Finalmente, el equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana ha entregado el documento. Lo ha hecho por partida doble: al Ayuntamiento y a la Junta. Todo un síntoma de la complejidad y el juego dual que ha supuesto este proceso, que arrancó cuando todavía era alcaldesa Marisol Yagüe, dio un giro con la retirada de las competencias urbanísticas y obligó a la cohabitación cuando, tras la victoria del PP en las municipales, la Junta de Andalucía devolvió las competencias al Ayuntamiento. Este juego de doble poder –si entenderse con políticos de un partido es difícil, verse obligado a entenderse con los de dos debe ser casi una tortura china– hizo que el jueves por la tarde el arquitecto redactor respirara con una sensación de alivio.
Todavía no se conoce todo el contenido del plan, pero de momento, lo que ha trascendido transmite una inocultable sensación de injusticia. Hasta ahora, en todos los casos en los que el respeto a la ley y los intereses de los promotores colisionan, el peso del ladrillo está inclinando la balanza.
Los datos que se conocen de cómo se ha modificado el Plan desde su aprobación inicial no ayudan a endulzar un cierto regusto amargo. En nombre del pragmatismo se abdica de la justicia, y la lección para el futuro es que las administraciones –todas, la municipal, la autonómica y también la de justicia– son débiles ante los hechos consumados.
Lo más probable es que a los promotores que no pudieron ganar dinero con el GIL porque respetaron la ley se les quede cara de tonto.

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