Jesús Gil volvió el pasado miércoles a Marbella. No el fallecido alcalde, claro está, sino su primogénito, homónimo del protagonista principal de los años de la burbuja urbanística y el saqueo sistemático de la ciudad. Lo hizo, claro está, por una cuestión de negocios.
Jesús Gil Marín, alcalde de Estepona en la época en que el apellido y las siglas bastaban para arrasar en las urnas y tomar el control de las cajas de los ayuntamientos, regresó a Marbella para inaugurar en Puerto Banús una oficina de su inmobiliaria, Gilmar, de 160 metros y una plantilla capaz de expresarse en nueve idiomas: español, inglés, alemán, francés, italiano, árabe, ruso, polaco y persa. «Nadie se quedará sin ser atendido como debe y en su propia lengua», dijo en el acto de corte de cinta, en el que estuvo acompañado por la directora de la oficina, Setareh Mohregi, y el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Marbella, José Eduardo Díaz.
Quizás sea porque la catarsis ya está hecha, o posiblemente porque Marbella ha vuelto a demostrar su condición de ciudad donde los negocios son lo primero aunque para ello haya que tirar de amnesia, la presencia del heredero de Jesús Gil y Gil no provocó el más mínimo atisbo de reproche. Todo lo contrario. Entre el centenar largo de personas que se dio cita no se echó en falta ni a la institución municipal ni a nadie de la Marbella más influyente. Si a alguien le apetecía hacerle un feo al hijo del exalcalde se guardó las ganas.
Y eso que desde 2012, Gil Marín y sus tres hermanos están condenados por el Tribunal de Cuentas a devolverle a Marbella, en su condición de herederos de una fortuna malhabida, 63 millones de euros más sus intereses. Y que el año pasado el propio Ayuntamiento pidió, para asegurarse el cobro de esa sentencia, el embargo de las acciones de Gilmar, la misma inmobiliaria que ayer inauguró oficina con un concejal enviado a participar en el corte de cinta. Ayer no hubo nadie que recordara esta controversia, que sigue viva en los juzgados, y la representación institucional no se echó en falta. Además de Díaz, asistió el concejal de Urbanismo, Pablo Moro, y otros cargos del Ayuntamiento. Los partidos de la oposición municipal mantienen que en Marbella al gilismo le ha seguido el neogilismo. La inauguración les presentó en bandeja la foto para comenzar su campaña electoral.
Sin rastro de rubor, la plaza Antonio Banderas de Puerto Banús, donde se erige la oficina, pareció retrotraerse, entre tacones de vértigo, alguna exagerada huella del bisturí estético e indumentaria a medida que desafiaba el sol, a los años de fachada alegre que escondía los fogones donde se cocinaba un legado de penumbra. Por no faltar, no faltaron ni la viuda ni el hermano del exalcalde, Mariángeles Marín y Severiano Gil, respectivamente.
Pero lo más llamativo no era el lógico apoyo familiar, ni siquiera el institucional, sino la presencia contundente de la Marbella social y empresarial. Algunos pocos hacían lo posible para eludir las cámaras, pero la mayoría posaba sin sonrojo. Allí había empresarios del sector inmobiliario, como Ricardo Arranz, Lars Broberg, José Carlos Moreno o Antonio Bazán, el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas, Juan José González, varios miembros de la asociación DOM3; el presidente de la Asociación de Residentes Extranjeros en la Costa del Sol, Ricardo Bocanegra; el director de Marina Banús, Dan Ortuño…
Gilmar es una de las principales inmobiliarias del país. Tiene 22 delegaciones, de las que tres están en la Costa del Sol. La propia inmobiliaria se vanagloria de sus 25 años en la zona y de haber servido de puente para que personalidades del mundo del deporte, del espectáculo, de la empresa y de la realeza hayan establecido su primera o segunda residencia en Marbella y su entorno.
Su cartera de clientes, sostienen, no tiene competencia en el segmento de mayor poder adquisitivo. Lo que explica que todo esto no fuera nada personal. Sólo negocios.

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