Se ha tardado, pero ya sabemos el refrán: “Nunca es tarde, si la dicha es  buena”.

Y lo es  a todas luces   que el fiscal general del Estado, Torres Dulce, haya ordenado a Anticorrupción que se depuren las responsabilidades penales “derivadas de la gestión  de las cajas de ahorro”.

¿Qué fue de aquéllas cajas, como la de la antigua Caja de Ronda, que en tan alto colocó su pendón de servir a la ciudadanía y procurar su bienestar mediante la ingente labor de su obra social?

Ciertamente, son ahora otros tiempos. Tan distintos, como lo que se persigue es fiscalizar las entidades “por si pudieran estar incursas en algún tipo de delito”.

No es necesario que se digan nombres: todos sabemos las que perpetraron trapisondas y embelecos, o aquéllas cuyos máximos gestores se embolsaron indemnizaciones millonarias o se premiaron con retribuciones astronómicas de por vida. Por fin alguien ha querido poner coto a tanto desmán.

 Lástima que la decisión haya venido tan tarde.

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