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¿Por qué la Junta se pone de perfil con Isofotón?
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Nuria Triguero | 29-07-2014 | 17:44

“Los exempleados de Isofotón critican la pasividad de la Junta ante su proyecto para reflotar la fábrica”, rezaba el titular de una noticia que publicábamos hace unos días en este periódico. Los impulsores de Sunrise Power, la sociedad laboral que pretende comprar la fábrica de Isofotón y devolverle su actividad, queman su último cartucho para conseguir que el Gobierno andaluz apoye explícitamente su propuesta ante la administración concursal y la jueza, que son quienes decidirán qué hacer con los bienes de la empresa. Ese último cartucho es el ruido político: hacer que el PP (que, a través de organismos que controla como el Ayuntamiento de Málaga o la Diputación, les ha mostrado su apoyo) saque los colores al Gobierno andaluz, a ver si así éste reacciona de una vez.

Me atrevo a pronosticar que esta baza no les va a servir de mucho a los impulsores de la ‘nueva Isofotón’, aunque comprendo que tengan que jugarla. Tristemente, a estas alturas la Junta ya no va a mover un dedo por la fábrica que lideró la producción de paneles solares en España. ¿Por qué? Principalmente, porque después de inyectar más de 37 millones de euros en diferentes tipos de ayudas públicas en Isofotón, incluidos préstamos que la convierten en la principal acreedora (y cuyos criterios de concesión ahora se antojan claramente discutibles), la Junta no va a arriesgarse a que la opinión pública pueda interpretar que concede ni un euro más a esta empresa. Y es verdad que Sunrise Power no pide dinero de forma explícita, pero sí de forma implícita, porque le solicita subrogarse a la deuda de Isofotón, pero con un nuevo aplazamiento, lo que supondría de hecho conceder una nueva financiación.  ¿Que si los planes de Sunrise salen bien se  recuperaría la inversión pública y, además, el empleo perdido en esta industria? Pues sí. Pero también existe la posibilidad opuesta: que dentro de ‘x’ años el proyecto fracase y la Junta se vea otra vez envuelta en la misma polémica.

En definitiva, aquí se trata de correr riesgos. Para eso están los (buenos) políticos, claro. Para asumir riesgos con miras a lograr un buen objetivo. Recuperar la actividad y el empleo en Isofotón lo es, sobre el papel. Pero luego está la realidad. ¿Pueden asumir los exempleados de Isofotón la reapertura de un gigante industrial de tal calibre? Tan sólo poner de nuevo en marcha la fábrica se ‘comería’ la inversión inicial que piensan poner los 240 potenciales socios: 6.000 euros cada uno, 1.440.000 euros. A partir de entonces, ¿cómo se financiarían mes a mes, si ya estarían ‘entrampados’ con la Junta? Una empresa de estas características necesita contar con un importante colchón financiero para comprar materiales, invertir en I+D, etc etc.

Pero insisto, más que la solvencia del proyecto Sunrise en sí, aquí lo que pesa más es la posición de la Junta. Y más concretamente, de la Agencia IDEA, que es la que concedió esos préstamos a los que ahora pretenden subrogarse los exempleados de Isofotón. Un organismo descabezado (su director general dimitió recientemente) y salpicado de lleno por el escándalo de los ERE. ¿Qué directivo de IDEA va a dar el paso adelante en estas circunstancias y a apoyar una iniciativa que carga con la incómoda herencia de Isofotón?

Todo apunta, pues, a que la Junta se mantendrá callada y aguardará a lo que decida la administración concursal y la jueza del mercantil número 2, sin ‘mojarse’ sobre cuál es la mejor opción para vender la fábrica de Isofotón. De esa manera, si al final buena parte de ese dinero público que se le prestó a Isofotón resulta incobrable (lo cual es altamente probable), y/o si la fábrica acaba subastada por piezas (probable también) podrá decir que no ha tenido nada que ver. Triste. Pero así es la (mala) política.

Sin el apoyo de la Junta, los extrabajadores de Isofotón tendrán que competir en igualdad de condiciones con el resto de ofertas que se presenten por la fábrica. Por ahora tienen la ventaja de ser la única que se ha formalizado hasta el momento, pero todavía tiene que abrirse el plazo oficial de recepción de ofertas dentro del plan de liquidación, que está pendiente de aprobarse (se espera que para septiembre). El proyecto Sunrise tiene una ventaja, como es la del empleo (240 exempleados recuperarían su trabajo), pero también un hándicap: contempla el pago aplazado del precio de la fábrica, cuando el plan de liquidación que ha diseñado la administración concursal da prioridad al pago al contado. Veremos qué pesa más.