El mayor problema de la táctica del avestruz no es la falsa sensación de seguridad que supone mantener la cabeza a salvo mientras el resto del cuerpo queda expuesto a los avatares exteriores. El problema verdadero es que enterrar la cabeza para no enfrentar las dificultades impide ver lo que está sucediendo fuera, invita a fabricarse un escenario virtual que en nada se parece a la realidad y deja el cuerpo indefenso y a merced de cualquier peligro.
Durante los últimos años, el dolor y la vergüenza que suponían enfrentarse a lo que sucedió durante los 15 años de latrocinio institucionalizado gracias al voto popular invitó a gran parte de la ciudad –de su sociedad política pero sobre todo de su tejido civil– a propiciar un borrón y cuenta nueva que tenía como principales cimientos olvidar los quince años anteriores, no hacer balance ni autocrítica, minimizar la importancia de las noticias que pudieran suponer ahondar en las heridas e incluso desterrar las palabras que recordaran al pasado reciente, pero al mismo tiempo reclamar solidaridad y ayuda del resto de la sociedad para salir adelante.
La realidad, fuera del agujero en la tierra en el que muchos habían decidido meter la cabeza, era que el resto de la sociedad posiblemente estuviera dispuesta a ayudar –en parte, y con toda seguridad, por lo que una Marbella pujante puede aportar a la prosperidad común más allá de los límites de su término municipal– pero no como si el resto no tuviese también derechos, necesidades y problemas.
Esa realidad ha retornado esta semana con toda su fuerza para recordar que si durante los años nefastos se produjeron unas situaciones que obligarían después a las instituciones, y por extensión al conjunto de la sociedad, a echar una mano a Marbella, también la ciudad contrajo en ese tiempo una deuda que ahora es necesario comenzar a pagar.
Días atrás, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia contra un grupo de delincuentes y sus herederos que amparados en la confianza otorgada por los ciudadanos hurtaron a la ciudad 24 millones de euros y los condenó a devolverlos, con dinero o con sus bienes embargados. Esta semana lo que se ha confirmado es que ese dinero no vendrá contante y sonante sino que irá, cuando consiga cobrarse y si es que se consigue cobrar, a atenuar una deuda aún mayor, de 300 millones de euros, que el Ayuntamiento –es decir la ciudad y sus vecinos, no el equipo de gobierno municipal– tiene con Hacienda y la Seguridad Social –es decir, con 45 millones de españoles, no con el Gobierno–. Y mientras tanto, esa deuda seguirá devengando los intereses correspondientes.
Es posible que haya quien se siga tentando con la táctica del avestruz y quiera convencerse de que lo que ha pasado ha convertido a Marbella en acreedora del resto de la sociedad, sin contrapartidas. Y como se vive en una campaña electoral permanente y cada día más enconada, seguramente esta situación pueda ser entendida como una metáfora de lo poco que algunas instituciones están dispuestas a ayudar a la ciudad.
Con toda seguridad se perderá entonces una oportunidad inmejorable para hacer pedagogía, explicar que el dinero público no es que no sea de nadie, sino que es de todos, y que será imposible mirar hacia adelante si antes no se saldan las deudas.
Que hay inversiones millonarias de otras administraciones pendientes en Marbella que no pueden esperar más es algo que nadie medianamente informado puede discutir. Pero la ciudad se debe, a sí misma y al resto de la sociedad española, al menos, una autocrítica.

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