Sería de risa si no fuese dramático que los gerifaltes europeos,  que pretenden salvar al sistema financiero español exhibiendo en una de las cláusulas impositivas como  contrapartida al préstamo efectuado, hagan hincapié en que los titulares de participaciones preferentes o deudas subordinadas, que tanto montan, vean su capital invertido sufriendo  una drástica  quita  que va del 30% al 70%.

     Los incautos que contrataron este improcedente y a la larga inicuo producto financiero   verán cómo  sus ahorros se evaporan, merced en parte  a ese prurito de  nuestros políticos de  apuntalar a las entidades financieras en detrimento del ciudadano medio mal informado, el cual  cayó en las redes de la trapisonda y el ardid  de banqueros desalmados con el beneplácito o el mirar hacia otro lado del Banco de España ola Comisión Nacionaldel Mercado de Valores (CNMV),  que nada hicieron cuando pudieron hacer tanto en  su momento.

   No está el partido socialista a salvo de esta tropelía, porque tampoco nada hizo en su etapa de esplendor parlamentario, sin embargo ahora presentan una proposición no de ley para que los  que sucumbieron al engaño creyendo,  mal aconsejados,  que firmaban un plazo fijo puedan recuperar su dinero.

    Difícil lo vemos, pero hay que reconocer la oportunidad del intento. Se impone revisar los test de idoneidad,  que en estos casos son obligatorios,  a todos los que se acercaron  a una entidad financiera para hacerles conocedores de los riesgos inherentes al producto que pretendían  contratar  antes de estampar su firma en el documento en cuestión.

   Revisar estos tests que  se regulan en las normas de conducta para la prestación de servicios de inversión a clientes (apartado 4 del artículo 19) dela Directiva2004), debería ser ineludible para que Gobierno los haga valer. Más vale tarde que nunca.

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