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Educación plantea a las CCAA una subida de hasta 540 euros en las matriculas universitarias

SG ABOGADOS | Viernes, 20 de abril de 2012 | Sin comentarios | abogado de empresa, abogado derecho mercantil, abogado derecho tributario, Abogados malaga, iguala jurídica |

La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha explicado que el Ministerio ha propuesto que cada alumno pague hasta 540 euros más por la primera matrícula universitaria. Para ello, Educación ha propuesto a las CCAA que el alumno sufrague entre el 15% y el 25% del coste real de la plaza, desde el 15% actual. En la práctica, el ajuste supondrá de hasta una subida del 66% en las tasas que los alumnos pagarán por matricularse en una carrera universitaria si el pago supone la parte máxima de la horquilla.

La medida ha sido pactada en la reunión que ha mantenido por el departamento que dirige José Ignacio Wert con los responsables de educación de las diferentes Comunidades Autónomas y las medidas comenzarán a aplicarse a partir del próximo curso escolar, 2012-2013. Gomendio ha explicado que el objetivo de la subida es aproximar el precio público de la matrícula al coste real.

El incremento de la cuota a pagar ascenderá a medida que el alumno repita. Se ampliará entre un 30% y un 40% para la segunda matrícula, entre un 65% y 75% para la tercera matrícula y entre un 90% y un 100% en la cuarta matrícula.

Al mismo tiempo, los costes de los másteres “no habilitantes” (no necesarios para ejercer ciertas profesiones) también subirán hasta un 50%.

El aumento de las tasas afectará en un principio a los nuevos alumnos que se matriculen en la Universidad. Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid han defendido que la subida no haga diferenciaciones y se aplique por igual para nuevos alumnos como antiguos y junto a Cataluña y Baleares han planteado esta sugerencia al ministro.

“Hay que evitar que se entiendan mal situaciones como que un alumno de segundo o tercero con un alto nivel de renta pague menos que un alumno de primero con un nivel económico y social muy por debajo. Esas situaciones se entenderían mal y hemos pedido al ministerio que abra la horquilla a todos los cursos. Es importante que no haya discriminaciones en cuestión de renta”, ha indicado Lucía Figar, consejera de Educación madrileña.

Personal docente
Por otro lado, Educación también ha planteado a las Autonomías cambiar la carga a los docentes universitarios en función de los sexenios vivos que tengan en relación con la investigación. De este modo, aquellos profesores que tengan sexenios vivos verán reducida su carga docente mientras que aumentará en aquellos que no los tengan. Gomendio ha cifrado en un 50% de funcionarios profesores universitarios que no tienen sexenios vivos.

No obstante, la Secretaria de Estado ha subrayado que serán las propias CCAA las que decidan si adoptan o no las medidas o cuales de ellas tomarán dentro del abanico de posibilidades abierto. Gomendio ha explicado que las comunidades “decidirán, no sólo las medidas que necesita implementar según las necesidades de las universidades, sino también el grado de intensidad”.

Los nuevos ajustes en el sistema educativo buscan alcanzar un ahorro de 3.000 millones, objetivo marcado por el Gobierno para cumplir con el objetivo de déficit pactado con la Unión Europea.

Fuente: www.expansion.com

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Correos eliminará 2.000 empleos

SG ABOGADOS | Viernes, 20 de abril de 2012 | Sin comentarios | derecho laboral, Despidos, Reforma laboral |

El presidente del grupo Correos, Javier Cuesta, ha señalado en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados que “la consolidación de puestos de trabajo está acordada con los agentes sociales” y es “absolutamente necesaria” para la compañía.

La actividad de la compañía caerá un 5% en el presente ejercicio, que cerrará con 164,4 millones de pérdidas antes de impuestos. Los datos globales de todo el grupo Correos para 2012 contemplan 1.933,4 millones de euros de ingresos de explotación, un 11,2% menos que en 2011, y 1.903 millones de euros de cifra de negocio (-8,9%).

Por su lado, los gastos de explotación se reducirán un 3,5%, hasta 2.107,7 millones, y los resultados financieros caerán un 15,4%, hasta 9,9 millones. Con todo ello, el resultado antes de impuestos quedará en un saldo negativo de 164,4 millones.

Si se tiene en cuenta sólo la empresa matriz (excluyendo las tres filiales de Correos), los ingresos de explotación se elevarán a 1.788,9 millones (un 12% menos como consecuencia del descenso de ingresos por el menor número de procesos electorales y por la vuelta a la tarificación bimensual de las compañías eléctricas), a los que habrá que sumar la subvención que finalmente se apruebe en los presupuestos generales del Estado, cifrada actualmente en medio millón de euros.

Frente a esos ingresos, “los gastos de explotación de Correos caerán un 3,6% hasta los 1.961,8 millones de euros, con un descenso especialmente acusado en el capítulo de personal, que supone el 73,1% del total de gastos y que retrocederá un 5,3% (1.434,2 millones) por la suspensión de las aportaciones al plan de pensiones y por la minoración en casi 2.000 efectivos mediante bajas incentivadas y traspaso de funcionarios a la Administración General para adecuar a los nuevos niveles de actividad la actual plantilla, que tiene 58.000 empleados (22.000 de ellos funcionarios)”.

Cuesta ha explicado que el descenso de los ingresos previsto para la matriz de Correos y Telégrafos se debe, fundamentalmente, a que este año habrá menos procesos electorales, así como al descenso de la facturación a las compañías eléctricas (porque los recibos de la luz pasan a ser bimestrales en vez de mensuales) y a la caída de la demanda.

Pérdidas de 166 millones
Así, la compañía pública prevé cerrar el año con unas pérdidas brutas de 166,5 millones de euros, frente a los tres millones que perdió en 2011, aunque esta cifra dependerá de las subvenciones que reciba este año, inicialmente presupuestadas en 2012.
las subvenciones consignadas en el pasado presupuesto para el servicio postal universal se fijaron en 43 millones de euros, si bien al cierre del ejercicio el coste real se elevó a 200 millones de euros, por lo que “habrá un déficit de 160 millones” que el Estado deberá validar y compensar.

En este sentido, ha recordado que aún están pendiente de pago por parte del Estado 318 millones de los 562,7 millones de euros devengados por las liquidaciones de 2008, 2009 y 2010.

Si esta cantidad se suma a la que se deberá cuando se apruebe la liquidación del pasado ejercicio, la cifra de la que Correos será acreedor ante el Estado será de 476,1 millones de euros, junto a los 205 millones de Tesorería que están consignados ante la Dirección General del Tesoro por orden gubernamental y a los que puede acceder en cualquier momento que lo necesite, cosa que ocurrirá previsiblemente este año.

Además, argumenta el máximo responsable de Correos, los envíos han caído un 24,8% -sólo en 2011 el descenso fue del 7,9%-, mientras que los costes del servicio postal universal se mantienen como consecuencia de la alta dispersión y baja densidad poblacional del país.

Estas cifras son resultado, entre otros motivos, de la crisis, pero también “de la liberalización del mercado”, que ha elevado la competencia, especialmente en los segmentos “más rentables” del mercado, aprovechándose de las inversiones ya realizadas por Correos y aplicando políticas de bajo coste. “Falta el desarrollo normativo de la liberalización para garantizar la sostenibilidad financiera del servicio postal universal”, ha reclamado.

El directivo ha lamentado la competencia por parte de empresas que usan modelos operativos de “bajo coste” y actúan en los servicios más rentables, al tiempo que se benefician de un marco competitivo “muy favorable” y se aprovechan de las inversiones realizadas por Correos.

Explorar “nuevos mercados”
Para intentar equilibrar las cuentas, Correos actuará también por el lado de los ingresos. El presidente del grupo ha expresado su firme apuesta por “explotar nuevos mercados” como el del marketing multicanal, la paquetería o los servicios financieros, así como de fomentar una mayor eficiencia operativa y económica, ofreciendo más calidad y soluciones que demandan los clientes tales como mejoras en el uso de tecnologías o la tecnificación de la gestión.

Este año, la compañía invertirá unos 74,3 millones de euros en infraestructuras, mecanización, transporte y sistema informáticos, entre otros segmentos.

En cuanto a la integración del grupo Correos en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Cuesta ha considerado que ayudará a la definición de un plan de acción y ha expresado su satisfacción por pasar a una institución que “históricamente ha ayudado a las empresas públicas”.

Respecto al vigente Plan 2011-2014, ha dicho que “adolece de acción” y ha provocado que los resultados del año pasado fueran “más bajos de lo que deberían haber sido”, por lo que una de sus prioridades a corto plazo será la de elaborar otra estrategia.

Cuesta ha advertido de que para garantizar la prestación del servicio postal universal, que ahora presta en solitario Correos, es necesario que se desarrollen mecanismos previstos en la ley, como el fondo de financiación o la contribución del resto de operadores a su coste.

El grupo Correos, integrado por la matriz Correos y las filiales Chronoexprés, Correos Telecom y Nexea, perderá este año 164,4 millones de euros con una cifra de negocio de 1.903 millones y unos ingresos de explotación de 1.933,3 millones de euros.

Fuente: www.expansion.com

Abogado impuesto de sociedades

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España exporta su modelo de justicia gratuita a China

SG ABOGADOS | Viernes, 20 de abril de 2012 | Sin comentarios | Abogado de empresario chino, Abogado de empresas chinas en Málaga, Empresas chinas en Málaga |

Varios dirigentes del Gobierno de la República Popular de China han estado estos últimos dos días en España para inspeccionar varios aspectos relacionados con la Justicia española. En concreto, el viceministro de Justicia chino Zhao Dacheng ha encabezado una delegación que ha sido recibida por el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, el director general de los Registros y el Notariado, Joaquín Rodríguez Hernández y el presidente del Consejo General de la Abogacía (CGAE), Carlos Carnicer.

La delegación del país asiático, estuvo reunida en el CGAE con varios representantes de la institución para conocer diversos aspectos generales de la Abogacía y en concreto del funcionamiento de la Justicia Gratuita en España.

En este sentido, la directora del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Marisol Cuevas, respondió a las preguntas del dirigente chino en torno a lo que cobran los abogados que asesoran en el turno en comparación con lo que percibirían por un asesoramiento privado o cómo se logra convencer a los abogados para que colaboren con la Justicia gratuita, a pesar de los bajos honorarios. Cuevas explicó que “Madrid tiene 4.800 abogados en el turno y en España la cifra asciende a unos 35.000 y que la asistencia jurídica gratuita es casi obligatoria en algunos colegios más pequeños”.

Los funcionarios de Justicia de China también mostraron interés en saber de dónde procede el presupuesto para pagar a los abogados de oficio y cómo se gestiona. China quiere instaurar próximamente un sistema de Justicia gratuita distinto al sistema que tiene actualmente y que consiste en que el Gobierno deriva el asesoramiento jurídico a los más necesitados a los bufetes de abogados a los que luego les remunera por ese trabajo.

Otra de las dudas que asaltó al grupo de funcionarios y políticos chinos fue el nuevo acceso a la abogacía implantado en España tras la entrada en vigor de la Ley el pasado año. Preguntaron sobre todo, por qué se había tomado esa decisión y en qué iba a consistir el proceso.

Bufetes españoles en China
El viceministro de Justicia chino también se reunió en la sede del CGAE con los representantes de la mayoría de los bufetes españoles que tienen sede en el país asiático: Roca Junyent, Garrigues, Rebollo Abogados, Cuatrecasas Gonçalves Pereira y Uría Menéndez. Los abogados presentaron sus respectivas firmas a la delegación asiática y ante las preguntas del viceministro chino hicieron un balance del lustro que la mayoría de los bufetes españoles lleva funcionando en China.

En este sentido, Francisco Soler, ex socio director de la oficina de Garrigues en Shanghai durante seis años, comentó que “el ordenamiento está cambiando mucho, a mejor y de forma rápida en China, lo que es muy positivo, pero obliga a las empresas estar en continua adaptación”. El viceministro chino felicitó a las firmas por impulsar el intercambio de la abogacía en ambos países”.

Notarios y registradores
Otro de los aspectos que la delegación china estuvo observando en nuestro país ha sido el funcionamiento del sistema de notarios y registradores. Fuentes del Ministerio de Justicia explican a EXPANSIÓN que el viceministro quedó muy impresionado, tras visitar una notaría, con el hecho de que los notarios y registradores sean funcionarios públicos (con unos aranceles que marca el Estado) pero a la vez tienen su oficina, y obtienen beneficios, con lo que les obligan a efectuar una mejor gestión. En el país asiático los federatarios son funcionarios públicos al uso.

En la visita del viceministro chino y sus acompañantes al secretario de Estado de Justicia y su equipo de directores generales, se llegó al acuerdo “no formal” de avanzar en la cooperación entre los dos países en el intercambio de información y la visita de notarios y registradores de China a España y viceversa.

Fuente: www.expansion.com

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«El 80% de la plantilla de Hacienda investiga solo a pequeños empresarios»

SG ABOGADOS | Viernes, 9 de marzo de 2012 | Sin comentarios | abogado derecho tributario, derecho fiscal, derecho tributario, impuesto de patrimonio, impuesto de sociedades, impuestos, t |

«El 80% de la plantilla de Hacienda se dedica a investigar solo a pequeños empresarios», asegura tajante el portavoz del Sindicato de Ténicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinero, quien cree que la clave en la lucha contra el fraude reside en vigilar las grandes fortunas y que la Agencia Tributaria debería dedicar mas recursos humanos a este cometido.

La idea del portavoz de Gestha es repetida por todos los asesores fiscales consultados por ABC.es. En esta línea, Antonio Durán-Sindreu, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) afirma que que «se persigue demasiado a los que ya declaran» y hay pocos recursos centrados en desentramar lo oculto. «Los esfuerzos no se centran en buscar fuera de los ordenadores de Hacienda», indica.

Por ello, el Gobierno se ha marcado resolver estas carencias con el Plan de Control Tributario 2012 y espera recaudar 8.171 millones de euros solo este año. Para ello pondrá en su punto de mira en su punto de mira a deportistas y artistas, las importaciones procedentes de Asia y las operaciones con pago en metálico de elevado importe como objetivos prioritarios. Sobre las nuevas medidas, el presidente de Aedaf sí descataca de forma positiva una de las anunciadas por el Gobierno, que consiste en recabar indicios o datos de los pisos no declarados de alquiler al cruzar datos de consumo de energía.
«A medida que aumenta la dimensión de la empresa, disminuye el tipo del impuesto»
Respecto a la investigación a las sociedades de deportistas y artistas que llevará a cabo la Agencia Tributaria, el portavoz de Gestha, José María Mollinero, reconoce que no es sencillo y apunta que «la única opción que cabe es cambiar la norma y que se tribute en el IRPF para evitar que las grandes fortunas eludan impuestos».

«Se debería mejorar la tributación del impuesto de sociedades ya que la posibilidad de deducir es excesiva. Conforme aumenta la dimensión de la empresa, disminuye el tipo del impuesto, con lo cual la carga la asumen los pequeños», resume Mollinero.

Por su parte, Juan José de los Mozos, Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget) pone sobre la mesa el mismo problema acerca de la falta de medios e impuestos para los grandes y argumenta que se persigue demasiado a los pequeños contribuyentes, microempresas y pymes, y que el sistema debe instaurar unas «cuotas de distribución justas».
Límite a las operaciones en efectivo

Otro de los puntos a estudio en el plan tributario anunciado por el Ejecutivo se centra en fijar un límite a las operaciones en efectivo de las compañías. No se ha establecido la cifra concreta, pero se apunta a un techo de 3.000 euros. Para los técnicos de Hacienda «es un límite demasiado generoso» y proponen que se baje a 1.000 euros, al igual que otros países europeos como Italia.

Arturo Casinos, presidente de la Asociación de Asesores Fiscales de la Comunitat Valenciana (Apafcv) no está de acuerdo con que se limite el importe de las transacciones ya que «las empresas están mal por la crisis y lo que les faltaba era un aumento de las comisiones y costes» Respecto a la vigilancia de artistas y deportistas, asegura que lo que hay que controlar es «que la sociedades no se deduzcan gastos que no tienen que ver con su actividad».

Casinos también apoya la idea expuesta por los demás expertos consultados: «Lo que hay que hacer es ir a perseguir más las grandes bolsas de fraude». En opinión del presidente de Apafcv, habría que «dedicar más medios humanos y concienciar al ciudadano» porque el fraude fiscal, recuerda, supone entre el 20 y el 25% del PIB.

Fuente: www.abc.es

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Los parados podrán evitar el desahucio de viviendas de menos de 200.000 euros

SG ABOGADOS | Viernes, 9 de marzo de 2012 | Sin comentarios | asesoramiento laboral, derecho laboral, Reforma laboral |

Las familias con todos sus miembros en paro podrán evitar el desahucio de sus viviendas, si su valor no supera los 200.000 euros, siempre que las entidades que concedieron sus hipotecas se adhieran a un código de buenas prácticas que aprueba este viernes el Gobierno.

Este código se incluye en el decreto ley de medidas urgentes en materia de ejecuciones hipotecarias para abordar el problema social de los desahucios en las personas con riesgo de exclusión social y que estudiará hoy el Consejo de Ministros.

Según informaron fuentes del Ministerio de Economía, el texto establecerá las condiciones que deben cumplir las familias para que se las considere bajo el riesgo de exclusión y poder evitar el desahucio por impago.

La primera condición será que la vivienda sea la primera y única que posee la familia, que deberá tener todos sus miembros en paro o sin ningún tipo de renta por actividad económica. Además, la cuota hipotecaria deberá ser superior al 80% de los ingresos netos del conjunto de la familia.
No más de 200.000 euros

Otro de los factores determinantes para evitar el desahucio será que el valor de la vivienda afectada se situará entre 120.000 y 200.000 euros, según el tamaño del municipio.

Fuentes financieras consultadas han añadido que también se estudia la opción de considerar que el riesgo de exclusión de una familia estará “agravado” cuando el titular de la vivienda sea mayor de 65 años o tenga una discapacidad.

Igual sucedería en los casos en los que tenga menores a su cargo, hijos mayores con una minusvalía igual o superior al 33%, o ascendientes mayores de 65 años.

Las mismas fuentes dan por hecho que el decreto ley contendrá asimismo una rebaja en los intereses de demora en los pagos que no se puedan afrontar, y cuya tasa anual no podrá ser superior al 1,5% sobre el saldo vivo del crédito.

Está previsto que el decreto-ley incluya también una reforma de todos los procedimientos de ejecución, para hacerlos más ágiles, baratos y transparentes, así como la creación de un nuevo sistema de subastas de viviendas online.
Código de Buenas Prácticas

El ‘Código de Buenas Prácticas’ incluirá medidas que tendrían un difícil encaje en el ordenamiento jurídico, como ocurre por ejemplo con la dación en pago, en el que la entrega de la vivienda al banco salda la deuda hipotecaria.

Además de que obligar por ley a la dación en pago de manera retroactiva sería cuestionable, Economía cree que ello encarecería las hipotecas, ya que las entidades acabarían trasladando el coste al cliente.

En este código, por tanto, se incluirá la dación en pago voluntaria para los colectivos en riesgo de exclusión, una posible moratoria de dos años antes del desalojo o la posibilidad de abonar durante ese plazo una cantidad equivalente a un alquiler.

Otra de las medidas voluntarias sería que los bancos aceptasen asumir parte de su error al tasar muy cara una vivienda.

Economía se muestra confiada en que las entidades acabarán asumiendo este código, dado que para ellas el desahucio es la última solución, y por el fuerte malestar que genera.

Los bancos tendrán que reconocer si se adhieren o no a este código, con lo que deberán afrontar el coste de reputación que le suponga no atender el problema de las familias sin recursos que no pueden pagar su hipoteca.

Fuente: www.eleconomista.es

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Empleo estudia retirar el paro a quien rechace tres ofertas de ETT

SG ABOGADOS | Lunes, 5 de marzo de 2012 | Sin comentarios | asesoramiento laboral, Despidos, Reforma laboral |

La reforma laboral reconoce el papel de las empresas de trabajo temporal (ETT) como agencias de colocación para colaborar con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas en labores de intermediación laboral. Para que esta colaboración se haga efectiva, las ETT deberán recibir primero la autorización del servicio público de empleo y, después, negociar y firmar convenios con cada uno de los servicios regionales con los que se vaya a trabajar.

A través de estos convenios, las ETT tendrán acceso fundamentalmente a cruzar sus bases de datos con las de los servicios públicos de empleo. Pero esto será solo un primer paso en la fórmula de colaboración público-privada. Según explicó recientemente el director general Empleo, Xavier Thibault, ante un grupo de directivos de recursos humanos, el Gobierno está buscando una fórmula para que las ETT “sean también una herramienta importante en la lucha contra el fraude”.

En este terreno, argumentó que la ley actual ya estipula que los parados que rechacen tres ofertas adecuadas de empleo serán sancionados con la pérdida de la prestación por desempleo. Pero según dijo, “el problema está en que algo no funciona en los servicios públicos de empleo, que apenas intermedian en el 3% de las colocaciones, y por eso ni siquiera llegan a tramitar ofertas adecuadas”. Conclusión: ni se rechazan ni se retiran las prestaciones por ello.

Ante esta situación, Thibault consideró que cuando las ETT colaboren plenamente en la intermediación con los servicios públicos, se tendrá que aplicar igualmente la ley que sanciona a quien rechace tres ofertas de empleo adecuadas con la retirada de la prestación. “Eso también sucederá cuando sea una ETT la que descuelgue el teléfono y realice estas tres llamadas ofreciendo hasta tres empleos adecuados al perfil del parado y este los rechace”, insistió el director general de Empleo.

Dicho esto, precisó a CincoDías que llevar la colaboración público-privada hasta este punto no es una decisión ya tomada, sino que “todo está en fase de estudio; estamos analizando países como Alemania, donde funciona así”. En cualquier caso, fuentes del sector consultadas creen que una decisión como ésta conllevaría un gran control de las ETT por parte de la Administración y, como mínimo, una definición más precisa de lo que es una oferta de empleo adecuada que no se puede rechazar.

Fuente: www.cincodias.com