Los años de impunidad y de compadreo crearon costumbre, y hubo constructores que, caído el viejo régimen, no se resignaron a que las cosas habían cambiado.
Cuentan en Urbanismo que el año de la gestora dejó más de una anécdota que pone en evidencia hasta qué punto los promotores de moral en entredicho se habían acostumbrado a mandar en las oficinas públicas. Las iremos desgranando.
Uno de los incidentes se produjo cuando José Ávila Rojas, responsable de gran parte de las construcciones ilegales, imputado en el ‘caso Malaya’ y señalado como socio de Roca por el juez Torres, se presentó en las dependencias de Urbanismo para saber qué había de lo suyo. Enfrente estaba Rafael Duarte, entonces vocal de Urbanismo y ahora concejal de esa área en Estepona. Choque de trenes.
Se le pidió al constructor un gesto que demostrara que se había entrado en una nueva etapa, y que podía comenzar él mismo por derribar alguna de las múltiples construcciones ilegales de la que es responsable. Tenía muchas donde elegir.
El empresario, lejos de acceder, se atrevió a aventurar que él no era culpable de nada, sino víctima. Exigió que se le regularizara lo inaceptable. La discusión subía de tono y el abogado de Ávila Rojas procuraba calmar a su cliente.
Duarte le pidió que abandonara el despacho. El empresario no se calmaba, y el vocal de Urbanismo pidió que se llamara a la policía para desalojarlo.
Antes de la llegada de los agentes, Ávila Rojas optó por irse. No volvió a aparecer por ahí.

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