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Berlanga en la Audiencia
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Héctor Barbotta | 29-06-2012 | 16:53| 3

La Ciudad de la Justicia ha albergado durante dos días (lo retomará en octubre) el juicio por blanqueo que tiene como estrella invitada en el banquillo a Isabel Pantoja y Marbella ha vuelto a enfrentarse, a través de la pequeña pantalla, a una versión caricaturizada e insustancial de su historia reciente.
Erróneamente se ha considerado al proceso del ‘caso Malaya’, que recorrerá en julio su último tramo, como una causa general contra todo lo que supuso el gilismo. En realidad es una –fundamental, pero solo una–de las decenas de causas penales por las que la justicia intenta resarcir a la sociedad de los delitos cometidos por la banda de delincuentes que se apropió del Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 2006.
Ahí están también el ‘caso Saqueo’ –con sentencia firme ya dictada–, el ‘caso Minutas’ –también con sentencia, aunque recurrida–, el ‘caso Monteverde’ –inexplicablemente bloqueado desde hace años en el laberinto judicial–, las causas por asuntos urbanísticos en las que la mayoría de los acusados ha llegado a acuerdos de conformidad tras reconocer su culpabilidad, o los casos resueltos en el Tribunal de Cuentas, con sentencias tan sonoras como la que recientemente ha condenado a Julián Muñoz a devolver a Marbella más de 50 millones de euros o la que obliga a los hijos de Jesús Gil por el doble de esa cantidad.
Del mismo modo se ha considerado a la causa por blanqueo –desgajada del ‘caso Malaya’–, no una más de esa lista de trámites judiciales en los que Marbella intenta recuperar su dinero y también su dignidad, sino un capítulo pintoresco, folclórico, casposo, apenas relacionado con el esperpento en el que Julián Muñoz transformó al Ayuntamiento de Marbella, y por extensión a toda la ciudad, en su disputa de popularidad con Gil por el botín de la caja del urbanismo (en los años en los que había un botín en el urbanismo.
Sin pretender ignorar el indisimulable perfil berlanganiano que ofrece la historia del alcalde y sus mujeres, no se debería perder de vista que el tribunal juzgará no una historia dirimida en las páginas de papel cuché, sino el destino de millones de euros robados a los ciudadanos de Marbella. Que las luces de los focos no hagan huir la mirada de la cuestión principal.

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El guionista
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Héctor Barbotta | 22-06-2012 | 06:56| 1

No es necesario recurrir a las hemerotecas para recordar la indignación que causó no hace mucho el anuncio de que el anterior Gobierno había autorizado prospecciones de gas frente a las playas de Mijas y Marbella. No sin hipocresía, el Ejecutivo socialista achacó a una fatalidad burocrática el hecho de que el proyecto siguiera adelante, y los ayuntamientos costeros del PP se pusieron a la cabeza de la protesta y la defensa del turismo.
Ahora es al PP a quien le toca defender los intereses de Repsol y a los socialistas, indignarse con la insensibilidad hacia el turismo, sector estratégico, creador de riqueza y empleo, joya de la corona y bla bla bla. Y ambos parecen a gusto en sus nuevos papeles.
Especial entusiasmo ha mostrado el ministro de Industria, que también lo es de Turismo aunque eso parece traerle sin cuidado, quien afirmó, con rostro pétreo, que las prospecciones serán buenas porque los beneficios se podrán reinvertir en turismo. Uno no tiene más remedio que admirar el ingenio que estos tipos exhiben para encontrar cada día una nueva manera de insultar la inteligencia de quienes les escuchan. Puede que no sean de fiar, que sus convicciones se evidencien etéreas, que sus principios, si los tienen, flaqueen a menudo, pero creatividad les sobra. Eso sí, sin salirse del guión.
Quizás, aunque ello seguramente les importe poco, no hayan caído en que en un momento en el que están volcados en la tarea de convencernos de que tenemos que hacer unos sacrificios que, sostienen, son la semilla de la recuperación que nos permitirá salir adelante, no deberían haber gastado un cartucho de credibilidad que podrían haber reservado para embustes de mayor calado.
Sin ir más lejos, el mismo ministro –no es nada personal, el hombre dice lo que le mandan– que defendió la novedosa alianza turismo-extracción gasífera, aseguró horas antes del rescate que no habría rescate.
Su ejemplo es el más paradigmático, el más grosero podríamos decir, de que a estas alturas la función política consiste en aprenderse un discurso y repetirlo como si fueran ideas propias. El problema es que el discurso se lo cambian muy a menudo. A uno, la verdad, ya le pica la curiosidad por saber quién se los hace. Quién es el cachondo que les dice lo que tienen que decir. Cuesta resistirse a pensar que además de burlarse de nosotros también se está riendo de ellos.

