img
Una mentira repetida no se convierte en verdad
img
Héctor Barbotta | 14-01-2013 | 16:25| 1

Pese a que los seguidores de Goebbels puedan opinar lo contrario, una mentira repetida muchas veces no se convierte en verdad. Desde que los gobiernos autonómicos de Madrid y Valencia vieron en la crisis una oportunidad para iniciar un proceso de privatización de la sanidad en sus comunidades, ha sonado en diferentes foros la cantinela de que eso no es nada nuevo, y que en Andalucía también existe la gestión privada de hospitales públicos. Se leen a columnistas –todos partidarios de la privatización–, se escucha a tertulianos en radio y televisión, se repite hasta el cansancio en las redes sociales. Una y otra vez. Machaconamente. Que entre el capital privado a gestionar la sanidad pública –y a obtener un beneficio mercantil– no es para armar tanto jaleo. En Andalucía, dicen, hay hospitales públicos gestionados por empresas privadas y el de Marbella es uno de ellos.
Se repite, se escucha y se lee una y otra vez y hay quien acaba por creérselo. No se trata de preguntarse si la forma en que se gestiona el Hospital Costa del Sol es buena, regular o mala o de si se podría hacer mejor, sino de cuestionarse acerca de si es presentable que este debate sobrevenido pero trascendental para el futuro de esta sociedad se plantee sobre premisas falsas. Hay quien se niega a creer que una afirmación tantas veces repetida en medios de comunicación y redes sociales, incluso por personas de reconocido prestigio, pueda ser falsa, pero resulta que sí lo es. El Hospital Costa del Sol es público, y la agencia que la gestiona, también.
Que esa empresa tenga personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión no supone que haya participación de capital privado, lo que diferencia este modelo del que se está planteando en las comunidades desde donde llega el debate. De hecho, el régimen presupuestario, económico financiero, de contabilidad y de control se rige por la ley general de Hacienda Pública, sus cargos son nombrados por el gobierno autonómico; sus presupuestos, aprobados por el Parlamento, y sus contrataciones deben regirse por la ley de contratos de las Administraciones Públicas. Las agencias sanitarias se crearon en su día –la más antigua, con 20 años, es la del Costa del Sol– para ganar en eficacia y calidad, y si este objetivo se ha cumplido o no es otro debate. Pero su naturaleza no es materia opinable.
La crisis y su repercusión en las cuentas públicas han abierto la puerta a los defensores de la privatización de los servicios básicos, presentada eufemísticamente bajo el nombre de ‘externalización’.
Puede parecer mejor o peor, más o menos apropiado a las circunstancias actuales, más o menos viable para el futuro que nos espera. Habrá quien piense que el modelo como está funciona razonablemente bien y quien crea lo contrario. Habrá quien plantee que no debe haber sectores vedados al libre negocio y quien sostenga que la única rentabilidad en la sanidad debe ser social. Incluso habrá quien crea que la sanidad pública, tal como la conocemos, no es sostenible y que la gestión privada es sinónimo de eficacia. Todas las posturas son legítimas. Pero cuando se plantea un debate de este calado, que aspira a cambiar el modelo de los servicios sociales básicos, lo menos que la opinión pública debe exigir es que se haga desde la honestidad intelectual.
Nadie sabe si todo comenzó como una digestión errónea de los datos verdaderos, si el hecho de que el hospital no sea directamente gestionado por el SAS indujo a la confusión o si se lanzó una mentira a sabiendas para no afrontar el debate con sinceridad, pero en algunos ámbitos se ha instalado el mito urbano de que el hospital de Marbella es de gestión privada.
Posiblemente sea oportuno preguntarse qué clase de iniciativas necesitan de una defensa sustentada en una mentira tan flagrante.

Ver Post >
Voces y silencios en torno al puerto
img
Héctor Barbotta | 17-12-2012 | 20:31| 0

El prudente silencio de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía que no oculta que las sanciones se van ejecutando conforme se incumplen los plazos, el silencio crónico del jeque que puede tener múltiples interpretaciones (ninguna buena) y el silencio roto por los partidos con representación en el Ayuntamiento ya permiten confirmar lo evidente: el proyecto del puerto de La Bajadilla agoniza.
El hermetismo del presunto inversor impide conocer qué ha cambiado desde que se presentaron los atractivos ‘power point’ que sedujeron al personal en mayo del año pasado. Si ha cambiado la situación financiera del jeque, si han cambiado las circunstancias, si han cambiado sus expectativas o simplemente si ha cambiado de opinión. Jugar a adivinar qué pasa por la cabeza de Al-Thani constituye un pasatiempo absurdo e inútil, ya que su silencio impide saber si el abandono del proyecto es producto de que su solvencia –o en su caso su respaldo financiero, que no es lo mismo– se ha visto afectada por la situación política de algunos países de Oriente Próximo, de que la reducción de metros comerciales y las dudas sobre la viabilidad del hotel han hecho inviable lo que tenía pensado, o que simplemente los oportunistas que se le acercaron tan pronto percibieron el olor a billetes acabaron por espantarlo. Imposible saber si fue alguna de esas circunstancias, todas ellas en conjunto u otra distinta que se nos escapa. Lo cierto es que quien todavía albergue expectativas sobre este proyecto, a la vista de las circunstancias, exhibe un optimismo a toda prueba.
A estas alturas de los acontecimientos, los plazos que han expirado sin que Al Thani hiciera frente a las multas que le han impuesto por sus incumplimientos dejando pasar, sin dar señales siquiera de estar vivo, incluso los periodos abiertos para alegar contra las sanciones, no pueden ser leídos como la aplicación de una estrategia, sino como muestra del desinterés más absoluto.
Y a medida que se acerca fin de año el más importante de todos los incumplimientos –el abono del canon anual de 750.000 euros– va aumentado en su dimensión. Concluir el ejercicio sin haber satisfecho esa cantidad, aunque sea fuera de plazo, constituiría una falta más grave de las que cometió anteriormente –la no presentación del proyecto y la no constitución de la sociedad– y si no se corrige dará lugar al inicio del expediente definitivo contra Al-Thani. El 1 de enero el proyecto estará mucho más cerca de ser historia que el 31 de diciembre.
Ante esta situación, el silencio de la APPA solo puede explicarse a partir de la prudencia institucional que obliga a no ir más allá de lo que marcan los tiempos legales y a no dar un paso que pueda interpretarse como un obstáculo para que el jeque cumpla con las obligaciones que contrajo.
Incluso ante la reducción de 21 a cuatro millones de euros en el capital social de la empresa que debe gestionar todo el proceso –una violación flagrante del pliego de condiciones– la Agencia ni siquiera se ha pronunciado aún mientras busca algún posible encaje legal. Una señal que intenta dejar claro que desde la institución no se están poniendo trabas, sino todo lo contrario.
Por eso, como la APPA solo habla a través de sus resoluciones es interesante analizar los movimientos que esta semana se han hecho desde el mundo político.
En el equipo de gobierno municipal, que apostó por el jeque y aceptó convertirse en socio del proyecto, se sufren ahora las consecuencias. La defección de Al-Thani y el incumplimiento de sus compromisos sin explicaciones los ha dejado a merced de las críticas de sus adversarios políticos. De momento, el primer reflejo de la alcaldesa ha sido el de volver a apuntar a la Junta y reclamarle flexibilidad con el inversor, aunque a nadie en el Ayuntamiento se le escapa que quien ha decepcionado, y a ellos los primeros, ha sido Al-Thani. Por eso sorprende esa postura. O tienen información de la que el resto carece o han decidido inmolarse en una alianza que simplemente les ha salido mal. Resulta difícil que alguien más pueda encontrar en Sevilla, y no en Catar, la responsabilidad por la mala marcha del proyecto.
En el PSOE, nada nuevo, no ocultan su intención de hacerle pagar caro a los populares, y en concreto a Ángeles Muñoz, el fracaso de su apuesta por el jeque. Una vez más los políticos pierden la oportunidad de demostrar que no es la confrontación entre ellos lo único que los mueve.
Una postura similar mantiene Izquierda Unida, pero como esta formación ostenta la cartera de Fomento en el Gobierno bipartito andaluz, de la que depende la APPA, es oportuno ver con más detalle qué han dicho esta semana, ya que han dado dos pasos que marcan la dirección en la que seguramente discurrirán los acontecimientos en los próximos meses. Por un lado, el portavoz parlamentario, José Antonio Castro, advirtió al jeque que no se le tolerarán incumplimientos, lo que indica que la paciencia institucional está llegando a su límite.
Y por el otro, el grupo municipal ha ido más allá, dejando entrever cuáles pueden ser los planes para La Bajadilla en una probable era post-jeque. El portavoz municipal, Enrique Monterroso, ha aventurado que se acerca el momento en el que se anunciará «el cierre del proceso», y ha pedido a la Junta de Andalucía que reformule la ampliación de La Bajadilla para conseguir, «una obra más real, más sostenible, adaptado al medio y a la cultura mediterránea». Una crítica al megaproyecto presentado por Al-Thani que indica que una vez abortado este proyecto, la intención sea la de volver a comenzar desde el principio. Y más modestamente, de acuerdo a los tiempos

Ver Post >
La mala educación I y II
img
Héctor Barbotta | 13-12-2012 | 11:06| 0

LA EDUCACIÓN, UN PROBLEMA

EL problema no es que se nombre ministro de Educación a un tertuliano de Intereconomía, sino que ya con la cartera en la mano el ministro se siga comportando como tertuliano y no como ministro.
El problema no es que se quite del currículo la asignatura de Educación para la Ciudadanía, sino que gran parte de la sociedad siga creyendo que los valores que propiciaba esa asignatura eran solo una más de las muchas ocurrencias pasajeras de un gobernante inepto.
El problema no es que el Gobierno le dé la vuelta a la cuestión lingüística en una comunidad autónoma en la que acaban de celebrarse elecciones sin que el tema se mencionara en campaña, sino que la sociedad haya asumido con mansedumbre que nuestro sistema político consiste en decir una cosa en campaña y hacer algo totalmente distinto desde la administración.
El problema no es que se cargue con una asignatura evaluable más a los alumnos cuyos padres creen que ni el colegio es lugar, ni las horas lectivas, momento para la catequesis, sino que se dé por hecho que los niños que van a clase de religión no necesitan ‘valores éticos’, como si los trajeran de serie.
El problema no es que la Iglesia quiera seguir tutelando la moral privada de los ciudadanos de este país, sino que desde el Estado se le sirva la educación como plataforma para ese fin.
El problema no es educación concertada contra educación pública, sino tener que escuchar que oponerse a que se sufrague con fondos públicos a unos colegios que segregan por sexo es un atentado a la libertad de los padres y no una defensa de los valores democráticos.
El problema no es que la educación en este país no cubra necesidades ni expectativas, sino que se pretenda que la solución pase por favorecer a la elite en desmedro del derecho de la mayoría a la mejor educación posible.
El problema no es que no tengamos ninguna universidad entre las mejores 200 del mundo, sino que se dispare contra la universidad que tenemos solo porque su rectora se planta frente a los recortes que impiden acercarse a los mejores.
El problema no son las reformas ideológicas de Wert que nos retrotraen a 30 años atrás, sino que hayan pasado 30 años sin que nos pusiéramos de acuerdo sobre qué educación necesitamos.

 

INVISIBLES

Quien haya asistido al debate de ayer en el Congreso, cuando la oposición planteó una decena de preguntas al ministro de Educación, podría pensar que la reforma propuesta por el Gobierno se limita a modificar el modelo de inmersión lingüística en Cataluña. El tema que robó casi todo el tiempo de la sesión invita a creer que estamos ante una propuesta que solo afecta a la parte del territorio español donde se habla catalán y no a todo el sistema educativo.
Como este país ha sido incapaz de articular una política educativa de Estado, cada vez que llega un Gobierno plantea su propia reforma, evidenciando 1) que no hay capacidad para aprender de la experiencia, 2) que cuando ganan unas elecciones los partidos se comportan como si el resultado fuese para siempre y 3) que no hay políticos capaces de pensar más allá del corto plazo de una legislatura, lo que en la vida de una nación equivale a un instante efímero.
Ahora le ha tocado a Wert, que sin complejos impone un texto que pone en peligro la gratuidad de la enseñanza, aniquila la igualdad de oportunidades, privilegia a centros privados y concertados sobre los públicos, se carga la evaluación continua y discrimina a los alumnos que elijan no asistir a clase de religión. Todo de una tacada.
Debe agradecerse a Wert no ser un político que esconda sus ideas o que disimule a la hora de defenderlas. Entre sus méritos sobresale su capacidad para encarrilar los debates por el camino que más le conviene. Sin formar parte del partido del Gobierno, se ha destacado como el más capaz para construir un discurso a partir de sus principios ideológicos y plasmar eso en una acción de gobierno. Sabe hacer política.
Ante esa situación, resulta difícil adivinar cómo pretenden los socialistas erigirse en una alternativa visible si ante una agresión tan clara a la escuela pública, a la escuela no confesional y a la escuela que propicia la igualdad de oportunidades se dejan arrebatar el debate por los nacionalistas catalanes. Si no son capaces de presentar una alternativa, si no son capaces de proponer un discurso, si no son capaces siquiera de plantear las líneas centrales del debate ante una propuesta tan franca, tan frontal y tan ideológica como la de Wert cabe preguntarse de qué son capaces. En el caso de que, además discutir sobre primarias y mirarse el ombligo, sean capaces de algo.

Ver Post >
El villano ataca de nuevo
img
Héctor Barbotta | 10-12-2012 | 12:31| 0

Si se tienen en cuenta los antecedentes se trata de algo más que una declaración de intenciones. Es un anuncio en toda regla. Las cuentas no le salen, y el Ayuntamiento de Marbella ha reclamado a la Junta de Andalucía un cambio en las condiciones de devolución del anticipo reintegrable de 100 millones de euros que recibió en 2006 como única alternativa a ejecutar recortes en el capítulo de personal. Traducido: habrá recortes en el capítulo de personal.
Ha sido una constante desde 2007. La Junta de Andalucía ha ocupado en el discurso del equipo de gobierno municipal el centro del escenario en el papel de villano. La terrible herencia urbanística, la falta de inversiones en sanidad y educación, las obras sin iniciar, el retraso en las iniciadas, la mala imagen de la ciudad, la falta de fondos, todo se ha explicado con un argumento único: la maldad intrínseca de ese villano omnipresente llamado Junta de Andalucía. Sin responsabilidades históricas y sobre todo sin corresponsabilidad, ni siquiera cuando había por medio una cuestión de permisos municipales o de cesión de parcelas, Sevilla ha sido la Roma a la que han conducido todos los caminos de las frustraciones vernáculas. Muchas veces con razón, pero no siempre.
Es verdad que el Gobierno andaluz, con sus incumplimientos y su desentendimiento sobre la suerte de la ciudad –solo las inversiones en el apartado turístico y el recién inaugurado Parque de los Tres Jardines pueden matizar un balance desolador, especialmente en Salud y Educación– ha hecho muy poco para desacreditar el argumento del malo universal. La Junta tiene una reputación pésima en la ciudad y ello parece no inquietar en lo más mínimo a sus responsables políticos. Pero ello no quita que el discurso simplón que explica todos los males de Marbella en una única dirección sea de una pobreza argumental que difícilmente contribuye a que se tenga en mejor consideración a la desprestigiada actividad política.
Acostumbrados como estamos al argumento único, ni asombra ni sorprende que a estas alturas desde el equipo de gobierno municipal se ponga el foco en la administración autonómica a la hora de intentar explicar una cuestión de calado tan interno como son las cuentas del Ayuntamiento y las decisiones que se tomarán, ahora ya lo sabemos, para intentar cuadrar unos presupuestos que es imprescindible convertir en viables.
El director de Personal, Carlos Rubio, advirtió el pasado miércoles que solo un cambio en las condiciones de devolución de la deuda de los 100 millones –la ampliación del plazo de amortización de 10 a 40 años– puede evitar que se tomen medidas que afecten al personal municipal. El Ayuntamiento quiere un acuerdo similar al que ya ha alcanzado con el Gobierno central en relación a su deuda con Hacienda y la Seguridad Social, acuerdo que, por cierto, aún no se ha plasmado con la firma en un documento. Tiene legitimidad para hacerlo, sobre todo porque nadie en su sano juicio puede creer que las cuentas municipales den para saldar la deuda en diciembre de 2017, tal y como ahora está previsto. Pero como la Junta ya se ha negado en varias ocasiones no cabe esperar que la respuesta vaya a ser diferente ahora, aunque el Ayuntamiento ponga por medio los derechos adquiridos de sus trabajadores.
Tras la disolución de la corporación municipal y la toma de posesión de la gestora, el asunto del disparado coste de personal del Ayuntamiento estuvo en el centro de la diana, pero ni la propia gestora, ni el gobierno de Ángeles Muñoz en sus primeros meses se decidieron a mojarse en ese charco, pese a que entonces los arbitrarios métodos del GIL a la hora de contratar y el momento expansivo que vivía la economía otorgaban a los gestores municipales autoridad moral por un lado y la certeza de que los afectados no se encontrarían con un erial, argumentos sólidos para realizar los recortes que la operatividad municipal demandaba. Para ser justos, debe decirse que desde ninguna formación de la oposición municipal se hizo jamás el más mínimo gesto de responsabilidad institucional en este asunto, sino todo lo contrario.
Ahora el equipo de gobierno se ve abocado a meter la tijera y tiene a mano instrumentos legales con los que no contaba años atrás, pero si hay despidos los afectados serán enviados a un desierto laboral, y si hay recortes éstos llegarán sobre salarios y derechos ya recortados y vueltos a recortar. Y el tiempo político de corregir la inmoralidad del GIL ya ha pasado. Sus 15 años de arbitrariedad en las contrataciones han sido convalidados por siete años de discurso legitimizador. Ya es tarde para hablar de enchufes.
Y como aquel tiempo ha pasado, la decisión será dolorosa, con graves consecuencias sociales y posiblemente con elevado coste político. Por ello era esperable que se recurriera al malo de la película al menos para que los propios contaran con una línea argumental que permitiera intentar repartir los costes y atenuar las previsibles consecuencias de una decisión seguramente improrrogable.
Pero nada de ello oculta que estamos ante una decisión interna. Y que la pretensión de involucrar a otras administraciones no puede desviar la atención sobre un problema que deberá resolverse puertas adentro en el Ayuntamiento. La Junta es responsable de la impresentable paralización del hospital, de la falta de colegios, de los institutos que no cubren bajas de profesores, de la masificación de los centros de salud, de los retrasos en los pagos que colocan en jaque a las guarderías concertadas, de la tomadura de pelo durante doce años a cuenta del tren litoral, del reciente vaciamiento de las oficinas de empleo. Pero no de que el capítulo de personal consuma todo el presupuesto del Ayuntamiento. La única forma en que pueden entenderse las decisiones dolorosas es con transparencia y explicando con claridad las consecuencias de no asumirlas. No disparando sobre quien, por una vez, no tiene vela en este entierro.

Ver Post >
Una oficina, una secretaria o algo
img
Héctor Barbotta | 04-12-2012 | 12:11| 0

Como en Lepe han hecho un festival del humor para sacar rédito al hábito de atribuir a sus vecinos escasa ductilidad a la hora de pensar se supone que no se incurre en incorrección política si se recuerda la respuesta a la pregunta de cuántos leperos son necesarios para cambiar una bombilla. Cinco. Uno que sujete la bombilla subido a una mesa y cuatro para girar la mesa.
Más complicada es la respuesta a cuántos cataríes son necesarios para gestionar un puerto. La forma en que el jeque se desentendió del proyecto de La Bajadilla después de que ganara la adjudicación de las obras y tras conocerse que el hotel proyectado en el recinto no pasaba el corte del Ministerio de Medio Ambiente hizo que se dedujera que el proyecto había perdido para el inversor todo interés económico. Al Thani no solo incumplió los plazos para pagar el canon de 750.000 euros, tampoco presentó los papeles de constitución de la sociedad que se hará cargo del puerto ni el proyecto de construcción correspondiente a las obras de ampliación. Ni siquiera cobró a los usuarios de los amarres, ni pagó a muchos de los proveedores que prestan servicio en La Bajadilla.
Como todo eso coincidió con la –digámoslo con elegancia– desaceleración inversora en el Málaga Club de Fútbol, en medio del vendaval de la crisis y de los conflictos que azotan a los países donde suele haber inversiones cataríes –sobre todo de naturaleza inmobiliaria– le deducción lógica era que el maná se había agotado antes de comenzar a caer desde el cielo.
Pero sin descartar que efectivamente existan problemas económicos, y graves, o al menos que haya una decisión de levantar el pie del acelerador hasta que escampe, hay otro factor que ya se ha comprobado que juega un papel relevante en el abandono que sufre el proyecto: la falta de una mínima estructura administrativa que dé sustento en la provincia de Málaga a las iniciativas del jeque. No hay una oficina, una secretaria, un lugar al que dirigirse. Nada. De hecho, en la escritura de constitución de la sociedad ‘Nas Marbella’, la que se supone que gestionará el puerto, sus tres consejeros figuran con domicilio en el estadio de La Rosaleda. Que ni siquiera haya habido capacidad para cobrar los amarres –estamos hablando de cientos de miles de euros que se han dejado de percibir, algo que tiene muy felices a los propietarios de los barcos pero que debería preocupar a todos los demás– y que haya sido necesario acudir cuatro veces al notario (en dos notarías diferentes) para un trámite de constitución de una sociedad, y además que esa gestión se haya demorado más de diez meses por los errores que se han deslizado sucesivamente –una cadena de despropósitos que ya le ha costado al jeque una multa de 30.000 euros– posiblemente revele algo más que un simple desinterés.
De todas las malas noticias, o mejor dicho de la ausencia de noticias sobre La Bajadilla, la única buena es que efectivamente ya se ha constituido la sociedad. En la escritura se concreta la participación pública en la misma, que es del 3 por ciento –un dos por ciento del Ayuntamiento de Marbella y el 1 por ciento restante, de la sociedad pública Puerto Deportivo de Marbella– gracias a la donación gratuita de 30 de las mil acciones suscrita por la sociedad catarí propiedad del jeque.
El desgaste que el equipo de gobierno municipal, sin comerlo ni beberlo, está sufriendo a cuenta de la incomprensible situación en la que se encuentra este proyecto por los silencios prolongados de quien se presentó como su principal impulsor puede hacer que más de uno comience a preguntarse si las 30 acciones regaladas no acabarán saliendo demasiado caras. La tranquilidad es que si el jeque tampoco paga las multas que la Agencia Pública de Puertos le ha impuesto por sus incumplimientos, la responsabilidad municipal no es solidaria, sino que se limita a su porcentaje de participación en la sociedad.
La otra noticia, no tan buena, es que el capital social previsto en la primera escritura, firmada el 16 de enero, era de 21,2 millones de euros que debían desembolsarse completamente antes de dos años, y en la segunda, firmada el 11 de octubre, el capital social se reduce a los 4,2 millones en los que está constituida la fianza. Además de subsanar errores, el jeque aprovechó para aplicar un recorte. Signo de los tiempos.

