La pasada semana, 47 usuarios del Hospital Costa del Sol han podido saber cuánto cuestan los servicios sanitarios de los que han hecho uso. Cuánto hubiesen tenido que pagar si no existiera un servicio de salud universal y gratuito, pero que no han sufragado directamente de su bolsillo porque esta es una sociedad civilizada. Sólo una mínima parte de los servicios que presta el centro sanitario, ya que la factura sombra no ha sido aún implantada en todo el hospital, han sido valorados en estos cinco días en 100.000 euros, lo que da una idea no sólo del alto valor económico de la sanidad, sino también del formidable negocio que supondría si no existiera un sistema de asistencia gratuita. Cantidades como estas ayudan a entender mejor no sólo el valor de aquello que se sufraga con los impuestos de todos, sino también el rechazo que suscita al otro lado del Atlántico el plan de sanidad universal que propicia el presidente Obama. Si consigue el difícil objetivo de sacarlo adelante habrá puesto límites a un negocio multimillonario, de ahí la resistencia a la que se enfrenta por parte de poderosos grupos de presión.

Pero debe suponerse que la implantación de la factura sanitaria no ha sido para que en Andalucía se entienda por qué y con qué objetivos ha surgido el ‘Tea party’, sino para que se valore la importancia de seguir contando con un sistema sanitario público y los usuarios de la sanidad y los contribuyentes conozcan el destino de su aportación a las arcas públicas. Se trata de un ejercicio de transparencia.

La iniciativa ha sido objeto de algunas críticas: hay quienes se han preguntado por el coste de su puesta en marcha, y también quienes la han visto como el primer paso de una peligrosa deriva que puede llevar al copago primero y a la privatización de la sanidad después.

Es posible que el cálculo de los costes requiera de utilizar recursos humanos, pero seguramente no serán más que los que demande la labor administrativa necesaria para llevar a cabo un buen control de costes. Muchas veces con el dinero público se tiende a pensar primero que es infinito y segundo que no es de nadie. Pero como tiene los límites de la recaudación impositiva y por eso mismo es de todos, deberían ser los mismos ciudadanos, que sospechan que la factura sombra no es más que un costoso ejercicio de propaganda, quienes exigieran ese control administrativo de costes que después se traduce en una factura.

En cuanto a que se trate de un primer paso para instalar el copago, la iniciativa debería funcionar en el sentido inverso. Si los ciudadanos toman conciencia a partir de las facturas sombra de lo que les costaría la asistencia sanitaria si estuviera privatizada, por lógica deberían constituirse en una barrera infranqueable para que no hubiese retrocesos en la sanidad pública. Una especie de ‘Tea party’, pero al revés. La transparencia no sólo sirve para hacer un uso responsable de lo público, sino también para valorarlo y defenderlo.

El problema es que esa misma transparencia induce a la sospecha si es incompleta. Al mismo tiempo que se ha implantado la factura sombra, en el Hospital Costa del Sol también se ha puesto en marcha el aparcamiento de pago, negocio que lleva, al igual que la guardería y la zona comercial del centro sanitario, la concesionaria que sufraga las obras de ampliación del centro sanitario. La resistencia de la Junta de Andalucía a flexibilizar las condiciones del aparcamiento gratuito sólo se entiende en una cuestión de números y por el compromiso que puede haber asumido con esa empresa. Para que la transparencia sea completa, el acuerdo entre la Junta y la concesionaria también deberían ser de público conocimiento.