No es una cuestión que quite el sueño a los españolitos de ahora, esos que se  debaten entre las espinas del paro y las dificultades en llegar a final de mes con escasas o nulas ganancias,  o que se llevan las manos a la cabeza por los casos de corrupción que se  han venido destapando cada día en los últimos tiempos, o por la situación de la educación, la sanidad o los derroteros que transita la justicia y sus representantes, no digamos del comportamiento artero de algunos de nuestros políticos. No es una gran preocupación, como los estudios demoscópicos señalan, pero no se puede negar que está ahí y la pregunta, consecuentemente, ha saltado en todos los ámbitos a raíz de la abdicación del rey  don Juan Carlos.

   Los que reclaman el cambio en la Jefatura del Estado y piden un referéndum a voz en grito habría que decirles que templasen sus ánimos. La cosa no es tan fácil: nos dimos una Constitución para cuyo ordenamiento los grupos políticos existentes tras la muerte de Franco tuvieron que renunciar a partes sustanciales de sus postulados e ideologías. De esta forma se logró el consenso necesario para concluirla y ponerla en vigor.   

  Durante el primer tercio del siglo XX, a España la sacudían sucesos muy conflictivos, hay quien afirma que los de mayor relevancia histórica. La desastrosa situación y la inestabilidad social del momento, dentro y fuera del país, desembocaron en una guerra fratricida que aún perdura en la memoria de todos. El rey Alfonso XIII tuvo que exiliarse y se inició, merced  a la voluntad popular, un nuevo hito histórico (Segunda República), que acabo de la forma cruenta que todos sabemos.

   Hoy los parámetros económicos y sociales y la situación de los países de nuestro entorno se muestran bien diferentes. De por medio una Constitución, la de 1978, que ató los cabos para que cualquier intento con cariz de asamblea pudiera trastocar sus fundamentos orgánicos e institucionales. ¿Que nos asiste el derecho a manifestarnos y exigir un referéndum sobre esta cuestión que hoy se muestra palpitante en la opinión pública?. Sí, sin lugar a dudas; pero siguiendo los canales establecidos, que nadie puede saltarse.

   La Corona ha prestado servicios indudables al país y sería de desagradecidos no apreciarlos en sus justos términos. Pero, y a esto iba, es lícito que quienes lo juzguen necesario aboguen por otro  sistema de jefatura de Estado. Se puede no estar de acuerdo con ese modelo de sucesión de los poderes de padres  a hijos ( varones)  – que a no a las hijas, un fallo que viene desde la Ley Sálica, que viene nada menos que de los  francos salios en el siglo V; ya ha llovido – en los que no se ven sino lo inalterable posición de la Casa Real, que entre otras cosas no parece estar en línea contra el artículo I de nuestra Carta Magna, que no es otro que en  el que se remacha que todos los españoles somos iguales ante la Ley.

   Que las leyes sigan su curso, faltaría más, pero no sería aconsejable hacer oídos sordos a esa marea última y vociferante – también ha llegado a las costas de Málaga con el impulso que se pretende dar a la implantación del movimiento Podemos – que reclama una consulta popular sobre el modelo de Estado con el que no se está de acuerde que se perpetúe tal cual. El dilema monarquía o república, bien vivo o soterrado, parece que está pidiendo respuestas.

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