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Acuerdos privados en ámbito público
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Héctor Barbotta | 19-06-2012 | 20:11| 1

Desde la Junta de Andalucía se ha reconocido, final y afortunadamente aunque con un más de un año de retraso, que las obras del Hospital Costa del Sol tienen un problema, y podría pensarse que el asunto de la ampliación, que usuarios y profesionales ven paralizada desde hace más de un año ante la negativa institucional a dar explicaciones, ha ganado en transparencia. No hay motivo para tanto optimismo. En primer lugar, porque se ha tratado de un reconocimiento que a estas alturas ya no hacía falta, sobre todo si se tiene en cuenta que el último anuncio oficial sobre las obras de ampliación había sido para poner fecha a la inauguración del edificio: octubre del año pasado.
Y en segundo lugar, porque lo que ha habido no son explicaciones, sino un descargo de culpas y responsabilidades en el Ayuntamiento de Marbella. Una maniobra del tipo a las que el propio equipo de gobierno municipal nos tiene acostumbrados, pero en sentido inverso.
La Consejería de Salud, que fue demandada por la empresa constructora ante el incumplimiento de las condiciones incluidas en el pliego por el que se adjudicó el proyecto, ha atribuido el motivo de la demanda a la actitud obstruccionista del Ayuntamiento de Marbella, que según afirma, le impide cumplir con aquello a lo que se comprometió con la sociedad que realiza la obra y que como contrapartida gestiona el parking.
Durante más de un año los responsables de la Junta han venido negando la evidencia de que las obras están paradas –ni siquiera lo han reconocido en esta ocasión– y ahora dicen que tienen un problema con la constructora porque el Ayuntamiento de Marbella pone palos en la rueda, pero siguen sin explicar lo fundamental: a qué se comprometieron con la empresa. Qué es lo que firmaron en el pliego de condiciones y que ahora no pueden cumplir.
Condiciones
Se sabe que el conflicto es por el parking, se sabe que el Ayuntamiento ha frustrado, al negar licencias, el plan que la empresa constructora tenía para recuperar la inversión en la obra mediante la explotación del aparcamiento, se sabe que por ello las obras llevan ralentizadas -o paralizadas, habría que decir más allá de los formalismos-, pero nada de ello se sabe por información oficial aportada por la Junta. Lo único que oficialmente ha dicho la Junta es que si no puede cumplir con las condiciones –y no dice qué condiciones son con las que no puede cumplir– es porque el Ayuntamiento no colabora.
No cabe por ello atribuir el reconocimiento a un ejercicio de transparencia que debería ser obligatorio y que sin embargo seguimos echando de menos.
A fuerza de repetitivo el argumento amenaza con convertirse en aburrido, pero no es la transparencia una virtud de la que tampoco el Ayuntamiento de Marbella pueda presumir. Al menos no en un asunto clave en estos días –en realidad no en estos días, sino desde hace demasiados años– como es el apartado del personal.
El equipo de gobierno municipal ha comenzado a discutir con los sindicatos las medidas para reducir el coste en personal, y la opinión pública sigue sin saber nada acerca de cuánta gente ha entrado a trabajar al Ayuntamiento desde las elecciones municipales de 2007. En concreto sigue sin saber, porque el equipo de gobierno lo considera material sensible como si estuviésemos hablando de la identidad de espías destacados en el norte de Pakistán, los nombres, remuneración y función de los 14 cargos de confianza contratados en los distritos tras las últimas elecciones municipales.
El capítulo de Personal se lleva más del 60 por ciento de los impuestos de los vecinos, pero los vecinos son las principales víctimas de una política de opacidad inexplicable y que no lleva a ningún lado.
Una opacidad de la que, es necesario decirlo aunque en los últimos días pueda parecer lo contrario, los sindicatos y su omertá se han constituido en cómplices imprescindibles. Llegada la hora saben que su silencio se cotiza al alza en la mesa de negociaciones.

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Turismo residencial
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Héctor Barbotta | 14-06-2012 | 18:17| 0

Circula estos días por las redes sociales una frase atribuida a una banda de secuestradores que tras haber retenido a la hija de un poderoso empresario reclamó para ponerla en libertad una ayuda o línea de crédito por una cantidad concreta. Eso sí, en billetes pequeños.
La resistencia numantina del Gobierno a llamar las cosas por su nombre ha dado mucho de sí, pero sería injusto atribuirle a Rajoy la exclusividad en este empeño en llevarnos a un debate nominal que intenta ocultar el fondo del asunto. Es más bien un hábito tan arraigado en la mayoría de los políticos que invita a creer que les sale tan naturalmente como cuando colocan familiares o se pagan cursos con dinero público.
No hay que remontarse mucho para recordar que se llamó ‘desaceleración de la economía’ a la que se nos vino encima en 2008 o ‘gravamen para la reducción del déficit público de carácter temporal’ al aumento de impuestos aprobado nada más comenzar el actual gobierno. Hay quien llama ‘defensa del sector público’ a la resistencia a reducir la nómina de enchufados que lastran los presupuestos de las instituciones, y hasta en el PP andaluz llamaron ‘victoria’ a su resultado en las últimas elecciones autonómicas.
Por eso no ha sorprendido que el consejero de Turismo haya propuesto otro debate nominal al afirmar en la entrevista concedida a este periódico que el turismo residencial no existe, ya que «turista es el que se aloja, no el que reside».
Es verdad que durante los años en los que confiamos toda nuestra prosperidad al ladrillo se utilizó el paraguas del turismo residencial para ocultar pelotazos que forraron a unos pocos, contaminaron para siempre paisajes y recursos naturales, crearon una situación de competencia desleal con hoteles del entorno y además, en no pocos casos, actuaron como instrumento para blanquear fondos obtenidos ilícitamente.
Pero ello no debería ocultar que los turistas, o como se llamen, que adquirieron en los últimos años una vivienda en la Costa del Sol para utilizarla como segunda residencia son el reaseguro que todos los veranos, todas las semanas santas y todos los puentes, independientemente de los vaivenes de los mercados turísticos y de la situación de nuestra competencia, llenan aviones, trenes y carreteras y dejan su dinero en restaurantes, tiendas y supermercados de la provincia. Llamémosles como quiera el consejero, pero que sigan viniendo.

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Lo que la burbuja no explica
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SUR | 11-06-2012 | 19:08| 4

Basta con echar un ojo sobre los datos que se han conocido acerca de la lista de afectados por el Expediente de Regulación de Empleo puesto en marcha por el Ayuntamiento de Estepona para atisbar el enorme drama humano que supondrán las consecuencias de esa decisión. Casi el sesenta por ciento de los incluidos en la lista de futuros despidos son personas mayores de 40 años, y casi el 20 por ciento superan los 54 años. Todos ellos, y con mayor seguridad estos últimos, tendrán muy difícil reincoporarse al mercado de trabajo por mucha buena voluntad que se ponga en la articulación de las medidas de protección y de formación previstas en la normativa en la que se ampara la puesta en marcha del ERE. Su horizonte en esta situación económica no ofrece argumentos para el optimismo, y por eso es exigible al Ayuntamiento de Estepona, y también al conjunto de la sociedad, una actitud hacia los afectados alejada de la indiferencia que pueda aumentar la sensación de desamparo que obviamente los invadirá.
No se trata por eso de restar un ápice de gravedad a la situación en la que se encuentran quienes se quedarán sin trabajo cuando se acaba de consumar el expediente comunicado este semana a la autoridad laboral. Pero sí es necesario repasar cuáles fueron las concepciones de la política y del manejo del dinero público que llevaron a un ayuntamiento como el de Estepona a tener que dedicar un 94 por ciento de su presupuesto al pago de nóminas y a contar con una plantilla tan sobredimensionada que lleva a la convicción de que si el expediente no se hubiese hecho en función de cuadrar con lo imprescindible las cuentas municipales, sino a partir de las reales necesidades de la ciudad y su administración local, posiblemente hoy estaríamos hablando de un drama humano de unas dimensiones aún mayores.
Es fácil caer en la tentación de creer que si el pinchazo de la burbuja inmobiliaria no hubiese desplomado los ingresos municipales no nos encontraríamos ahora ante ayuntamientos que como el de Estepona tienen que dejar a trabajadores en la calle o que como el de Marbella ponen sobre la mesa una drástica reducción salarial para no tener que afrontar una situación similar. Pero no es la burbuja lo que explica por qué hemos llegado hasta aquí. Ni explica tampoco por qué hay un ejército de personas que llevan años en la nómina de ayuntamientos o empresas municipales que creyeron que buscar un trabajo no sería nunca más uno de sus problemas y que ahora se ven en una situación en la que jamás se hubiesen imaginado.
Harían mal no ya estas personas sino cualquiera de quienes miran la situación con lógica preocupación y empatía con los afectados en pedirle explicaciones a la burbuja, porque la burbuja puede explicar por qué los ayuntamientos dispararon sus ingresos durante algunos años, pero no explica por qué en Estepona había colegios que multiplicaban por cuatro el número de conserjes, por qué se pusieron en marcha guarderías en las que se contrató a cuidadoras sin titulación, por qué había ginecólogos o podólogos en la nómina municipal, ni mucho menos por qué el número de personas que se colocarían en el Ayuntamiento formó parte de todas y cada una de las negociaciones políticas para alcanzar acuerdos de gobierno cada vez que las urnas no dieron una mayoría absoluta.
La burbuja tampoco explica por qué un ayuntamiento como el de Marbella, que durante los años del GIL multiplicó en un 450 por ciento el número de personas que cobraban del presupuesto municipal, no fue capaz con la llegada de la gestora de enmendar esa situación y tampoco tuvo la decisión tras las elecciones municipales de 2007 de acabar con la inercia del clientelismo.
La burbuja no explica por qué los candidatos a la Alcaldía encuentran más importante garantizar la estabilidad de puestos de trabajo improductivos y a los que se accedió por enchufe que poner al Ayuntamiento al servicio de la ciudad, de sus vecinos y de su economía.
La burbuja no explica la locura derrochadora de unas televisiones locales al servicio de la propaganda política y alejadas de cualquier idea de servicio público; ni las áreas municipales con concejal, coordinador, gerente y jefe, muchos de ellos con sueldo de ministro o superior; ni las recompensas en forma de cargo en la estructura municipal al entusiasmo mostrado en campañas electorales o a la sumisión servil en la asociación de vecinos de turno.
La burbuja no explica la negativa sistemática a informar con luz y taquígrafos acerca de a quién, por cuánto y para qué se contrata en los ayuntamientos .
La burbuja no explica las empresas públicas autonómicas, municipales o supramunicipales con directivos hiperremunerados y utizadas como agencias de colocación de afines, de propaganda al margen de cualquier criterio objetivo ni control democrático, de instrumento para maniobrar internamente en los partidos o de vehículo para encumbrar a líderes con más aspiraciones que miramientos.
La burbuja tampoco explica por qué personas con toda su vida laboral por delante y en una época en la que este país vivía una expansión económica sin precedentes prefirieron convertirse en rehenes de ocho a tres de políticos sin escrúpulos en lugar de salir al mundo y lanzarse a la apasionante aventura de buscarse la vida.
La burbuja no explica nada de eso, porque la explicación tenemos que encontrarla en una idea, un concepto, una consideración del dinero público y del respeto a los contribuyentes que no quisimos aprender por las buenas y que las circunstancias nos están obigando, y nos seguirán obligando en el futuro –no seamos tan irresponsables como para esperar algo diferente– a aprenderla con dolor y sufrimiento.

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Otra categoría
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Héctor Barbotta | 30-05-2012 | 10:55| 0

El alcalde de Estepona ha anunciado un ERE que dejará en la calle a 190 trabajadores de su ayuntamiento. Con más del 90 por ciento del presupuesto municipal dedicado a pagar la nómina, las cuentas no le salen. No se sabe si esta decisión, sin duda dolorosa, le favorecerá o le perjudicará electoralmente en el futuro. No parece haberse detenido a preguntárselo.
Hay políticos que creen que la política consiste en hacer favores. Otros, que actúan como si en política lo importante fuese aparecer en fotos. Otros, que consideran que lo único que vale es ganar congresos y elecciones. El alcalde de Estepona es nuevo en política y de momento no cabe en ninguna de esas categorías.

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Ética y estética del Guadalpín Banús
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Héctor Barbotta | 29-05-2012 | 09:50| 0

Ahora que sabemos que la máxima autoridad judicial de esta país siente una particular atracción por Marbella y que venía por aquí a gastos pagados fin de semana sí y fin de semana también, posiblemente sea un buen momento para proponer a sus señorías, las del Tribunal Supremo y también las del Consejo General del Poder Judicial, que adopten a la ciudad como lugar habitual de reuniones. Pero no para disfrutar de cenas de alta gastronomía, sino para debatir sobre el estado de la justicia, la exasperante lentitud en la resolución de los asuntos y las condiciones de trabajo que sufren jueces, fiscales, funcionarios y abogados. De todo lo cual encontrarán buenos ejemplos en esta ciudad que tanto les gusta.
Marbella es una plaza judicial que acumula más de nueve mil asuntos sin resolver, y donde el último informe del TSJA revela la necesidad de crear, al menos, dos juzgados nuevos de Primera Instancia. Es también una plaza donde la mitad de sus juzgados funcionan en un edificio vetusto que no da más de sí, y la otra mitad, incluido el Registro Civil, en los bajos de un edificio que tampoco reúne condiciones idóneas y donde los usuarios –los contribuyentes que con sus impuestos pagan las escapadas de fin de semana de Carlos Dívar, para entendernos– se ven obligados a guardar horas de cola a la intemperie haga frío, lluvia o calor.
Por ello, no estaría mal que en lugar del Guadalpín Banús, un hotel de lujo con graves problemas con la justicia, levantado sin licencia, objeto de sobornos que ahora se dilucidan en el juicio del ‘caso Malaya’ y emblema donde los haya de la ilegalidad urbanística que campó a sus anchas por esta ciudad (mientras sus señorías miraban hacia otro lado desde sus habitaciones con vistas al mar), Carlos Dívar y sus colegas que corporativamente han decidido que no rinda cuentas por las vacaciones pagadas a cuenta del bolsillo de todos se reuniesen en alguna de las salas de los juzgados de Marbella donde se acumulan miles de expedientes sin resolver.
No habría que hacerse ilusiones, porque Dívar, que como cabeza del Poder Judicial es la tercera autoridad del Estado por detrás del presidente del Gobierno y del presidente del Congreso, seguramente ha adoptado el criterio de sus colegas de otras instituciones, para quienes Marbella es un buen lugar para disfrutar de sus días de ocio –y contentos y agradecidos estamos de que así sea–, pero no una ciudad con problemas de los que ocuparse.
Que Dívar haya escogido para sus escandalosas vacaciones el hotel de Marbella con más problemas con la justicia es toda una metáfora. Hay para elegir: metáfora del desinterés por conocer problemas que son de su incumbencia, metáfora de la desatención a la ética y también a la estética, metáfora de la soberbia de quien se sabe impune, metáfora del desprecio por la ley por parte de quien más debería respetarla, metáfora, en resumen, de quien ve en un alto cargo una oportunidad más que una responsabilidad.
El escándalo de los viajes de Dívar a Marbella pagados a cuenta del erario público, que la decisión del fiscal de no investigar convierte en más grave y que el respaldo corporativo de la mayoría de los miembros del Tribunal Supremo hace insoportable, nos pone frente a nuestro retrato como país. Cuando se escucha que nuestra crisis es solo económica da ganas de echarse a llorar.
Constituye un error utilizar el término ‘clase política’ para referirse a quienes ocupan cargos institucionales, ya que habría que hablar de clase dirigente a la vista de la facilidad con que los cargos de uno y otro partido, o en su defecto sus cónyuges, saltan de la política a los bancos o a las grandes corporaciones para volver después a la política confundiendo con descaro intereses públicos con privados y poniendo aquellos al servicio de éstos. Pero a la vista de lo que el caso Dívar no enseña sino que ratifica, sí es acertado dirigirse a los jueces como ‘casta judicial’. Los políticos, al menos, rinden cuentas cada cuatro años. Y ante los ciudadanos. Pero los miembros de la judicatura solo lo hacen ante los de su círculo y nunca antes de que los pillen.

