La Banca se ha revuelto como  animal acorralado oteando el peligro ante el anuncio del Gobierno de una negociación en el arco parlamentario para dotar de mayor calado  las medidas  recientemente adoptadas, que  preconizan paralizar los desahucios durante dos años a los que dispongan de menos ingresos – un poco más de 19.000 euros de renta anual y en situaciones de extremo deterioro económico familiar -, seguramente para atacar en su  raíz  la cuestión que reside en la ley hipotecaria de 1909, totalmente obsoleta y que en nada recoge las contingencias que prevalecen en los procelosos tiempos que corren.

   La Asociación Española de Banca (AEB) ha puesto el grito en el cielo: las entidades financieras, mal que les pese, lo aceptan con la boca chica, tienen que transigir con las medidas que eviten los desahucios, apresurándose a notificar que “que el gasto de las medidas adoptadas corren solo a su cargo”.

   Pues ya era hora que se mojaran, amigos. Que hasta el presente han puesto en práctica medidas abusivas que no solo perseguían su invulnerabilidad y el acrecentamiento de sus ganancias, ajenas a las distorsiones que pudieran producir en el seno de las familias que, incautamente,  se acercaron a la ventanilla de turno para conseguir la hipoteca – concedida alegremente, sin avisar de los riesgos inherentes, que esa es otra – con las que inconscientemente se labraron un funesto porvenir.

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