La decisión del Ayuntamiento de Marbella de sacar al mercado de alquiler las primeras viviendas sociales construidas en más de 15 años después de que sus adjudicatarios no pudiesen comprarlas por las restricciones impuestas por los bancos supone un fracaso colectivo.

No solo del propio Ayuntamiento, que no ha podido darle a una inversión el destino con el que fue concebida y que tenía por objetivo solucionar para varias decenas de familias el problema de la vivienda. También del conjunto de la sociedad, que ha visto una vez más cómo la falta de recursos debilita a la institución municipal y deja sus políticas a merced  del poder económico y de los bancos.

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