Pocas veces una información ha levantado tanto interés entre los abogados, no sólo los que trabajan en Marbella. Las sentencias emitidas por diferentes juzgados en los conflictos planteados por los compradores de viviendas ilegales que se niegan a escriturar los pisos han estado más que solicitadas.
El asunto, lejos de terminar, no ha hecho más que comenzar. Y promete marcar un punto clave en la agenda futura, no sólo de la ciudad, sino también de la economía de la provincia. Resulta difícil imaginar cómo podrá recuperarse el sector de la construcción antes de que este asunto se resuelva en una u otra dirección.
Existen dos puntos claves que ahora deberán resolver los tribunales:
1) ¿Puede considerarse que el vendedor de una vivienda ha cumplido su compromiso con el comprador si le entrega el inmueble sin licencia de primera ocupación?, y
2) ¿Tiene alguna relevancia para la resolución del conflicto la situación en la que queda la vivienda en el nuevo PGOU teniendo en cuenta que las regularizaciones sólo serán posibles tras una compensación a la ciudad? En otras palabras: los pisos heredan unas cargas económicas. ¿Quién debe cargar con ello?
Independientemente de cómo se resuelvan estos conflictos en los tribunales, resulta inquietante meterse en la piel de los compradores, que pensaron que estaban adquieriendo un piso y en realidad estaban comprando un problema. Son víctimas tangibles de los múltiples delitos que se cometieron en Marbella durante todos estos años, y cuyos beneficiarios tienen nombre y apellidos.

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