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Batalla perdida
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Héctor Barbotta | 25-05-2012 | 16:55| 0

Parece haber llegado el momento en que el proyecto para realizar prospecciones de gas frente a la Costa del Sol va a dejar de ser un proyecto para convertirse en una realidad, y los responsables políticos que han permitido que se llegue hasta aquí atisban que se trata del momento oportuno para rasgarse las vestiduras y atacar al adversario en nombre de la industria turística a la que dicen defender. Por eso posiblemente también haya llegado el momento de preguntarse si además de soportar las plataformas de prospecciones frente a las playas estamos condenados a aguantar adicionalmente tamaño ejercicio de hipocresía.
A estas alturas ya se debería tener claro que sin el aval de los dos partidos que se han sucedido en el Gobierno desde que este proyecto comenzó a gestarse y sin el desinterés, la negligencia, la sumisión o la impotencia (lo mismo da) de sus débiles franquicias locales no habríamos llegado hasta este punto.
Por lo tanto, el desfile de políticos preocupados por el próximo paisaje de una plataforma perforando el lecho marino frente a las playas regadas de turistas sobra. Si creen haber encontrado un escenario para tirar de argumentario y desgranar para consumo interno cuatro o cinco lugares comunes sobre la economía, el turismo y el empleo, mejor sería que se buscaran otro. Si no han sabido defender a la industria turística en sus propios partidos de poco vale que saquen pecho ahora que no hay nada que hacer. Una de dos: o las prospecciones de gas no son tan malas para el turismo o el turismo les importa un comino.
No somos un país que ande precisamente sobrado de energía –menos aún después de los desastres diplomáticos con los que se estrenó en el cargo el ministro de Exteriores– y posiblemente el asunto del gas frente a la Costa constituya un asunto de Estado. Se trata de una categoría que la miopía política nunca ha permitido alcanzar al turismo, algo de lo que deberíamos estar ya enterados.
Las décadas esperando el saneamiento integral, la dejación institucional que permitió la destrucción del litoral por el urbanismo salvaje o la falta de inversión en las escuelas oficiales de idiomas nos venían advirtiendo desde hace tiempo que la batalla del turismo frente al gas estaba perdida antes de comenzar.

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Marketing, política y Casares
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Héctor Barbotta | 21-05-2012 | 09:36| 0

Ahora que tenemos motivos para quejarnos de que el poder financiero ha invadido ámbitos de decisión que deberían corresponder a la política es buen momento para recordar que hace tiempo que la política sufrió la invasión consentida del marketing, una disciplina que debería ser auxiliar pero que ante la falta de ideas, de convicciones y de valores se ha acabado convirtiendo en el núcleo de la preocupación y ocupación de la mayoría de quienes se dedican a la cuestión pública.

Comenzaron preguntándose cómo vender un mensaje y acabaron creyendo que todo el problema se reduce a la imagen, y no a las ideas o  los valores que subyacen detrás de esa imagen. Basta con repasar muchas de las reacciones a las que hemos asistido tras los hechos de Casares: la alcaldesa, preocupada por la imagen que los periodistas estaban transmitiendo de su pueblo, sobredimensionando, según parece, el hecho banal de que el Ayuntamiento estaba siendo sometido a un registro policial; los concejales de la oposición, manifestando su preocupación por la imagen que iba a proyectar su pueblo a causa de esta operación, no porque la imagen fuese el reflejo de una situación por la que había que preocuparse; la agrupación local de Izquierda Unida, atribuyendo todo el asunto a una campaña mediática contra el exalcalde Juan Sánchez, como si su encarcelamiento fuese fruto de la afiebrada imaginación de un cronista.Posturas todas salidas de una concepción marketinera de la política, una actividad que parece definitivamente instalada más allá de la epidermis ante la falta de ideas, valores y hasta de  sueños.

La actitud que la alcaldesa de Casares y muchos de sus compañeros de IU hacia quienes informaban del caso ha sido tan agresiva, tan absurda en su estrategia de negar la evidencia de los hechos, tan nítida a la hora de exhibir la debilidad de sus convicciones democráticas y tan burda en su mal disimulada estrategia de defender  atacando que casi podría haberse leído como una confesión colectiva. El derecho de Juan Sánchez a la presunción de inocencia -avalado, debe decirse, por una trayectoria de 30 años- no  merecía defensores tan torpes.

Si el caso de Casares hubiese estallado algunos años atrás en los programas de televisión se las hubiesen ingeniado para que el nombre de Marbella apareciera por algún lado. Casares está dentro del ámbito de influencia de Marbella; el exalcalde detenido fue hasta hace bien poco presidente de la Mancomunidad, con despacho en Marbella; el propio argumento -intervención policial en el Ayuntamiento, exalcalde detenido en su casa, favores urbanísticos, trama de blanqueo, billetes de lotería sospechosos-parecía el de un ‘remake’ de una película que ya hemos visto. Sin embargo, Marbella no ha sido nombrada en ningún lado y posiblemente sea apresurado atribuirlo solamente a que la reputación de la ciudad ha mejorado en los últimos años. La pendiente ha ido más en el sentido contrario: todo el país ha descendido hasta el lugar donde Marbella se situó en 2006. Hablar hoy de marbellización cuando tenemos expresidentes autonómicos, alcaldes de todos los pelajes y hasta miembros de la Familia Real dando explicaciones enlos juzgados sería un acto de hipocresía difícil de digerir.

Aún así, no es el momento de consolarnos por el mal generalizado, sino de empezar a ver si nos tomamos en serio este asunto. Desde que la ‘operación Malaya’ levantó la veda de impunidad en las instituciones públicas, la estadística de la provincia es demoledora. En seis años han sido detenidos alcaldes o exalcaldes de Marbella, Estepona, Manilva, Casares, Alcaucín, Almogía, Alhaurín el Grande…, sin contar los acusados, imputados, juzgados o condenados que se han salvado de los grilletes. Alguien podría decir desde Marbella «¿Habéis visto? No éramos nosotros, eran todos». Pero la lista es demasiado larga y el argumento demasiado pobre como para que nadie pueda hallar ahí algo de consuelo.La prueba de que el problema está tan extendido es el perfil cultivado por el exalcalde Juan Sánchez, que hacía esperar cualquier cosa menos esto. Motivo por el que no pocos deseen plantarse delante y preguntarle: ¿Tú también, Juan?

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Fuera de ranking
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Héctor Barbotta | 17-05-2012 | 18:36| 0

Si los investigadores del ‘caso Majestic’ van bien encaminados, las personas que se pueden sentir no solo sorprendidas por la detención del exalcalde de Casares Juan Sánchez, sino también engañadas durante años ante su calidez, franqueza y sencillez podrán contarse por cientos o por miles. Y quizás sea oportuno confesar que esa frase bien podría estar redactada en primera persona.
No se trata de abolir la presunción de inocencia, todo lo contrario, y mucho menos antes de escuchar al propio afectado, pero desde que saltaron las alarmas del ‘caso Malaya’ han pasado tantos alcaldes, exalcaldes o concejales bajo los flashes de las cámaras, camino primero del juzgado y después de  la cárcel, que sorprende que en los ayuntamientos no exista un protocolo de cómo actuar ante situaciones como ésta.
El escenario no es nuevo y se ha repetido ya demasiadas veces en los seis últimos años. La policía o la Guardia Civil irrumpen en un ayuntamiento, lo cierran a cal y canto y comienzan el registro; simultáneamente se presentan en la casa de un político relevante y se lo llevan detenido; al cabo de un día entero empaquetan papeles y ordenadores con información urbanística; el detenido declara ante el juez y duerme en una celda. Comenzado en Marbella hace seis años y sumando de memoria sale una cifra que debería, al menos, inquietarnos: Cerca del diez por ciento de los municipios de la provincia de Málaga ha tenido un alcalde entre rejas. En estos días que se habla tanto de países que hacen cuentas para ver si pueden seguir en Europa deberíamos preguntarnos si uno de cada diez alcaldes presos es una cifra que nos permite situarnos no ya en niveles europeos, sino siquiera en un ranking de civilización democrática.
Con tanta experiencia acumulada llama la atención la torpeza con  que la alcaldesa de Casares manejó toda esta situación: primero negó la detención de Juan Sánchez y se permitió reconvenir a los medios exigiéndoles ‘objetividad’, después calificó de barbaridad lo que se estaba publicando acerca de la operación, al día siguiente, con un pleno ya programado, se negó a abordar el asunto en la sesión pública y convocó a una reunión a puertas cerradas para explicarl la situación solo a los ediles. Comportándose, igual que muchos de sus colegas de todos los colores,  como si el Ayuntamiento fuera suyo. Concepto equivocado y extendido donde reside el origen de todo el  problema.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella