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Instituciones atrapadas en la burbuja
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Héctor Barbotta | 16-05-2012 | 16:57| 0

En la época, tan reciente y sin embargo tan lejana, en la que confundimos la burbuja inmobiliaria con una prosperidad genuina, hubo algunas voces que advirtieron como quien predica en el desierto sobre el enorme daño social que causaban las operaciones de blanqueo de dinero que se producían en toda la costa mediterránea y, singularmente, en Marbella.
El blanqueo es un delito cuyos damnificados no resultan fáciles de identificar si no se aborda el problema desde el punto de vista adecuado. Está claro que los primeros damnificados son las víctimas del delito original con el que se obtuvo ilícitamente el dinero  que se introduce en el circuito legal. Pero, ¿existen víctimas del acto mismo del blanqueo? ¿Quiénes son?
La respuesta es simple y destroza el argumento tramposo, tan utilizado en época de crisis, de que da igual de dónde venga el dinero siempre y cuando llegue para crear riqueza. Los grandes volúmenes de dinero negro que entraron en el circuito legal mediante inversiones inmobiliarias –y en Marbella seguramente hay urbanizaciones enteras levantadas al albur de esta práctica– contribuyeron seguramente más que ningún otro factor a inflar artificialmente los precios de la vivienda y a endeudar de por vida a miles de familias que ahora no saben cómo salir de la trampa en las que quedaron atrapadas. Ellas son las víctimas del blanqueo.
Hoy, que el mercado inmobiliario parece más una ilusión que algo real y que hasta los propios bancos que participaron el desastre despiertan demasiado tarde de sus sueños sustentados en ingeniería contable llega el momento de reconocer que la prosperidad no era tal y también de tasar con ajuste a la dolorosa realidad el valor de las propiedades
Mientras no se haga, la compra-venta de inmuebles seguirá parada, y eso es algo que están sufriendo en carne propia algunas instituciones, lo que no constituye ningún consuelo. Esta semana hemos sabido que la Junta de Andalucía ha vuelto a sacar a la venta la antigua sede de Urbanismo –precisamente el lugar físico en el que se pergeñaron algunas de las operaciones a las que nos referíamos algunas líneas más arriba– después de que la subasta en la que intentó venderla quedara desierta. Ahora ha cambiado el procedimiento y se hará mediante una enajenación directa.
Acuerdo
La Junta consiguió la propiedad de este inmueble tras llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, que se lo cedió como pago de los primeros plazos de la devolución del préstamo de 100 millones de euros que la Administración autonómica concedió a la local en abril de 2006.
En la cesión, el inmueble, situado en la avenida Ricardo Soriano y compuesto de tres locales y cinco garajes, fue valorado en 4,92 millones de euros, y es posible que el Ayuntamiento haya hecho un buen negocio con la tasación, que le permitió rebajar esa cantidad de la deuda acumulada.
Pero es que el propio Ayuntamiento, que también está intentando convertir algunos de sus edificios en dinero contante y sonante para aliviar su desesperada situación económica, tampoco consigue compradores. Esta semana ha tenido que rebajar el 10 por ciento del precio de 681.000 euros en los que había valorado la antigua sede de la delegación de Servicios Sociales, que también sacó al mercado sin que aparecieran interesados. El Ayuntamiento también tiene pendiente de vender el edificio Marbella Forum, situado en plena Milla de Oro y donde funciona la televisión y la radio municipales , que ha sacado a subasta por 4,8 millones de euros.
Hay quien opina que deshacerse de propiedades inmobiliarias para pagar gasto corriente es pan para hoy y hambre para mañana, pero la situación es tan grave que posiblemente no deja margen para pensar en mañana.
Hasta Juan Antonio Roca, que quiere pagar los 24 millones de indemnización al Ayuntamiento previstos en la sentencia del ‘caso Saqueo’ para poder acceder a beneficios penitenciarios, ante la falta de liquidez ha tenido que recurrir a inmuebles. Ha ofrecido cuatro propiedades y está a la espera de que el Ayuntamiento las valore y acepte.  Si se alcanza un acuerdo, la propiedad pasará directamente al Estado para rebajar la cuantía de la deuda municipal con Hacienda y la Seguridad Social.
También las cosas han cambiado para Roca. Tantos años manejando maletines para acabar depositando todas las esperanzas de un permiso carcelario de fin de semana en una operación de trueque. Eso sí que es un síntoma, una metáfora y hasta un consuelo.

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Por encima
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Héctor Barbotta | 12-05-2012 | 16:15| 0

No es la primera vez que un alto cargo dela Magistratura de este país disfruta de fines de semana a todo tren en Marbella pagados con cargo al erario público. Por aquí todavía se recuerdan, no sin bochorno, las célebres jornadas judiciales con las que en sus primeros años como alcalde Jesús Gil agasajaba a los más poderosos representantes del estamento judicial a golpe de marisco y hospedaje de lujo todo incluido para engrasar las relaciones de alto nivel que después remataba en el palco del Calderón y que le permitieron saquear impunemente esta ciudad durante más de una década.
El caso de Carlos Dívar, denunciado por haberse pagado con dinero público escapadas de lujo a Marbella, la misma ciudad a la que los jueces abandonaron a su suerte durante ese tiempo, podría ser el gran escándalo del año, pero desafortunadamente solo apunta a ser el gran escándalo de la semana, hasta que salte otro que tape al anterior. Y así.
Nuestra atención hacia cómo se utiliza nuestro dinero en las instituciones públicas es tan despreocupada que dejamos casi sin irritarnos que cualquiera que acceda a una administración disponga de él como si fuera suyo. No ya los políticos, que nos tienen acostumbrados a hacerlo sin dar explicaciones o, lo que es peor, dando explicaciones que sería mejor que no dieran; no ya los encargados de vigilar el cumplimiento de las leyes, como estamos viendo. La apropiación del dinero de todos parece ser una tentación para cualquiera que lo tenga a su alcance.
Y así seguirá siendo mientras los dueños del dinero, los ciudadanos, no pongamos coto a los abusos. En Estepona, mientras se investiga a una empleada municipal como sospechosa de haber distraído 200.000 euros de las cuentas municipales sin que nadie se diera por enterado durantetres años, acaba de saltar el caso de otro trabajador que hace dos años se quedó con el dinero de una multa. Que el empleado en cuestión sea delegado sindical no debería ser considerado un agravante, sino una demostración de que el virus ha contaminado ya al organismo completo.
Por eso no debe extrañar que ahora se esté planteando con absoluta normalidad utilizar dinero público para rescatar el experimento de Bankia. Eso sí, la cosmética ha obligado a decirle a Rato que cobre lo suyo y se vaya. Es el precio que debe pagar por haber vivido por encima de nuestras posibilidades.

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De la pelea por el voto a la pelea por el dinero
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Héctor Barbotta | 10-05-2012 | 16:40| 2

La ciudad se ha encontrado esta semana con que el mes puede acabar con dificultad para el pago de las nóminas del Ayuntamiento. La Junta de Andalucía ha congelado la llegada de dos millones de euros a las cuentas municipales provenientes de los fondos PIE (Participación en los Ingresos del Estado) y la alcaldesa se ha apresurado a advertir de que sin esa transferencia las cuentas municipales que permiten un normal funcionamiento de la Administración local no cuadran. Ha hecho especial hincapié en las nóminas, cuyo montante mensual es de unos diez millones de euros.
Si hubiese que atribuir la decisión de bloquear la transferencia al flamante gobierno de la Junta de Andalucía, la señal no podría ser más pesimista. Sería un pésimo comienzo para el equipo que se hará cargo a partir de mañana  de la Administración autonómica.
Pero como el desánimo es lo último que en una situación como ésta podemos permitirnos, optemos por creer que el acto de hostilidad ha sido el último del gobierno andaluz en funciones que ya ha pasado a la historia y pensemos que a partir de ahora, con un ejecutivo que tiene cuatro años por delante, la confrontación en ambas direcciones dará paso a una política de mutua colaboración, aunque la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, responsable última de la decisión en el anterior gobierno sigue al frente ahora de esa responsabilidad. Mantiene mando en plaza, seguramente sin cambiar de criterio.
La decisión de congelar la transferencia está fundamentada en el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de un compromiso financiero: el pago del plazo correspondiente al primer trimestre de este año previsto en un acuerdo firmado en 2010 para la devolución en diez años del préstamo de 100 millones que la Junta hizo a la ciudad cuando en 2006 se disolvió el Ayuntamiento. La institución municipal tenía que abonar 1.850.000 euros el pasado 20 de marzo, y como no lo hizo, la Junta ha bloqueado la transferencia que, aunque viene del Estado, pasa por sus cuentas antes de llegar a los ayuntamientos.
¿Tiene fundamento legal la Junta para obrar de esa manera? La respuesta la darán los tribunales si, como es previsible, el Ayuntamiento de Marbella lleva el asunto a los juzgados.
¿Tiene explicación desde el punto de vista financiero? Sin duda. Si la situación de las cuentas municipales es comprometida, las de la Junta de Andalucía no están en un estado mucho mejor. Ahí puede comenzar a encontrarse una explicación de la decisión asumida, con todo lo triste, preocupante y poco edificante que resulta para los ciudadanos ver a dos administraciones públicas peleándose por su dinero (el de los ciudadanos, no el de ellos), en lugar de esforzarse en llegar a un acuerdo.
Si las negociaciones sobre este asunto se desarrollaron tal y como las relató Ángeles Muñoz en su comparecencia del pasado viernes –y no hay por qué creer que no fue así a la luz de la negativa de los responsables de la Junta a dar su explicación sobre el tema más allá de admitir que, efectivamente, los fondos han sido bloqueados–, lo que subyace tras la decisión es poca voluntad de entendimiento y una prisa desesperada de ir a por el dinero.
Resulta muy ilustrativo que la Junta de Andalucía encuentre vericuetos legales para aplazar el abono de la deuda que mantiene con el Ayuntamiento por el impago de impuestos municipales –vaya ejemplo que se da a los ciudadanos– y se muestre inflexible a la hora de quedarse con los fondos de un ayuntamiento en dificultades.
La desesperación –o seguramente sea más justo decir la dificultad para pensar en el medio plazo ante la necesidad de resolver lo inmediato– que han mostrado los responsables de la Junta para quedarse con los dos millones de euros cuya falta pondrá en aprietos al Ayuntamiento de Marbella no debe ser muy diferente a la que llevó a Ángeles Muñoz a firmar en 2010 un acuerdo con la consejera de Economía que contemplaba la devolución total del préstamo en 2020. El acuerdo preveía que Marbella pagara 550.000 euros al trimestre durante 2010, 650.000 al trimestre en 2011, 1.850.000 euros al trimestre durante este año, 3.050.000 euros al trimestre el año próximo… y así en progresión hasta alcanzar los siete millones y medio de euros al trimestre en 2020, año en el que la deuda quedaría saldada.
La alcaldesa sabía entonces, como sabe ahora, que el Ayuntamiento no podría hacer frente a ese compromiso cuando la cuota trimestral pasara de los seis a los siete dígitos. Pero en sus planes no figuraba el incumplimiento del compromiso rubricado, sino tener a estas alturas a un compañero de partido con mando en la Junta con quien sentarse para renegociar la deuda como ya lo hizo con Cristóbal Montoro para refinanciar lo que Marbella debe al Estado. El resultado de las elecciones autonómicas destrozó esos planes y el Ayuntamiento, más allá de las dificultades que afrontará este mes, se encuentra ante la necesidad de tomar decisiones.
Se puede mantener el equilibrio presupuestario a base de malabarismos durante un tiempo si se divisa una perspectiva de cambio en un horizonte a medio plazo.  Pero ya no estamos en esa situación, y por lo tanto los malabarismos deberían dar lugar a la toma de decisiones. Aplazar la resolución de los problemas lo único que hace es agravarlos.

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Marbella ante el nuevo consejero de Turismo
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Héctor Barbotta | 07-05-2012 | 09:05| 0

Bastó conocerse que Izquierda Unida controlaría la Consejería de Turismo para que afloraran temores atávicos. Muchos de quienes recordaron prejuicios de algunos dirigentes de IU frente a la clase de turismo en la que Marbella destaca mostraron prejuicios de factura propia, olvidando la lógica de que si el comunismo está agotado el macartismo debe estarlo también.
Más allá de las reservas ideológicas que legítimamente cualquiera tiene derecho a mantener en relación con la adscripción del nuevo consejero, no debería olvidarse que la fuerza a la que pertenece ha estado siempre en primera línea frente al vaciamiento y el cierre  de los hoteles de cinco estrellas de Marbella y en defensa de sus puestos de trabajo. No es mal punto de partida.
Por eso, alguien debería explicar por qué alguien de IU al frente de Turismo va a ser peor para la Costa del Sol que alguien del PSOE.
El nuevo consejero merece una oportunidad al margen de prejuicios. Y lo inteligente es dársela.

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Las cuentas de Michelle Obama nos dejan en evidencia
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Héctor Barbotta | 02-05-2012 | 15:24| 0

Uno puede estar más o menos de acuerdo con la utilización demagógica que los grupos radicales del conservadurismo norteamericano hagan del asunto, pero no por ello deja de causar admiración que las cuentas del viaje de Michelle Obama a Marbella hayan salido a la luz con inhabitual precisión: 213.124 dólares en horas de vuelo, alojamiento y manutención del personal del avión y 254.461 dólares en gastos de seguridad. Y cada uno de estos apartados con las cantidades desagregadas hasta el último detalle.
Que un grupo de radical oposición al gobierno norteamericano, como es el caso de ‘Judicial Watch’, haya conseguido –tras una demanda presentada a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y apelando a una ley federal ante el Servicio Secreto– tener acceso a las cuentas oficiales del viaje no solo pone en evidencia lo lejos que todavía estamos a este lado del Atlántico en materia de transparencia sobre lo que suponen para las arcas públicas los viajes oficiales y no oficiales de nuestros representantes políticos, empezando por el jefe del Estado y terminando por los concejales de Turismo. También constituye un ejemplo de la consideración que el dinero de los contribuyentes tiene para la sociedad de Estados Unidos. En eso también estamos lejos.
El contraste resulta doloroso. Y no solo por la opacidad en el manejo de las cuentas públicas que volvió a salir a la luz en el accidentado último viaje del Rey, lo que no deja de ser una anécdota, sino, sobre todo, por la alegría con la que vemos que continuamente, aún en momentos económicamente dramáticos, se utiliza el dinero de todos.
La diferencia consiste en considerar que el dinero público es precisamente de todos, y que por lo tanto la sociedad tiene derecho a saber en qué se gasta –y cómo y quién controla su destino– o actuar como si ejercer un cargo público diera derecho a patrimonializar esos recursos, a utilizarlos discrecionalmente sin dar cuentas o, lo que es peor, a no asumir responsabilidad sobre su destino.
En las últimas semanas hemos tenido noticia de que en Estepona han desaparecido 200.000 euros de la caja del Ayuntamiento. La investigación apunta a una empleada municipal y a un modus operandi sencillo. Se cobraban tasas en efectivo por diferentes servicios y el dinero nunca entraba en las cuentas municipales. La investigación apunta a que el asunto comenzó en 2009 con cantidades pequeñas y fue aumentando a medida que la sospechosa comprobaba que los controles brillaban por su ausencia. Así hasta sumar los 200.000 euros.
Con más de un millar de trabajadores en nómina, lo alarmante no es que haya aparecido una presunta sinvergüenza. Eso puede suceder  incluso en las mejores familias y no criminaliza a nadie más que a la persona directamente responsable.
Pero lo que sí es preocupante y funciona como descripción no ya de una época sino de una criterio acerca de qué es el dinero público, es que hayan tenido que transcurrir tres años y un cambio en el gobierno municipal antes de que un sencillo control pusiera en evidencia el desfalco.
El hecho de que no exista una extendida conciencia social acerca de qué es y de dónde sale el dinero público solo es una parte del problema. La otra parte, derivada del anterior,  es que hay demasiados cargos electos que ejercen su responsabilidad sin tener en cuenta que custodiar el buen uso de ese dinero es su principal obligación.
Durante demasiados años llegar a una administración pública ha significado para los cargos políticos la oportunidad de ejercer la generosidad y la filantropía. Pero no la generosidad con el dinero propio, sino con el ajeno.
Hubo una minoría de delincuentes que fueron generosos consigo mismos. Pero hubo otros, la mayoría, que la ejercieron en su entorno como una manera de perpetuarse en el poder y así poder seguir siendo generosos y alimentando una rueda que ha llevado a las administraciones a su actual situación de ruina.
Algunas de estas situaciones se dirimen hoy en los juzgados. Otras se intentan corregir en los despachos renegociando situaciones de privilegio que las arcas públicas ya no pueden seguir sosteniendo y que resultan ofensivas para quienes sufren recortes en sus trabajos y en sus empresas o que se han quedado ya sin empresas o sin trabajo.
Hubiera sido mejor que nos hubiésemos percatado de que el dinero público es de todos por una simple cuestión de conciencia cívica. Lamentablemente ha sido la crisis la que ha venido a enseñarnos la lección. Está en nosotros aprenderla.

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Interior debe una explicación a Marbella
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Héctor Barbotta | 24-04-2012 | 08:24| 0

Cuando en Apocalypse Now, el capitán Willard, interpretado por Martin Sheen, llega finalmente hasta el inmortal coronel Kurtz creado por Marlon Brando, ambos militares mantienen una de las conversaciones más memorables en la historia del cine. El escenario es un paisaje dantesco en la frontera camboyana con Vietnam, y Kurtz se justifica: «Una acusación de asesinato en este lugar es como una multa por exceso de velocidad en el circuito de Indianápolis».
No hay comparación posible con la locura asesina del siniestro personaje de aquella película, pero resulta inquietante cuando se sanciona a alguien por hacer lo que se espera de él y las explicaciones, lejos de ser contundentes, solo aportan confusión. Multar a un piloto de carreras por ir muy rápido, castigar a un juez por reparar una injusticia, expedientar a un policía por realizar una investigación son represalias que para el observador menos avisado parecen contrasentidos. Aún cuando, como en este caso, la investigación haya llegado hasta donde alguien no quería.
Marbella se ha vuelto a quedar sin comisario, el quinto que se va en solo seis años, pero esta vez los ciudadanos en general y los vecinos de la ciudad en particular tienen derecho a que se les explique algo más. Nunca antes como ahora las causas del relevo en un puesto clave para el buen funcionamiento de la ciudad han sido más opacas ni han estado envueltas en episodios más confusos.
Interior anunció esta semana mediante un comunicado que la Dirección General de la Policía mantiene abierta una investigación interna «para averiguar y exigir responsabilidades» a quien ordenó la investigación al vicepresidente de la Comunidad de Madrid y número dos de Esperanza Aguirre, Ignacio González, de quien se ha sabido su vinculación con un ático de lujo en Guadalmina que difícilmente ha podido pagar con sus ingresos conocidos.
Como resultado de esta investigación, hay un expediente abierto al hasta hace unos días comisario de Marbella, Agapito Hermes de Dios Herrero, quien fue relevado de su cargo. Más allá de que tanto el expediente como el traslado fueron solicitados por el propio afectado, resulta preocupante que una investigación que ha llegado hasta un alto cargo político sea el motivo esgrimido para relevar de un puesto clave –no sabemos si clave para el ministro del Interior, pero desde luego sí clave para los vecinos de Marbella– a un funcionario que apenas ha tenido un año para realizar su trabajo.
Sobre todo porque en los últimos meses ha habido rumores insistentes sobre la destitución de Hermes de Dios. Una destitución mil veces filtrada y nunca confirmada hasta que al final las filtraciones han coincidido con la realidad. Los relojes que no funcionan dan dos veces al día la hora exacta.
El rumor anterior explicaba la inminente destitución del comisario en el supuesto trato de favor hacia un allegado al jeque Al-Thani en la obtención del Número de Identificación de Extranjeros, un trámite sencillo para el que solo es necesario guardar cola en la comisaría.
La insistencia de estas filtraciones, mucho antes del incidente de la investigación del piso de Guadalmina, no hizo más que poner al descubierto que el comisario de Marbella carecía de amigos en la Comisaría Provincial de Málaga, o que al menos había sucedido algo que le había hecho ganar enemigos.
Más tarde surgió la investigación del piso que resultó ser del vicepresidente de la Comunidad de Madrid y por lo tanto, aforado. El expediente deberá resolver si la investigación la hizo el comisario por su cuenta, extremo que él mismo niega, y si el objeto era el ático o su aparente propietario oculto tras una trama de sociedades. No es lo mismo investigar a un aforado que tiene un inmueble, que investigar un inmueble que resulta ser de un aforado. Si es así poca responsabilidad se le puede achacar al investigador, quien tampoco debe ser responsable de que las pesquisas hayan revelado que la trama tiene ramificaciones en Colombia.
Meses atrás, efectivos policiales que estaban suspendidos de empleo y sueldo debido a su imputación en una causa judicial fueron sorprendidos en Marbella realizando labores de seguridad privada, actividad que les está expresamente vedada. El comisario tramitó esa denuncia por los cauces reglamentarios pese a haber recibido, según aseguran algunas fuentes, sugerencias para que no lo hiciera.
Es difícil encontrar dónde está el origen del relevo, destitución o cese que ha vuelto a dejar a Marbella sin comisario, pero son demasiados los episodios que deberían ser explicados.
En todo caso, alguna información que llegó hasta el ministro del Interior, Jorge Fernández-Díaz, debe de haberlo molestado muchísimo. No es habitual que el ministro responsable de las fuerzas de seguridad acuda a una boda en Marbella, como sucedió días atrás, y no reserve unos minutos para ver al comisario de la ciudad. Incluso que se suspenda una visita a la comisaría que ya había sido programada.
Posiblemente el mando relevado deba dar explicaciones en su institución. Pero con cinco comisarios en seis años, el Ministerio del Interior le debe una explicación a Marbella y a sus ciudadanos.

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El Rey no vendrá
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Héctor Barbotta | 20-04-2012 | 12:20| 1

El gusto del Rey por Mallorca como único lugar de vacaciones, al menos de sus vacaciones de verano o, quizás sea más correcto decir, de sus vacaciones públicas, nunca cayó bien en Marbella, donde vecinos y empresarios se preguntan una y otra vez qué hay que hacer para que el monarca se deje ver por la ciudad.
No ha hay caso: no viene ni cuando le toca  –le tocaba con la visita de Michelle Obama, pero la hizo viajar hasta Palma solo para comer– o viene y no se deja ver, como cuando se reunió con el rey Fahd en la última visita de éste, una entrevista de la que solo se guarda recuerdo por una foto filtrada por la Casa Real saudí.
Don Juan Carlos no es el único representante institucional que considera equivocadamente que una visita a Marbella atentaría contra su imagen. Solo es el más importante. En la ciudad no es raro ver a Felipe González, a José María Aznar o a Rodríguez Zapatero. Pero ahora que ya están retirados, porque cuando eran presidentes venir no se les pasaba por la cabeza. Como al Rey se le ha visto esta semana más cerca que nunca de la abdicación, hubo quien especuló con  que si daba el paso de abandonar sus obligaciones institucionales sí sería posible verlo en Marbella. Pero no. El país no está para una abdicación, que es como se llama a la dimisión real, y Don Juan Carlos ha preferido pedir disculpas y prometer que no volverá a ocurrir.
Si los reyes aceptaran preguntas quizás alguien le hubiese rogado una aclaración: ¿Qué es exactamente lo que no volverá a hacer? ¿Irse sin avisar a cazar? ¿Irse sin avisar a cazar un especie en peligro? ¿Irse sin avisar a cazar una especie en peligro en un viaje pagado por un empresario? ¿Irse sin avisar a cazar una especie en peligro en un viaje pagado por un empresario extranjero? ¿Irse sin avisar a cazar una especie en peligro en un viaje pagado por un empresario extranjero mientras el Gobierno pide e impone sacrificios a los ciudadanos? ¿O  todo lo anterior y además  sufrir un desafortunado accidente que lo deje en evidencia?
No sabemos exactamente por qué se ha disculpado, ni qué es lo que no volverá a ocurrir, pero al menos sí sabemos que se ha disculpado, y el gesto de las disculpas (tan inusual en nuestra vida institucional), delata que de momento no habrá abdicación. Don Juan Carlos seguirá en activo, y por lo tanto sin venir a Marbella.

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Un salvavidas para Marbella en los presupuestos del Titanic
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Héctor Barbotta | 11-04-2012 | 10:26| 0

Cinco años después de llegar al gobierno municipal, Ángeles Muñoz puede presumir de haber encontrado la solución para el mayor problema heredado de los gobiernos de la era GIL. Más que el desastre urbanístico, más que un ayuntamiento con una plantilla desproporcionada y engordada a golpe de enchufe, más que el desprestigio causado después de que gran parte de la conciencia colectiva de este país asociara, no sin motivos, el nombre de la ciudad a todo lo que tuviera que ver con lo hortera y lo corrupto, más que todo eso, el peor problema  legado por los saqueadores a la ciudad era la inviabilidad económica del Ayuntamiento.
Quizás sea oportuno recordarlo. Cuando se disolvió la corporación municipal, hace seis años, no había dinero para que la institución siguiera funcionando, y durante los 14 meses de la gestora lo hizo gracias a un crédito de la Junta de Andalucía de 100 millones de euros. Ello permitió que se pagaran las nóminas y que los camiones de basura salieran puntualmente todas las noches, pero agravó a largo plazo una situación financiera terminal.
Cuando ahora se ve lo que está pasando en ayuntamientos como el de Jerez, donde casi la mitad de los funcionarios tendrán que irse a la calle, o el de La Línea, con sus empleados sin cobrar una nómina durante ocho meses, cabe preguntarse si en estos años, pagando intereses de una deuda con el Estado de 267 millones de euros y sin retrasos en los sueldos, lo que ha habido es una meritoria gestión de las cuentas municipales o un milagro financiero.
El Gobierno presentó esta semana en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado para 2012 que, de acuerdo a la situación económica que vive el país, anuncian tiempos difíciles. Los recortes serán generalizados, tocan a todas las carteras y a todos los sectores. Por citar solo lo que más afecta a esta ciudad, no habrá dinero para saneamiento, ni para playas, ni para promoción turística, aunque la lista de recortes es tan amplia que excede el ámbito de esta columna.
En medio de estos presupuestos dramáticos –que solo parecen perseguir el objetivo del déficit aún a costa de cualquier otro objetivo y que no les gusta ni siquiera a quienes los hicieron pero mucho menos a quienes los sufrirán– Marbella aparece como la gran triunfadora. Donde la mayoría ve una perspectiva de zozobra, la ciudad se ha encontrado con un salvavidas.
No por la partida para prolongar el Cercanías –la experiencia aconseja ser cauto, ya son muchos años de brindis al sol con este asunto–, ni tampoco por los 17,5 millones para concluir el soterramiento –nadie en su sano juicio hubiese apostado porque una obra ejecutada a más del 90 por ciento no se rematase o quedara sin pagar–, sino por el acuerdo incluido en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos que permite aplazar 40 años la deuda millonaria con Hacienda y la Seguridad Social.
Doble victoria
La gestión que la alcaldesa ha venido realizando con los miembros del Gobierno, aun antes de que  fueran Gobierno, ha conseguido una doble victoria. Primero, la propia ampliación del plazo a cuatro décadas, lo que da al Ayuntamiento un margen financiero que ni los más optimistas podían prever. La deuda se irá saldando mediante descuento de las transferencias de la participación de la ciudad en los ingresos del Estado con un interés del uno por ciento, cinco veces menos de lo que se venía pagando hasta ahora.
La segunda parte del acuerdo es la más importante y seguramente hará innecesario el apartado anterior. Que el Estado acepte en pago los derechos a indemnizaciones que Marbella vaya obteniendo a en sentencias firmes dictadas por los tribunales es lo que realmente da a la ciudad una perspectiva cierta de respiro financiero. Porque frente a esa deuda de 267 millones de euros, la ciudad ya ha conseguido que se le reconozca en los tribunales, en 18 sentencias ya firmes, el derecho a cobrar 47 millones de euros. Y hay otros 217 millones correspondientes a una treintena de condenas sobre las que aún cabe recurso, pero que si todo transcurre como cabe esperar serán firmes en un tiempo, por lo que podrán sumarse a la cantidad anterior. Entre estas últimas se encuentran la del ‘caso Minutas’ y otras dos del Tribunal de Cuentas contra Julián Muñoz y contra los herederos de Jesús Gil, respectivamente.
Y aquí es donde se llega a un aspecto no reflejado explícitamente en la Ley de Acompañamiento, seguramente alejado de las preocupaciones, al menos prioritarias, de la negociación entre el gobierno municipal y Hacienda, pero que puede suponer una reparación suplementaria para la ciudad.
Marbella sufrió una doble estafa. Primero cuando fue saqueada, después cuando muchos de los saqueadores se declararon insolventes una vez condenados. De hecho, la ciudad solo ha podido recuperar poco más de un millón de euros, de los que 800.000 fueron gracias a un acuerdo judicial con Juan Antonio Roca.
Ahora, al traspasarse los derechos de cobro de las indemnizaciones de la ciudad al Estado, el acreedor de los condenados deja de ser el Ayuntamiento y pasa a ser Hacienda. Y a nadie se le escapa que no es lo mismo tener una deuda con Hacienda, con un ejército de inspectores y con todos los medios a su disposición, que  tenerla con el Ayuntamiento de Marbella.  Es posible, y deseable, que muchos de los insolventes dejen de serlo si Hacienda pone empeño en ello. No hay, en este caso, amnistía fiscal en el horizonte.
Argumento histórico
Habrá quien pueda argumentar que con esta solución para  la deuda municipal ha habido un trato de favor hacia Marbella del que no han disfrutado otros municipios en situación similar. A no dudarlo: al Gobierno comenzarán a caerle en cascada los reclamos para acogerse a soluciones similares por parte de otros ayuntamientos que esgrimirán el argumento del agravio comparativo.
Pero es que en favor de Marbella existe un argumento histórico exclusivo de peso: se trata de la única ciudad cuyo ayuntamiento fue disuelto. El Estado adoptó en su día, con media corporación tras las rejas, una solución política excepcional para dar respuesta a una situación insostenible. Ahora, también desde la política y por parte de un gobierno de signo diferente, ha adoptado una solución económica también excepcional ante una situación igual de insostenible. Y sino, a ver qué ciudad puede aportar sentencias judiciales en su favor con indemnizaciones por más de 217 millones de euros.
Argumento, que por cierto, también desmonta, aunque demasiado tarde, la justificación política, que no moral, que encontraban en su día no pocos votantes del GIL. ‘Todos roban, pero estos roban y hacen’. Hoy ya sabemos que aquello era una gran mentira. Nadie robó tanto como ellos. Ahora está más cerca la hora de que tengan que devolverlo. Será Hacienda quien se los reclame.
Sabrá disculpar el lector este exceso de optimismo.

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Entretenidos
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Héctor Barbotta | 06-04-2012 | 16:20| 0

En los Presupuestos Generales del Estado más rácanos, restrictivos y peligrosos de la historia –por el riesgo que en buena lógica supone imponerle una dieta de adelgazamiento a un enfermo al borde la desnutrición– va el Gobierno e incluye una partida para recuperar el proyecto de prolongar el tren de Cercanías hasta Marbella. Y uno, la verdad, no sabe cómo tomárselo.
Porque no es que Marbella no necesite dejar de ser la única ciudad española con más de 100.000 habitantes sin estación de tren, ni mucho menos que sus vecinos y sus empresas se hayan resignado a no contar con el impulso que supondría la conexión ferroviaria. Pero es que ya llevamos más de un década escuchando la milonga del tren como para que a estas alturas, con unas cuentas que nos advierten de que no habrá dinero ni para saneamiento, ni para las playas, ni para promoción turística, ni para educación infantil, ni para becas, ni para ordenadores en las aulas, ni tan siquiera para cumplir con lo que marca la ley en las asignaciones a las autonomías, vengan y nos digan que sí va a haber para volver a empezar con el tren hasta Marbella.
No es que vayan a coger los estudios, informes y proyectos que se han venido haciendo durante los últimos años, desde que en 2000 se anunció por primera vez la idea, no. Como no ha habido suficiente, van a destinar 680.000 euros a un estudio nuevo. Durante 12 años desde la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE, y también desde el Gobierno central del mismo signo, han estado mareando al personal con el asunto del tren hasta que el personal se ha dado cuenta de que no había ni fondos ni voluntad para embarcarse en el proyecto. Ahora llega el Gobierno del PP y anuncia que encarga un estudio. Y uno, la verdad, tiene ganas de creérselo, pero es que los antecesores se han gastado todo el crédito. También el financiero.
No es que el tren no sea necesario, imprescindible incluso, no es que no sea justo, ni mucho menos que no sea oportuno. El problema es que no es creíble.
Cualquiera que esté al tanto de lo que sucede en esta provincia estará cansado de leer y escuchar el encargo de proyectos, de estudios de viabilidad, incluso de maquetas y diseños de estaciones. Llevamos así 12 años. Ahora, a pesar de los recortes, se encarga uno nuevo.
O son unos cachondos o nos quieren tener entretenidos.

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Marbella tras las elecciones andaluzas
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Héctor Barbotta | 04-04-2012 | 11:15| 1

O es difícil imaginar las caras con que se recibieron en el equipo de gobierno municipal de Marbella los resultados de las elecciones autonómicas. Como en cualquier otra ciudad andaluza donde los militantes y simpatizantes del Partido Popular se reunieron para seguir el veredicto de las urnas, seguramente de la incredulidad se habrá pasado a la preocupación y de allí a la desazón más absoluta.  Todo ello en un escaso lapso de dos horas que para algunos habrán sido cortísimas y para otros, interminables pese a que los avances tecnológicos han permitido que las noches electorales en vela esperando los resultados pasen a la historia.
Ya se sabe que en el balance que suelen hacer los partidos cara al público nunca nadie pierde las elecciones. El discurso sofista adoptado a izquierda y derecha permite siempre presentarse ante los ciudadanos como vencedores morales, aunque en esta ocasión, más allá de los gestos ante la galería, ambos partidos mayoritarios tienen más motivos para la preocupación que para otra cosa.
Unos, porque llegaban con más expectativas que nunca, confiados por las encuestas y por los antecedentes más recientes, y aunque la política siempre ofrece escenarios distintos, pueden estar  preguntándose cuándo van a gobernar en Andalucía si no lo han conseguido esta vez.
Los otros, porque aunque hayan salvado el match-ball en el último instante no lo han hecho por una recuperación de su voto ni porque la tendencia descendente de los últimos años haya cambiado de rumbo, sino por la inesperada abstención que inéditamente castigó al centro-derecha y porque sus aliados de Izquieda Unida tuvieron un crecimiento que superó las expectativas más optimistas.
Quizás sean estos últimos quienes tengan motivos más reales para la satisfacción, aunque la historia los coloque ahora ante la grave responsabilidad de demostrar que sus propuestas constituyen una alternativa de gobierno real, y no un brindis bajo el sol de la utopía.
Escenario diferente
En todo caso, el equipo de gobierno municipal de Marbella y el partido que lo sustenta se enfrentan a un escenario muy diferente al que habían construido sus expectativas, y por ello deberán diseñar una estrategia para la legislatura que comenzará el 19 de abril cuando se constituya el nuevo Parlamento de Andalucía, por cierto, con dos concejales de Marbella en sus escaños.
El panorama de un Gobierno andaluz con afinidad política con el que soñaba Ángeles Muñoz se transformará  en algo muy distinto –un presidente elegido con los votos del PSOE e Izquierda Unida–,  que obligará a tomar decisiones. Las necesidades de Marbella en cuanto a dotación sanitaria y educativa, por citar solo las más urgentes, siguen siendo las mismas de antes de las elecciones, y habrá que ver si desde ambas orillas se elige el camino de la colaboración o el ya conocido de la confrontación.
Habrá que ver si el Partido Popular andaluz persiste en hacer oposición desde los ayuntamientos –una estrategia a la que no siempre se plegó Ángeles Muñoz, lo que le valió en alguna ocasión reproches velados de sus compañeros– y si desde el PSOE se insistirá en seguir castigando a las plazas electorales que más se le resisten, con Marbella a la cabeza.
Y habrá que ver también qué papel juega Izquierda Unida, y qué fuerza tendrá en el nuevo gobierno autonómico para desempolvar el Plan Estratégico para la Costa del Sol, elaborado cuando la coalición de izquierdas estaba al frente de la Mancomunidad de Municipios.
De momento solo se han visto reacciones triunfalistas –ya sabemos que en las elecciones nunca pierde nadie–, escaso propósito de enmienda y movimientos impulsados por la inercia de la legislatura que ya ha terminado. Pero no debe descartarse que con el análisis frío el mensaje de las urnas sea entendido.
Frente al panorama de un partido hegemónico que mandara en todos los estamentos institucionales desde el Gobierno Central hasta el municipal pasando por la Diputación Provincial, el Patronato de Turismo y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, las urnas han optado por mantener un contrapoder al dar a los socialistas la oportunidad de seguir al frente de la Junta si consiguen materializar un pacto con Izquierda Unida. Los electores le han negado la mayoría absoluta al PP y han dado al PSOE una oportunidad que sus dirigentes harían bien en leer como el último aviso de que deben cambiar de rumbo.
Ahora solo cabe esperar que los partidos entiendan el veredicto ciudadano que ha ordenado la existencia de contrapoderes como un mandato para que las instituciones hagan un esfuerzo por entenderse. Y también por enterrar la crispación que pone a los ciudadanos como rehenes de su incapacidad para dejar en segundo plano los legítimos, o no tanto, intereses partidistas.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella