidos, más allá de sus diferencias aparentes, nace de un mismo molde. Eso, o que el nuevo gobierno municipal no llegó para mejorar lo que se hacía antes, sino para copiarlo. El problema, entonces, no sería lo que se hacía, sino quién lo hacía.
El actual equipo de gobierno, igual que el anterior, sigue teniendo puntual información de lo que dice la oposición en sus ruedas de prensa incluso antes de que la información sea emitida por la radio o aparezca colgada en internet, lo que lleva a pensar que hay un topo en el partido contrario, que alguien confunde el periodismo con el espionaje o que la televisión municipal y sus recursos materiales y humanos se utilizan para lo que no se debería. Y ante eso, la naturaleza del comunicado de reacción es siempre el mismo, lo que invita también a cuestionarse para qué quiere el gobierno saber lo que ha dicho la oposición si la respuesta ya parece preparada de antemano.
Lo que sí ha cambiado es el latiguillo. Si antes las acusaciones eran de hacer críticas sin afán constructivo y de ignorancia, ahora las respuestas van por el camino de descalificar a la oposición por reclamar lo que no hicieron cuando eran gobierno. Las expresiones «las cotas de cinismo» o «el PP reclama lo que no ha hecho en ocho años» han perdido ya toda efectividad a fuerza de desgaste por exceso de uso.
El problema con esta forma de afrontar el debate político es que es una manera de que no haya debate político y también una manera de no responder a las cuestiones concretas sobre las que puede existir un legítimo interés ciudadano. No se trata sólo de calidad del debate, sino de calidad democrática.

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La crisis de Podemos aterriza en Marbella
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Héctor Barbotta | 20-10-2015 | 11:53| 0

Si en el equipo de gobierno municipal ya había algo de inquietud por lo que supone tener una mayoría en el pleno del Ayuntamiento que depende de un partido que formalmente se encuentra en la oposición, el rumbo que los acontecimientos han tomado en el seno de Costa del Sol Sí Puede no va en la dirección del sosiego.
En Podemos existe un doble debate. Uno es estrictamente interno y va en relación con la estrategia impulsada desde la dirección nacional del partido, con Íñigo Errejón como referente, basada en la tesis de que para ocupar la centralidad del debate político Podemos debe modular su discurso, evitar los temas espinosos y abandonar el tono irreverente con el que irrumpió en la arena política. La victoria de esta postura fue la que en su día causó la salida de los órganos de dirección de Juan Carlos Monedero, pero se trata de un debate que dista de estar saldado en los círculos de base, en los que el dirigente apartado cuenta con gran predicamento. De forma paralela, y en un plano más organizativo pero que cuenta con un claro trasfondo político, la necesidad de unificar el discurso ante la cercanía de las elecciones ha laminado el espíritu asambleario con el que Podemos reclutó en un cortísimo período de tiempo un número más que significativo de militantes que le permitieron implantarse en todo el territorio nacional. Los fundadores de este fenómeno político recelaron desde el principio de quienes llegaban a Podemos provenientes de experiencias políticas previas. En Andalucía, ante la premura de las elecciones autonómicas se vieron obligados a pactar con el grupo proveniente Izquierda Anticapitalista –al que pertenecen la líder andaluza Teresa Rodríguez, y el alcalde de Cádiz, José María González- , pero la confianza de la dirección nacional reposa en otros dirigentes andaluces, como el secretario de organización, Sergio Pascual, y el profesor de la UMA Alberto Montero. A esta línea adscribe también el principal impulsor de Costa del Sol Sí Puede y diputado autonómico, Félix Gil. Los movimientos que se han visto últimamente en Málaga, con la desautorización del secretario general, José Vargas, van en este camino de unificar el discurso ante la inminencia de la cita electoral.
El segundo debate está relacionado con las consecuencias de la decisión adoptada la pasada primavera de que Podemos no acudiera como tal a las elecciones municipales. El equipo de Pablo Iglesias valoró en aquel momento que sería imposible controlar más de ocho mil listas municipales en todo el territorio nacional y se negó a avalar con su figura y su marca electoral a candidatos de quienes no tenía ninguna referencia. Pero el impulso que habían tomado los círculos en muchas ciudades alumbró el nacimiento de listas de nombres diversos que cabalgaron sobre la referencia política de Podemos e irrumpieron en la vida municipal. Estas iniciativas, como no podía ser de otra manera, bebieron también de la cultura del asambleísmo y la democracia de base. Lo que para Podemos supuso en mayo una solución se ha transformado ahora en un problema.
En seis municipios de la Costa del Sol se montó un partido instrumental para acudir a las elecciones, pero la confluencia de otra formación política –Equo– y de independientes que podían simpatizar con Podemos pero que no se incorporaron a su estructura supuso el germen de un conflicto que ahora ha estallado.
La ambigüedad suele pagarse cara en política, y muchos de quienes se sumaron en aquel momento bajo el discurso de que en las listas estaba Podemos pero no eran las listas de Podemos reclaman ahora una autonomía que es disfuncional a las necesidades electorales del partido de Pablo Iglesias.
En ese contexto debe entenderse la crisis que vive en Marbella Costa del Sol Sí Puede, que bien podría explicarse en las posturas enfrentadas de quienes recuerdan que un partido instrumental no es más que eso –la mera herramienta formal para presentarse a unas elecciones– y de quienes creyeron que estaban formando parte de una plataforma ciudadana cuyas decisiones y línea política se tomarían de forma asamblearia al margen de cualquier principio de autoridad u organización.
En los últimos días han circulado mensajes de wassap en los que algunos de los fundadores de Costa del Sol Sí Puede y que tienen en su poder la capacidad legal para disolver el partido admiten que esta es una experiencia agotada. Para quienes están en Podemos, la prioridad son las elecciones generales, tal y como Pablo Iglesias anunció desde que se puso al frente de esta iniciativa política, y desde Madrid están llamando al cierre de filas para ese objetivo excluyente.
En Marbella, la crisis se ha resuelto, de momento, con la expulsión de siete de los 15 miembros del órgano de coordinación de CSSP, entre ellos los representantes de Equo y algunos de Podemos que sostenían la postura de la autonomía de la plataforma ciudadana. No es un dato menor que el número tres y la número cuatro de la lista electoral, los hipotéticos sustitutos de los dos ediles electos en caso de que alguno de estos abandonara la corporación, están entre los purgados. Del otro lado han quedado los dos ediles, a quienes sin riesgo a equivocarse podría situarse en la línea de los referentes nacionales de Podemos.
La pregunta es qué consecuencias tendrá esta ruptura sobre la estabilidad del gobierno municipal de Marbella. Para el alcalde, José Bernal, puede haber un punto de inquietud. La mayoría de los expulsados eran partidarios de dejar de lado las medias tintas e incorporarse con todas sus consecuencias al equipo de gobierno municipal. Los que siguen prefieren mantenerse en la actual línea de oposición, que parece tener como una de sus líneas rojas cualquier punto de confluencia con el Partido Popular. Por ello, de momento el escenario posible es que las diferencias entre Podemos y el gobierno municipal al que sustenta se sigan traduciendo en el discurso, pero improbablemente en votaciones en el pleno.

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Podemos purga su partido instrumental
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Héctor Barbotta | 15-10-2015 | 11:43| 0

El debate interno que carcome las entrañas de Podemos ha llegado al partido en Marbella y se ha saldado de acuerdo a la manera más clásica en las formaciones de la izquierda tradicional de las que ese partido se esfuerza en abjurar: una acusación de conspiración y la posterior purga. El partido instrumental montado por la formación morada para acudir a las elecciones municipales, Costa del Sol Sí Puede, celebró el martes por la noche una asamblea que había sido convocada de manera relámpago y votó expulsar a la mitad de su órgano de coordinación. Los miembros del sector crítico no participaron de la votación y se ausentaron en minoría.
Entre los purgados se encuentran todos los miembros de Equo, el partido que confluyó con Podemos para montar la plataforma electoral, y algunos de los referentes críticos de la formación de Pablo Iglesias; entre ellos el veterano Rafael García Conde, principal negociador del acuerdo de investidura de José Bernal, y el número tres en la candidatura de las municipales, Rafael Castaño. En la asamblea, celebrada en el Parque de la Constitución, tuvo un papel decisivo la agrupación de Podemos en San Pedro, cuyos miembros acudieron en un número importante a la reunión, que responde al secretario general de la formación, Manuel González , ausente por encontrarse de viaje en una expedición deportiva en Nepal.
La asamblea había sido convocada con un único punto en el orden del día, el futuro de Costa del Sol Sí Puede, pero la manera en que discurrió demostró que el motivo de la reunión era mucho más concreto que la generalidad a la que invitaba la convocatoria. El portavoz municipal de Costa del Sol Sí Puede y miembro de Podemos, José Carlos Núñez, denunció una conspiración y una campaña de desprestigio contra el grupo municipal y sacó a la luz el contenido de un chat de wassap en el que algunos de los purgados criticaban la actuación de los dos concejales y se confabulaban para conseguir el control del partido instrumental. En esa conversación privada, según Núñez, había hechos relevantes que demostraban que los expulsados pretendían cambiar el curso de la línea política de la formación mediante métodos cuestionables. Aunque ninguno de los implicados ha querido dar detalles, en la conversación se ponía de manifiesto la posibilidad de hacer públicas cuestiones que afectan a uno de los más destacados miembros de la formación morada. Los afectados han asegurado que esta iniciativa nunca fue considerada seriamente.
En el fondo de esta pelea, que se trasladará más pronto que tarde de Costa del Sol Sí Puede a Podemos, subyacen claras diferencias políticas. Desde que comenzó el actual mandato municipal, son varios los asuntos que han disgustado a los críticos, como la contratación del secretario de grupo o la reunión celebrada con ediles del Partido Popular a pedido de estos y sin haberlo consultado con el órgano de coordinación de la asamblea. También había críticas a las formas: según quienes mantienen esta línea crítica, lo que había nacido como una plataforma ciudadana asamblearia y al margen de la estructura había colocado en el Ayuntamiento a dos ediles que optaron por actuar de forma autónoma y al margen de cualquier órgano colectivo. También hay diferencias en relación con la política a seguir en el Ayuntamiento: la mayor parte de los críticos son partidarios de abandonar las medias tintas y entrar a formar parte del gobierno municipal, aunque esta es una posición que no mantienen todos los expulsados.
En las últimas semanas no pasó desapercibido el giro de timón que el grupo municipal de Podemos realizó en su actuación en el Ayuntamiento. Con la campaña electoral a la vuelta de la esquina, se vio un esfuerzo claro por parte de los dos ediles, Núñez y Victoria Mendiola, de marcar diferencias con el gobierno municipal. Se cuestionó públicamente la contratación de cargos de confianza, se cargó contra la política fiscal, pese a que estas críticas no se tradujeron en el voto en el pleno municipal, y se recuperó el discurso que iguala al Partido Popular con el Partido Socialista.
Desde el sector desplazado se asegura que la situación que se vivió en la asamblea del martes forma parte de un movimiento urdido desde el sector oficialista que responde a los dirigentes nacionales de Podemos para hacerse con el control de Costa del Sol Sí Puede y dar por finiquitados este partido instrumental y la plataforma ciudadana que lo alumbró.
La siguiente batalla ya no se librará en el interior de CSSP, sino en Podemos. Núñez adelantó ayer a este periódico que las presuntas irregularidades cometidas por los críticos ya han sido puestas en conocimiento de Sergio Pascual, secretario de organización a nivel nacional de la formación morada. Los críticos atribuyen precisamente al propio Pascual la decisión de abandonar la experiencia de la plataforma ciudadana, finiquitar la marca con la que acudieron a las elecciones municipales en seis de los municipios de la Costa del Sol y comenzar a actuar en todas las ciudades solamente bajo el nombre de Podemos, el mismo que se someterá el 20 de diciembre al difícil examen de las urnas .

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El TSJA y San Pedro: una sentencia con consecuencias políticas
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Héctor Barbotta | 14-10-2015 | 10:58| 0

La sentencia conocida esta semana que da un golpe quién sabe si definitivo a las aspiraciones separatistas en San Pedro Alcántara es tan contundente que no resulta sencillo aventurar a qué argumento recurrirán los segregacionistas para continuar su empeño con un recurso ante el Tribunal Supremo.
En una resolución que da la razón a la Junta de Andalucía, que en 2011 decretó el archivo del expediente de segregación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desarmado no sólo la arquitectura de argumentos jurídicos en los que se basaba la demanda presentada por la comisión promotora de la separación, sino también sus fundamentos políticos y económicos. Antes de la sentencia se sabía que la independencia de San Pedro era para una parte de la población de ese núcleo histórico una aspiración de difícil concreción. El paso atrás que supone esta sentencia convierte lo que ya era difícil en una quimera.
En primer lugar, el TSJA ha desestimado el argumento de que el expediente de segregación debía tramitarse atendiendo a la ley de 1985, en vigor en 1992 cuando se inició el proceso, y no a la ley actual, vigente desde agosto de 2003. La propia norma actual establece en una de sus disposiciones que debe regir también para los expedientes antiguos. El Tribunal no deja dudas en su resolución sobre este apartado, sobre el que el Supremo, al que los segregacionistas han adelantado su intención de acudir, también se ha pronunciado en el mismo sentido cuando tuvo que decidir sobre otros procesos de segregación de municipios.
Y ya en relación con las circunstancias concretas, la Sala ha concluido que en el caso de San Pedro no concurre ninguna de las que fija la ley para justificar una segregación de municipios: ni existe una franja de terreno clasificado como no urbanizable de una anchura mínima de 7,5 kilómetros entre los núcleos principales; ni el nuevo municipio dispondría de los recursos económicos y materiales necesarios para el cumplimiento de las competencias municipales, ni la segregación supondría una mejora en la calidad de los servicios públicos.
Uno de los argumentos planteados por los partidarios de la independencia era que en el momento en el que se planteó el expediente sí existía esa franja de 7.500 metros de suelo no urbanizable entre una población y otra. La sentencia admite en este sentido que si bien los requisitos deben ser examinados en referencia a las circunstancias existentes en el momento en que se presentó la solicitud de segregación, «es evidente también, teniendo en cuenta la trascendencia de la petición que no pueden ser obviadas las perspectivas de futuro que existían en aquella fecha, puesto que las mismas habían de ser tenidas en cuenta, toda vez que una segregación no es cosa de un día, sino que tiene una proyección en el tiempo importante». Los 7.500 metros de franja no urbanizable no existen, según cuatro informes diferentes que para el tribunal gozan de presunción de acierto.
El segundo punto analizado en la sentencia es el que se refiere a la viabilidad económica de los municipios que resulten de la separación, y en opinión del Tribunal los promotores de la segregación no han aportado documentación suficiente que permita garantizarla. La sentencia no se refiere sólo a la viabilidad de un eventual municipio independiente de San Pedro, sino también a la de una Marbella a la que se le hubiese desgajado una parte fundamental de su término municipal. Y no se trata, explica, solamente de contar con medios económicos que permitieran seguir prestando los servicios básicos, sino también de las condiciones físicas y estructurales para su instauración.
En el tercer punto, la sentencia se refiere al interés público autonómico, que la ley vigente también obliga a que se tenga en cuenta. En este caso, tampoco se cumple el requisito.
Con una sentencia tan contundente, resta por saber qué consecuencias políticas puede tener este traspiés que seguramente creará frustración entre los vecinos de San Pedro de impulso independentista que en gran parte alimentan el respaldo electoral de uno de los partidos que forman el equipo de gobierno, Opción Sampedreña (OSP).
Aunque esta formación no se declara segregacionista, sus principales dirigentes sí lo son. El propio Rafael Piña, teniente de alcalde de San Pedro, consideró injusta la decisión del TSJA y aunque sostiene que su partido no nació para luchar por la segregación, él es partidario de la constitución de un municipio independiente.
En lo que posiblemente sea la primera consecuencia política de la sentencia, la Asociación Pro Independencia de San Pedro (ISP), impulsora del expediente derrotado en los tribunales, anunció la semana pasada que vuelve al ruedo político con un comunicado que contenía una crítica a OSP por no haber hecho nada en favor de la segregación.
Posiblemente sea una acusación injusta. Es verdad que abiertamente OSP jamás se ha pronunciado públicamente sobre el expediente, pero otra cosa son las negociaciones bilaterales que esa formación mantuvo con el PSOE durante los días en los que Marbella permanecía en vilo sobre hacia dónde se decantaría el voto de los dos ediles sampedreños, en cuyas manos estaba hacer alcalde a José Bernal o mantener a Ángeles Muñoz. Para entonces aún no se conocía la sentencia, y existía la expectativa de que fuera favorable a la independencia. En ese terreno hipotético, la Junta de Andalucía podía recurrirla ante el Supremo o allanarse y dejar vía libre a la creación de un nuevo municipio. Algunas fuentes aseguraron a este periódico que en aquellas conversaciones se contrajo el compromiso del allanamiento. Que tras conocer la sentencia los independentistas hayan arremetido contra OSP demuestra que en los últimos meses se habían levantado expectativas que se han visto frustradas.
OSP se ha concentrado en sus primeros tres meses en el gobierno municipal en conseguir y gestionar la máxima autonomía para San Pedro, y habrá que ver si los resultados de su gestión convencen a ese sector de la población que durante más de dos décadas imaginó un municipio independiente al final del trayecto y al que ahora la sentencia del alto tribunal andaluz ha devuelto a la realidad.
Y habrá que ver también qué actitud toma la Junta cuando, como se ha anunciado, los promotores del expediente acudan al Supremo para intentar revertir una situación en la que, según se ha visto, tienen todas las de perder. Podrá comprobarse entonces si el partido que gobierna Andalucía asumió algún compromiso más allá del de llenar San Pedro de inversiones.

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Malaya y su botín político
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Héctor Barbotta | 13-10-2015 | 08:29| 0

La polémica desatada la semana pasada a raíz de la aprobación en el Senado de la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que permitirá que las multas que cobre la Administración central por las sentencias del ‘caso Malaya’ y otras causas de corrupción sirvan para reducir la deuda municipal bien podría valer como argumento de un vodevil. Pero es más útil y pedagógico entenderla como metáfora de las reglas no escritas del funcionamiento de la política. La lección no es nada edificante.
La recuperación del dinero sistemáticamente saqueado por los ladrones que gobernaron el Ayuntamiento entre 1991 y 2006 es desde hace años un tema constante en el debate político municipal, lo que no quiere decir que se haya convertido en un asunto que concite el consenso y el accionar conjunto de todos los partidos al margen de sus intereses electorales. Para los partidos, la prioridad es el rédito. Todo los demás viene después.
Esta semana el Senado aprobará los Presupuestos con la enmienda que permite a Marbella estar en condiciones de recuperar su dinero, y lejos de suponer un hito que haya puesto a la ciudad en disposición de preguntarse cuál es el próximo paso que debe darse para que esa posibilidad se convierta en realidad, a lo que se ha asistido es a una bronca monumental con acusaciones de grueso calibre que demuestran que sea cual sea el asunto que se trate, los partidos van a lo suyo.
Y lo suyo no es la acción o la iniciativa que suponga un beneficio para la ciudad, sino una batalla por colgarse la medalla que no hace más que desanimar a la ciudadanía y alejarla de cualquier cuestión que tenga que ver con la política.
Para entender de qué se está hablando es necesario remitirse al año 2006, cuando la gestora se hizo cargo del Ayuntamiento y se encontró, entre otros pufos, con una deuda de cerca de 300 millones de euros acumulada con Hacienda y la Seguridad Social durante los 15 años de cleptocracia gilista. Esa deuda habría supuesto la inviabilidad económica del Ayuntamiento si cuatro años después el anterior equipo de gobierno municipal no hubiese alcanzado un acuerdo con el Gobierno central –uno de esos acuerdos entre instituciones que lamentablemente sólo son posibles cuando ambas están gobernadas por el mismo partido, si no ni soñarlo– que permitió refinanciar la deuda a 40 años con un interés del 1 por ciento. Este acuerdo, superlativamente ventajoso para el Ayuntamiento y que fue recogido en una enmienda a los Presupuestos de 2010, preveía en uno de sus artículos que las cantidades que el Ayuntamiento fuese cobrando con la ejecución de las sentencias de los juicios por corrupción se destinaran a reducir la cuantía de esa deuda estratosférica. La condición de acreedor del Ayuntamiento de los eventualmente condenados en cientos de procedimientos fue una de las escasas armas municipales en estas largas negociaciones y lo que permitió llegar a una refinanciación con un periodo de amortización tan largo.
Sin embargo, sucedió que el cobro de las sentencias no fue tan sencillo como cabía esperar. Los protagonistas del saqueo, con Roca a la cabeza, se habían valido de una red de sociedades y testaferros que hizo que en los procedimientos por los que a la larga serían condenados con sentencias que tenían al Ayuntamiento como perjudicado no hubiesen ni fondos ni propiedades inmovilizadas con las que hacer frente a esos pagos. Las sentencias de las causas más sonadas sirvieron como reparación moral y para saber qué había pasado, pero no para recuperar lo robado.
Hasta que llegó ‘Malaya’. La propia naturaleza de la operación permitió, en este caso sí, inmovilizar cuentas y propiedades. Pero la sentencia, en su mayor parte por delitos de blanqueo, no situó al Ayuntamiento como perjudicado, sino al Estado.
Los servicios jurídicos municipales llevan años batallando frente al Estado para que los bienes incautados en ‘Malaya’ sean destinados al pago de las indemnizaciones de los otros casos, pero la enmienda aprobada ahora en el Senado facilita mucho la situación. En ella se reconoce el derecho de la ciudad a que las multas que cobre el Estado por ‘Malaya’ vayan a reducir la deuda con Hacienda y la Seguridad Social.
La ciudad debería comenzar a plantearse cómo hacer para que la sentencia se ejecute cuanto antes, porque los bienes incautados son cuantiosos. Cualquiera que se haya tomado la molestia de leer la sentencia habrá visto que la fortuna inmovilizada a Roca suma 200 millones de euros. Ése debería ser el objetivo municipal, más allá de celos o de medallas
En lugar de eso, los partidos se han metido de lleno en la batalla por conseguir el rédito, sin entender que por delante queda mucho trabajo. El PSOE es incapaz de reconocer que la enmienda introducida en el Senado es una gran victoria para la ciudad, independientemente de que el dinero que se vaya ingresando irá a reducir el montante total de la deuda y no los pagos inmediatos que debe realizar el Ayuntamiento, como reclamaba el alcalde. El PP jamás va a reconocer que la enmienda tuvo que presentarse en el Senado porque unos días antes se había rechazado una iniciativa en el mismo sentido presentada por el PSOE.
Lo que ha hecho el PP en el Senado no es un servicio desinteresado a Marbella, aunque la torpeza con que lo comunicaron les haya impedido capitalizarlo, pero tampoco es una traición.
El alcalde ha aducido que lo aprobado es mucho más desfavorable para la ciudad que un acuerdo que él había conseguido del ministro en una conversación telefónica. Que lo denunciara acompañado por el secretario provincial del PSOE explica hasta qué punto lo partidista le ha ganado el pulso a lo institucional.
Desde el PP han negado que existiera ese acuerdo y hasta han puesto en duda la existencia de la conversación. Durante el pasado jueves intentaron, sin conseguirlo, que el Ministerio la desmintiera. El desmentido nunca llegó, pero tampoco resulta verosímil pensar que un acuerdo de este calado, con cientos de millones de euros en juego, se pueda alcanzar sin un solo papel por medio y con una charla telefónica. Si el alcalde creyó que con la conversación bastaba es que aún no ha aprendido cómo funcionan estas cosas.
La enmienda aprobada dibuja un escenario nuevo y abre una gran oportunidad para la ciudad, pero quedan muchas cosas por hacer. Entre ellas conseguir que el Estado ponga su maquinaria en marcha para que el fruto pueda comenzar a recogerse en cuanto el Tribunal ejecute la sentencia. También conseguir que se concrete a qué otras sentencias, además de ‘Malaya’ es aplicable el acuerdo. Quizás, aunque tengamos unas elecciones a la vuelta de la esquina, sea el momento de dejar las peleas para otro momento.

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Novatadas
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Héctor Barbotta | 05-10-2015 | 09:56| 0

La Delegación de Urbanismo, que hasta ahora había permitido sacar pecho al equipo de gobierno municipal, ha vivido esta semana sus ‘días horribilis’. Tras aprobar una profunda reestructuración del área, la concejala Isabel Pérez ha tenido que recular y desmentirse a sí misma para evitar males mayores.
La semana anterior, Pérez firmó una nota interior de 14 folios en la que informaba de los cambios en el área, que incluían el nombramiento de nuevos jefes de servicio y de sección, la designación de algunas jefaturas temporales y la asignación de trabajadores a cada una de las áreas con una minuciosa descripción de tareas. Los nombramientos implicaban, como es natural, ceses.
Las modificaciones, según explicaba la propia concejala, se inspiraban en intenciones tan loables como evitar «subrutinas redundantes, trabajos alienantes, desempeños recurrentes y el agotamiento y la frustración del personal, que a su vez se traslada en una percepción ciudadana injustamente negativa de la denodada labor» que se realiza en la delegación.
Los cambios fueron comunicados a los trabajadores mediante la nota, en la que se informaba de los nombramientos de los nuevos responsables y el relevo de los antiguos, a quienes se reconocía «los años de ardua labor no siempre recompensada y rara vez reconocida».


Muchas veces se reclama que la administración recoja prácticas de la empresa privada para ganar en eficacia, pero está claro que en las instituciones públicas hay caminos que no se pueden saltar.
En apenas una semana la edil tuvo que dar marcha atrás, corregirse a sí misma y firmar otra nota, mucho más escueta que la anterior, en la que aseguraba que aquella no era más «que un documento de trabajo». Una propuesta que debía ser negociada.
¿Qué había pasado en medio? Algunos sindicatos habían estallado ante lo que consideraban un atropello a los derechos laborales de los empleados de Urbanismo, especialmente de quienes se veían desplazados de sus cargos y de las remuneraciones ligadas a esos puestos.
La seguramente bien intencionada iniciativa de la edil suponía barrer con una serie de derechos adquiridos, y en esos asuntos la administración tiene sus propias normas. Seguramente menos prácticas que en la empresa privada, pero mucho más garantistas para quienes han entrado en el organigrama de lo público.
Es posible que Isabel Pérez, tras pagar la novatada, ya conozca cuáles son los procedimientos burocráticos que debe seguir, haya entendido que la voluntad de cambiar las cosas a mejor es condición necesaria pero no suficiente y comience a preguntarse si ha estado bien asesorada, incluso por quienes le aconsejaron no reconocer el grueso error con el que se ha estrenado y desmentir en un documento lo que había firmado en el anterior.

Pérez no es la única a quien la inexperiencia ha puesto en evidencia. El pasado viernes los dos ediles de Costa del Sol Sí Puede intentaron desmarcarse del equipo de gobierno municipal. Ya sea porque existe malestar interno en Podemos por el seguidismo de ambos concejales, lo que ha llevado a que exista cierto desconcierto acerca de si lo que gobierna en Marbella es un tripartito o un cuatripartito, o porque la proximidad de las elecciones obliga a volver ocupar el espacio propio lejos de veleidades incomprensibles, o quizás por ambos factores, los ediles ofrecieron el viernes una rueda de prensa con posterior comunicado en la que intentaron volver al discurso original de Podemos como alternativa al bipartidismo con el que la formación morada creó un nuevo espacio y entró en el mapa político.
Desde que el portavoz municipal de la formación, José Carlos Núñez, instara en la asamblea posterior a los elecciones a apoyar la investidura de José Bernal prácticamente sin condiciones porque «el PSOE es casta pero el PP es casta y media», el partido instrumental ha mantenido posiciones en el Ayuntamiento que hicieron imposible diferenciar su posición de las de sus compañeros en la comisión de gobierno municipal. Incluso en asuntos que colisionaban con cuestiones que habían sido nucleares en el discurso fundacional de Podemos, como la limitación de los sueldos de los políticos a tres salarios mínimos o la crítica a la contratación de afines sin cualificación.


Posiblemente por candidez o porque está atrapado en aquel concepto acuñado por Núñez de la casta y la casta y media que lo llevó a regalar el voto de investidura sin contrapartidas ni garantía alguna y que le impide sumar sus votos a los del PP cuando alguna cuestión no convence, el grupo municipal de Costa del Sol Sí Puede ha intentado afrontar estas cuestiones con iniciativas inverosímiles, como las entrevistas personales mantenidas con los cargos de confianza cuyos currículos no convencían o la rueda de prensa del viernes, en la que advirtieron de que pese a las promesas este año el IBI no va a bajar una semana después de que el paquete fiscal y la retirada de la subvención a ese impuesto salieran adelante con sus votos en el pleno municipal.
O también están pagando la novatada o ya han pasado a formar parte de aquello contra lo que que nacieron: la vieja política de decir una cosa y hacer lo contrario.

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Pobres opresores
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Héctor Barbotta | 02-10-2015 | 08:55| 0

En estos días la intensidad del conflicto catalán no sólo ha llevado a unos cuantos a opinar acerca de lo que desconocen, lo que no supone novedad alguna sobre todo en las tertulias televisivas, sino también a hastiar a muchos de quienes procuran estar informados, pero se resisten a que les machaquen el cerebro durante las 24 horas del día con las disquisiciones de quienes se muestran incapaces de ver más allá de su propio ombligo.
Seguramente uno de los grandes éxitos de los secesionistas-separatistas-soberanistas (entrar en esos matices no es objeto de este artículo) fue poner a todo el mundo a debatir en función de sus propios puntos de vista. Haber convocado unas elecciones en clave de referéndum y que durante toda la campaña se haya discutido en torno a ese eje –soberanía, autodeterminación, independencia sí o no- y no en clave electoral, lo que hubiese obligado a confrontar propuestas sobre educación, sanidad, impuestos y esas tonterías que preocupan a la gente de a pie, ha sido el gran éxito de Mas y los suyos.
Cuando el adversario elige en qué campo se juega el partido, con qué balón, con qué árbitro y hasta con qué reglas y uno lo acepta como si no le quedara otra opción lo más probable es que al final de la contienda sólo le quede admitir que no es el obtenido el resultado que se esperaba o que acabe celebrando no haberse llevado una goleada de aúpa.
En todas las elecciones de las que se tiene noticia las posiciones se dirimen sobre el eje izquierda-derecha, progresismo-conservadurismo o como quiera llamarse a esa dicotomía entre dos posiciones igualmente legítimas, y quien marca el terreno es el que acaba llevándose la victoria. Pero en esta ocasión los soberanistas señalaron un terreno diferente, el que más les convenía por los temas que se obviaban, y todos los demás aceptaron sumisos las normas impuestas por el adversario.
Ese terreno marcado no sólo establecía que había que discutir sobre independencia y no sobre, sanidad, por poner un ejemplo, sino también que defender la autodeterminación, o el derecho a la secesión era lo moderno y progresista, y apostar por la unión, lo carca y anticuado. Y no.
En un país sometido, el progresismo y los impulsos de emancipación caminan indefectiblemente de la mano. De modo análogo, defender la secesión en una región desarrollada porque se considera que la solidaridad con los demás es una lastre puede ser muy legítimo, pero ello no atenúa el sonrojo intelectual que provoca asistir a cómo se disfraza de lucha liberadora esa posición reaccionaria.
Por poner un ejemplo cercano. Es como si en Marbella alguien quisiera trazar una linde para quedarse con el IBI de Guadalmina y Puerto Banús y disfrazara la maniobra de movimiento soberanista frente a la opresión de los barrios obreros.

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Jeque sin crédito
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Héctor Barbotta | 25-09-2015 | 10:16| 2

Esta semana el jeque Al-Thani apareció en Tuiter, como suele hacer cuando, quién sabe a partir de qué tipo de razonamiento, decide salir de un silencio de meses, soltar alguna frase y volver a encerrarse en quién sabe qué ocupaciones. Al-Thani, tecleó cuatro frases en algo parecido al inglés en la red social, que para él no sólo tiene la limitación de los 140 caracteres sino otras dos: el insuficiente dominio del idioma en el que intenta expresarse y también que posiblemente no sepa exactamente qué es lo que quiere decir. El jeque intentó defenderse de las acusaciones de los aficionados de que tiene abandonado al club, de que carece de proyecto para la entidad y de que la crisis deportiva es producto de una crisis de dirección. Su defensa no hizo más que dar la razón a quienes le critican. Resulta difícil entender por qué y a partir de qué criterio el jeque decidió romper su silencio para responder a los aficionados que reclaman no ya por la marcha del equipo, sino por el abandono de un proyecto que no hace mucho tiempo los ilusionó. Años atrás, cada frase, cada palabra, cada gesto y cada tuit eran objeto de sesudos análisis de los que podían desprenderse tesis y vaticinios sobre el futuro del Málaga Club de Fútbol y posteriormente también sobre la ampliación del Puerto de La Bajadilla, un proyecto en el que el jeque siguió el modelo aplicado en su aventura futbolística: mucho interés al principio y una total indiferencia después. La única diferencia es que en el Málaga se gastó una buena cantidad de dinero al comienzo, aparentemente sin ton ni son y sin una gestión medianamente seria detrás, pero en el puerto fue mucho más rácano. No hubo gestión pero tampoco dinero, posiblemente porque suponía que las puertas que le había abierto el dispendio en figuras del balón lo eximía de cumplir los compromisos adquiridos en otros terrenos. Hace no mucho tiempo, los tuits del jeque, sus presencias y ausencias, provocaban interés, entusiasmo, atención y hasta inquietud, pero ahora la jequelogía se ha convertido en una disciplina en franca decadencia. Se creía que estábamos ante un inversor excéntrico que escondía detrás de una personalidad inasequible un millonario con grandes ideas y un sólido equipo de gestión. Pero los tuits han dejado de interesar porque ya se sospecha, con cierto fundamento, que no son más que la manera en la que un millonario ocioso e irresponsable al que la fortuna le ha caído del cielo mata sus horas de aburrimiento. Del jeque se sabe poco. Por no saber, no se sabe si lo que gastó en el Málaga y lo que no se ha gastado en el puerto de La Bajadilla era suyo o de alguien más. De lo que sí estamos seguros es de que el crédito de nuestra paciencia se ha agotado.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella