El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía envió el pasado jueves un correo a 58 periodistas de la provincia en el que informaba de que se ha solicitado al juzgado que instruye el caso de Alcaucín que abra diligencias «para esclarecer las filtraciones de información». Lo hacía tras la noticia publicada por este periódico acerca de la imputación de otras doce personas en el caso.

Desde ‘Malaya’ hasta aquí, todo caso de corrupción en el que se han visto implicados políticos y profesionales de presunta reputación intachable ha venido acompañado de las quejas de los abogados sobre la publicación de las investigaciones policiales, como si el trabajo de informar sobre asuntos de interés público fuese menos respetable que el de defender los derechos de presuntos delincuentes.

En la mayoría de las ocasiones, los jueces han dejado pasar las quejas y se han dedicado a lo importante, pero en otras han entrado en el juego de advertir a la prensa y de amedrentar solapadamente a sus fuentes. Lo que llama la atención es que este anuncio-amenaza tuviese lugar la misma semana en que se ha retransmitido en directo y con lujo de detalles el vuelco en la investigación policial del crimen de Marta del Castillo, sin que nadie protestara por ello.

Siempre es bueno tener sentido de la medida. Pero para ser juez debería ser obligatorio.