Ver Post >
El cazador cobarde
img
Héctor Barbotta | 03-12-2012 | 11:32| 0

Cuando la banca se prepara para recibir los fondos provenientes del rescate que le permitirán contar con recursos suficientes para financiar nuevos despidos, cuando los ciudadanos arruinados por su inducida apuesta por el ladrillo a crédito se preguntan por qué se rescata a los inductores con el dinero de sus víctimas, el Gobierno central y la Junta vuelven a chocar a cuenta de la política de Costas y de dos concepciones en apariencia contrapuestas sobre el aprovechamiento urbanístico del litoral.
Con el consejo desesperado de la crisis, el equipo de Rajoy reforma la ley para rebajar exigencias en el tramo de dominio público e intentar reanimar aunque sea en parte al sector de la construcción, y el de Griñán contraataca con un decreto que suspende el desarrollo de suelos urbanos en toda la franja costera.
Si la construcción desenfrenada en el litoral, propiciada y alentada por ayuntamientos y demás instituciones de todos los colores políticos, no tuviese ninguna relación con la burbuja, su estallido y los dramas humanos que ahora se viven, podríamos pensar que se trata de una diferencia sustentada en percepciones ideológicas contrapuestas sobre cómo abordar la crisis. La desregulación que anima a los capitales frente al control público que intenta preservar el interés ciudadano.
Pero no estamos ante ese cuadro, sino ante una puja oportunista que pretende animar un debate que no existe. Porque no se puede resucitar a un enfermo agonizante con la misma medicina que lo postró, pero tampoco se puede erigir en su defensor quien cuando pudo no hizo nada para evitar que enfermara.
Pretender que la crisis puede encontrar siquiera una salida parcial quitando las últimas y tímidas barreras que aún quedan para preservar el litoral solo demuestra que no se ha entendido nada de por qué llegamos hasta aquí.
Pero ello es tan absurdo como que la misma administración que exhibió indolencia, apatía o impotencia cuando el litoral se llenaba de ladrillo hinche el pecho erigiéndose ahora en defensora del medio ambiente.
Paralizar por ley unos proyectos que ya están paralizados por la falta de financiación bancaria tiene tanto valor como el cazador de leones que se escondió cuando las fieras pastaban libres y ahora practica puntería en el zoológico.

Ver Post >
Estreno y despedida
img
Héctor Barbotta | 26-11-2012 | 12:46| 0

EL actual equipo de gobierno municipal lleva un año y medio en el poder después de haberse revalidado en las urnas en mayo del año pasado, pero solo tras la aprobación de la nueva estructura de distritos podrá decirse que ha entrado en su segunda etapa. Ha sido necesario que transcurrieran más de cinco desde la llegada de Ángeles Muñoz a la alcaldía para que se diera por finiquitada la actual fórmula y se apostara por una nueva, que podría resumirse en un toque de arrebato, ‘Todos a los barrios’, y en una consigna: el concejal que no tenga un distrito a su cargo que se acerque a los vecinos desde el partido.
Las restricciones presupuestarias no dan para grandes alegrías, en el Ayuntamiento ya se barruntan medidas duras para el año que viene y el gran proyecto emblemático por el que tan fuerte apostó el equipo de gobierno –el puerto de La Bajadilla– ha entrado en un inquietante paréntesis en el que el extravagante comportamiento del socio catarí no hace más que disparar los temores. A este paso solo el bulevar de San Pedro parece garantizar una alegría antes de 2015, porque el proyecto de Ricardo Soriano aún está verde y ni siquiera ha sido sometido al escrutinio de la opinión pública. Por eso, la apuesta municipal pasa por la cercanía y la microgestión. Y en esa estrategia jugarán un papel decisivo los directores de distrito, a quienes Ángeles Muñoz les exigirá una dedicación absorbente. 24 horas al día, 7 días a la semana.
La mayoría de quienes se pondrán al frente de cada uno de las nueve áreas territoriales ya han recibido el encargo. Como se han utilizado criterios más demográficos que históricos no habrá jerarquías, ya que en cantidad de población prácticamente no hay diferencia entre unos distritos y otros. El casco antiguo de Marbella, una zona a la que más de un edil aspiraba, quedará bajo la dirección de una de las concejalas más nuevas, Isabel Cintado, mientras que el Trapiche será encargado a Baldomero León, hasta ahora al frente del centro pero a quien se le encomendará otra función estratégica en el organigrama municipal: la adaptación de Marbella a los desafíos de las nuevas tecnologías. O como se dice ahora, convertirla en una ‘smart city’. En los otros tres distritos de Marbella estarán los concejales Antonio Espada y Alicia Jiménez y el director de Juventud, Diego López.
Los actuales directores de Nueva Andalucía y Las Chapas, Javier García y Ángel Mora, respectivamente, seguirán en esas responsabilidades, y la mayor novedad se producirá en San Pedro, núcleo que ha sido dividido en dos distritos que tendrán como directores a Manuel Cardeña y David Díaz, una de las figuras emergentes del nuevo equipo.
La nueva estructura supondrá la desaparición de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro y también la despedida de Miguel Troyano, quien el pasado fin de semana comunicó a la alcaldesa su deseo de no continuar en el Ayuntamiento. Troyano tenía sobre la mesa una oferta para seguir con una Concejalía del área económica, pero ha decidido dejar la actividad política después de cinco años y medio. Su decisión será oficial en unos días.

Ver Post >
Chorizos y mafiosos
img
Héctor Barbotta | 22-11-2012 | 18:13| 0

Es el mismo Gobierno. El que ha quitado la tarjeta sanitaria a los inmigrantes indocumentados –cuya falta de papeles, no lo olvidemos, no es producto de que los inmigrantes no quieran tenerlos sino de que el Gobierno no quiere dárselos–, y el que concederá esos mismos papeles a los ciudadanos extracomunitarios que decidan adquirir una vivienda en España. La primera iniciativa no descalifica a la segunda. Solo pone en evidencia a quien no encuentra la contradicción.
Desde que los primeros extranjeros, hace ya cuatro décadas, vieron que el litoral español, y en especial la Costa del Sol, no solo era un buen lugar para disfrutar de las vacaciones sino que también era ideal para disfrutar de la jubilación, los promotores y constructores de viviendas descubrieron que sus clientes podían estar en cualquier rincón de Europa. Y cuando estos compradores se convirtieron en vecinos, los restaurantes, los supermercados, los concesionarios de coches, las tiendas de ropa y los jardineros comprobaron también que estos clientes eran tan buenos como cualquier otro.
Ahora el mercado no es Europa, sino el mundo, y las personas que compran una vivienda en España reclaman que las mismas facilidades que encuentran para adquirirla se las den para poder disfrutarla. Los empresarios llevan años pidiendo que España agilice la concesión de visados a sus nuevos clientes –llámense éstos rusos, chinos o árabes– y el Gobierno, presto por las circunstancias, ha ido más allá. Ofrece darles la residencia.
Durante los años en los que este país se creía rico sufrió amnesia en su tradición emigrante y se popularizó el estereotipo que asociaba inmigración y delincuencia. Ahora hubo quien creyó que nos despojaríamos de cualquier mirada miserable sobre el fenómeno migratorio porque son nuestros jóvenes quienes se marchan. Pero no. Al parecer aún necesitamos más sufrimiento que nos ayude a recuperar la memoria.
Quienes no hace mucho criticaron el efecto llamada de la regularización ahora son acusados de vender residencias en el mercado inmobiliario.
Antes venían pobres buscando trabajo y ahora llegarán pudientes buscando una casa. A aquellos se les llamó chorizos; a éstos ya se les llama mafiosos.
El prejuicio, a derecha o a izquierda, es el mismo. Solo ha cambiado el contexto.

Ver Post >
El PP quiere recuperar pulso en los barrios
img
Héctor Barbotta | 18-11-2012 | 23:37| 1

 

Los congresos y asambleas en los que los partidos políticos de Marbella eligen sus direcciones locales no suelen atraer demasiado la atención porque a priori siempre se presentan con todo, o casi todo, cocinado. Los hiperliderazgos que imperan en la política local, sobre todo cuando se trata de partidos que ejercen el poder municipal, no dejan mucho margen para las sorpresas.

Sin embargo, el cónclave que el Partido Popular de Marbella celebrará el próximo fin de semana aportará con toda seguridad interesantes pistas y claves que permitirán adivinar cómo afrontará el futuro próximo la organización política que tiene bajo su responsabilidad la gestión del Ayuntamiento. Sobre todo porque apenas unos días después tendrá lugar el pleno municipal en el que se nombrará a los directores de los nueve distritos en los que ha sido dividido el término municipal.

En el PP, una formación que ha ganado todas las elecciones celebradas en Marbella desde 2007, afrontan los próximos años no sin incertidumbre tras el ligero retroceso sufrido en las últimas municipales, en las que perdió un concejal, y sobre todo en las autonómicas, donde los resultados, pese a volver a repetir como fuerza más votada, no fueron los que los dirigentes esperaban.

En el seno de la dirigencia popular atribuyen esas caídas en el respaldo electoral, que han reducido al mínimo el margen de error, a una situación de cierta relajación que quieren corregir sobre la base de una nueva estructura partidaria que favorezca una mayor vinculación de sus principales responsables con territorios concretos de la ciudad.

No se trata de atribuir tareas partidarias a quienes resulten designados como directores de distrito en el Ayuntamiento sino, por el contrario, cargar con responsabilidades en el partido a los concejales que por sus tareas en áreas clave del equipo de gobierno quedarán al margen de ese reparto.

Por ello, en el próximo congreso, ediles como Kika Caracuel, José Eduardo Díaz (con responsabilidades en la Diputació y en el Parlamento Andaluz, respectivamente) o Félix Romero, Pablo Moro, Eloy Ortega y Chela Figueira, que no estarán al frente de ningún distrito y seguirán con sus actuales delegaciones, irán a reforzar la estructura territorial del partido. El mismo camino seguirán el concejal de Turismo, José Luis Hernández, y el de Deportes, Federico Vallés

La intención de los principales dirigentes del PP es que sus pesos pesados contribuyan con su trabajo a profundizar la inserción del partido en los barrios, intentar dar solución a los problemas antes de que se conviertan en conflictos y mejorar la percepción de los vecinos sobre la gestión municipal.

Pese a esta renovación de la estructura partidaria, no se prevén cambios en los tres puestos clave: Ángeles Muñoz, presidenta; Manuel Cardeña, secretario, y Carmen Díaz, portavoz, seguirán en los lugares que ocupan actualmente.

Los partidos suelen aprovechar sus congresos para dar cabida a figuras emergentes, y éste no será menos. El delegado de Juventud y Fiestas, Diego López, y el sampedreño David Díaz, cuyo desempeño en el área de Tráfico del Ayuntamiento es bien valorada en el equipo de gobierno, saldrán, según todas las previsiones, reforzados del cónclave. Ellos dos serán, con toda probabilidad, las dos noticias más destacadas del congreso.

Ver Post >
Desde lejos
img
SUR | 14-11-2012 | 22:08| 0

En el maltratado Servicio Andaluz de Salud quieren reducir costes de administración y deciden organizar gerencias unificadas. Bien. De esa forma, los hospitales de Málaga –el complejo hospitalario Carlos Haya y el Hospital Clínico Universitario– pasan a tener un solo director gerente. Bien. Los dos hospitales de Granada, lo mismo. Bien. Los dos de Sevilla, igual. Bien. Al Hospital Costa del Sol, que está en Marbella, no le encuentran compañero de baile, así que lo emparentan con el de Andújar. Y llegados a este punto uno intenta buscar la coherencia de la decisión, no la encuentra por ningún lado y acaba preguntándose si todo esto no será una nueva cortina de humo a cuenta del chocolate del loro.

Ver Post >
Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella