Diario Sur

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Todos (des)iguales
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Héctor Barbotta | 09-11-2016 | 19:11| 1

Es posible que cuando haya comenzado el año próximo sólo los muy aficionados al fútbol conserven algún interés en el personaje. Los demás hace tiempo que lo perdimos, pero antes de fin de año habrá seguramente un motivo más para dejar de prestarle atención.
La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) ya está pendiente de que un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía dé vía libre a la resolución del contrato para la ampliación del puerto de La Bajadilla, que el jeque Al-Thani incumplió sistemáticamente desde que en 2011 ganó el concurso para ejecutar esa obra.
El sistema jurídico español no sólo es garantista para los delincuentes de guante blanco. Sólo así se explica que Al-Thani y la sociedad que encabeza sean todavía los titulares de la concesión después de no haber movido un dedo para cumplir con las obligaciones que asumió sin que nadie lo obligara y pese a haberse comportado como el perro del hortelano cada vez que el Ayuntamiento de Marbella intentó acercar posturas con inversores que al parecer mostraron y siguen mostrando interés en el proyecto .
Desde que la administración le lanzó las primeras advertencias de que debía pagar el canon, presentar el proyecto de construcción y comenzar con las obras, el jeque no hizo otra cosa que presentar recursos sin más fundamento que meras artimañas técnicas, sin intención de cumplir con los nuevos compromisos que adquiría y sin otro objetivo que ganar tiempo. Cualquiera que haya seguido este asunto con un mínimo interés y sentido de la lógica posiblemente haya renunciado ya a intentar comprender para qué necesitaba de ese tiempo si no tenía intención de hacer nada y tampoco de vender la concesión.
Es posible que en otras geografías donde también impera el estado de derecho al jeque no se le hubiese aguantado tanto. Pero aquí este asunto puede valer como paradigma para explicar qué indefensa está a veces la administración, y en consecuencia los intereses públicos, ante los desaprensivos con recursos suficientes para utilizar todos los resortes legales a su alcance. Sólo con comparar la indefensión de los ciudadanos de a pie frente a los abusos de esa misma administración basta para comprender que eso de la igualdad ante la ley no es más que una ficción o, en el mejor de los casos, una utopía a la que todos deberíamos aspirar aún sabiendo que es inalcanzable.
Todavía quedan flecos por resolver pero cuando todo esto pase es posible que se deban repasar todos los hechos para sacar alguna conclusión y darle sentido a esta experiencia que va camino de dejar a Marbella y a toda la Costa del Sol no sólo sin un instrumento de desarrollo sino también con un genuino sentimiento de frustración.

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Nuevos presupuestos con un año más de experiencia
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Héctor Barbotta | 02-11-2016 | 08:52| 0

 

El Ayuntamiento está otra vez inmerso en el proceso para la aprobación de los presupuestos y el panorama es similar al del año pasado, aunque con un año más de experiencia. El equipo de gobierno no cuenta con mayoría en el pleno y para sacar las cuentas adelante y necesita del voto de los dos ediles de Podemos, que ya no son dos recién llegados a la política y atesoran ya el bagaje de estos 16 meses en la política municipal.
Cuando se conformó el actual equipo de gobierno en minoría una de las desconfianzas que surgieron estuvo relacionada con una situación que obligaba a negociar todas las cuestiones trascendentes, entre ellas la aprobación de los presupuestos, con el consiguiente riesgo de bloqueo que de ella se podía desprender, cuando no del poder de decisión que podían alcanzar las formaciones minoritarias.
Hubo quienes se alarmaron por esta circunstancia, pero es posible que haya que ir acostumbrándose porque las mayorías absolutas no parece que vayan a formar parte del paisaje que podremos ver ni en esta ciudad ni en este país en el futuro más cercano.
El año pasado los dos ediles de Podemos apretaron hasta el final y el Partido Popular, posiblemente en un movimiento dirigido a enseñar su cara de formación responsable y de gobierno, ofreció su abstención para que las cuentas no tuvieran un matiz exageradamente morado. Por eso la aprobación tuvo finalmente una holgura que pocos podrían haber previsto con estacomposición municipal, con 14 votos a favor y 13 abstenciones.

Todavía es pronto para vaticinar cuál va a ser el escenario de este año. Tanto Podemos como el PP han comenzado marcando su territorio. Los populares han advertido de que esperarán al estudio preliminar para marcar su postura frente al presupuesto y Costa del Sol Sí Puede ha adelantado su exigencia de que las concesiones de los servicios públicos privatizados que venzan no se renueven. El próximo en el calendario es el de la zona azul, por lo que pronto se verá qué tan roja es la línea que acaban de marcar.
Después de varios meses en los que PP y PSOE han traducido sus diferencias políticas en demandas en los juzgados no debe extrañar que esta semana se hayan tirado a la cara sentencias favorables a uno y otro. Con tantas denuncias como llevan presentando tampoco debe llamar la atención que haya sentencias para todos los gustos. Lo que sí resalta es que se trata de dos sentencias aparentemente opuestas sobre el mismo asunto: el derecho de la oposición a acceder a información municipal y la manera en que pueden hacerlo.
Así, después de que el PP presentara denuncias ante la falta de respuesta a medio centenar de solicitudes de información, dos juzgados han tomado decisiones aparentemente opuestas. Los ediles de la oposición solicitan ver un expediente y a los cinco días sin respuesta se produce el silencio positivo, ya que denegarlo de manera explícita vulnera derechos constitucionales.
Tras el quinto día sin respuesta se producen dos interpretaciones posibles y ambas tienen sustento judicial. El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número Cinco entiende que se puede acudir al juzgado y denunciarlo. Ha dictado tres sentencias considerando que se ha vulnerado el derecho al no dar la información y que han sido difundidas esta semana por el Partido Popular.
El juez de lo contencioso número Tres, por su parte, considera en cambio que se ha obtenido el derecho por silencio positivo y que los concejales afectados deben pedir al Ayuntamiento que ejecute el acto. Para ello considera que debe presentarse un segundo escrito al amparo del artículo 29.2 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa y si en el plazo de un mes no se da la información, sólo entonces acudir al juzgado. Esta sentencia ha sido exhibida como una victoria por el equipo de gobierno y como una prueba de que los jueces censuran la supuesta voluntad del principal partido de la oposición de bloquear la administración municipal con tanta solicitud de información.
Hay informaciones antiguas, de cuando el PP era gobierno y el PSOE oposición, que se podrían reproducir en estos días alterando el nombre de los partidos y tendrían plena vigencia. Uno es, precisamente, el de las peticiones frustradas de información. Otra es la batalla sobre quién promete una mayor bajada de impuestos. Y otra más también ha tenido actualidad esta semana: la denuncia de que el Ayuntamiento de Marbella contrata empresas de otros términos municipales, un asunto con el que el PSOE hizo sangre durante sus años en la oposición y que ahora regresa como un bumerán.
Alguien podría preguntarse si esta situación en la que los principales partidos plantean argumentos idénticos a los que planteaba el adversario cuando estaba en el lugar que actualmente ocupan no supone una confesión de que cada día cuesta más encontrar identidades políticas basadas en un sistema de ideas. Y si eso no constituye un camino que lleva directamente a la muerte de la política.

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Escuchar a los expertos
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Héctor Barbotta | 24-10-2016 | 09:15| 0

 

Basta con escuchar las perogrulladas que se escuchan cada vez que alguien siente la necesidad de reflexionar en voz alta sobre Marbella y el turismo para concluir en la necesidad de escuchar a los que saben. Aunque sólo fuera por eso ya debería considerarse como una buena idea la puesta en marcha del Foro de Innovación y Promoción Turística de Marbella, una entidad que acaba de crear el equipo de gobierno municipal, tras el anuncio en ese sentido formulado por el alcalde tan pronto llegó al sillón de la Alcaldía y que recoge buena parte del talento que esta ciudad atesora en ese sector estratégico de la economía de la provincia.
El foro parte de un principio que bien debería ser aplicado no sólo en otras áreas de la vida municipal sino también por otras administraciones: escuchar a los que saben y, si es posible, hacerles caso. Ahora resta que comience a funcionar, esperar a los resultados y conocer de qué modo se gestionarán las dificultades cuando aparezcan.
Si se analiza la composición de la nueva entidad surgen algunas pistas acerca de por dónde discurrirá su funcionamiento. Si bien es cierto que el foro responde a una iniciativa del alcalde y a un compromiso asumido tan pronto como llegó al gobierno municipal, no puede ignorarse que supone también una larga aspiración de los empresarios del sector y que el Centro de Iniciativas Turísticas había convertido hace tiempo en una reivindicación y en un reclamo permanente.
Durante el anterior gobierno municipal los oídos de los empresarios fueron lisonjeados en más de una ocasión con la promesa de poner en marcha algo parecido –en aquella ocasión se lo llamó consorcio– pero el compromiso nunca se materializó.
Ahora se ha hecho realidad y la presencia del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, en la reunión inaugural y su compromiso de participar en las futuras sesiones dan cuenta de la satisfacción que supone para el colectivo empresarial contar con un ámbito donde una administración pública escuche sus propuestas.
Los integrantes del foro, que tendrá carácter deliberativo y funcionará como un órgano asesor del alcalde, están ahí, según insisten en recordar cuando se les consulta, no en representación de las sociedades en las que desarrollan su labor profesional y que en algunos casos encabezan, sino a título individual. Tampoco hay entidades representadas como tales, por lo que ninguna puede reclamar por su ausencia, sino personas que aportan su experiencia y que han sido invitadas a participar de forma personal.
La composición del foro, con presencia de empresarios en activo y de profesionales retirados que seguramente tendrán mucho que aportar, es seguramente un reflejo del compromiso de la patronal con la iniciativa, y aunque no hay ningún miembro cuya participación en el foro pueda ser cuestionada, llama la atención la ausencia absoluta de representantes de los trabajadores del sector turístico, un colectivo que podría también aportar su experiencia y puntos de vista, seguramente enriquecedores. Esta ausencia es particularmente llamativa no solamente porque se trata de una iniciativa que ha sido puesta en marcha por un gobierno tripartito que se reclama como impulsor de políticas de izquierdas, sino también porque la presencia de los sindicatos se daba por hecha desde que se comenzó a hablar de un foro turístico.
Por delante, el foro tiene un desafío gigantesco: diseñar una estrategia turística para una ciudad que ejerce un liderazgo incuestionable en el sector en España y que es portadora de una de las marcas más valiosas del mundo, pero que por la falta precisamente de una estrategia pensada a largo plazo queda muchas veces a merced de los cambios de gobierno y sobre todo de los vaivenes de las coyunturas internacionales.
Sin duda, una de las tareas primordiales será proponer caminos que lleven a la meta de la desestacionalización, para lo que será necesario introducir a la ciudad en nuevos segmentos en los que aún no es líder y donde habrá que aprender de otros destinos. También habrá que conseguir que los buenos resultados turísticos se traduzcan en empleos estables y de calidad, porque si no es así habrán servido de bien poco.
El pasado martes, González de Lara propuso otro objetivo que sin duda es también estratégico y a largo plazo. Se trata de conseguir que el turismo sea considerado un asunto transversal, que atraviese todas las áreas municipales y que por lo tanto todas las delegaciones del Ayuntamiento asuman que las tareas que desarrollan en el ámbito de sus competencias deben tener un enfoque dirigido al turismo.
El foro también hará propuestas para diseñar una estrategia de promoción, una función que a lo largo de la historia de la Costa del Sol ha sido asumida en solitario por las administraciones públicas. En este apartado tan importante es que las empresas turísticas participen en su elaboración y en la toma de decisiones como que contribuyan también a su financiación. La promoción no puede descansar solamente sobre el sector público, una costumbre endémica de la Costa del Sol pero que ofrece un panorama muy diferente en destinos como Baleares o Canarias, donde la participación privada tiene mayor peso.
No obstante, el mayor de todos los desafíos que se le presentan al foro turístico es su supervivencia a lo largo del tiempo. Para ello es necesario que demuestre su utilidad, que la ciudad lo haga suyo y que nadie sucumba a la tentación de patrimonializarlo. Si se consigue esto, sus impulsores, y en concreto el alcalde, podrán vanagloriarse en el futuro de haber marcado el inicio de una nueva etapa en la rica historia del turismo en Marbella.

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Goldfinger
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Héctor Barbotta | 24-10-2016 | 09:10| 0

Se ha conocido la sentencia del ‘caso Goldfinger’ y posiblemente su limitado alcance mediático –ausente por completo de las televisiones y de los medios nacionales– deba entenderse como un éxito, uno más, del servicio diplomático más eficiente del mundo: el Foreign Office.
El caso, como se recordará, tuvo su origen en la recalificación del solar en primera línea de playa cercano a Puerto Banús donde en su día se levantaba Malibú, la residencia marbellí de Sean Connery y que dio lugar a la construcción de un complejo de 70 apartamentos de lujo.
La implicación del actor británico y de su mujer en el caso, que investigaba el beneficio económico que él o quienes actuaban en su nombre habrían obtenido durante la época del urbanismo a la carta, concitó la lógica atención de los medios de todo el mundo. Tras años de residencia tranquila, Connery se fue de Marbella lamentando que los pelotazos que se daban alrededor de su finca le habían hurtado toda la intimidad. Pero al parecer, después de irse él, sus abogados o ambos entendieron que no había motivo para no beneficiarse de esa misma situación que lo había invitado a marcharse.
Desde el comienzo, el juez instructor del caso supo que meterse con un Caballero de la Orden del Imperio Británico que ostenta el título de ‘Sir’ no iba a salirle gratis. Primero recibió llamadas del embajador de Su Graciosa Majestad interesándose por el asunto y por la difusión pública que había alcanzado; posteriormente, una denuncia por revelación de secreto por la que fue citado a declarar un periodista de esta casa. Después se apartó del Juzgado.
Así fue como la diplomacia británica obtuvo lo que puede leerse como un éxito: el desgaje de todo lo que afectaba a Connery en una pieza separada que pasó a ser de más difícil acceso para los medios. Los motivos por lo que se separaba a los Connery de la pieza principal nunca se llegaron a entender.
Poco antes, el actor, tras desoir las repetidas citaciones del juez para comparecer en el Juzgado había declarado desde Bahamas. Rehusó cualquier responsabilidad y descargó todo en su mujer, Micheline, de 87 años, dos más que él. Connery fue apartado. La mujer sigue sin responder a los repetidos requerimientos que se le han hecho.
Ahora se ha conocido la sentencia. El tribunal no ha encontrado pruebas de soborno, lo que ha librado a Roca, pero sí de delito ambiental, por el que han condenado a Julián Muñoz y otros exediles. Los abogados de Connery tendrán que cumplir dos años y siete meses de prisión, pagar 63 millones de euros de multa y devolver otros 15 millones a la Hacienda Pública. No se sabe si Connery siquiera se habrá enterado.

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¿Ejemplos o excepciones?
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Héctor Barbotta | 20-10-2016 | 09:21| 0

La semana pasada se presentó en Marbella el proyecto inmobiliario al que un fondo de inversión con sede en Londres y más de dos décadas de trayectoria destinará 25 millones de euros. No se trata de un emprendimiento con decenas de viviendas, sino de una iniciativa en el culmen del lujo y la exclusividad: cinco villas que se comercializarán por un precio medio de siete millones de euros. A los promotores, aseguran, no se les pasó por la cabeza hacerlas en otro lugar que no fuera Marbella.
Se trata del segundo proyecto significativo presentado en la ciudad en unas pocas semanas, ya que recientemente también se dio a conocer el de la construcción de un hotel, también enfocado en el sector del máximo lujo, que se levantará en la zona de Real de Zaragoza, que supondrá una inversión de 300 millones de euros y que dará lugar al aterrizaje en Marbella de una cadena hotelera de la gama más alta cuyo nombre se desvelará en tres semanas en Londres durante la celebración de la World Travel Market.
Desde que se hizo con el Ayuntamiento, en junio del año pasado, el tripartito adoptó por costumbre informar tras cada junta de gobierno de la cuantía de las obras cuyas licencias iba aprobando semana tras semana, como mejor fórmula para demostrar que la ciudad seguía su buena marcha pese a los agoreros que vaticinaban que un gobierno situado a la izquierda del anterior, formado por tres partidos y apoyado desde fuera por dos ediles de Podemos iba a ahuyentar a los inversores.
Durante meses la fórmula funcionó como ejemplo de que no había parálisis y de que la defensa de los intereses de una ciudad atractiva para la inversión inmobiliaria no podía ser patrimonializada en exclusiva por el partido que había ocupado durante ocho años el gobierno municipal.
Pero en noviembre del año pasado el paisaje cambió por completo y a peor. El Tribunal Supremo anuló el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se había aprobado en 2010 y la ciudad, y también su gobierno municipal, se vio abocada a un nuevo escenario, el del regreso obligado a un marco urbanístico con tres décadas de antigüedad, pensado para una ciudad y unas necesidades de una época y que en nada se parece a la de estos días y muchos menos a la del futuro.
Desde entonces aquel ritmo constante de aprobación de licencias que demostraba que el tripartito no asustaba a los inversores se ralentizó gravemente.
La pregunta es si los dos proyectos millonarios que se acaban de presentar son ejemplos de la situación que vive la ciudad o constituyen una excepción.
Para acercarnos a una respuesta hay que remitirse al análisis que se hizo desde la delegación de Urbanismo cuando el complejísimo PGOU de 2010 fue arrojado a la papelera por el Tribunal Supremo. El argumento en aquella ocasión era que si bien la anulación del Plan de 2010 frustraba proyectos en marcha también desbloqueaba otros suelos que ese mismo PGOU limitaba con su sistema de compensaciones, un corsé en el que propietarios e inversores se vieron atrapados y que constituyó un fracaso a la hora de conseguir que la ciudad recuperara lo que perdió durante los años del latrocinio.
Transcurrido casi un año desde aquella debacle, cuya responsabilidad debe imputarse en diferentes medidas al autor de ese documento, a los dos grupos políticos que lo votaron en el polémico pleno municipal de julio de 2009 y al gobierno autonómico que lo avaló, la conclusión a la que se llega es que los vaticinios de que el urbanismo en la ciudad no iba a paralizarse pecaron de un optimismo muy poco realista.
Los dos proyectos presentados recientemente, tanto el del hotel en Real de Zaragoza como el de las villas de lujo, denominado Fontana y que se levantará en la parte alta de Cascadas de Camoján, se ajustan al PGOU de 1986 pero también eran compatibles con el de 2010. De hecho, las operaciones de compra de suelo para ambos se hicieron antes de que se conocieran las sentencias del Supremo y sus promotores vivieron semanas de zozobra hasta que comprobaron que efectivamente los proyectos podían seguir adelante ya que la calificación de los suelos en ambos casos no variaba. Es decir que su puesta en marcha no puede explicarse en un desbloqueo producto de la anulación del Plan, sino en el hecho casi milagroso de que el regreso al Plan de 1986 no los echara por tierra.
Son, en suma, una afortunada excepción y no dos ejemplos de que la ciudad no está paralizada. No aparecen, de momento, ejemplos de lo contrario, de proyectos que se hayan desbloqueado por la anulación del PGOU.
Es evidente que al gobierno municipal le toca el papel de asegurar que el desarrollo económico de la ciudad marcha viento en popa, porque posiblemente reconocer lo contrario constituiría un acto de irresponsabilidad que agravaría aún más la situación. Pero no puede ignorarse que todos los días se escuchan quejas de empresarios y de los abogados que los representan por la situación de parálisis a la que ha llevado la anulación por el Supremo de un PGOU que, ahora sabemos, fue irresponsablemente aprobado y más irresponsablemente aún redactado por un equipo, el de Territorio y Ciudad, del arquitecto jerezano Manuel González Fustegueras, al que la Junta de Andalucía acaba de premiar hace pocos días con la adjudicación de la redacción del nuevo Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol Occidental. La Junta fundamentó esa decisión en la experiencia que acredita ese despacho, y la explicación suena como si en unas oposiciones a cirujano se valoraran sobre las de otros aspirantes las credenciales de Jack el Destripador.
Sin posibilidad de hacer nuevas contrataciones para sacar adelante el trabajo y con la doble tarea de administrar el día a día y abrir camino para que la ciudad cuente cuanto antes con una planificación urbanística acorde a las necesidades, la delegación de Urbanismo se encuentra con muchos menos recursos de los que la situación demanda, aunque su trabajo discreto ha conseguido sacar adelante un proyecto de gran complejidad como el de Real de Zaragoza.
Como se ve, lo que puede no espantar, sino aburrir a los inversores, no es un gobierno multicolor, sino una decisión irresponsable adoptada en 2010 que tiene, eso sí, responsabilidades y culpas repartidas.
No se sabe si la Junta de Andalucía, que cuando se conoció la catástrofe de la anulación del Plan adelantó su colaboración absoluta para salir del atolladero, está efectivamente cumpliendo con el compromiso que anunció en aquel momento tan difícil. Pero el premio concedido al autor del desaguisado no parece ser un buen mensaje.

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Volver a casa
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Héctor Barbotta | 17-10-2016 | 10:20| 0

Los hoteles de Marbella, al menos los de más categoría, atraviesan el ecuador de octubre con ocupaciones superiores al 70 por ciento y todo parecería indicar que nos acercamos al final de un año glorioso para el turismo. De épocas en los que con mucha buena suerte la temporada alta se iniciaba bien entrado julio y terminaba apenas dos meses después nos encaminamos al cierre de un ejercicio que tuvo una gran Semana Santa, que registró durante todo junio ocupaciones propias del verano y donde la temporada alta se prolongó en septiembre y ya bien entrado octubre se resiste a irse.
Los buenos resultados no han sido solamente en los porcentajes de ocupación sino sobre todo en los precios. Durante años anteriores los hoteles presentaron también ocupaciones altísimas, pero en confianza algunos directores confesaban, bajo el compromiso del anonimato, que durante algunas semanas las habían conseguido bajando las tarifas. Y advertían que para valorar cómo ha ido la temporada turística no había que fijarse tanto en los índices de ocupación ni en la cifra de pernoctaciones sino sobre todo en los precios que los visitantes habían pagado por dormir en la Costa del Sol. Muchas veces, con el recuerdo de la crisis todavía fresco, los destinos competidores apretando y los turistas cada año más acostumbrados a reservar a ultimísima hora, los hoteles acababan vendiendo las habitaciones por debajo de las expectativas. Y aunque se conseguían resultados de ocupación que podían invitar a hacer balances triunfalistas de esos que tanto entusiasman a los responsables políticos, las cuentas de resultados no ofrecían resultados acordes.
Este año, sin embargo, ha sido diferente. Los buenos resultados no sólo se han visto en los índices de ocupación sino sobre todo en los precios. Y si bien es verdad que la inestabilidad política internacional ha ayudado –los destinos al sur de Mediterráneo han quedado prácticamente anulados por una amenaza terrorista de la que ni siquiera Francia se ha mantenido a salvo– no es menos cierto que los inversores no ven en esa situación algo coyuntural. De lo contrario no se explicarían los proyectos de nuevas inversiones que se han ido conociendo en los últimos meses.
Pero la Costa del Sol sigue teniendo un talón de Aquiles. En estos días muchos de los trabajadores de los hoteles empiezan a recibir las notificaciones de que vuelven al paro hasta el año que viene. Hay hoteles que echan el cierre y otros que reducen su actividad al mínimo, y padres y madres que regresan a sus casas con la angustia dibujada en el rostro. En un año en el que se ha ganado tanto dinero no es una situación que resulte fácilmente aceptable.

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Todo dentro de (su) lógica
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Héctor Barbotta | 17-10-2016 | 10:18| 0

Marbella aspiraba a obtener 15 millones de euros de los fondos europeos EDUSI, destinados a desarrollar diferentes actuaciones de su plan estratégico, y ha quedado fuera de una selección que sí ha beneficiado a Málaga capital, a la Diputación y a la vecina Estepona, entre otros municipios españoles. Se suponía que la ciudad contaba con grandes opciones de conseguir esos fondos, ya que una de las condiciones que se requerían era precisamente contar con un plan estratégico, un documento aprobado en Marbella mucho antes de la convocatoria de estas ayudas.

La selección, sin que se explicara en qué se fundamenta, fue tomada por el Gobierno central, en concreto por el Ministerio de Hacienda. De la propuesta presentados por Marbella sólo se sabe que no alcanzó la puntuación mínima exigida, una explicación tan lacónica como genérica, que se aplicó a todos los proyectos rechazados y que cuya falta de mayores precisiones no ayuda a ahuyentar las sospechas de arbitrariedad.

Si alguien pensaba que el jarro de agua fría que ha supuesto quedarse fuera de la posibilidad de acceder a estos recursos iba a servir para despertar a los partidos del letargo de enfrentamiento permanente en el que tienen sumido al Ayuntamiento y que iba a producirse un conjuro para acudir a Madrid con una sola voz a pedir explicaciones o a garantizarse una mejor posición de salida para la próxima convocatoria ha recibido un baño de realidad. La reacción del grupo municipal del PP ante una decisión tomada en Madrid por el gobierno en funciones de su partido fue exigir dimisiones. en Marbella. Los partidos parecen metidos en una dinámica de piñón fijo, con sólo dos respuestas ante todas las situaciones: la exigencia de dimisiones o las demandas en los juzgados. Cualquiera sea el estímulo, la respuesta siempre sale del mismo abanico, limitado y triste, de opciones. No puede decirse que esto sea un dechado de creatividad política.

En esa dinámica de desconfianza mutua, cálculo de corto plazo y mala fe debe inscribirse el proceso que ha acabado con el cierre del aula de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) de Marbella. Desde el año pasado las autoridades de esta institución en Málaga y el Ayuntamiento de Marbella vienen protagonizando desencuentros, y estos son de tal calibre que para comprender la situación no debe dejarse de tener en cuenta una circunstancia que debería ser secundaria en una institución educativa pero que lamentablemente parece, a la vista de los acontecimientos, esencial: el máximo responsable de la UNED en Málaga, en este caso su directora, es designada por la Diputación Provincial, entidad gobernada por el Partido Popular. Recordado este detalle se puede comenzar a analizar la situación, en la que la desconfianza, los reproches mutuos y la falta de lealtad han jugado un papel esencial.

Todo parte de la aprobación, en 2012, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que acotó drásticamente los apartados a los que los ayuntamientos podían destinar fondos y cortó actividades que hasta ese momento se venían desarrollando con recursos municipales. Entre esas actividades vedadas figuraban las de educación, donde los ayuntamientos no tienen competencias.

La UNED tenía en la provincia tres aulas financiadas de esa manera, la de Mijas, la de Ronda y la de Marbella. Las dos primeras cerraron sin mayor conflicto, pero Marbella comenzó a buscar vericuetos legales para mantenerla. No puede decirse que la UNED haya tenido desde entonces una posición de flexibilidad, de comprensión o mucho menos de complicidad para que el aula siguiera a pesar de una nueva situación que no hacía sencilla la continuidad. Más bien, su único interés pareció centrarse en que quedara claro que si había un cierre el responsable sería el Ayuntamiento. Tampoco en este caso, como en ningún otro, hubo nadie que se resistiera a la tentación de situar el problema fuera de la lógica de enfrentamiento PSOE-PP.

Por ello no llama la atención que la UNED haya enviado cartas a los alumnos en las que deposita toda la responsabilidad en el Ayuntamiento, que el PP se abstuviera cuando el pleno votó saltarse el reparo del interventor municipal que impedía saldar con la UNED la deuda pendiente por los servicios prestados el curso anterior o que el certificado del gobierno central que el Ayuntamiento de Marbella necesitaba para firmar un nuevo convenio que permita la continuidad haya llegado con el curso iniciado, posiblemente ya demasiado tarde. ¿Quién necesita mantener abierto un servicio educativo público cuando su cierre puede ser exhibido como muestra de lo ineptos que son los adversarios?

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Sólo negocios
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Héctor Barbotta | 02-10-2016 | 14:12| 0

Se podría decir utilizando algún camino indirecto que la relación de Telecinco con la Costa del Sol, y especialmente con Marbella, siempre ha sido de amor-odio, pero sin amor, y que a quienes vivimos por aquí tradicionalmente nos ha dejado un sabor que podríamos llamar agridulce aunque sin eufemismos es profundamente amargo. Sin embargo no nos lo debemos tomar como algo personal, son sólo negocios. Al margen de cualquier ética y del más laxo código deontológico, es verdad, pero sólo negocios. No es que hagan daño por placer, no es que destruyan el prestigio de una marca de la que comen miles de personas por mero afán destructivo;sólo es su manera de forrarse.
En los años del Gordo, Telecinco se ofreció voluntaria para enseñar en ‘prime-time’ aquella irrepetible imagen del alcalde de Marbella con su oronda figura desparramada en el jacuzzi y rodeada de señoras que no parecían haber presentado currículum con un diploma del Actors Studio para que las pusieran ahí. No es que se pueda echar la culpa a Telecinco del sitio por donde se arrastró la imagen de Marbella durante aquellos días, sino a quienes con su voto sentaron al personaje en el sillón de la Alcaldía. Telecinco sólo estaba ahí para aprovechar la oportunidad y hacer caja.
Después llegaron los días del alcalde y la folclórica, y la cadena siguió mejorando sus cuentas de resultados. Tampoco pueda decirse que fuera su culpa. Igual que cuando retransmitieron en directo la discusión entre Gil y Muñoz sobre quién era más golfo de los dos, un debate sin gran altura que arrojó empate técnico.
Más tarde llegó aquella combinación explosiva de operaciones policiales en las que aparecían algunos personajes de papel cuché. Telecinco inventó un nuevo género televisivo: los sucesos rosa, expresión máxima de la televisión basura en la que se mezclaban los protagonistas habituales de los programas de cotilleo y esos procesos pioneros contra la corrupción. No siempre esos personajes tenían el papel central que la cadena les atribuía, pero tampoco era cuestión de que el rigor periodístico les fastidiara el rating.
El público, sobre todo, demandaba diversión. Si había que pagarle a un delincuente para que se dejara entrevistar, se pagaba.
Ahora, cuando parecía que ya nos habían dejado en paz, anuncian una serie sobre narcotráfico que se llamará ‘Costa del Sol’. Un mínimo de rigor invita a concluir que no es precisamente el litoral de la provincia de Málaga donde más se sufre la actuación de los narcos. Pero no se trata de rigor, sino de llenar la caja. Las otras marcas venden menos.
Se ha reaccionado con indignación. Pero no nos lo debemos tomar como algo personal. Son sólo negocios.

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Adiós a la política
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Héctor Barbotta | 26-09-2016 | 08:50| 0

 

Si hubiese que explicar cuál es el clima político que se vive en Marbella bastaría con relatar de la forma más aséptica posible un episodio que tuvo lugar el pasado jueves en la televisión municipal, donde habían sido convocados a debatir representantes del gobierno municipal, del Partido Popular y del movimiento ciudadano ‘Ni un metro de Marbella para otro municipio’, denunciante en el caso de la supuesta falsedad en la tramitación del PGOU de 2010.
Por la plataforma ciudadana acudió su portavoz, Carola Herrero, y por el gobierno municipal la edil de Urbanismo, Isabel Pérez, mientras que por el Partido Popular había comprometido su presencia el concejal Manuel Cardeña. El tema del debate era el deslinde con Benahavís, de rabiosa actualidad estos días tras conocerse que el fiscal denunciará a la exalcaldesa Ángeles Muñoz por la presunta falsedad. A última hora el PP decidió cambiar de representante y enviar a la propia Muñoz, con el argumento de que se trata de un asunto que la afecta personalmente y que le correspondía a ella dar las explicaciones del caso y defenderse de las graves acusaciones que se le hacen.
Tanto la representante de la plataforma como la edil socialista se negaron a aceptar el cambio y a debatir directamente con la exalcaldesa y actual senadora, por lo que el programa tuvo que ser suspendido.
Aunque el derecho de cada uno a sentarse con quien quiera y de negarse a hacerlo con quien no le apetece está fuera de toda discusión, resultan difíciles de entender los motivos por los que dos personas que están en la primera línea de este asunto –la denunciante que llevó la parte más activa en la iniciativa que ha puesto a la exalcaldesa en una situación comprometida y la edil de Urbanismo– se negaron a debatir con la protagonista directamente implicada cuando la televisión municipal, con excelente criterio, había ofrecido un espacio para hacerlo. Lo lógico en una situación como la actual es que los rivales políticos de Ángeles Muñoz reclamen y hasta exijan que la exalcaldesa dé explicaciones. No que se marchen cuando se presenta. Lo que hicieron tiene difícil explicación.
Pero más inexplicable aún resultaron los argumentos ofrecidos momentos después por el PSOE, que en un comunicado indicó que el único debate al que va a prestarse con la exalcaldesa «será en los tribunales, por lo que ningún miembro del partido va a confrontar públicamente con la senadora, que podría terminar investigada por un delito de falsedad, asunto que se encuentra sub júdice».
Tener en estos momentos a Ángeles Muñoz delante y frente a una cámara con la posibilidad de exigirle explicaciones es una oportunidad que con toda seguridad muchos de sus votantes y de quienes no la han votado no desperdiciarían.
Está claro que Ángeles Muñoz deberá dar explicaciones ante el juez y es más que probable que en un futuro no muy lejano sea convocada a hacerlo. Pero quienes aseguran que todo el asunto del deslinde con Benahavís requiere también de una asunción de responsabilidad política se desmienten a sí mismos cuando anuncian que no aceptarán más debate que el que se dé ante los tribunales.
Renunciar a debatir con un adversario en activo sobre un asunto de interés prioritario para la ciudad no sólo constituye la confesión de que se ha optado por una estrategia de judicialización de la vida política. Constituye, en realidad, una renuncia a la política.

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Cuanto antes mejor
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Héctor Barbotta | 26-09-2016 | 08:42| 0

Que el fiscal jefe del área de Marbella haya concluido tras once meses de investigación que hay elementos que apuntan a que en la tramitación del PGOU de 2010 se pudo cometer un delito de falsedad es un hecho suficientemente grave como exigir que se den todas las explicaciones necesarias. Que los señalados por el Ministerio Público sean nada menos que la persona que ostentaba la Alcaldía y el vicesecretario municipal, un habilitado nacional cuya función es precisamente garantizar la legalidad de los actos, no hace más que añadir gravedad a la situación.

Ya no se trata de la denuncia de una plataforma ni de un partido rival, sino de las conclusiones a las que ha llegado el fiscal tras tomarse el tiempo necesario para investigar toda la documentación existente.

Tras la presentación de una denuncia de la plataforma ciudadana contra los deslindes y después de 11 meses de investigación, el representante del Ministerio Público ha llegado a la conclusión de que existen indicios de verosimilitud en una denuncia que apunta a que el documento que se votó como Plan General de Ordenación Urbana de 2010 en el pleno del 29 de julio de 2009 no es el mismo que los miembros de los partidos aprobaron en la comisión de Urbanismo dos días antes, y que las modificaciones se hicieron sin comunicárselo a los ediles que levantaron la mano. El cambio habría sido realizado en 22 planos, algunos de los cuales afectan a suelo propiedad de la familia de la exalcaldesa.

El pasado jueves, después de que el decreto firmado por el fiscal tomara estado público, Ángeles Muñoz salió al paso con unas declaraciones genéricas en las que se limitó a decir que todo se había hecho correctamente. Ahora que ya se conoce exactamente cuáles son las conclusiones del fiscal esas explicaciones son insuficientes.

La denuncia del fiscal seguirá su curso y como Muñoz es una persona aforada es posible que la tramitación se demore algunos meses. Hasta entonces no se sabrá si la denuncia se admite a trámite y si por lo tanto la exalcaldesa y ahora senadora pasa a ser investigada, la nueva terminología legal que se aplica a los antiguos imputados. Haría muy mal Ángeles Muñoz si considera que dispone de todo ese tiempo para ofrecer las explicaciones que el caso requiere. El tiempo no juega a su favor, sino en su contra. Y en contra también del PP. Es senadora por la provincia de Málaga, líder de la oposición en Marbella y presidenta del partido más votado. La ciudad no puede permitirse cinco o seis meses de incertidumbre. Las explicaciones deben ser inmediatas y con todo lujo de detalles. Si no hubo alteración de los documentos debe decirlo con claridad; si lo hubo, debe explicar las razones.

Después de que hace diez años Marbella ocupara todas las portadas y llenara horas de programación televisiva con ese maridaje venenoso entre corrupción y cotilleo, la ciudad pareció conjurarse para erradicar una imagen nociva que amenazaba con cargarse para siempre su prestigio y su principal fuente de ingresos. Durante un tiempo, el mundo de la política estuvo atento no solamente a no repetir errores del pasado sino también, como la mujer del César, a que pareciera que se había aprendido la lección.

Las conclusiones a las que ha llegado el fiscal, que no son evidentemente definitivas pero sí suficientes para denunciar el asunto, demuestran que al menos hubo relajación en los controles y en esa decisión inicial no sólo de hacer las cosas bien sino también de hacerlas tan bien como para que no cupieran sospechas. Una vez más vuelve a demostrarse que los políticos deberían encontrar la forma para vacunarse contra la tentación de la soberbia a la que alienta el poder y alejar a los consejeros obsecuentes que nunca encuentran defectos en sus jefes.

Que una exalcaldesa de la ciudad y también un habilitado nacional se encuentren ahora a las puertas de una imputación por una circunstancia al menos oscura es una pésima noticia no solamente para los implicados sino también para toda la ciudad.

Sólo una triste circunstancia ha amortiguado un daño a la imagen de Marbella que en otra circunstancia hubiese sido letal, y es que las conclusiones del fiscal han llegado en un momento en el que todo el país está inundado por las aguas fétidas que vierten las cloacas de la política, a cuyo olor parecemos ya acostumbrados.

Marbella ya no es la capital de los escándalos porque prácticamente no hay ciudad o comunidad autónoma que no parezca pugnar por la capitalidad de la corrupción y de lo que parece corrupción. Triste consuelo.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella