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Próximas elecciones o próximas generaciones
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Héctor Barbotta | 09-03-2018 | 15:31| 0
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Una frase que se atribuye a Churchill sostiene que un político pasa a ser un estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones y empieza a pensar en las próximas generaciones. En boca de alguien que perdió los primeros comicios a los que acudió después de haber encabezado la resistencia de su país frente a los nazis y de haber ganado la mayor guerra de la historia, la frase adquiere toda su dimensión. Aquel trance debió haber sido duro para el político conservador, aunque hoy una estatua lo recuerde frente al Parlamento británico y casi nadie sea capaz de decir, sin consultar la Wikipedia, el nombre del rival que lo venció en las urnas una vez acabada la Segunda Guerra Mundial.
En un país en el que hace décadas que no aparece un estadista está fuera cualquier aspiración lógica reclamar semejante altura a políticos municipales, pero ello no debería desanimar a los ciudadanos a la hora de aspirar a encontrarse con comportamientos razonables y un mínimo de sentido institucional en los políticos locales cuando están en el gobierno y también cuando pasan a la oposición.
Esta semana, en la presentación del congreso que traerá a Marbella a partir del próximo viernes a 300 directivos y propietarios de hoteles de lujo de toda Europa, hubo una comparecencia conjunta de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y la secretaria general de Turismo de la Junta de Andalucía, Susana Ibáñez. Lo que debería ser visto como un síntoma de normalidad alentado por un acontecimiento relevante para la industria turística de la ciudad no puede dejar de ser interpretado, desafortunadamente, como un soplo de aire fresco nada habitual en ninguna época y menos aún en período de nerviosismo pre-electoral como en el que estamos entrando.
Hay situaciones que forman parte de la cotidianeidad política y que explican nítidamente esa falta de grandeza y de sentido institucional que no deberían dejar de ser exigidos a los representantes políticos. Una es la costumbre que tienen ministros, consejeros y delegados varios de hacerse acompañar por concejales de sus respectivos partidos, y no por los representantes institucionales, cada vez que tienen que hacer un anuncio o presentar una inversión. Lo hemos visto esta semana con la visita del delegado del Gobierno andaluz al centro de salud de San Pedro para inaugurar un nuevo aparato de radiología, pero se vieron casos análogos cuando era el PSOE el que estaba en la Alcaldía y el PP en la oposición. Los partidos se comportan todo el tiempo como si el dinero público fuera de ellos, y no de las administraciones que dirigen o de los ciudadanos que pagan sus impuestos. No es inhabitual escuchar que tal o cual inversión la ha hecho «el gobierno del PP» o que se se le debe «a los socialistas».
Otra de las situaciones que suelen producirse y que delatan esta concepción preminentemente partidista de la actividad política es el reclamo permanente que se realiza por parte de quien ha estado al frente de una institución de que se recuerde que determinados hechos positivos que se acaban consumando se iniciaron con otro alcalde o alcaldesa al frente del Ayuntamiento.
Cuando el gobierno tripartito anunciaba la concesión de licencias urbanísticas para proyectos de envergadura en Marbella, desde el PP se le afeaba que no reconocieran que se trataba de expedientes que se habían iniciado antes del relevo político en el Ayun tamiento. Ahora es el PSOE el que reclama, por ejemplo cuando se aprueba la licencia de obras en el Hotel Don Miguel, que se mencione que fueron ellos quienes estaban al frente del Ayuntamiento cuando llegaron los inversores. Si los políticos no se dieran más importancia de la que realmente tienen, porque hay situaciones que se producen no por ellos sino mientras están ellos, no habría necesidad de escuchar estos reclamos absurdos que no parecen otra cosa que pataletas infantiles. Quizás sea mucho pedir que entendieran que el valor de una fotografía a la hora de decidir el voto es ciertamente relativa
No habría que resignarse, sin embargo, a que esto nunca va a cambiar. Debería mantenerse la esperanza de que algún día algún gobierno presentara un proyecto en el que el primer cálculo fuese el beneficio social o incluso el beneficio a las próximas generaciones, y no si dará tiempo a cortar la cinta antes de la próxima cita electoral. En ese momento podríamos pensar que estamos ante algo parecido a un estadista.

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¿Y aquí cuándo toca?
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Héctor Barbotta | 26-02-2018 | 12:04| 0
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La Junta de Andalucía ha anunciado que el tercer hospital de Málaga va a estar construido y en funcionamiento a comienzos de 2024. Los más optimistas pueden creer que, mes arriba, mes abajo, el Gobierno andaluz va a cumplir con su compromiso en ese plazo de seis años; los optimistas de grado medio posiblemente crean que habrá tercer hospital, pero que la obra sufrirá retrasos similares a los que ya se conocieron cuando se construyeron los hospitales de Ronda o Cártama, por no irnos muy lejos. Pero habría que ser muy pesimista para vaticinar que la Junta propondrá financiar el nuevo hospital con una concesión administrativa, que licitará las obras a cambio de la explotación del parking, que esa empresa entrará en concurso de acreedores y posteriormente en liquidación, que el proyecto se enquistará con demandas cruzadas en los tribunales y que encallará durante ocho largos años sin soluciones en el horizonte ni preocupación aparente del Gobierno andaluz para que las haya. Hay que ser muy pesimista, en suma, para creer que otra ciudad andaluza tendrá por parte de la Junta de Andalucía un trato como el que sufre Marbella.

Desde que las obras se paralizaron en el año 2010, la ciudad ya ha disfrutado de dos anuncios de desbloqueo inmediato de la situación. En agosto de 2014, todas las partes implicadas –la Agencia Sanitaria de la Costa del Sol (empresa pública de la Junta de Andalucía), el Ayuntamiento de Marbella y la concesionaria– firmaron un acuerdo que preveía la retirada de las demandas cruzadas interpuestas y la aplicación de descuentos en las tarifas de aparcamiento que se cobrarían a los vecinos de Marbella. Eso quedó en nada.

Más recientemente, en el verano de 2016, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, anunció en Marbella que se convocaría un nuevo concurso en un plazo breve de tiempo si la empresa no retomaba las obras. Mismo resultado.

La situación, análoga a la del puerto de La Bajadilla, está bloqueada en los tribunales. La empresa concesionaria, integrada a partes iguales por una empresa de instalaciones eléctricas y Abengoa, se encuentra en fase de liquidación. Llama la atención la impotencia –o falta de interés- de la Junta para resolver una situación que en cualquier otra ciudad de Andalucía supondría un escándalo mayúsculo y pondría en jaque al consejero. Por aquí, en cambio, han pasado ya tres máximos responsables de Salud desde que comenzó el problema sin conseguir una solución. Es más, sin cumplir ni remotamente con las soluciones que ellos mismos se comprometieron a impulsar. Ni antes con el gobierno municipal en solitario del PP, ni después con el tripartito encabezado con un alcalde socialista, ni ahora con un gobierno de dos socios con una alcaldesa del PP, la ciudad ha conseguido que se la escuche. Ni siquiera se ha logrado que la paralización de las obras forme parte de la agenda de problemas a resolver.

Posiblemente sea necesario recordar que de los 48 millones en los que está presupuestada la obra, la paralización sobrevino cuando ya se había invertido la mitad. ¿Alguien se hará cargo de la pérdida económica que supone el deterioro que sin duda está sufriendo el edificio desde que se pararon las obras?

Las condenas hay que llevarlas con dignidad. Nadie en Marbella debería desear que se dé a otro municipio el trato que recibe esta ciudad. Sin embargo, sería interesante saber cuál sería la reacción social si la Consejería de Salud anunciara, o lo hiciera de forma solapada como lo intentó en un principio en Marbella, que no va a haber dinero de sus presupuestos para la construcción del tercer hospital de Málaga, sino que las obras se financiarán mediante la explotación de un aparcamiento cuya utilización sería fácticamente obligatoria para todos aquellos que acudan al centro sanitario, ya sea por una urgencia, para una cita con un especialista o para visitar a un familiar hospitalizado.

No es difícil adivinar cómo reaccionarían ante semejante anuncio no ya el resto de las administraciones implicadas, sino los usuarios, los sindicatos, el Colegio Médico, los medios, los partidos políticos… Si se concluye, con cierto buen criterio, que el Gobierno andaluz no se atrevería a semejante barbaridad en ninguna otra ciudad de la Comunidad Autónoma, cabe preguntarse ¿por qué en Marbella sí?

Se pueden aventurar diversas hipótesis pero posiblemente sea oportuno invertir el sentido de la pregunta. ¿No será que el Gobierno andaluz no se atreve a darle a Marbella lo que le corresponde porque en el resto de Andalucía realizar una inversión en esta ciudad supone algún tipo de coste político? ¿No será víctima Marbella de la imagen que se cultiva en cada promoción turística y que la describe como una ciudad de ensueño? ¿Nos veremos obligados algún día a hacer una campaña para explicar que en esta ciudad, además de ricos que se pueden pagar clínicas y colegios privados viven también camareros, dependientas y profesionales varios que tienen las mismas necesidades y derechos que el resto de los andaluces? ¿Habrá que ir despacho por despacho para explicar a los responsables políticos que no se tienen que tomar al pie de la letra todo lo que ven en los vídeos que se utilizan para la promoción turística de la ciudad? ¿Será necesario aclarar que eso del lujo es un reclamo publicitario dirigido a un público concreto y no la realidad cotidiana de 148.000 vecinos?

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Algo más que un debate urbano
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Héctor Barbotta | 19-02-2018 | 09:21| 0
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Pocas decisiones hay tan trascendentes para una ciudad como cuando se propone la peatonalización de una de sus arterias principales. En primer lugar, porque se trata de una decisión que raramente es reversible. Una vez que se adopta y se lleva adelante no suele haber marcha atrás. En segundo lugar, porque pocas transformaciones puede haber que cambien tanto la fisonomía del centro urbano y que influyan de manera tan determinante en la manera en que los vecinos se relacionan con su propia ciudad, en la fisonomía de los comercios o en la posibilidad de un entorno de resultar atractivo para los visitantes.
La peatonalización es decisiva y trascendente desde la perspectiva urbana, pero también comercial, medioambiental, económica y de movilidad. Pocas decisiones del ámbito municipal hay, en suma, que, influyan de una manera tan determinante en la vida cotidiana de los vecinos, pero también en el futuro de la propia ciudad.
San Pedro Alcántara está afrontando actualmente ese debate y se ha generado, como es natural, un escenario de controversia. Uno de los aspectos más importantes de los debates que se abren cuando se está por peatonalizar una calle es que resulta muy difícil anticipar cuál va a ser el resultado. Hoy en día casi nadie se acuerda de aquello pero cuando a mediados de los años noventa se empezó a plantear el cierre al tráfico de la calle Larios, comerciantes y hosteleros de Málaga recibieron aquella propuesta con una hostilidad indisimulada. De haber adivinado cuál iba a ser la influencia de la peatonalización en el vigor comercial de esa arteria, con seguridad su actitud hubiese sido muy diferente.
Sin embargo, cuando ya se conocían los resultados de calle Larios y el proyecto de peatonalización avanzó hacia las calles del entorno, el rechazo no amainó. Hoy, con el centro de Málaga convertido, inéditamente, en el motor turístico y comercial de la capital de la provincia, aquel debate se presenta como anacrónico.
Algo muy parecido, aunque en una dimensión sensiblemente menor, sucedió en Marbella cuando el Ayuntamiento comenzó por la avenida Miguel Cano su proyecto de peatonalización del centro al sur de la avenida Ricardo Soriano. Hoy es difícil dudar de la consecuencia comercial y turística de esa iniciativa, aunque suponer que operaciones similares van a tener resultados idénticos cualquiera sea el lugar en el que se ejecuten supone una simpleza de análisis en la que no se deberían basar decisiones de tanto calado.
Es más, Marbella tiene por delante un proyecto que antes o después deberá abordarse, como es el de la peatonalización total o parcial de Ricardo Soriano, al menos en el entorno de la Alameda, por la sencilla razón de que el casco urbano de una ciudad, y especialmente el casco urbano de una ciudad turística que no quiere verse estancada en su desarrollo, no debería estar atravesado por una avenida que en realidad se utiliza como autovía. Que ese proyecto no se haya abordado todavía responde simplemente a las dificultades técnicas que presenta la canalización por vías alternativas de todo el tráfico y al coste sideral que supondría la solución más sencilla, un soterramiento en el trazado más céntrico. Sólo con imaginar el revulsivo comercial, turístico y económico que supondría una avenida Ricardo Soriano peatonalizada y surcada por un tranvía debería invitar a no abandonar, por caro o por dificultoso que parezca, esa proyección indispensable para el futuro a medio plazo de esta ciudad.
Pero ahora donde está planteado el debate es en San Pedro y lo que correspondería hacerse para que lo que salga de ahí no sea un resultado del que arrepentirse es afrontarlo sin caprichos ni fobias personales, con más datos objetivos que percepciones a vuelapluma y con los intereses generales por encima de los privados, por muy legítimos que estos puedan parecer.
En los últimos años, sobre todo a partir de las obras del soterramiento, San Pedro vivió una transformación radical y en positivo, pero no puede decirse que haya sido una transformación indolora. Aquellas obras, con la travesía abierta en canal durante años, dejaron algo más que heridos en el tejido comercial de la ciudad.
Posteriormente, con la inauguración del bulevar, la zona vivió un momento de prosperidad que se tradujo en la apertura de comercios y en la revalorización de las propiedades que habían sido castigadas simultáneamente por la crisis y por las obras del soterramiento.
Ese momento de expansión, sin embargo, fue más efímero de lo que cabía desear. Parte del debate que ahora se abre sobre el proyecto de peatonalización del trazado sur de Marqués del Duero debería centrarse en los motivos por los que el auge que insinuó la apertura del bulevar no consiguió mantenerse en el tiempo y en si la reducción de dos a una de los carriles de circulación en esa arteria no tuvieron relación con ese frenazo.
Las posiciones a favor y en contra de la peatonalización están planteadas. Su principal impulsor, el teniente de alcalde, Rafael Piña, sostiene que es la mejor manera para que el comercio tradicional pueda adaptarse a las nuevas formas de consumo y por lo tanto atraer clientes que acudirían seducidos por un nuevo espacio de paseo.
Sin embargo, quienes de momento encabezan la oposición a la peatonalización completa son precisamente los comerciantes, que plantean, entre otras cuestiones, el hecho de que gran parte de Marqués del Duero ya es peatonal, las dificultades añadidas que supondría para la carga y descarga de todo el centro de San Pedro y el hecho de que los vecinos de las urbanizaciones de la zona se suelen desplazar en coche, por lo que la peatonalización total los disuadiría de acudir.
La controversia se resolverá en una consulta telemática en la que la última palabra la tendrán los vecinos. Pese a optar por esa forma de resolución, Piña no ha adoptado una actitud neutral. Opción Sampedreña ha anunciado que hará campaña por el ‘sí’ porque considera que se trata de la mejor solución para revitalizar el comercio.
OSP es el único partido que hasta el momento se ha decantado por una postura definida, ya que el otro que también se ha pronunciado sobre este asunto, Podemos, lo ha hecho para reclamar que se den a conocer los estudios técnicos que permitan a los ciudadanos opinar con fundamento, pero sin posicionarse sobre el fondo del asunto.
Entre quienes aún no se han decantado por una u otra opción está el Partido Popular. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha eludido esta semana mostrar cuál es su postura aunque el perfil de quienes se oponen coincide en líneas generales con el de muchos de sus votantes en San Pedro. La posición del partido mayoritario del gobierno es incómoda, ya que por un lado no puede confrontar en un tema fundamental con sus socios y por el otro tampoco puede dejar desasistidos a sus votantes a un año de las elecciones y en un distrito donde, como sucede habitualmente, se acabará decidiendo el destino electoral de Marbella. Sobre todo cuando Ciudadanos, la fuerza política que amenaza con corroerle buena parte de su tarta electoral en todo el país, se ha apresurado a alinearse con los empresarios y comerciantes contrarios a la peatonalización.
El PP se enfrenta pues a una dicotomía que deberá resolver. De la respuesta que halle podrá deducirse cuál será su estrategia política para el resto del tiempo que aún queda de mandato. En juego puede haber mucho más que abrir una calle al tráfico o cerrarla y reservarla sólo para los peatones.

