La manifestación convocada por la denominada plataforma de afectados por el PGOU fue todo un éxito. Asistieron cerca de 2.000 personas, un número más que respetable, aunque alejado de los 50.000 que sus dirigentes dicen representar.
Los asistentes reclamaron un Plan General consensuado con los vecinos, y sobre todo, no tener que responder ellos por las compensaciones fijadas a los promotores y que éstos tienen poca o ninguna intención de asumir.
Seguramente entre los manifestantes habría opiniones para todos los gustos, pero es evidente que son más quienes responsabilizan a las administraciones por lo que sucedió durante los últimos años que quienes cargan alguna responsabilidad sobre los promotores que se forraron. Es más fácil reclamar al policía que hizo menos de lo que tenía que hacer que pedir que se encarcele al estafador que huyó con el producto de la estafa.
En la manifestación del lunes había varias pancartas contra el presidente de la Junta, pero ninguna contra Ávila Rojas o cualquier otro de los constructores procesados en el ‘caso Malaya’.
Los compradores de pisos ilegales se han convertido en rehenes de una situación indeseable. Defienden sus intereses, pero al mismo tiempo y seguramente contra sus deseos, defienden también los intereses de quienes sacaron tajada de Marbella durante todos estos años. La víctima defiende al verdugo.
La política de hechos consumados ideada por Gil y sus secuaces para saquear la ciudad fue un crimen muy bien planificado. En cuanto un ciudadano decente se convirtió en propietario de un piso ilegal se transformó, al mismo tiempo, en el rehén de los estafadores y en la garantía de que el crimen quedaría impune.
Antes o después habrá amnistía para los pisos ilegales. Y se habrá consumado el crimen perfecto.

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