El riesgo es aburrir a fuerza de llevar más de dos semanas hablando de lo mismo, pero el conflicto abierto en el Hospital Costa del Sol tras la puesta en marcha de un aparcamiento de pago ha dado un salto cualitativo. Ha pasado de ser una mera diferencia de opiniones sobre cómo debe gestionarse un servicio público para convertirse en un paradigma de cómo funciona la lógica de confrontación en la que se mueven los partidos políticos. Y más en época de crisis.

A nadie se le escapa que estamos frente a una nueva disputa entre la Junta y el Ayuntamiento. O mejor dicho, en un nuevo escenario de la misma disputa que a fuerza de llevar años instalada ya se considera normal. En este caso, el gobierno municipal de Marbella ha encontrado terreno abonado. No sólo por lo impopular que resulta imponer un aparcamiento de pago que obliga a desembolsar 2,06 euros la hora cada vez que alguien tiene que ir al hospital, sino porque esta situación pone al Gobierno andaluz ante sus propias contradicciones. Lo que hace frente a lo que dice que se debe, y probablemente le gustaría, poder hacer.

La defensa a ultranza de una sanidad pública de calidad de la que el PSOE hace gala, contra lo que los gobiernos del PP realizan en algunas de las comunidades donde gobiernan, naufraga cuando crece la sospecha de que la ampliación de uno de los hospitales públicos de referencia en la comunidad autónoma se pagará mediante la concesión del parking, la zona comercial y la guardería. Es decir, que lo pagarán los usuarios dos veces: primero cuando presenten la declaración de Hacienda; segundo, cuando aparquen su vehículo en el hospital.

Una contradicción tan flagrante entre el discurso y la práctica política en la que la Junta y el PSOE incurren en este asunto no es algo que el PP esté dispuesto a pasar por alto. No porque vaya en contra de sus principios, como se puede ver en Valencia o en Madrid, sino porque hay agua donde pescar descontentos. Y eso se traduce en rédito electoral.

Ya lo intentó el gobierno municipal meses atrás cuando amagó con no dar la licencia de obras para la ampliación del centro sanitario porque el proyecto incluía un área comercial. En aquel momento la sangre no llegó al río porque el coste político de impedir el inicio de las obras era demasiado alto. Pero ahora, cuando la ampliación del hospital ya tiene fecha de conclusión en el horizonte y los usuarios han comenzado a sufrir en bolsillo propio el método elegido para financiar las obras, el gobierno municipal ha visto la oportunidad para seguir en el área sanitaria la contienda ya abierta en el apartado educativo.

La misma batalla

En efecto, lo del hospital es algo similar a lo que sucede con el retraso en la construcción de colegios públicos. Mientras la Junta de Andalucía acusa al Ayuntamiento de no ceder suelo para hacerlos y el gobierno municipal sostiene que sí da suelo pero la Consejería de Educación rechaza una parcela tras otra, Marbella acentúa su condición de ciudad con excelentes colegios privados y centros públicos cada día más masificados. El Ayuntamiento echa la culpa a la Junta y el Gobierno andaluz sostiene que su gran apuesta es la educación. Por uno o por otro, los colegios no se hacen. No es difícil deducir quién sufre el mayor coste político en la contienda.

En el caso del hospital, el equipo de gobierno parece haber medido los tiempos al minuto. No puso pegas cuando se presentó el proyecto, y desde la Consejería de Salud se asegura que incluso se dieron las licencias oportunas. Pero cuando los usuarios tuvieron que comenzar a pagar, desde el Ayuntamiento se lanzó toda la artillería. En la Junta pusieron cara de sorpresa. Parecen nuevos.

Esta semana ambas partes han redoblado sus apuestas. El Ayuntamiento, que había aplazado la concesión de la licencia para las obras de urbanización, decidió denegarla, lo que obliga a paralizar las obras de manera definitiva. Desde la Consejería de Salud se ha respondido con la advertencia de que esa actitud pone en riesgo la propia ampliación del hospital.

Si se trata sólo del redoble de una apuesta en esta partida en la que ambas administraciones se han empeñado, con las elecciones municipales ya en el horizonte cercano, es hora de preguntarse hasta dónde piensan llegar con los faroles. El panorama es deprimente.

Y puede serlo aún más cuando comience a hablarse en concreto del puerto de La Bajadilla, que se licitará por el sistema público-privado, eufemismo que se utiliza para evitar pronunciar la palabra privatización, que parece maldita para la cultura política que sustenta el PSOE.

Porque para la Junta parece ser más fácil desgastarse en estas batallas que reconocer que todo esto es consecuencia de lo que muchos sospechaban pero que ahora ya parecen empezar a saber: que no tienen un duro para gastarse en Marbella. Deberían decirlo de una vez.