Lo afirmó Juan Antonio Roca en su declaración del pasado viernes 6 de noviembre: el modelo sobre el que se sustentaron los convenios urbanísticos que durante los últimos 15 años se firmaron en el Ayuntamiento de Marbella estuvieron amparados en «una interpretación legislativa extensiva del artículo 47 de la Constitución». Más allá de que Roca atribuyó la autoría intelectual de todos los convenios al ex asesor jurídico de Gil, José Luis Sierra, y de que éste respondió que no deja de ser una tontería responsabilizarle a él cuando lo que hicieron Roca y compañia fue copiar cientos y quizás miles de veces un único convenio redactado en los albores del gilismo, resulta interesante recordar qué dice el artículo 47 de la Constitución.
«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusivalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».
Si alguien encuentra en algún rincón de este artículo alguna frase en la que pueda ampararse lo que ha sucedido en Marbella en los últimos años, por favor que deje constancia.

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