Desde hace poco más de un año y medio, concretamente desde que en abril de 2012 destituyó a Agapito Hermes de Dios Herrero como comisario jefe de Marbella, el Ministerio del Interior le debe a la ciudad una explicación que nunca le dio. Ahora le debe dos. O quizás más.
En abril del año pasado se supo que Herrero había hurgado donde no debía, y como resultado de esas investigaciones se llegó al ático que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, tiene en Estepona. El caso ya es suficientemente conocido, y de momento ha llevado a la jueza Mariana Peregrina a iimputar a Lourdes Cavero, mujer de González, por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. La Fiscalía, un órgano de jerarquía vertical que en éste y en otros casos que también afectan a personas relacionadas con el poder no se sabe si ejerce funciones de acusación o de defensa, ha recurrido la imputación. Pero no es ése el único asunto oscuro.
La investigación del comisario Herrero no solo dio lugar a que saliera a la luz una compleja operación de movimiento de capitales por medio mundo que el presidente de la Comunidad de Madrid no ha acertado todavía a explicar. También desencadenó la salida de Herrero de la Comisaría de Marbella. Desde las altas instancias policiales nunca se negó la estrecha conexión entre la investigación llevada adelante por Herrero y su obligado alejamiento de la Comisaría. La explicación, extraoficial, fue que esa gestión la había realizado por su propia cuenta, o por cuenta de alguien, al margen de los cauces reglamentarios. Que todo acabara en un proceso judicial que afecta a un alto cargo del partido en el gobierno a quien se le encontró una propiedad que difícilmente podía explicar con sus ingresos fue, según esta explicación, una circunstancia casual.
El caso es que el policía que realizó esa investigación tuvo que dejar la Comisaría de Marbella, marcharse a una función de segunda fila en una comisaría de barrio de Madrid y convertirse en el quinto jefe policial que abandonaba el cargo en seis años.
Un año y medio después, otro comisario, Daniel Salgado, también se ve obligado a abandonar el puesto, la ciudad confirma su condición de plaza difícil –ahora van seis comisarios en siete años– y otra vez el Ministerio del Interior opta por no dar una explicación que Marbella merece y necesita.
En esta ocasión, el Gobierno y los mandos policiales en la provincia de Málaga y en Andalucía Oriental han tenido la suerte de que la ciudad estaba inmersa en un debate de otro tipo que permitió que este episodio pasara desapercibido. Pero es un secreto a voces que desde que llegó a Marbella Salgado no gozó de la confianza de sus mandos, que su propia llegada fue indeseada por algunos de ellos y que se ha tenido que marchar porque la falta de sintonía hacía imposible la convivencia.
Al igual que sucedió con su antecesor, la marcha de Salgado estuvo precedida de rumores y filtraciones salidas de los propios pasillos policiales en los que se cuestionaba su actuación y que demostraban que no eran precisamente amigos lo que más había cosechado en una comisaría ya demasiado salpicada por episodios que distan de ser edificantes.
Y todo ello invita a preguntarse, después de estas dos experiencias, pero también de algunas anteriores, si Marbella podrá tener alguna vez un jefe policial a quien se le permita trabajar con independencia para limpiar todo lo que considere necesario.

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