BLOG DE ILDEFONSO DELLOLMO (PA)

El referéndum celebrado supone un gravísimo deterioro del prestigio de nuestras instituciones de autogobierno como consecuencia de la bajísima participación, auspiciada por una negligente actuación del gobierno socialista más preocupado de obtener réditos electorales que de defender los intereses de Andalucía. Ni el texto aprobado, aunque no legitimado, ni la campaña de difusión e información para que los ciudadanos tuviesen noticia de la celebración de la consulta, ni su contenido, han sido más que una nueva manifestación de ineficacia e incapacidad.
Aún vulnerando la neutralidad impuesta por la legislación vigente en materia electoral y de referéndum, se mostraron incapaces de interesar a los ciudadanos. Motivarlos para ejercer en libertad, el sagrado ejercicio del derecho al voto. A pesar de intentar hacer de su capa un sayo y de forzar resoluciones contrarias de la Junta Electoral Central. La ciudadanía andaluza les ha dado un varapalo sin precedentes, colocándolos como gobierno y como partido en una situación gravísima que, en puridad democrática, debería llevar acompañada, la inmediata convocatoria de elecciones andaluzas.
El hartazgo de la población ante la soberbia con la que se ejerce la mayoría absoluta parece evidente. Las próximas horas deberían alumbrar la asunción de algún tipo de responsabilidades políticas. Después de tenerlo todo: el gobierno, la mayoría de los agentes sociales – presionados o no- con la entente Gobierno-partido socialista. La cruda realidad muestra un pueblo que les demuestra indiferencia al no acudir a las urnas más que uno de cada tres ciudadanos. Un desastre que resta legitimidad al texto refrendado, deteriora nuestras instituciones y las aleja del ciudadano.
Muchos, ejerciendo la libertad de pensamiento, llegarán a la conclusión de que así no se puede seguir. Hace falta un cambio radical y que los responsables no salgan de rositas. Lo ocurrido no puede quedar, si acaso, en una mala noche y, mañana otra vez, al ejercicio continuo de la prepotencia. ¿Asumirá, alguien, alguna responsabilidad política? Yo, para no ser igual que los sectarios, quiero pensar que algunos las asumirán. Prefiero pecar de ingenuidad, a hacerlo de soberbia.

Si el domingo las fuerzas centralistas arrancan el voto afirmativo, aunque con una altísima abstención, se habría consumado la traición al espíritu del 28-F .Ya desde hace años, el gobierno socialista de la Junta ha ido arrinconando dicha efeméride, trasladando los actos a otra fecha para convertir el aniversario en una mera vacación sin contenido reivindicativo. El acto central para ellos es la proclama conformista de Chaves en la que jamás se ha oído una reivindicación, salvo en la etapa del PP en la Moncloa.

Este año, la celebración estará aún más desvirtuada, intentando adelantar al día 16 los actos conmemorativos para que sean un apéndice del cierre de la campaña. La Junta Electoral de Huelva ha suspendido los actos y se espera en las próximas horas una resolución global de la Central, en relación con el resto de provincias. Las reglas del juego de la neutralidad institucional saltan una vez tras otra. Cuatro, cinco resoluciones contrarias a actuaciones gubernamentales. El Viceconsejero de Gobernación con expediente abierto por dicha Junta Electoral Central. En definitiva, todo un ejemplo de proceso transparente.
Por eso, tal vez no quieran que nos comparemos con Cataluña. Pretenden que miremos hacia abajo, hacia el Magreb, en donde se deben inspirar para realizar estas actuaciones. ç

La jugada es clara, enterrar el 28- F y sustituirlo por el 18-F: el Estatuto de Chaves. Pasar de la victoria política de todo un Pueblo, Andalucía, a la traición y claudicación que supone el texto que se vota el domingo. Dejar la cabeza de carrera y engrosar el pelotón. Eso sí, alguien en Moncloa te dará las gracias, Manolo. Así, NO.

La campaña toca a su final sin que a lo largo de los últimos días la televisión pública de Andalucía haya sido capaz de concitar un debate de los cuatro líderes de las formaciones políticas con representación parlamentaria. Y es que Chaves no quiere debatir. Su permanente inseguridad desde las tribunas públicas y la comodidad con la que se desenvuelve en un entorno absolutamente controlado, le hacen adoptar esa posición casi sin desgaste alguno ya que ni líneas editoriales ni articulistas, salvo honrosas excepciones, critican su proceder.
Es manifiestamente inaudito que, ante una situación como la presente con previsiones de baja participación, un electorado desconocedor del texto que se somete a referéndum y todas las facilidades que tendría para marcar las condiciones del debate, ni siquiera así, se atreva. Una actitud que pone de manifiesto el liderazgo, carente de cualidades básicas de las que adolece Chaves.
Condiciones y actitudes impropias de quien encabeza un partido con mayoría absoluta, muy por debajo de otros liderazgos de compañeros de su partido como el propio Rafael Escuredo.
Líder de perfil bajo, Estatuto no homologable a la nueva generación de textos del 151, en una palabra, Andalucía no se merece esto. Así, NO.

El Estatuto de Carmona sigue hoy vigente a través de la Disposición Adicional Segunda, la necesidad de que el Estado estableciese unas asignaciones con las que garantizar la prestación de unos servicios mínimos en Andalucía, dada la situación de subdesarrollo de la que partíamos al inicio de la etapa autonómica. Transcurridos más de veinticinco años de la entrada en vigor de dicho texto, ninguna comisión mixta ha evaluado la dimensión de la Deuda. El Partido Socialista ostentando catorce años la Presidencia del Gobierno de España en la etapa González y tres en la de Zapatero, no ha abonado ni un céntimo de peseta entonces, ni de euro ahora.
Sólo al final de la etapa González en el momento en el cual daban por perdida las elecciones generales del 96, introdujeron una cantidad a cuenta en la Ley de los presupuestos Generales del Estado. Siendo ley, Aznar se vio forzado a tener que pagar los 120 millones de euros consignados.
Ni antes, ni después, ningún gobierno de Madrid realizó gesto para cuantificar la deuda o, menos aún, pagarla. Uno de los pocos momentos de consenso, en el proceso de debate del texto estatutario en el Parlamento Andaluz, fue precisamente una redacción acordada por los cuatro grupos parlamentarios que otorgaba a la comisión mixta seis meses para cuantificar la deuda del Estado con Andalucía y fijaba que, la cantidad resultante, debería de ser abonada en los siguientes presupuestos generales del Estado.
Solbes, que intuía una posterior sentencia del TC asestando un golpe mortal a la Deuda, consiguió romper ese consenso y que los partidos centralistas aceptaran la redacción definitiva con la manifiesta oposición del Partido Andalucista. Las nuevas condiciones son dieciocho meses para evaluarla y tres años, desde la entrada en vigor del Estatuto, para pagar, teniendo en cuenta que la sentencia del TC le quita carácter vinculante a dicha disposición.
Total, que si en veinticinco años no la han pagado ¿cómo vamos a creernos ahora que la pagaran en tres? Un ciudadano de Coín, compartiendo nuestra razones para votar NO e indignado, me lo reflejaba con claridad el pasado domingo: “Esto de la Deuda Histórica es un camelo, prehistórico”. Sabiduría popular.

A lo largo de los debates o en algunas declaraciones públicas de los partidarios del sí, se achaca al Partido Andalucista el ser los únicos que apoyan el NO, como si, quienes todo lo controlan, se mostrasen indignados porque David ose contradecir a Goliat.
El Partido Andalucista nació como partido nacionalista para defender los intereses de Andalucía por encima de cualquier otra cuestión y no va a dejarse amedrentar por nada, si siquiera por los intentos de querer silenciarlo o las continuas trampas a las reglas del juego democrático en este Referéndum puestas ya de manifiesto por sucesivas resoluciones de la Junta Electoral Central e incluso, parcialmente, por el propio Consejo Audiovisual de Andalucía.
Somos una minoría el 6.1 % en las últimas elecciones autonómicas pero representamos con orgullo a esos ciudadanos, casi cincuenta mil en Málaga, y ningún régimen nos va a callar. La etapa que comenzó el 5 de Diciembre de 2004 con la nueva dirección andalucista fijó que la coherencia habría de ser una de nuestras señas de identidad y, a lo largo de todo el proceso de debate estatutario, hemos dado cumplidas muestras. Muestras de dialogo, muchas, pero si lo que se pretende es que renunciemos a nuestras convicciones, no lo lograran nunca.
Entrar en materia, no eludir adentrarse por el texto estatutario, sería la menor manera de reflejar ante los ciudadanos las posiciones de cada uno. Siempre desde el respeto a las reglas del juego, que en este caso son leyes, electoral y de referéndum .No utilizando las instituciones para hacer campaña de partido. El Gobierno Andaluz ya anuncia una anticipación de los premios Andalucía al último día de la campaña electoral. No nos adelantamos a los acontecimientos, simplemente velaremos porque esta celebración festiva e institucional de la victoria política del 28-F, no se convierta en acto de apoyo partidario para apoyar la traición que supone un texto estatutario, no homologable, a los estatutos del 151 reformados. COHERENCIA.

A lo largo de la última semana se han ido conociendo diferentes estudios sociológicos en relación con el referéndum del próximo domingo. Cabe destacar la abrumadora diferencia de resultados que los mismos alumbran ya se trate de organismos pagados con fondos públicos o por encargos de la iniciativa privada.
Así, mientras el chiringuito encuestador del régimen en Andalucía, predice un resultado como los referéndum de Franco con el NO entorno al 1.5 sobre censo o todo un CIS irrumpe en la campaña electoral con otra proyección en la que lleva  la participación al 48.7 % y el voto negativo al 3.7% ,las empresas privadas de estudios sobre sociología política hablan de resultados muy diferentes SUR publica hoy un sondeo de Sigma-Dos que eleva el porcentaje negativo al nueve por ciento con una participación del 45%.Igualmente, el instituto Ipsos por encargo de una cadena de prensa andaluza lleva el voto negativo al 15 por ciento con participación superior a la mitad del censo.
Ante esta disparidad y con los precedentes de comicios anteriores, cabe una larga  pregunta.¿ Son ineptos los responsables de esos estudios pagados por fondos públicos, ó las conclusiones que se publican, provenientes de organismos teóricamente científicos e independientes, departamentos de universidades …., no reflejan los resultados reales obtenidos, sino aquellas conclusiones que coinciden con los intereses políticos que controlan y pagan, con dinero de todos, esos teóricos centros de investigación científica?.
El permanente descaro con que se hace debe tener su límite, de ahí que el Partido Andalucista ya ha anunciado iniciativas políticas e institucionales, a partir del día 19, en caso de que los resultados reales de la consulta se desvíen del margen de error científico de la encuesta. Hay que acabar con una práctica descarada que llega a provocar sonrojo en otros profesionales como los de la comunicación. El caso de los periodistas de la radio pública de Andalucía es un buen ejemplo. Mostraron su enfado por ser obligados a dar difusión al barómetro del chiringuito de la Junta que consideraban infumable.
Hacer campaña con encuestas sesgadas no es ético. Manipular encuestas y usar en las campañas a medios de investigación científica, pagados con dinero público, es otra cosa que está claramente  en la mente de cada lector y con más precisión técnica en aquellos que sean juristas.

En la recta final de la campaña aparece el President Montilla de momento sin su ministro para asuntos exteriores Sr. Rovira. Viene a Andalucía para apoyar junto a Chaves el Estatuto Andaluz que a él beneficia en su doble condición de máximo dirigente de la Generalitat y de dirigente socialista, más exactamente del partido federado PSC. Nos habla de que Cataluña y Andalucía se complementan. Nada hay más cierto leyendo los dos textos estatutarios. Cataluña se beneficia a costa de los sesenta mil millones de euros que deja de percibir Andalucía. Arrancaron a Zapatero 5.000 millones de una supuesta deuda en infraestructuras y los andaluces, vía impuestos, nos complementamos contribuyendo a pagarles los 700 millones consignados ya en los presupuestos generales del Estado vigentes para que tengan mejores autopistas aeropuertos y trenes.
Dicen que esta complementación favorece la fortaleza del Estado: Los andalucistas queremos una España fuerte. Nosotros la entendemos de una manera distinta. Queremos la igualdad y la justicia. No que los ricos lo sean cada vez más. El principio de ordinalidad por el cual el Estatut blinda la posición de Cataluña en la clasificación de las Comunidades Autónomas no es la mejor fórmula porque con dicho principio Cataluña siempre estará en la cabeza y Andalucía en la cola.
Sr. Montilla aprovecho para pedirle que diga a su ministro de exteriores Sr. Rovira que a los andaluces y a los andalucistas no nos sobra España, somos España, lo que nos faltan son  60.000 millones de euros pese a ser un millón doscientos mil ciudadanos más que ustedes los que habitamos Andalucía..¡Ah! y dígale a los ciudadanos de la Nación Catalana que no le tenemos envidia sino admiración por ver como luchan por su tierra.
P.D. Sr. Montilla, un ruego, las bilis por la situación del TC y las peleas con el PP ,en relación con el recurso,  las suelta su señoría en Cataluña o en Madrid pero no en Andalucía, utilizando la campaña de nuestro Estatuto.

Transcurrida la primera fase de la campaña electoral sobre la reforma del Estatuto, los partidos que apoyan el si, es decir, los centralistas, no entran en analizar el texto de dicho Estatuto. Solamente se limitan a realizar una campaña propagandística carente de rigor con el que analizar un texto que el profesor Cruz Villalón ha definido como una “constitución territorial” y, por tanto, tiene contenido jurídico y político.
Es más, en las últimas horas lo que se percibe por parte de quienes entienden que Andalucía ha de ser dócil es una preocupación por la dinámica creada en el Tribunal Constitucional y las posibles consecuencias políticas que pueden derivarse para la Moncloa sobre el Estatuto Catalán y así se expresan insignes articulistas próximos a la argumentación gubernamental.
Por tanto, a mitad de campaña, se preocupan más por las consecuencias políticas derivadas no de la reforma del Estatuto, ni de la baja participación y amplio voto negativo sino de quien le puede crear problemas a la Moncloa, nuevamente Cataluña y País Vasco.
Los andaluces debemos ser conscientes de nuestro peso político, que nos otorga el patrimonio políticodel28 de febrero, y que ahora quieren tirar por laborda y no permitir que ese triunfo del pueblo andaluz sea ignorado y nos hagan gregarios del pelotón, sin reconocer un derecho propio por la población y por el territorio. Por todo ello, merecemos ser líderes de la carrera.

Me está sorprendiendo en esta campaña cómo el resto de partidos en muchas ocasiones no quieren entrar a debatir temas de interés para los ciudadanos  que plantea el PA. En el debate sobre el Estatuto del pasado miércoles en Canal Sur, José Núñez, que fuera consejero de Turismo de la Junta, comparaba las cifras del Estatuto catalán con las del andaluz…. 100.000 millones de euros frente a 10.000… Sí, cuestión de un cero, pero vaya cero. Pues bien, ni Soledad Becerril, ni Amparo Rubiales, ni Felipe Alcaraz ni Rafael Escuredo quisieron analizar este aspecto que demuestra las diferencias entre un documento y otro y que no deberíamos obviar. Entiendo que en los debates se debe debatir y no pasar de largo por los temas que les resultan incómodos a otros partidos.

En relación con la Financiación de Andalucía el Estatuto, consagra graves desigualdades que se traducen en: 
No garantiza la recepción de Fondos de Cohesión en función de la población de Andalucía, permitiendo que vayan destinados a territorios ricos que no deben percibir estos recursos.
No prioriza a los territorios más pobres, como Andalucía, en el reparto de las inversiones del Estado, en contra de lo que plantea la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. No plantea compensar a Andalucía por el déficit de inversiones del Estado en los últimos 10 años, que supera los 4.000 millones de euros, como sí ha sucedido con Cataluña (5.000 millones) y con Baleares (3.000 millones).
La financiación de Andalucía no será fruto de un acuerdo bilateral entre el Estado y Andalucía, como han conseguido otros, sino que será el Estado el único que decidirá, como ha venido sucediendo con la Deuda Histórica.
Todas estas deficiencias del sistema de financiación se traducen en 60.000 millones menos de euros, frente a la llamada deuda sobre infraestructura que arrancó Más a Zapatero en enero de 2006.Una sola entrevista de quien representa a un partido catalanista con poder hizo ceder a Zapatero 5.000 millones de euros para infraestructuras que comienzan a figurar ya en los vigentes Presupuestos Generales del Estado. Mientras se acaba con la deuda histórica de Andalucía que tras dos periodos de mandato socialista en la Moncloa no han sido capaces no ya de pagarla sino de tan sólo evaluarla. ASÍ, NO