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Fin de partida
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Antonio Javier López | 02-06-2017 | 19:50

La gitana pixelada, protagonista de la polémica en torno a Invader. Álvaro Cabrera

El tablero se va despejando. Han caído peones, alfiles, algún caballo. Y entonces el rey busca la protección de la torre. Se enroca. Ese movimiento suele marcar el inicio de la última fase del juego. El ‘Fin de partida’ que inspiró a Samuel Beckett para alumbrar y bautizar una de sus obras de teatro más representadas. Las historia de Hamm y Clov. El primero no puede caminar y al segundo le resulta imposible sentarse. Se repudian y se necesitan por igual y juntos juegan una partida extenuante como dos reyes solitarios sobre la cuadrícula de negras y blancas, condenamos a entenderse y firmar tablas.

En el tablero de la ciudad se juega otra partida estos días. Justo en la estética de los primeros videojuegos basa su obra el artista francés Invader, que ha colocado 29 mosaicos repartidos por la capital. Quien los fotografía a través de la aplicación de teléfono móvil del propio Invader va recibiendo puntos, algo así como aquel Pokemon Go del que ahora casi nadie se acuerda. Las piezas se ha instalando con nocturnidad y sigilo, sin permisos municipales, como dictan los cánones del arte callejero con vocación clandestina. Uno de ellos ha aparecido en una fachada del Palacio Episcopal, Bien de Interés Cultural. Y ahí ha empezado el lío. El Obispado, dueño del edificio, ha pedido la retirada del mosaico, que representa a una mujer con vestido de gitana y porte flamenco. Acto seguido, la Junta de Andalucía (encargada de la protección del patrimonio histórico) ha abierto una investigación sobre todas las piezas de Invader. De forma paralela, la Policía Local ha emitido un informe donde considera que el método de colocación de los mosaicos –con un fuerte adhesivo– puede constituir un delito de daños. Además, las pesquisas policiales vinculan las acciones de Invader con la invitación del CAC Málaga para que realice aquí una exposición después del verano.

Decía Einstein que Dios no juega a los dados, pero quizá lo haga a los ‘marcianitos’, porque la polémica en torno a las intervenciones del cotizado Invader parece marcar otro fin de partida. O, al menos, el inicio de una nueva con otras reglas. En las últimas dos semanas, la Diputación ha aprobado la creación de una comisión que supervise el funcionamiento de su museo en Antequera, adjudicado a la misma empresa que gestiona el CAC Málaga desde su nacimiento; el pleno del Ayuntamiento de la capital ha requerido que la marca ‘CAC Málaga’, registrada por esa misma concesionaria, sea de titularidad municipal; este periódico ha publicado el plan para sumar las salas de La Coracha a la gestión del CAC en el nuevo concurso que debe convocarse el año próximo, en un movimiento que mira hacia otros espacios expositivos municipales y un informe policial ha relacionado la posible comisión de un delito de daños al patrimonio público con los directivos del centro de arte.

Resulta evidente que la ciudad ha visto pasar por el CAC exposiciones que hasta su llegada parecían poco menos que impensables. Es fácil constatar cuánto le debe la oferta cultural, social y turística de Málaga al CAC, pero ese argumento debe completarse con la reflexión sobre cuánto le debe la trayectoria profesional de los responsables del centro al hecho de haber tenido esa plataforma sostenida con dinero público. Y en el equilibrio de esa balanza reside buena parte de la justificación política del modelo escogido para desarrollar el proyecto de una institución pública gestionada por una empresa privada.

Lo público y lo privado han mostrado fronteras difusas en el devenir del CAC Málaga. A la luz de la página web de la Galería Javier López & Fer Francés, más de la mitad de los 26 artistas representados por la sala de la que es socio el hijo el director del centro han protagonizado exposiciones individuales en el propio centro. Algunos de ellos también figuran en el listado de compras por parte del CAC Málaga. A menudo se trata de autores más que relevantes y tanto las exposiciones como las adquisiciones pueden justificarse desde un criterio técnico, aséptico. Pero el argumento escuchado con frecuencia de que todo se ajusta a los márgenes de la legalidad deja un sabor de boca regulero a los amantes no sólo del fondo, sino también de las formas, cuando se maneja dinero público.

La polémica en torno a Invader también ha mostrado algunas costuras entre lo público y lo privado, registradas en el informe policial que documenta la colocación de las piezas y las citas entre el anónimo artista y los responsables del centro de arte que han programado una exposición con sus obras para después del verano.

Todo lo anterior coincide con un escenario político sin mayorías absolutas y el telón de fondo de la próxima renovación del contrato para gestionar el CAC durante media docena de años y varios millones de euros. Ha cambiado el tablero. Finaliza una partida. Empieza otra. La piezas ya están en movimiento.