Diario Sur
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Provincianos
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Héctor Barbotta | 04-01-2017 | 13:01| 0

Vivir en la periferia tiene algunas ventajas. Y si es en la periferia de la periferia, según el caso, algunas más. Las estadísticas de la Consejería de Medio Ambiente revelan que la Costa del Sol es una de las aglomeraciones urbanas –porque eso es lo que constituyen los municipios crecidos al amparo económico del turismo y en torno a la antigua carretera nacional 340 con Málaga y Marbella como referencias a Este y Oeste– con menos contaminación ambiental.
Es verdad que a la Costa del Sol le faltan algunos equipamientos que la puedan igualar a otras grandes concentraciones –la ausencia de una línea férrea que permitiría cohesionar a sus poblaciones y multiplicar sus posibilidades de desarrollo no es el menor– pero la necesidad de aunar esfuerzos y eso a lo que los profesionales del ‘coaching’ y los cursis llaman sinergias permiten vaticinar que habrá un futuro de una gran concentración urbana, unida en torno a la antigua carretera y, esperemos, que al tren, de cara al mar, con servicios compartidos y complementariedad económica.
De momento, la Costa del Sol, a pesar de que la falta de una red decente de transporte público urbano e interurbano no deja otro remedio que usar y abusar del vehículo individual, presenta uno de los más bajos niveles de polución, lo que invita a pensar qué tan mejor sería la situación si los repetidos compromisos de impulsar el tren litoral se hubiesen llevado a la práctica.
En estos días parecemos impelidos a hablar de la contaminación urbana y a preguntarnos con la debida antelación qué debemos hacer para no seguir el camino de Nueva Delhi, Peshwar o Lima después de que el Ayuntamiento de Madrid se viera obligado a limitar la circulación de vehículos ante los niveles de polución que había alcanzado la ciudad.
Parece inevitable que lo que pasa en la capital acabe abriendo telediarios e informativos y marcando la agenda de todos los demás –incluso de los que no sufrimos sus problemas, sino otros– pero al menos es de agradecer que en esta ocasión nos haya llegado un debate interesante y fundamental para nuestro futuro.
Ya iba siendo hora de que en la capital subieran el nivel de las cosas que les preocupan, porque después de que comenzaran el año discutiendo sobre el diseño de los trajes de la cabalgata de reyes y lo acabaran haciendo partícipe a toda España de sus diferencias en torno a la peatonalización de las calles del centro durante los días de mayor afluencia de público, empezábamos a preocuparnos por tener una capital con debates tan provincianos.

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Liberales, según
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Héctor Barbotta | 19-12-2016 | 16:22| 0

Si se pasa por alto el detalle no menor de que Marbella es la única ciudad española con más de 100.000 habitantes a la que no llega la línea ferroviaria se puede decir que la ciudad está bien comunicada. En condiciones normales se llega en poco más de media hora al aeropuerto de Málaga, que es a su vez uno de los mejores comunicados de España, y en la dirección opuesta hay autopista y autovía hasta Gibraltar, el puerto de Algeciras y el Algarve portugués.
El problema es que para estar comunicado a velocidad siglo XXI hay que rascarse el bolsillo. Hace ya años que Fomento impuso una restricción en la autovía de 80 kilómetros por hora y los propios carteles electrónicos de la DGT recomiendan a los conductores pasar por el peaje, sin que se sepa cuánto pagan los concesionarios por esta publicidad gratuita.
Los gestores de la autopista tienen dos tarifas diferentes: una reducida para la época del año de menos tráfico y otra desmesurada (7,40 por 18 kilómetros) para los periodos de más afluencia. Cuando más peligroso es utilizar la vieja carretera general es cuando se aplican las tarifas disuasorias. Se puede acusar a la DGT de olvidarse de la función social de los servicios públicos, pero nunca se podrá acusar a los dueños de la concesión de no saberse las leyes del mercado.
Regirse por las leyes del mercado está muy bien para quienes consideran que la doctrina liberal es un dogma que debe seguirse con fervor religioso. El problema es que cuando les va mal se olvidan de Adam Smith.
El Gobierno se apresta a rescatar a los concesionarios de ocho autopistas quebradas y alguien podría pensar que esto es una estrategia para animar al personal, que no se atreve a convertirse en empresario. Sólo que para acogerse a este sistema de rescate público cuando las cosas van mal es necesario ser rico antes de montar el negocio. De momento solamente se aplica a bancos y autopistas. Para el resto rige el liberalismo salvaje.
Cuando era ministra de Fomento, Ana Pastor prometió que el rescate no costaría un duro, pero ahora que la han colocado en el Congreso el Gobierno parece sentirse liberado de esa promesa. El Estado se gastará 5.000 millones de euros que, sorpresa, es la misma cantidad que habrá que recortar este año. El FMI recomienda subir el IVA y revisar el gasto en Sanidad y Educación, pero no dice nada de dejar sin leche a los ricos que se han prendido a la teta del Estado.
De las ocho autopistas quebradas que se salvarán con dinero público, seis discurren por la Comunidad de Madrid. Está muy bien que Cristina Cifuentes, que nos paga la sanidad y la educación a todos los andaluces, deje que los demás también la ayudemos.

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Un calendario cargado de incógnitas
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Héctor Barbotta | 19-12-2016 | 13:25| 0

Después de las elecciones europeas de 2014; las municipales, las autonómicas y las generales del maratónico 2015, y las generales de 2016, el próximo año será el primero de muchos sin convocatorias electorales, salvo sorpresa. Algún desprevenido podría suponer que los partidos y sus dirigentes se lo tomarán por ello de forma relajada, centrados en la gestión. Nada más lejos de la realidad. Es en los años sin elecciones cuando se producen los movimientos para posicionarse frente a las convocatorias futuras. Es el tiempo en el que se tejen alianzas y se afilan codos y puñales.
Marbella no será la excepción y 2017 se presenta como un año clave para el futuro próximo de la ciudad. En el calendario que está a punto de comenzar aparece junio marcado a fuego. Es el mes en el que Opción Sampedreña (OSP) recuperará su condición de partido bisagra. Cuando se firmó el pacto tripartito que aupó a la Alcaldía a José Bernal, el partido de San Pedro adelantó que suscribía un compromiso no con fecha de caducidad, pero sí con plazo de revisión. Cuando llegue junio el pacto de gobierno habrá cumplido dos años y es entonces cuando los ediles de OSP consultarán con los suyos su grado de satisfacción con la marcha del gobierno.
Más allá de la recuperación de la Tenencia de Alcaldía, cimiento sobre el que se levantó el resto del acuerdo, el pacto incluía tres obras en el distrito de San Pedro que no implicaban al Ayuntamiento, sino a la Junta de Andalucía. OSP no puso condiciones al PSOE de Marbella, sino al PSOE andaluz y al Gobierno autonómico: la construcción del nuevo centro de salud, el nuevo instituto y la pasarela peatonal sobre la carretera de Ronda a la altura de Las Medranas. Es posible que el partido sampedreño esté conforme con la marcha del gobierno municipal –de hecho, al edil de Hacienda, Manuel Osorio, se lo ve a gusto en su protagónico papel institucional–, pero lo que OSP exigió fue un compromiso de la Junta con lo que consideran la deuda histórica de la Administración autonómica con San Pedro. En las tres actuaciones se han dado pasos, pero lo que seguramente tendrán que valorar los ediles de OSP es si esos pasos han sido suficientes o si se podría haber ido más lejos o más rápido. Es la principal incógnita que se resolverá durante el nuevo año.
El Partido Popular de Marbella no sólo afronta 2017 con toda su atención y alguna expectativa sobre qué pasará en el equipo de gobierno. También tiene puestos los ojos sobre sí mismo. En especial sobre su presidenta, Ángeles Muñoz, pendiente de la decisión que tome el juez que instruye la causa por la supuesta falsificación de las actas del pleno en el que se aprobó el PGOU de 2010. Debido a la condición de aforada de la exalcaldesa, ya que ocupa un escaño en el Senado, el juez instructor puede tomar tres decisiones posibles: archivar la causa, seguirla en cuanto al vicesecretario y remitir al Tribunal Supremo lo que atañe a Muñoz o enviarla completa al Supremo.
A nadie escapa en el Partido Popular que el futuro político de Ángeles Muñoz depende en buena medida del desenlace de esta causa. Después de su congreso nacional, el PP realizará el resto de los congresos en cascada. Vendrán el autonómico, el provincial y finalmente los locales. Ángeles Muñoz espera que el de Marbella pueda convocarse antes del verano y ya adelantó su decisión de renovar en la presidencia, lo que implica que aspira a optar a recuperar la Alcaldía en las municipales de 2019. Resta por saber qué pasará con la causa judicial pendiente, uno de los grandes asuntos que se resolverán en 2017.
Al otro lado del espectro político, una de las incógnitas pasa por el futuro de la alianza Unidos Podemos, conformada para las elecciones generales del pasado junio con Podemos e Izquierda Unida como fuerzas determinantes. Más allá de las consecuencias que pueda tener en la política nacional, en Marbella se da una situación al menos curiosa ya que mientras que una de las dos fuerzas (Izquierda Unida) forma parte del gobierno municipal, la otra (CSSP-Podemos) se mantiene en la oposición como grupo decisivo a la hora de que el tripartito pueda sacar votaciones adelante en los plenos.
Si en el futuro se verán elecciones con Unidos Podemos como fuerza unitaria a la izquierda del tablero político es aún un interrogante. Pero será interesante ver cómo evoluciona en Marbella la relación entre ambos partidos de cara a una eventual alianza en las municipales de 2019.
Hay otros interrogantes que se abren para el año que está a punto de comenzar. Uno está en el área de Urbanismo. Con toda seguridad el Ayuntamiento sacará a concurso la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana y es de esperar que el trabajo comience en 2017. También hay interrogantes en el área de las infraestructuras, después de que 2016 fuera el año en el que no se pudo resolver el bloqueo de las dos obras pendientes más importantes: la ampliación del Hospital Costa del Sol y el puerto de La Bajadilla.
No se sabe si durante el año próximo se producirá alguna novedad relevante en alguno de esos proyectos pero seguramente sí lo habrá en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, y en concreto en su empresa pública, Acosol. Su director gerente, Juan Carlos Fernández-Rañada, está a punto de cumplir 70 años. Se habla de un posible relevo y ya se observan a los aspirantes tomando posiciones.

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No llueve igual para todos
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Héctor Barbotta | 12-12-2016 | 10:35| 0

Cayó lo que no está escrito y no se puede decir que lo del pasado fin de semana no haya sido una anomalía meteorológica. Aquello de «caen dos gotas y esta calle se inunda» no vale esta vez, pero aunque el comportamiento de la meteorología no haya sido el habitual, sí han sido lógicas las consecuencias.
Los ríos y arroyos que llevaban años sin limpiarse se han desbordado y el agua se ha llevado todo a su paso. Igual que en 2009, igual que en 1989, igual que cada vez que la naturaleza da un aviso y se deja víctimas por el camino. La naturaleza se comportó como hace de tanto en tanto y sucedió lo que siempre en estas ocasiones. Los ríos y arroyos presentaron sus escrituras en los terrenos inundables ocupados por la irresponsabilidad urbanística. Por eso no debe extrañar que dos de los municipios donde menos se ha respetado históricamente la norma de no construir en zonas inundables, como Cártama y Estepona, hayan sido los de más damnificados. Los excesos urbanísticos, tal y como enseña la experiencia de Marbella, siempre se acaban pagando, igual que la falta de previsión.
Durante los días que siguieron a la tromba del domingo, incluso desde el mismo domingo, los representantes políticos se lanzaron mutuos elogios y palmadas en la espalda por la colaboración institucional, como si hubiese cabido otra actitud cuando la gente estaba con el agua al cuello. Pero una vez recuperada cierta normalidad y mientras las máquinas comienzan a trabajar para reconstruir los destrozos, que en Marbella superan los 28 millones de euros, está bien preguntarse si esa coordinación funciona de manera tan acertada a la hora de prevenir una situación que es recurrente en la provincia aunque el tiempo que transcurre entre una inundación y otra nos tiente a deslizarnos hacia la conclusión de que se trata de la consecuencia inevitable de fenómenos meteorológicos anómalos. No podría llegarse a una conclusión más desacertada. La realidad es que de tanto en tanto la provincia sufre diluvios extraordinarios como los de la semana pasada y como seguimos construyendo en zonas inundables y legalizando lo ya construido en lugar de poner fecha de caducidad a las viviendas irregulares, seguimos haciendo obras sin un mínimo de previsión -como la perpetrada en avenida Nabeul- y seguimos sin limpiar los cauces de ríos y arroyos, dentro de uno, cinco o siete años volveremos a tener otro diluvio seguido de inundaciones, pérdidas millonarias, evacuados y, posiblemente, alguna víctima fatal. Y al día siguiente, volveremos a ver a los responsables políticos adulándose por la coordinación institucional en la gestión de la catástrofe.
Y no es que no falten ejemplos de que las cosas se pueden hacer mejor. En los cauces que por previsión o responsabilidad sí se habían limpiado las avenidas de agua causaron dificultades pero ningún cataclismo. El caso más claro está en el Guadaiza, donde el Ayuntamiento de Marbella decidió hace meses actuar ante la pasividad de la Junta de Andalucía, administración con las competencias exclusivas en ese campo. Durante semanas se realizó un trabajo de limpieza del cauce que llegada la emergencia ha resultado providencial. El Guadaiza desbordó y causó alguna dificultad, sobre todo en su desembocadura, pero nada comparado con la catástrofe que hubiera ocasionado sin esa falta de previsión.
El ejemplo contrario se encontró en la avenida Nabeul, donde después de diez meses de una obra que trastornó la vida no sólo de los vecinos y comerciantes de la zona sino también de cualquiera que se atreviera a circular con su coche por el centro de Marbella la situación está peor que antes. Ya al día siguiente de la inauguración la calle pareció convertirse en un canal de Venecia y el pasado fin de semana la situación fue peor todavía. En un lugar donde se tomara en serio el destino de los fondos públicos y los cargos políticos no estuvieran blindados por las lealtades de partido alguien habría asumido su responsabilidad, pero aquí la concejala de Obras ni siquiera ha considerado pertinente salir a dar la más mínima explicación, como si todo hubiese sido producto de una desgraciada fatalidad que no tiene nada que ver con ella.
Lo peor es que no se ha explicado si el desastre ya realizado tiene solución o si al menos se ha aprendido alguna lección para las otras obras que se están ejecutando actualmente en otras zonas del centro.
La tromba de agua trastornó la vida de toda la ciudad y de gran parte de la provincia de Málaga, pero si algo ha vuelto a dejar claro es que no llueve igual para todos. Las únicas tres familias de Marbella que tuvieron que ser evacuadas y alojadas provisionalmente en el albergue África fueron las vecinas del edificio situado en la margen derecha de la desembocadura del Guadaiza, un inmueble que ya sufrió un mercance similar hace cuatro años y en cuyos bajos residen familias de escasos recursos que lo han vuelto a perder prácticamente todo.
En Plaza de Toros, donde se han producido los daños más importantes, el patio de uno de los bloques se hundió durante una madrugada en la que los vecinos admiten haber pasado miedo, pero basta con visitar la zona para entenderla como una barriada terriblemente golpeada por la crisis económica y por el abandono de las instituciones. La tromba no hizo más que dar la puntilla o, en todo caso, hacer visible esa situación de desamparo.
Lo mismo podría decirse de la joven ahogada en el club de alterne de Estepona donde se veía obligada –por sus explotadores o por las circunstancias– a pernoctar en unas condiciones penosas .
El agua cayó sobre todas las cabezas, pero sólo a las más vulnerables, como siempre sucede, las convirtió en víctimas.

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Alicia, alicias
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Héctor Barbotta | 09-12-2016 | 09:57| 0

Alicia no se llamaba Alicia, aunque ése era el nombre que utilizaba para ganarse la vida. Es posible que ni siquiera sus compañeras conocieran su nombre real porque en el mundo de la noche, como a veces se llama al mundo de la prostitución por un eufemismo supuestamente compasivo, todo es tan falso como la seducción con tarifa.
Alicia, o quien sobrevivía bajo ese nombre, fue sorprendida por la tromba de agua en un club nocturno, que es como se llama a los lupanares, también por compasión eufemística, porque posiblemente ni las instituciones ni quienes prefieren mirar para otro lado soportan ver un cartel que en lugar de ‘California, club nocturno’, por ejemplo, ponga ‘Burdel California’.
Quizás Alicia no usara su nombre por una vergüenza que en realidad deberían sentir los dueños del burdel, las autoridades que miran para otro lado en lugar de ordenar día sí y día también inspecciones de trabajo, de sanidad y de hacienda, y los clientes que se aprovechan de la explotación y la trata porque no hay conciencia que no lave un buen polvo.
Alicia llevaba sólo tres días en Estepona y es posible que la fueran rotando de burdel en burdel porque el negocio consiste también en ofrecer carne fresca, aprovechándose de que los clientes se comportan como si no supieran que la carne no está fresca porque arrastra una historia de explotación. Aunque quizás a Alicia no lo rotaran obligada por la fuerza, sino que rotara ella sola obligada por el hambre. ¿Qué más da?
Alicia dormía en el burdel –perdón, en el club nocturno–, porque estaba recién llegada y no encontraba a nadie que le alquilara un piso. ¿Quién le va a alquilar un piso a una rumana sin contrato de trabajo? Alicia no tenía contrato. En los burdeles la explotación no es por cuenta ajena y los propietarios dicen que se limitan a servir copas y que lo que hagan esas mujeres en las habitaciones o en los reservados no es asunto suyo. Falsas autónomas, pero en plan bestia.
La tromba de agua sorprendió a Alicia sola y lo último que hizo fue llamar a una compañera, encaramada en la barra y acosada por el agua como antes la acosaron el hambre y la necesidad. La comunicación se cortó y la muchacha, que arrastraría 23 largos años de sufrimiento, encontró una muerte horrible, acorde a una vida seguramente horrible.
Está bien que derramemos nuestras lágrimas de cocodrilo por Alicia. Pero posiblemente estaría mejor que nos preguntáramos cuántas alicias hay repartidas por los clubes nocturnos de la Costa del Sol y qué estamos haciendo además de rogar por que no venga otra tromba que ahogue a una nueva Alicia mientras saca a flote nuestras miserias.

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Un peso más en la balanza del pacto
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Héctor Barbotta | 09-12-2016 | 09:45| 0

 

Cuando esta semana se anunció que el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, visitaría la ciudad para reunirse con el alcalde, muchos pensaron -sería más adecuado utilizar la primera persona- que se avecinaba un anuncio importante en torno al Puerto de La Bajadilla. La Agencia Pública de Puertos de Andalucía está bajo la jurisdicción de la Consejería de Fomento y el largo conflicto por la inacción y los incumplimientos del jeque Al-Thani en el proyecto de ampliación está en su punto culminante después de que se iniciara el expediente para la resolver la concesión mientras el Ayuntamiento busca la manera de que un inversor que ha mostrado interés tome el relevo.
Sin embargo, el consejero no se había trasladado a Marbella para comunicar ninguna novedad sobre el puerto, que no la había, sino para anunciar que la Junta construirá una pasarela peatonal que unirá el polígono industrial de San Pedro con la zona de Las Medranas. Desde que la Junta de Andalucía ha tomado la decisión de no provincializar los presupuestos de sus distintas consejerías, el anuncio de las diferentes actuaciones que se irán haciendo a lo largo del ejercicio queda al albur más o menos arbitrario de cada departamento donde el criterio de la oportunidad política no es el último que se tiene en cuenta.
La ciudad estaba tan desacostumbrada a que la visitaran consejeros de la Junta de Andalucía que la llegada de uno siempre se asocia, equivocadamente, con grandes acontecimientos y una obra de menos de 300.000 euros de presupuesto no parece serlo aunque venga a dar respuesta a una demanda largamente sostenida por los vecinos de la zona. La presencia de un consejero de la Junta, al igual que sucede en otros municipios con alcalde socialista, no supone un acontecimiento extraordinario que precede a un gran anuncio, sino parte de la rutina política. Está bien irse acostumbrando para rebajar las expectativas en próximas visitas.
Lo que sí supone la presencia del consejero es una declaración de intenciones en un momento en que se empiezan a hacer los balances del año que termina y los anuncios para el próximo. Y a nadie se le escapa, al PSOE de Marbella menos que a nadie, que 2017 será el año en que Opción Sampedreña, formación cuya neutralidad ideológica la convierte en el socio clave de cualquier posible combinación de gobierno, analizará la marcha del tripartito y decidirá si revisa la posición adoptada cuando optó por la conformación de un gobierno tripartito con el apoyo externo de Podemos en lugar de decantarse por sostener al PP.
OSP ya anunció al comienzo del actual periodo municipal que revisaría el pacto de gobierno al llegar al ecuador del mandato, en junio del año próximo. Sin embargo, las posibilidades de que cuando llegue el momento se decida por romper y buscar una fórmula de acuerdo con el PP son remotísimas. El único motivo por el que no se puede decir que sean nulas es porque en política no existen los imposibles. Aún así, tanto los socialistas, que no están dispuestos a correr el más mínimo riesgo, como los ediles de OSP, que cuando pasen dos años deberán presentar un listado de logros ante su parroquia, saben que cuando llegue junio debe haber un balance que presentar en San Pedro que avale que haberse decantado por el tripartito fue una decisión acertada.
La gestión presenta a diario unas dificultades prácticas que el teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, suele poner encima de la mesa con una franqueza inusual en el mundo de la política. La última, cuando se refirió a las horas reales de trabajo que aportan cada día los empleados municipales, le valió algún dolor de cabeza. La recuperación de la Tenencia no ha cambiado gran cosa la vida de los sampedreños. A estas alturas tampoco está demasiado claro que para mediados del año próximo se haya movido una piedra en los terrenos donde irán el nuevo centro de salud y el nuevo instituto, dos actuaciones que figuran en los papeles pero que no aún en el calendario. El anuncio del consejero, sin fecha para las obras, viene a sumar un argumento a la hora de ese esperado balance.

Un silencio de año y medio
No suele ser habitual que un partido gane una batalla en los juzgados y no lo proclame a los cuatro vientos. Sin embargo, eso es lo que ha hecho el Partido Popular después de que en junio del año pasado el Tribunal Constitucional le diera la razón en un recurso que planteó contra la reforma de la LOUA que permitió, en noviembre de 2005, que la Junta de Andalucía pudiera retirarle las competencias urbanísticas a Marbella.
Durante un año y medio el PP guardó un silencio que tampoco rompió cuando este periódico reveló esta semana el contenido de la sentencia, sobre cuyo efecto práctico existen dudas jurídicas. Hay opiniones que aseguran que es nulo, pero también hay otras que sostienen que ante la eventual denuncia de un tercero que se sintiera perjudicado por una decisión tomada mientras la Junta ejerció esas competencias, un juzgado podría dictar la anulación de lo actuado.
Se ha especulado acerca de los motivos del silencio del PP y esta semana Ángeles Muñoz lo atribuyó a que ha pasado mucho tiempo y los efectos de la sentencia, aseguró, son nulos. A este periódico no le consta que el PP de Marbella conociera la decisión del Constitucional. La denuncia la interpuso en su día un grupo de diputados del PP en el Congreso y la sentencia no refiere específicamente a Marbella.
La hipótesis más probable quizás sea que alguien en alguna instancia del Partido Popular haya creído que no era buena idea recordar que en su día se opusieron a que se iniciara el proceso para quitar el control del urbanismo a un Ayuntamiento en el que mandaba un señor que respondía al nombre de Juan Antonio Roca y a quien sus allegados llamaban ‘el jefe’.

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El heredero
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Héctor Barbotta | 02-12-2016 | 19:09| 0

El jeque Al-Thani se sigue comportando como el perro del hortelano con el puerto de La Bajadilla y a estas alturas resulta difícil encontrar a alguien que aspire a explicarse desde una óptica más o menos racional ese comportamiento. Desde que ganó la concesión para la ampliación del recinto, ayudado por el Ayuntamiento de Marbella gobernado por el PP y con el aliento de la Junta de Andalucía después de que un expresidente autonómico le abriera la puertas de los más altos despachos de Sevilla, no hizo más que dejar pasar el tiempo, hacer languidecer las ilusiones que despertó su llegada y convertir lo que hace apenas un lustro aparecía como la gran oportunidad para una transformación histórica de Marbella en una gran frustración colectiva y en una referencia obligada para cuando en el futuro haya que buscarle explicaciones al pesimismo ciudadano.
La inacción inicial del jeque se intentó justificar primero en que los conflictos de Siria y Libia, donde se supone que tenía intereses inmobiliarios, le habían secado la cartera y después, en que sus expectativas de construir un hotel se habían visto frustradas. Será difícil saber si había algo de verdad en lo primero, pero lo segundo no encuentra justificación. El hotel nunca fue rechazado de plano. Simplemente se le explicó que eso requería de permisos de administraciones diferentes de aquellas con las que había tratado y que el compromiso de ejecutar la ampliación del puerto que había adquirido debía cumplirse en los plazos previstos.
Si Al-Thani hubiese entendido que a partir de esa situación no le apetecía intentar conseguir el permiso y el proyecto ya no le interesaba tenía dos caminos. Uno era denunciar que alguien había incumplido un compromiso y ponerle nombre y apellido. Otro era marcharse y dejar su lugar a quien quisiera tomar el relevo. Desde el principio, con el anterior gobierno municipal de Marbella y con el actual, las oficinas municipales han sido un desfile de inversores y representantes de inversores que aspiraban a quedarse con el proyecto.
Para ello era necesario que Al-Thani accediera a vender sus acciones, pero el jeque no se comportó como un empresario que vio frustradas sus expectativas, sino como un rico heredero acostumbrado a ver satisfechos sus caprichos.
Tan pronto como se ejecute la decisión de la Junta de resolver la concesión, el proyecto habrá muerto y Marbella deberá esperar a que se convoque un nuevo concurso. El contador volverá a cero y la ciudad perderá años preciosos.
Sólo se podría evitar esa situación si Al-Thani decidiera comportarse como una persona adulta. Pero no quiere. Patalea como un niño malcriado.

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Debatir sobre matemáticas
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Héctor Barbotta | 09-11-2016 | 19:20| 0

Hay infinidad de asuntos que pueden ser sometidas a la lógica del debate político. Incluso lo que se conoce como sentido común no es otra cosa que una forma de interpretar el mundo a la luz de una determinada manera de entenderlo. La lógica de una persona no tiene por qué coincidir con la de otra. Pero hay cuestiones que no son susceptibles de debate, como las matemáticas. Cuatro es cuatro para todo el mundo y ocho, también.
Esta semana se ha suscitado cierta controversia por la situación que atraviesa el urbanismo en la ciudad, reflejada en una información publicada el pasado miércoles en este periódico sobre la demora en la concesión de licencias y la preocupación de empresarios y profesionales sobre la repercusión que esa tardanza está teniendo sobre sus negocios y sobre la economía de la ciudad. Se puede discutir acerca del origen de esta situación, incluso sobre si hay o no hay responsables. Se puede debatir acerca de si la palabra que mejor explica la situación es parálisis, ralentización o demora. Se puede, y se debería, confrontar diferentes propuestas sobre las posibles soluciones. Lo que es más discutible es si merece la pena negar que las demoras en la obtención de una licencia superan holgadamente el margen de lo razonable.
Días atrás, una asociación que agrupa a profesionales y empresarios dedicados al sector de las viviendas de alta gama (DOM3) mantuvo una reunión con la concejala de Urbanismo para expresar su inquietud por esta situación, pero en honor a la verdad no es la única voz que se escucha con esta preocupación. Hay quienes lo hacen con mayor discreción, porque en esta ciudad sigue habiendo miedo a expresar según que opiniones que puedan incomodar al poder político (cualquiera sea éste) o al funcionario que puede decidir cuál expediente se atiende con presteza y cuál queda algún tiempo en el cajón, o incluso porque considera que este tipo de críticas perjudican la imagen de la ciudad y espantan inversiones. Pero cualquiera que pregunte a promotores, a abogados o a arquitectos qué tal funciona Urbanismo le dirá más o menos lo mismo: la lentitud es exasperante y en más de una ocasión acaba aburriendo al inversor.
Desde que un ciudadano presenta en la Delegación de Urbanismo la documentación para conseguir una licencia de obra nueva o una licencia de reforma de cierto volumen transcurre un tiempo más que prudencial antes de que el expediente se le asigne a un funcionario. Según la edil de Urbanismo, actualmente se están asignando la documentación ingresada por registro de entrada en junio, es decir que la demora sería de algo más de cuatro meses. Según DOM3, esa demora es de ocho meses. No se trata de entrar en un debate de cuál de los dos es el dato más preciso. Cuatro meses sin que un ciudadano sepa a dónde llamar para saber cómo van sus papeles son más que suficientes. Un año y medio esperando una licencia también es demasiado se mire como se mire.
Se puede debatir si dar a conocer esta situación es mala o peor para la imagen de la ciudad, si reconocer que se ha celebrado una determinada reunión favorece a tal o cual partido político, si los miembros de una asociación tienen una afinidad o la otra, si situar este problema en el debate político favorece a tal o cual partido o si las asociaciones que se arrogan mayor representatividad deberían levantar la voz sobre este asunto o callarse, como hacen, en aras de la buena imagen de la ciudad. Son todos ellos, con toda seguridad, debates más que interesantes. También se puede, como hizo el Partido Popular esta semana, ofrecer una rueda de prensa en la que se dan datos equivocados, a la baja por supuesto, sobre el número de viviendas visadas en los tres primeros trimestres. Otra vez las matemáticas como cuestión opinable.
Pero mucho más útil para la ciudad, para su economía y para los derechos de sus vecinos es intentar entender por qué suceden las cosas e intentar solucionarlas.
Y para entender lo que sucede lo primero que se debe reconocer es que esto viene de largo. Que su origen no está en la anulación del PGOU de 2010 ni tampoco es un problema que haya nacido con la llegada del tripartito. El problema viene de lejos y es en gran medida parte de la herencia que esta ciudad aún sufre de los años del GIL. Ya se dijo muchas veces y no sobra decirlo una vez más: Marbella no hizo ni balance, ni autocrítica, ni catarsis de lo que experimentó durante 15 años. Pasó por alto el trauma mientras se rendían cuentas en los juzgados. Los partidos, en lugar de reflexionar sobre lo que deberían tener en común, pasaron página rápidamente para acomodarse en el escenario de la confrontación en el que tan cómodos parecen sentirse. Y los problemas siguieron ahí.
Es evidente que la anulación del Plan General de 2010 supuso un contratiempo de dimensión sideral, que obligó a dedicar recursos a solucionar un problema inesperado y que informar sobre el PGOU de 1986 es más complejo que hacerlo sobre el de 2010. Pero también es cierto que el problema viene de más atrás y está más relacionado con la estructura de Urbanismo y la experiencia reciente de sus funcionarios.
Basta con preguntar a expertos que se mueven en ese sector para tener algunas certezas. La primera es que la demora que se experimenta en Marbella no tiene parangón posible en ningún municipio del entorno. La segunda es que prácticamente no hay funcionario de Urbanismo que no haya sido llamado a declarar, en la mayor parte de los casos como testigo, en alguna de las cientos de causas urbanísticas que se han seguido y se siguen en los juzgados de Marbella y que tienen su origen en aquella época en la que las licencias salían con tanta agilidad como ligereza. Ahora –aseguran los damnificados- se mira todo con lupa, se piden más papeles de los necesarios y los expedientes se ralentizan hasta la exasperación. A nadie le gusta ir ante el juez por una firma mal puesta.
Ante esta situación, el gobierno municipal, que tuvo que dar marcha atrás en una reestructuración que no pudo sacar adelante, está atado de pies manos por una norma que le impide contratar más personal e incluso fijar en su plantilla a trabajadores eventuales que, ya aprendidos, se tienen que marchar a su casa.
Está claro que se trata de un asunto complejo. Pero también que no se resolverá si se cede a la tentación de actuar como si el problema no existiera.

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Todos (des)iguales
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Héctor Barbotta | 09-11-2016 | 19:11| 1

Es posible que cuando haya comenzado el año próximo sólo los muy aficionados al fútbol conserven algún interés en el personaje. Los demás hace tiempo que lo perdimos, pero antes de fin de año habrá seguramente un motivo más para dejar de prestarle atención.
La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) ya está pendiente de que un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía dé vía libre a la resolución del contrato para la ampliación del puerto de La Bajadilla, que el jeque Al-Thani incumplió sistemáticamente desde que en 2011 ganó el concurso para ejecutar esa obra.
El sistema jurídico español no sólo es garantista para los delincuentes de guante blanco. Sólo así se explica que Al-Thani y la sociedad que encabeza sean todavía los titulares de la concesión después de no haber movido un dedo para cumplir con las obligaciones que asumió sin que nadie lo obligara y pese a haberse comportado como el perro del hortelano cada vez que el Ayuntamiento de Marbella intentó acercar posturas con inversores que al parecer mostraron y siguen mostrando interés en el proyecto .
Desde que la administración le lanzó las primeras advertencias de que debía pagar el canon, presentar el proyecto de construcción y comenzar con las obras, el jeque no hizo otra cosa que presentar recursos sin más fundamento que meras artimañas técnicas, sin intención de cumplir con los nuevos compromisos que adquiría y sin otro objetivo que ganar tiempo. Cualquiera que haya seguido este asunto con un mínimo interés y sentido de la lógica posiblemente haya renunciado ya a intentar comprender para qué necesitaba de ese tiempo si no tenía intención de hacer nada y tampoco de vender la concesión.
Es posible que en otras geografías donde también impera el estado de derecho al jeque no se le hubiese aguantado tanto. Pero aquí este asunto puede valer como paradigma para explicar qué indefensa está a veces la administración, y en consecuencia los intereses públicos, ante los desaprensivos con recursos suficientes para utilizar todos los resortes legales a su alcance. Sólo con comparar la indefensión de los ciudadanos de a pie frente a los abusos de esa misma administración basta para comprender que eso de la igualdad ante la ley no es más que una ficción o, en el mejor de los casos, una utopía a la que todos deberíamos aspirar aún sabiendo que es inalcanzable.
Todavía quedan flecos por resolver pero cuando todo esto pase es posible que se deban repasar todos los hechos para sacar alguna conclusión y darle sentido a esta experiencia que va camino de dejar a Marbella y a toda la Costa del Sol no sólo sin un instrumento de desarrollo sino también con un genuino sentimiento de frustración.

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Nuevos presupuestos con un año más de experiencia
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Héctor Barbotta | 02-11-2016 | 08:52| 0

 

El Ayuntamiento está otra vez inmerso en el proceso para la aprobación de los presupuestos y el panorama es similar al del año pasado, aunque con un año más de experiencia. El equipo de gobierno no cuenta con mayoría en el pleno y para sacar las cuentas adelante y necesita del voto de los dos ediles de Podemos, que ya no son dos recién llegados a la política y atesoran ya el bagaje de estos 16 meses en la política municipal.
Cuando se conformó el actual equipo de gobierno en minoría una de las desconfianzas que surgieron estuvo relacionada con una situación que obligaba a negociar todas las cuestiones trascendentes, entre ellas la aprobación de los presupuestos, con el consiguiente riesgo de bloqueo que de ella se podía desprender, cuando no del poder de decisión que podían alcanzar las formaciones minoritarias.
Hubo quienes se alarmaron por esta circunstancia, pero es posible que haya que ir acostumbrándose porque las mayorías absolutas no parece que vayan a formar parte del paisaje que podremos ver ni en esta ciudad ni en este país en el futuro más cercano.
El año pasado los dos ediles de Podemos apretaron hasta el final y el Partido Popular, posiblemente en un movimiento dirigido a enseñar su cara de formación responsable y de gobierno, ofreció su abstención para que las cuentas no tuvieran un matiz exageradamente morado. Por eso la aprobación tuvo finalmente una holgura que pocos podrían haber previsto con estacomposición municipal, con 14 votos a favor y 13 abstenciones.

Todavía es pronto para vaticinar cuál va a ser el escenario de este año. Tanto Podemos como el PP han comenzado marcando su territorio. Los populares han advertido de que esperarán al estudio preliminar para marcar su postura frente al presupuesto y Costa del Sol Sí Puede ha adelantado su exigencia de que las concesiones de los servicios públicos privatizados que venzan no se renueven. El próximo en el calendario es el de la zona azul, por lo que pronto se verá qué tan roja es la línea que acaban de marcar.
Después de varios meses en los que PP y PSOE han traducido sus diferencias políticas en demandas en los juzgados no debe extrañar que esta semana se hayan tirado a la cara sentencias favorables a uno y otro. Con tantas denuncias como llevan presentando tampoco debe llamar la atención que haya sentencias para todos los gustos. Lo que sí resalta es que se trata de dos sentencias aparentemente opuestas sobre el mismo asunto: el derecho de la oposición a acceder a información municipal y la manera en que pueden hacerlo.
Así, después de que el PP presentara denuncias ante la falta de respuesta a medio centenar de solicitudes de información, dos juzgados han tomado decisiones aparentemente opuestas. Los ediles de la oposición solicitan ver un expediente y a los cinco días sin respuesta se produce el silencio positivo, ya que denegarlo de manera explícita vulnera derechos constitucionales.
Tras el quinto día sin respuesta se producen dos interpretaciones posibles y ambas tienen sustento judicial. El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número Cinco entiende que se puede acudir al juzgado y denunciarlo. Ha dictado tres sentencias considerando que se ha vulnerado el derecho al no dar la información y que han sido difundidas esta semana por el Partido Popular.
El juez de lo contencioso número Tres, por su parte, considera en cambio que se ha obtenido el derecho por silencio positivo y que los concejales afectados deben pedir al Ayuntamiento que ejecute el acto. Para ello considera que debe presentarse un segundo escrito al amparo del artículo 29.2 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa y si en el plazo de un mes no se da la información, sólo entonces acudir al juzgado. Esta sentencia ha sido exhibida como una victoria por el equipo de gobierno y como una prueba de que los jueces censuran la supuesta voluntad del principal partido de la oposición de bloquear la administración municipal con tanta solicitud de información.
Hay informaciones antiguas, de cuando el PP era gobierno y el PSOE oposición, que se podrían reproducir en estos días alterando el nombre de los partidos y tendrían plena vigencia. Uno es, precisamente, el de las peticiones frustradas de información. Otra es la batalla sobre quién promete una mayor bajada de impuestos. Y otra más también ha tenido actualidad esta semana: la denuncia de que el Ayuntamiento de Marbella contrata empresas de otros términos municipales, un asunto con el que el PSOE hizo sangre durante sus años en la oposición y que ahora regresa como un bumerán.
Alguien podría preguntarse si esta situación en la que los principales partidos plantean argumentos idénticos a los que planteaba el adversario cuando estaba en el lugar que actualmente ocupan no supone una confesión de que cada día cuesta más encontrar identidades políticas basadas en un sistema de ideas. Y si eso no constituye un camino que lleva directamente a la muerte de la política.

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Sobre el autor Héctor Barbotta
Licenciado en Periodismo por la UMA Máster en Comunicación Política y Empresarial Delegado de SUR en Marbella