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Con consenso, difícil; sin consenso, imposible
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Héctor Barbotta | 16-02-2018 | 10:24| 0
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Hay situaciones que ya no sorprenden porque forman parte del guión. Algo muy distinto es que el guión nos parezca aceptable. La costumbre y la normalidad, lo habitual y lo deseable, no son lo mismo.
El grupo municipal socialista ha informado de la presentación de un recurso contra el decreto municipal en el que se ampara el próximo nombramiento de los directores generales del Ayuntamiento. Se trata de un proceso en el que, si no se producen sorpresas, que no se producirán, y con alguna excepción, que la habrá, consistirá básicamente en el cambio de estatus de los cargos de confianza nombrados por el actual equipo de gobierno municipal, que podrán pasar a formar parte de la estructura de mando del Ayuntamiento.
El proceso, al que formalmente puede acudir quien lo desee pero en el que el Ayuntamiento se reserva el derecho a nombrar a quien le plazca, ha sido impugnado por el grupo municipal socialista, que entiende que no da garantías para evitar el enchufismo.
La actitud del PSOE sería irreprochable, ya que la oposición está para estas cosas, si el decreto impugnado no fuera prácticamente idéntico al aprobado en su día por el tripartito y que fue impugnado, precisamente, por el grupo municipal del Partido Popular, que ahora presenta el suyo como si fuese algo totalmente distinto. Como se ve, los roles se han invertido, pero no la voluntad de poner palos en la rueda a la gestión del adversario.
No se trata de una cuestión de principios, ni entonces ni ahora, porque lo que era malo entonces también lo debería ser ahora, del mismo modo que lo que era legítimo hace dos años no debería haber perdido legitimidad al haber cambiado de manos el bastón de mando. De lo que se trata es de un malentendido papel de lo que supone ejercer el papel de oposición. Incluso de lo que significa hacer política.
Quienes ejercen la dirección política del Ayuntamiento porque han conseguido la mayoría para ello deberían tener manos libres para el nombramiento de los cargos directivos que los acompañan en la gestión de la que deben dar cuenta. No tendrían que verse obligados a recurrir a procesos supuestamente abiertos para designar a sus cargos de confianza. Que la ley obligue a hacer un simulacro de proceso selectivo es absurdo. Tan absurdo como que los partidos avalen o abjuren de esos sucedáneos de transparencia y apertura, que no tienen más efecto que el de un placebo, que no siempre funciona, según si les toca interpretar el papel de responsable gobierno o de indignada oposición.
Los roles no se eligen por convicciones, sino según el lugar que el guión de la coyuntura política asigna en cada momento. Los políticos asumen ese guión y esos roles sin rechistar, lo que los lleva a proponer algo muy parecido a aquello de lo que dos años atrás renegaron y a renegar de lo mismo que hace dos años propusieron. Lo que no deberían esperar, ni unos ni otros, es que el público, los ciudadanos, asista con un mínimo de interés a esta comedia en la que los papeles se intercambian según cómo toque en cada momento.
Por esa misma lógica de intereses partidarios en la que las convicciones o el estudio en profundidad de los problemas y sus soluciones son colocados en un lugar subalterno, hay poca esperanza en que los partidos aporten algo relevante en el debate abierto sobre la necesidad de una solución ferroviaria para los problemas de movilidad de Marbella y la Costa del Sol. Ahí cabe esperar mucho más de los técnicos, de los especialistas y, sobre todo, de la sociedad civil, que de los partidos políticos y sus portavoces, siempre dispuestos a repetir lo que el guión ordene.
Así como pocas semanas atrás, cuando salió a la luz el olvido de la conexión ferroviaria en el POT de la Costa del Sol por parte de la Junta de Andalucía, el Partido Popular interpretó el papel de la indignación, ha bastado que el Ministerio de Fomento haya propuesto un Cercanías para que el PSOE se posicionara por la alta velocidad. Más aún, los socialistas de toda la provincia eligieron Marbella para escenificar su reclamo de un tren que conecte a toda la Costa del Sol.
Que el PSOE enarbole ahora la bandera de la conexión ferroviaria de la Costa del Sol como emblema de su próxima campaña electoral de las elecciones municipales sin ensayar una mínima autocrítica sobre las promesas incumplidas desde el año 2000 supone todo un desafío, por no decir una burla, para quienes durante todo ese tiempo creyeron en los anuncios, estudios y hasta licitaciones realizados tanto por la Junta de Andalucía como por el gobierno de Rodríguez Zapatero.
Que el PP dé por bueno el Cercanías, sin más, cuando hasta antes de ayer exigía un AVE para Marbella, no parece ser algo muy distinto. Estas posiciones, donde la manipulación política juega el papel más relevante frente a cualquier otro factor, hacen que el debate sobre la conexión ferroviaria a Marbella y Estepona corra el riesgo de instalarse en el lugar que menos le conviene a estas dos ciudades y a la provincia en su conjunto, la de un partido que propone una solución y la de otro partido que impulsa la contraria. Así, quien se decante por el AVE puede ser señalado como socialista, y quien considere que lo prioritario es el Cercanías, de partidario del Gobierno. Así se ha visto en la consulta realizada recientemente por este periódico a alcaldes de la zona y publicada ayer.
Bien harían unos y otros en pedir perdón por estas casi dos décadas de promesas incumplidas y de anuncios vacíos y en ponerse a trabajar en conjunto en aquello que es lo único que puede algún día ayudar a que la Costa del Sol quede conectada a una línea férrea: un amplio consenso de todas las instituciones sin distinción de partidos y con un solo objetivo común.
Lo que menos se necesita en estos momentos es un debate de fundamentalismos, de etiquetas y de sambenitos. Lo que es imprescindible es una discusión serena y lo más técnica posible sobre las necesidades y las prioridades de la Costa del Sol.
Y ese debate tiene que partir, necesariamente, de dos realidades que deberían alarmarnos. La primera es que somos una de las zonas del mundo en las que menos se utiliza el transporte público, una situación que no solamente perjudica a quienes viven aquí, sino también a quienes eligen esta zona del sur de Europa como lugar de vacaciones. Vivimos en una época en la que usar el coche ha dejado de ser símbolo de estatus, y mucho menos un lujo, porque el lujo, especialmente en época de vacaciones, es olvidarse del coche. Y ese es uno de los pocos lujos que esta ciudad no puede ofrecer a sus visitantes.
El segundo motivo de preocupación es que Marbella y la Costa del Sol van camino de quedar aislados de la red ferroviaria de alta velocidad que en no muchos años conectará a todas las principales ciudades de España.
Sólo una vez que se llegue a una síntesis acerca de lo que realmente se necesita, por orden de prioridades, se aísle este asunto del oportunismo electoral y se lo sitúe en el plano de una reivindicación de toda la provincia por la que las diferentes instituciones trabajen de manera conjunta, se podrá decir que se han comenzado a dar pasos para la llegada del tren. De otra manera se seguirán ofreciendo excusas más o menos iguales a las que llevamos 20 años escuchando. Con el resultado conocido.

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Turismo, política y fotos
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Héctor Barbotta | 25-01-2018 | 09:06| 0
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Ha terminado una nueva edición de FITUR, esa cita ineludible de cada año donde confluyen el negocio y la política. En rigor debería decirse que no siempre confluyen, ni convergen, sino que simplemente coinciden temporal y espacialmente, muchas veces sin mezclarse.
Hay políticos para quienes hacer política supone básicamente en hacerse fotos, y para eso FITUR es el escenario ideal. Otros consideran, con buen criterio, que en relación con el turismo una parte fundamental de su obligación consiste en generar las condiciones para que los negocios puedan hacerse. FITUR es también una buena ocasión para eso. Cuando se consigue, la foto tiene algún sentido. Si no, es cáscara, apariencia pura.
Marbella ha seguido este año la estela del surco abierto durante la etapa del tripartito, cuando se decidió recuperar el expositor propio en FITUR y celebrar un gran acto en la víspera de la inauguración de la feria. Cuando en 2016 el Ayuntamiento decidió volver a FITUR con una presencia de peso, la decisión fue aplaudida. A pesar de la desconfianza que siempre genera una cita en la que abunda el figureo sin sustancia, FITUR es también es un escaparate donde se puede correr el riesgo de destacar por la ausencia, algo que Marbella no se puede permitir. Por ello, igual de bienvenida debe ser la decisión tomada por el actual equipo de gobierno de mantener esa línea, no forzar un cambio abrupto en la estrategia de promoción turística, sostener el camino trazado antes del cambio de gobierno producido con la moción de censura y brindar una imagen de cierta continuidad institucional.
Que se haya mantenido el lema implantado hace dos años –‘Marbella, un destino cinco estrellas’–, pese a las dudas que despierta en el actual equipo de gobierno, debe ser interpretado también como un acto de responsabilidad. El eslogan puede convencer más o convencer menos, pero modificar una campaña de imagen con cada cambio de gobierno llevaría a una dinámica absurda que generaría una sensación de inseguridad y desconcierto de la que solamente cabría esperar un deterioro de la reputación de la ciudad.
La víspera del comienzo de la feria se ha convertido en un día clave para la actividad en FITUR. Las agendas suelen estar apretadas y la noche previa a la inauguración se ha convertido en un momento cotizado donde diferentes delegaciones compiten por hacerse con un lugar. Marbella ha sabido encontrar un espacio en esa fecha, lo que demuestra la potencia de la marca y los beneficios de dar continuidad al trabajo año tras año independientemente de que cambie el signo de la dirección política del Ayuntamiento.
El esquema diseñado por el área de turismo para el acto de este año fue similar al del año pasado: un escenario de alta categoría –el año pasado, el Teatro Real; éste, el Palacio de Santa Coloma– una amenización musical de primer nivel, una intervención de la primera autoridad de la ciudad y un cóctel con algunos invitados de peso. En esta ocasión, la participación de Dani García le dio al evento un toque extra de calidad y de identificación con la gastronomía de la ciudad.
La intervención de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, fue corta como cabe esperar en un evento de este tipo y contrastó con otros actos institucionales vistos en la feria, donde los políticos parecen no querer perder ni uno solo de los minutos de gloria que el auditorio asegurado que supone FITUR y el dinero público que administran les tienen reservados. En la comparación con otros actos realizados en el entorno de la feria ese día y también en días posteriores, Marbella salió más que bien parada. Tuvo calidad y sobriedad. Tanto las autoridades municipales como quienes trabajan en el área de Turismo parecen tener claro qué es lo que se espera de la ciudad en una cita como esta, y eso es algo digno de ser valorado.
También las ideas parecieron estar claras en el stand de la feria, ubicado en el mismo emplazamiento del año anterior aunque se está valorando mudarlo para la próxima edición. En esta ocasión no sólo pareció acertado el diseño, con unas pantallas gigantes que llamaban poderosamente la atención, sino también el contenido, con una programación de presentaciones que se agruparon en dos grandes bloques: la gastronomía y el ocio el miércoles y el deporte el jueves. El momento estrella fue la presentación de la Copa Davis con la presencia del secretario de Estado para el Deporte y el apadrinamiento de Manolo Santana. Ante la posibilidad de hacer una sola presentación de todos los eventos deportivos que tendrán lugar este año en la ciudad, el Ayuntamiento decidió hacer una presentación cada media hora en una jornada maratoniana en la que todo el peso recayó sobre la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que asumió en primera persona el peso de la actividad. Es difícil valorar cuál de las dos opciones hubiesen conseguido un mayor impacto, aún teniendo en cuenta que FITUR es una cita donde la competencia por conseguir la atención mediática es enorme y la cantidad de exposiciones es inabarcable, por lo que no inusual ver a alcaldes de diferentes pueblos que acaban exponiendo las bondades de su oferta turística solamente ante el cámara de su propia televisión local.
Posiblemente lo más positivo es que este año Marbella, con todos los eventos previstos para este año en la ciudad, sumado a la presencia de Puerto Banús, cuyo director, Juan Núñez Insausti, tuvo también una intensa actividad en el expositor al igual que otras empresas de la ciudad desplazadas a Madrid, dieron al stand un contenido que permite decir que la presencia de Marbella en FITUR no se limitó a lo meramente testimonial.
Como la feria de Madrid es un escaparate no solamente de la actividad turística sino también una radiografía del estado de salud de las instituciones, las dos primeras jornadas fueron también una exhibición del sectarismo político con el que las autoridades suelen actuar.
Ya en el cóctel del martes llamó la atención la ausencia de los concejales de la oposición. Algunos reconocieron que no hubiesen asistido aún en el caso de que los hubieran invitado, pero el exalcalde José Bernal lamentó esta semana no haber recibido invitación alguna. Desde el Ayuntamiento han reconocido que efectivamente no se giraron invitaciones formales a los grupos políticos, pero también que la organización se limitó a repetir el criterio utilizado el año pasado, durante el gobierno del tripartito, cuando el protocolo tampoco incluyó invitaciones a los ediles de la oposición. Se trata, en todo caso, de una cuestión que año próximo no debería repetirse. Si ya han quedado uno a uno no es necesario desempatar.
Este empeño en no cuidar las formas elementales de la cortesía y del sentido institucional tuvo más manifestaciones en FITUR. Ni el miércoles, cuando la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, inauguró el pabellón andaluz a lo que siguió un recorrido de más de dos horas por los ocho expositores de las provincias andaluzas, ni ninguno de los días sucesivos, ningún representante alto, medio o bajo de la Administración andaluza encontró hueco en su agenda para visitar el stand de Marbella. La ausencia no pasa de lo meramente simbólico, pero el paisaje que pinta esa actitud no es precisamente edificante.
Tampoco hubo presencia de la Junta de Andalucía en la foto de familia de la presentación de la Copa Davis, acontecimiento al que el Gobierno andaluz contribuye financieramente. La versión municipal sostiene que no hubo manera de que el consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, encontrara lugar en su apretada agenda para responder a la invitación realizada por el Ayuntamiento para que participara del acto. Desde el Gobierno andaluz, donde la presentación causó escozor, se asegura sin embargo que esa invitación nunca existió.
El disgusto de los responsables de la Junta fue mayor cuando se comprobó que los responsables de las otra administraciones que contribuyen económicamente al evento, la Diputación Provincial de Málaga y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, ambas gobernadas por el PP, sí se hicieron presentes en el acto. Aunque desde el Ayuntamiento se decidió que sólo intervinieran Ángeles Muñoz y el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, la foto de familia, a la que también se sumó el presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, dio lugar a una situación de incomodidad que seguramente los responsables municipales intentarán rebajar mañana, lunes, cuando el consejero de Turismo acuda a Marbella para firmar el convenio de colaboración entre ambas instituciones para la celebración de la eliminatoria.

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Algo no encaja
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Héctor Barbotta | 15-01-2018 | 09:37| 0
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Desde que tomó posesión el pasado verano, el gobierno formado por el Partido Popular y Opción Sampedreña ha contratado, o iniciado el proceso para hacerlo, servicios externos para el mantenimiento de parques y jardines, para el alumbrado de las calles, para los servicios auxiliares de los polideportivos y para el varadero y la gasolinera del Puerto Deportivo.

Se trata de un número de externalizaciones que no permite asegurar que haya una tendencia a privatizar la gestión municipal, como sí puede estar sucediendo en otros ayuntamientos de la zona, pero sí que existe una clara decisión política de cubrir mediante concesionarias las deficiencias que existen en la prestación de los servicios públicos.

La polémica que se ha suscitado en torno a estas contrataciones para cubrir servicios que hasta ahora se han venido prestando con recursos municipales puede abrir, más allá de oportunismos y de ese hábito tan habitual en política de escandalizarse por la paja en el ojo ajeno, un interesante debate en torno a los servicios públicos prestados por empresas privadas.

No puede acusarse al actual gobierno municipal de haber puesto en marcha este proceso de externalizaciones de manera subrepticia o inesperada. La falta de recursos humanos y materiales de las que el teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, ya se quejaba amargamente durante la época del tripartito fue una de las cuestiones que Opción Sampedreña puso sobre la mesa cuando el pasado verano se sentó con unos y con otros para decidir qué aliados elegiría para completar el actual mandato municipal. De izquierda y derecha llegaron ofertas de contrataciones y de transferencia de recursos a San Pedro, pero la palabra mágica, la que decantó la balanza hacia la oferta del Partido Popular fue ‘externalizaciones’. Una palabra que sonaba a herejía en un gobierno que, como el tripartito que OSP formaba con PSOE e Izquierda Unida, había llegado con el compromiso de recuperar para la gestión municipal servicios ya privatizados, como la zona azul o el transporte público, aunque ese impulso perdió brío cuando la obligación de gestionar llevó a hacer cuentas y puso las intenciones frente a la dura realidad. Los dos choques más duros entre Izquierda Unida, miembro del gobierno tripartito con las áreas de Vía Pública y Movilidad a su cargo, y Podemos, aliado indispensable para sacar adelante las votaciones, fueron precisamente a cuenta de la imposibilidad aducida por el tripartito de devolver a la gestión pública esos dos servicios.

Se suele acusar a los partidarios de que toda la gestión municipal se haga con recursos y dirección pública de moverse exclusivamente por motivaciones ideológicas, inasequibles a los datos de la realidad, pero no se puede asegurar que los argumentos de quienes aducen que la gestión privada es, por definición, más eficiente sean menos ideológicos.

Hay suficientes ejemplos, y no hay que irse fuera de la provincia de Málaga para encontrarlos, de servicios municipales que han colapsado en el momento en que su gestión ha salido de la lógica del servicio público para instalarse exclusivamente en la del mercado y el beneficio empresarial.

No se puede garantizar que en privatizaciones futuras las cosas no vayan a discurrir por ese sendero en un momento como el actual, de retroceso general de condiciones laborales en el que se puede estar caminando hacia una situación dual, de realidad paralela, en el que conviven trabajadores con derechos adquiridos antes de la crisis con nuevos trabajadores contratados según las nuevas condiciones imperantes. En este caso, empleados municipales con todos sus derechos consolidados frente a trabajadores contratados por las nuevas empresas ganadoras de una licitación.

La experiencia de conflictos laborales en empresas concesionarias de servicios públicos en municipios cercanos cuyas consecuencias las acaba pagando el ciudadano deberían funcionar como alarma suficiente para advertir de las garantías que deben preceder a cualquier proceso de externalización en el Ayuntamiento de Marbella.

A diferencia de lo que ha sucedido en Estepona, donde ha habido contratación de empresas con subrogación de trabajadores municipales, en Marbella no puede hablarse de privatización. Los servicios que se contratan con empresas externas suponen la incorporación de más personas al ámbito de trabajo de los servicios municipales, lo que debería llevar a preguntarse si se trata de nuevas prestaciones que recibirá el ciudadano o si por el contrario éste estará pagando con sus impuestos dos veces por lo mismo.

Desde la desaparición del GIL, al que se le debe la actual estructura desorbitada de la plantilla municipal, el Ayuntamiento de Marbella ha perdido más de una y más de dos oportunidades de afrontar ese problema heredado. El enchufe sistemático que contribuyó, posiblemente más que ningún otro factor, a las sucesivas mayorías absolutas de quienes saquearon la ciudad, generó una plantilla con exceso de auxiliares administrativos y que dio lugar a situaciones esperpénticas, como la falta de albañiles en el servicio de Obras o de insuficientes electricistas en los Servicios Operativos.

Al mismo tiempo, seguramente tomando en cuenta su condición de determinante fuerza electoral más que ningún otro factor, todo el debate que se dio en torno a los recursos humanos en el Ayuntamiento estuvo más enfocado a consolidar sus condiciones laborales que a ver cómo se mejoraban los servicios públicos y se respondía a las necesidades de la ciudad. En esto no se han visto diferencias entre los grupos municipales. Todos, desde el Partido Popular hasta Podemos, se han dedicado más a mimar a esa fuerza electoral determinante que a aplicar los cambios necesarios -con formación, con reciclaje o con renovación de la plantilla- para mejorar la calidad de los servicios públicos. Ahora, con las externalizaciones, se puede estar ante una nueva coartada para seguir postergando un debate imprescindible.

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Lolo baja de la montaña
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Héctor Barbotta | 21-12-2017 | 12:23| 0

El montañismo pierde un escalador de ‘ochomiles’ y Podemos gana un portavoz. Esa ecuación sintetiza la decisión adoptada por el secretario local de la formación morada, Manuel González ‘Lolo’, de interrumpir de momento su carrera deportiva para volcarse en la actividad política.
Con cinco ‘ochomiles’ en el currículum, a Lolo le resta coronar tres cumbres en el Himalaya para completar la lista de las cimas más altas del mundo, una meta que se había marcado cuando se convirtió en montañista de élite y que ahora deja de momento aparcada para volcarse decididamente en la política. Se trata de una interrupción momentánea, pero con 52 años puede convertirse en una renuncia definitiva. Cuando el virus de la política entra en el organismo parece difícil desprenderse de él.
«Los motivos para entrar en política son la consecuencia de la decisión que tomé hace unos tres años por el hartazgo y la repugnancia que me producen la gestión política de algunas personas que representan a partidos como PP y PSOE», explicó ayer González en una nota en la que dio a conocer esta decisión y agradeció a los medios de comunicación la cobertura informativa que durante todo este tiempo se ha dado a sus hazañas en las cumbres más altas de la Tierra. En el escrito, ‘Lolo’ recordó sus dos momentos más difíciles, cuando estuvo a punto de perder la vida en Lhotse en 2011 y el accidente sufrido dos años más tarde en Dhaulagiri, en el que perdió la vida un compañero de expedición.
En la nota, el dirigente de Podemos reconoce que renunciar a completar su currículum con todos los ‘ochomiles’ es una decisión muy difícil, pero que lo hace para dedicarse a la política pese a que en Podemos existe el criterio, que él mismo comparte, de que la dedicación a la actividad pública es siempre provisional. «La duración de esta nueva faceta de mi vida va a depender de dos factores: que mis compañeros y compañeras de Podemos sigan confiando en mí y que la ciudadanía también lo haga en el caso de que forme parte de una candidatura de Podemos».
La formación morada se enfrenta a un momento de decisiones y su secretario general quiere estar en primera fila. Tras haber sido elegido para ocupar el cargo rentado que le corresponde al grupo municipal de Podemos en el nuevo organigrama del Ayuntamiento, González se dispone a presentarse para renovar como secretario general en Marbella en una elección que presumiblemente la dirección nacional del partido fijará para febrero. Previamente la formación debatirá en un encuentro político algunas de las cuestiones más candentes. Entre ellas se encuentra la posible confluencia con Izquierda Unida también a nivel local, una opción que no cuenta con gran respaldo entre los militantes de Podemos de Marbella.
Posteriormente, Podemos tendrá que elegir a sus candidatos para las elecciones municipales, una lista en la que, si es elegido secretario general, González pugnará por estar. Los ‘ochomiles’ tendrán que esperar.

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Vía de agua en San Pedro
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Héctor Barbotta | 21-12-2017 | 12:21| 0
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Seguramente cuando en estos días los miembros del equipo de gobierno municipal hagan su balance de sombras y luces de este año frenético, en el que se consumó un inesperado cambio de gobierno tras la moción de censura que acabó con el pacto tripartito, tendrán claro de qué lado poner al apartado San Pedro Alcántara. Y no irá en el de las luces.
Quienes se dedican en serio a la política, no los aficionados a quienes «les gusta» la política, tienen con el poder una relación obligatoria que se parece más a aquellas relaciones que se establecen por responsabilidad profesional que las que se sustentan en el afecto y que se amortizan en el momento en que ese afecto mengua. Se podría decir que un político de estos – los de verdad, los de profesión, no los vocacionales– siente la obligación de acceder al poder cuando no lo tiene y de mantenerlo cuando ya lo ha conseguido, del mismo modo que recuperar la libertad, de una u otra manera, es la obsesión de cualquier persona que la ha perdido.
Por eso, es probable que muchas de las situaciones con las que los concejales del Partido Popular se han encontrado en los tres meses que llevan en el gobierno los hayan sorprendido, no por una falta de previsión, sino porque seguramente lo que ocupó sus cabezas durante los poco más de dos años que estuvieron en la oposición fue esa lógica obsesión por recuperarlo. Ese pulso irrenunciable por acceder al poder sin el que la política no existiría impide casi siempre considerar las eventuales consecuencias negativas del éxito, cuya evaluación siempre es a posteriori.
La mayor parte de quienes integran el grupo municipal del Partido Popular ya estuvo durante los ocho años anteriores de mandato de Ángeles Muñoz y es probable que cuando se decidió montar la moción de censura que los devolvía a los sillones de mando imaginaran un paisaje similar al plácido periodo 2007-2015. Sin embargo, estos poco más de 100 días transcurridos desde aquella sesión del 29 de agosto han bastado para demostrar que la situación es bastante diferente a la de entonces.
Cuando tras las elecciones de 2015 los dos ediles de Opción Sampedreña se encontraron en la situación de poder decidir si pactaban a izquierda o a derecha se decidieron por la primera opción por varios motivos. Uno de ellos, fundamental, fue el temor a verse fagocitados por un grupo popular que los sextuplicaba en número de concejales (13 frente a 2) y que además contaba con una experiencia de gobierno de la que ellos carecían. Sin embargo, después de dos años en los que aprendieron a moverse por los pasillos del Ayuntamiento y tras haber demostrado con hechos que no están inevitablemente ligados a una u otra alianza, comprendieron que a la hora de conformar una mayoría sus dos ediles son tan necesarios como los otros 13 y que por lo tanto podían hacerlos valer. Y tanto que lo hicieron.
Los ediles del Partido Popular ya han tenido tiempo de saber que esta segunda etapa en el gobierno municipal no se parecerá en nada a los ocho confortables años en los que disfrutaron de mayoría absoluta. En primer lugar, porque disponen de menos medios. OSP aprovechó su fuerza en la negociación y en el reparto de cargos de confianza, lo que le permitió montar una estructura de gobierno en San Pedro sin simetría alguna con su número de concejales y al mismo tiempo le restó recursos a sus aliados en el resto de distritos y dependencias.
Y en segundo lugar, y más importante, porque OSP se ha reservado absolutamente y en exclusiva toda la responsabilidad y presencia institucional en San Pedro Alcántara. Está por ver qué repercusión electoral puede tener para el PP su renuncia a ejercer el poder en un distrito en el que suele decidirse el destino electoral de la ciudad.
Si por algo el Partido Popular pudo convertirse en 2007 en la primera fuerza política de Marbella y mantener esa hegemonía electoral en casi todos los comicios convocados desde entonces fue, entre otros motivos, por su fortaleza electoral en San Pedro, donde ha sido invariablemente la opción política más votada en todas las elecciones municipales. Al mismo tiempo, una de las debilidades más evidentes de los socialistas, que hasta la aparición del GIL en 1991 habían conseguido pintar de rojo el mapa electoral de Marbella, consistió en su pérdida del bastión sampedreño y en el éxito conseguido por OSP en las convocatorias locales a la hora de comerles ese espacio electoral, relegándolos a una tercera posición incompatible con la de un partido con aspiración de poder. La debilidad de la agrupación socialista de San Pedro contrastaba con la fortaleza del Partido Popular en ese distrito, y en gran medida ello explicaba el abismo electoral entre ambas fuerzas de vocación mayoritaria.
Ahora se ha conformado un paisaje político ciertamente inhabitual en el que las dos formaciones que compiten electoralmente en un mismo distrito y se disputan la condición de primera fuerza son aliadas de gobierno. Esto supone una paradoja, pero también abre un interrogante cuya resolución no se puede adivinar todavía.
En el PP existe preocupación en relación a su gente de San Pedro, que empieza a percibir que el suyo es un partido de gobierno en Marbella, pero cuya capacidad de influencia en ese distrito es evidentemente limitada. Así queda en evidencia cada vez que se plantean problemas que deben ser resueltos desde la institución municipal y que acaban siendo derivados inexorablemente hacia la Tenencia de Alcaldía, que se ha convertido en un coto cerrado de Opción Sampedreña.
Posiblemente en cumplimiento de algún apartado no escrito en el pacto o quizás como consecuencia de que carecen de competencias y funciones concretas en el distrito, la presencia en San Pedro de los concejales del PP no llega siquiera a ser testimonial. De hecho, el concejal Cristóbal Garre, que fue el fichaje estrella en la lista popular y estaba llamado a jugar un papel trascendente en San Pedro si el PP renovaba la mayoría absoluta, ha sido enviado a la Tenencia de Nueva Andalucía, un destino que no imaginó ni en el peor de los escenarios.
El malestar crece entre los afiliados sampedreños y queda por ver qué repercusión electoral podrá tener esta situación para el Partido Popular y quién podrá beneficiarse de ella si, como puede suponerse, Opción Sampedreña ya alcanzó su techo y tiene muy difícil seguir creciendo.
En 2007, cuando tras la desaparición del GIL Marbella entró en una nueva era política, el Partido Popular consiguió convertir a San Pedro, un escenario que siempre le había sido hostil, en uno de sus principales bastiones. Por eso desde el principio se vio a OSP más como un rival que como un potencial aliado.
Las fuerzas de las circunstancias obligaron a revisar ese concepto y a impulsar un pacto.
Pactar siempre supone resignar aspiraciones y nadie en el PP podía aspirar a gobernar en coalición en las mismas condiciones que cuando obtuvieron mayoría absoluta. Tras la fragmentación del voto que experimentó el cuerpo electoral del Marbella, era previsible que conseguir una nueva mayoría iba a ser muy difícil para el PP desde la oposición, y en ello se fundamentó en gran medida la decisión de plantear una moción de censura cuando quedaban menos de dos años de gestión.
Está por ver si esa estrategia no acabará mostrando una vía de agua precisamente en el distrito donde los populares, a contrapelo de la tradición, habían conseguido por fin hacerse fuertes.

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Ruido y nueces
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Héctor Barbotta | 11-12-2017 | 09:51| 0

 

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El equipo de gobierno municipal cumplió el pasado jueves sus primeros 100 días al frente del Ayuntamiento y la efemérides apenas supera la categoría de anécdota. En otras circunstancias los 100 días constituyen el plazo de gracia que la oposición concede a quienes acceden al gobierno de una institución antes de comenzar a criticar su gestión, como los boxeadores que dedican el primer asalto a estudiar los puntos débiles de su rival como paso previo antes de comenzar a lanzar ataques. Los 100 días son también el plazo que quienes llegan a un gobierno se suelen dar a sí mismos para aterrizar, conocer los pasillos e interioridades y hacerse con los resortes de mando.
La manera en que se produjo el relevo en el Ayuntamiento y los antecedentes de los dos socios del nuevo equipo de gobierno -unos habían estado ocho años al frente de la institución municipal, los otros continuaban tras cambiar de aliados- ya permitía prever que no iba a haber ni 100 días ni 100 horas de margen. Los nuevos responsables no las necesitaban y los grupos que pasaron a la oposición inesperadamente posiblemente tampoco estarían dispuestos a concederlas. El silencio que hubo antes de que comenzaran a llover críticas, algunas de ellas aparentemente inspiradas en cuestiones de los anteriores mandatos de Ángeles Muñoz, como si no hubiese pasado nada en medio y los partidos ahora en la oposición no consideraran necesaria una nueva estrategia, pareció deberse más a la necesidad de acomodarse a la nueva e inesperada situación que a la decisión de conceder el periodo de gracia y cortesía.
Cuando Ángeles Muñoz volvió a sentarse en el sillón de alcaldesa dijo que tenía por delante 18 meses de mandato. En realidad eran 21, pero la regidora consideró que son menos porque sabía que una vez que se convocan las elecciones municipales el equipo de gobierno está impedido de cortar cintas y hacer anuncios. Esta advertencia tenía una doble intención, basada en la convicción de que no le sobraría el tiempo para justificar desde la gestión el paso dado. En primer lugar, porque pretende evitar que el electorado la juzgue, llegado el momento, por un mandato completo cuando sólo habrá tenido menos de dos años. Y en clave interna, para incentivar a su equipo a pisar el acelerador en una situación más incómoda que en los mandatos anteriores, donde no tenían que entenderse con aliados, no estaban obligados a repartirse los recursos, especialmente los humanos, con estos y contaban con más margen para planificar la estrategia. En el PP sabían porque si un mandato municipal se pasa rápido, medio mandato no da margen para mucho.
Algunos miembros del equipo de Ángeles Muñoz aseguraban antes de presentarse la moción de censura algunas voces que era previsible una debacle en un gobierno tripartito que no contaba con mayoría en el pleno y donde la inexperencia en la gestión de algunos de sus miembros producía algunas disfunciones. «Si les presentamos una moción de censura les hacemos un favor», decían apenas semanas antes de que el relevo en el Ayuntamiento se consumara.
¿Ha cambiado el criterio de quienes en el PP pensaban de esa manera? Hay quienes aseguran que parte del paisaje encontrado confirma esa línea de pensamiento. Sin embargo, son más quienes sostienen que no ha habido tiempo de ponerse a pensar en eso, porque Muñoz ha impuesto un ritmo vertiginoso que parece tener un objetivo excluyente: que la calle advierta un cambio radical en la gestión municipal.
En estos 100 primeros días de gobierno se pueden distinguir dos etapas. La primera duró unos días y podría denominarse como la de los golpes de efecto: el plan de choque de limpieza, el cierre del hotel Sisu, largamente demandado por los vecinos, o el anuncio de la apertura de la zona deportiva del Francisco Norte, concretada recientemente. La segunda tuvo menos impacto visual y los ediles la justifican en que han tenido que sumergirse en sus delegaciones para tapar vías de agua y mantener el barco a flote. En esa línea se explican alguna de las explicaciones que se han dado en estas semanas, como los 1.500 reparos del interventor -ante cuya marcha al Ayuntamiento de Málaga algunos ediles no han podido contener la sonrisa-, las facturas sin pagar, el bloqueo urbanístico y la inejecución de gran parte de presupuesto de este año. En esta segunda etapa pueden inscribirse algunas de las acciones posteriores entre las que destacan la aprobación de los presupuestos para que entren en vigor a comienzos del próximo ejercicio, la aprobación del texto refundido del PGOU o la regularización en los pagos a proveedores, que habían acumulado retrasos en los últimos tiempos.
El éxito conseguido al convertir a Marbella en sede de la próxima eliminatoria de la Copa Davis es otro hito del que seguramente el discurso oficial sabrá sacar rédito en lo que queda de mandato si el evento se desarrolla con éxito. En el gobierno municipal no dudan de la importancia que la cita tendrá para la imagen de su gestión. «Nos jugamos mucho», reconocen.
El discurso del gobierno ha incorporado el concepto de ‘velocidad de crucero’, al que recurre cada lunes el portavoz municipal, Félix Romero, para referirse a la acción ordinaria de gobierno y con el que se transmite el mensaje de que el Ayuntamiento ha recuperado una normalidad que antes no existía. Pese a que al principio intentó evitar las referencias explícitas a sus antecesores, el equipo de gobierno ha acabado cediendo a la tentación y es rara la comparecencia que no se mencione un bloqueo, supuesto o real, que los nuevos gestores se han visto obligados a desatascar.
El problema es que algunas de estas referencias acaban implicando al área de Hacienda, donde no ha habido recambio porque está a cargo del mismo miembro de Opción Sampedreña que la ocupaba antes de la moción de censura. Una inercia en el discurso oficial seguramente dificl de evitar.

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El puerto en su laberinto
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Héctor Barbotta | 15-11-2017 | 15:36| 0
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado una sentencia que anula desde el principio todo el proceso por el que se concedió al jeque Al-Thani la ampliación y gestión del Puerto de La Bajadilla. La sentencia es del pasado 28 de septiembre y el acto que suprime -la mesa de contratación en la que se aceptó como licitadora a la UTE formada por una sociedad del jeque y el Ayuntamiento de Marbella- se celebró el 31 de marzo de 2011.
Como es sabido, aunque el nuevo puerto ya debería estar construido, en todo este tiempo el concesionario no movió una sola piedra. Cabe preguntarse qué hubiese pasado con esta sentencia, que llega seis años después, si los plazos se hubiesen cumplido y la inversión se hubiese efectivamente realizado. El lío sería mayúsculo.
Pero también cabe otra pregunta: ¿Cual sería ahora la situación si la justicia hubiese sido diligente y el jeque hubiese sido situado en su lugar –es decir, fuera del proyecto del puerto– sin haber dispuesto de seis años, y los que quedan, para tomarle el pelo a las instituciones y a los vecinos de Marbella?
Estaría bien que algún día los miembros del estamento judicial se vieran obligados, ellos también, a rendir cuentas por las consecuencias de sus acciones y también de su lentitud e indolencia.
La sentencia tiene, en una primera lectura, dos efectos. La primera es que pone de manifiesto que todo el proceso se llevó mal desde el principio y confirma que el momento en el que el jeque Al-Thani se interesó por la ampliación del puerto de La Bajadilla supuso una calamidad para la ciudad de Marbella. La segunda es que añade complejidad a la situación. No porque la sentencia no sea diáfana en cuanto a la exposición de motivos y conclusiones, sino porque seguramente será recurrida y la posible ampliación del puerto seguirá bloqueada en los tribunales. Si la Sala de lo Contencioso del TSJA tardó seis años en resolver, resulta difícil vaticinar cuánto puede demorar un eventual recurso ante el Supremo.
La sentencia del TSJA supone un varapalo en toda regla a la alianza entre el jeque y el Ayuntamiento de Marbella. Esta operación, en la época en que los políticos de todo signo daban codazos para aparecer en una fotografía al lado de Al-Thani, fue presentada en su día como un acto de generosidad del jeque hacia la ciudad y un éxito político de Ángeles Muñoz.
Pero en realidad, además de un profundo error que la entonces y actual alcaldesa haría bien en reconocer, no fue otra cosa que una estratagema planteada para permitir que el jeque pudiera acudir a un concurso público para el que no reunía los requisitos.
La sentencia es clara en ese sentido. Sostiene que la sociedad montada por Al-Thani para acudir al concurso no reunía las condiciones de solvencia económica acreditada, ya que su sociedad era de reciente creación y no atesoraba el umbral mínimo de facturación durante los tres años anteriores exigidos en el pliego de condiciones. Tampoco podía acreditar experiencia en la gestión de puertos deportivos, otro de los requisitos imprescindibles para poder concursar.
Sólo el deslumbramiento por el gasto desaforado que Al-Thani venía realizando sin ton ni son en el Málaga Club de Fútbol explica que el Ayuntamiento de Marbella, en una operación cuyo diseño se atribuye al entonces director de Urbanismo, Juan Carlos Fernández Rañada, firmara una alianza en la que la institución municipal aportaría los requisitos de solvencia que el jeque no reunía y que el Ayuntamiento se prestó a concederle.
No caben dudas de que sólo la expectativa cierta de una lluvia de millones que nunca llegó pudo inspirar aquella operación que ahora el TSJA ha descalificado de una manera tan rotunda.
Las miradas críticas se dirigen en estos días al equipo de gobierno municipal y la oposición, en su papel, no ha demorado en lanzar sus dardos. Pero la crítica estaría incompleta si no tomara en cuenta que la Junta de Andalucía dio en su día el visto bueno a la operación –la sentencia lo que hace es anular la decisión del Gobierno andaluz de admitir al jeque como licitador–, y que nada de esto hubiese pasado si la propia Junta hubiese optado por afrontar con sus propios recursos la ampliación del puerto, como ha hecho y hace a lo largo de todo el litoral de la Comunidad Autónoma, en lugar de dejar a Marbella a expensas de los caprichos del inversor-especulador de turno, tal y como también sucede con la ampliación del hospital.
Así, el puerto se encuentra ahora ante una doble situación de bloqueo. Por un lado, la sentencia conocida semanas atrás que suspende provisionalmente la decisión de la Junta de resolver el contrato de la concesión y apartar al jeque de La Bajadilla, lo que aborta cualquier posibilidad de que la ampliación vuelva a salir a concurso. Por el otro, esta última sentencia que anula todo el proceso de adjudicación desde el comienzo. Si la Junta estuviera dispuesta a desembarazarse del jeque seguramente no tendría más que aceptar la nueva sentencia, no recurrirla y volver al punto de partida. Aunque es posible que la UTE entonces desplazada reclame que se le adjudique la concesión y que sea el propio Al-Thani quien recurra su exclusión, será interesante conocer cuál es el próximo movimiento judicial del gobierno andaluz. Servirá, al menos, para conocer sus intenciones.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella