Esta semana se ha conocido que los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular en la Costa del Sol han presentado una querella contra el consejero delegado de la empresa pública de agua de la Mancomunidad, José Bernal, por, supuestamente, gastarse el dinero de esa entidad en una campaña de promoción personal. Bernal es el aspirante del PSOE a la alcaldía de Marbella y los populares creen que está utilizando a la empresa para elevar el tono de su candidatura.

La acusación es lo suficientemente grave como para levantar un terremoto político, pero también una muestra de cómo actúan los partidos. Los populares tenían redactada la querella, al menos, desde octubre, pero han esperado a interponerla al 11 de enero, el mismo día en que el denunciado presentaba su candidatura arropado por importantes dirigentes de su partido. La denuncia es de cinco ayuntamientos, pero ha sido presentada a los medios en la sede del PP en Sevilla. Cuando la confusión de los intereses de partido y los institucionales es tan flagrante, cabe preguntarse cuál es la diferencia de fondo entre querellantes y querellados. Este despropósito, en el que se confunde institución con partido y se deja en evidencia la subordinación de todo a la estrategia electoral, más que una anécdota es un botón de muestra de cómo las patologías de los partidos se agravan a medida que se acerca una convocatoria a las urnas.

Desde que se conociera que los españoles consideran a sus políticos como uno de los más graves problemas que sufre el país, se han escuchado pocas reflexiones de los aludidos acerca de lo delicado de esta situación. Su falta de crédito ante los ciudadanos es un asunto que afecta a la base del sistema democrático, pero les tiene sin cuidado. Y sin su preocupación por su propio desprestigio, el asunto tiene difícil solución. Si su reputación no mejora, lo peor que puede pasar es que mengüe la asistencia a las urnas, lo que no afectará ni a sus coches oficiales, ni a sus sueldos, ni a sus pensiones. Solo a la calidad de la democracia. Y de ello no se perjudican los políticos, sino los ciudadanos que les pagan.

Para ellos, ser un problema no es un problema.