Las réplicas de la malayita de Estepona todavía hacen temblar el suelo del litoral de esta parte de la provincia y recuerdan que, desgraciadamente, las miserias político-urbanísticas no son patrimonio acotado de una sola ciudad. No hay exclusividad, aunque sin embargo es posible que no sea aventurado buscar un origen sino ideológico, sí de metodología en la aventura político-delincuencial puesta en marcha por Jesús Gil hace 17 años que inauguró una forma de actuar en lo público que se extendió durante demasiado tiempo como un tumor, en sus comienzos sencillamente extirpable pero que la desidia político-institucional permitió que se convirtiera en una metástasis con grave peligro para el cuerpo social.
En la localidad vecina los esfuerzos se dedican ahora a diferenciar qué es paja y qué trigo, y sobre todo, a ver cómo se gobierna una corporación que ya amenaza con tener más tránsfugas que concejales y cuya viabilidad, con tres años por delante, se dibuja al menos difícil. Mientras tanto, el personal agota su capacidad de sorpresa y comienza a preguntarse en qué otro punto del litoral volverá a fotografiarse a un alcalde esposado mientras es conducido a prestar declaración.

El personal puede preguntarse también qué hubiera pasado, y cuántos disgustos y millones se hubiesen ahorrado, con una actuación a tiempo de las instituciones, 17 años atrás, que dejara claro que los ayuntamientos no eran terreno abonado para la imposición de la cleptocracia.
Qué hubiese pasado, por ejemplo, si el ‘caso Saqueo’ no hubiese tenido una instrucción interminable que ahora sí parece llegar a su fin. La Audiencia Nacional ha fijado para finales de septiembre y principios de octubre los nueve días en los que se desarrollará la vista de uno de los asuntos pioneros que debió sentar años atrás a Jesús Gil y algunos de sus secuaces en el banquillo. El juicio llega tarde para el ex alcalde, y también llega tarde para establecer un precedente que podría haber disuadido a gilitos y aprendices y dado aliento a quienes se cansaron de denunciar. Sin embargo, es de esperar que sirva al menos para hacer justicia con el resto de los imputados, entre los que se encuentra Juan Antonio Roca –en prisión por esta causa desde el pasado mes de abril–, y sobre todo con el Ayuntamiento de Marbella, al que los acusados le birlaron, presuntamente, 36 millones de euros durante los primeros años del regimen mafioso.

Una cifra sensiblemente menor, pero seguramente también millonaria, es la que alcanzará el chalé de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, que saldrá a subasta pública el próximo 23 de septiembre, según una reciente decisión judicial. Símbolo del esperpento que reinó en Marbella durante los últimos años, el chalé –que el juez ha valorado inicialmente en 1,9 millones de euros– fue escenario de una tragicomedia chusca en la que se entremezclaron asuntos privados y públicos y que ahora posiblemente llega a su fin. La subasta forma parte del proceso iniciado por el impago de las obras de reforma de la vivienda, que también derivó en un proceso penal que continúa abierto.

Lo que tampoco parece tener fin es la precariedad de las dotaciones públicas de la ciudad, que sorprende a los visitantes y aburre a los vecinos. Educación anunció esta semana que mantendrá aulas prefabricadas en dos colegios para poder cubrir la demanda de plazas escolares, a la espera de que la crónica falta de equipamiento público heredada de los años oscuros deje lugar a una infraestructura, en este caso educativa, acorde a las necesidades de la ciudad.

Seguramente los miles de visitantes que, por suerte, ya abarrotan de nuevo Marbella difícilmente supondrían que en una ciudad con este nivel de servicios privados haya tal carencia de servicios públicos. Aunque posiblemente ya lo hayan comenzado a imaginar al observar, ya en pleno mes de julio, la playa de La Fontanilla llena de tuberías al descubierto y escasa de arena. Después de varios meses de dimes y diretes sobre cómo regenerar el litoral, y tras comprobar que el barco draga enviado por Costas permanecía averiado y con los tubos depositados en la playa, el Ayuntamiento decidió esta semana aportar arena mediante camiones. La tardía solución llega en verano, con los turistas pretendiendo disfrutar. Los responsables de las instituciones, de todas, deberían recordar que fue gracias a dislates como estos, fruto de la más absurda ineficacia de los gestores públicos, que la mafia encontró 17 años atrás un hueco electoral donde colar el tramposo proyecto que creó escuela y nos trajo hasta aquí.

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