{"id":206,"date":"2010-10-25T09:59:00","date_gmt":"2010-10-25T09:59:00","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.diariosur.es\/blogmalayo\/?p=206"},"modified":"2010-10-25T09:59:00","modified_gmt":"2010-10-25T09:59:00","slug":"quien-vigila-al-vigilante","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.diariosur.es\/blogmalayo\/2010\/10\/25\/quien-vigila-al-vigilante\/","title":{"rendered":"Qui\u00e9n vigila al vigilante"},"content":{"rendered":"

El oscuro episodio en el que se vio inmerso un grupo de investigadores privados de la Costa del Sol despu\u00e9s de realizar para un cliente un informe sobre el entorno societario de Juan Antonio Roca es la mejor muestra de que lo sucedido en Marbella no se agota en el juicio del ‘caso Malaya’.<\/p>\n

La denuncia estremece. Tras conocerse en altas instancias del Estado que los detectives hab\u00edan reunido en el ejercicio de su actividad datos sobre el entonces todopoderoso asesor de urbanismo, los autores del informe fueron detenidos, interrogados acerca de la informaci\u00f3n con la que contaban, sus viviendas y oficinas minuciosamente registradas y finalmente acusados de grav\u00edsimos delitos en causas que, una vez pasada la tormenta, fueron sobrese\u00eddas. Incluso se pincharon tel\u00e9fonos de personas que nada ten\u00edan que ver con sus actividades ante la sospecha de que tambi\u00e9n pudieran tener informaci\u00f3n.<\/div>\n
Todo sucedi\u00f3 una semana antes de que se desencadenara la ‘operaci\u00f3n Malaya’ y los afectados, que han denunciado los hechos ante la justicia, apuntan al comisario general de la Polic\u00eda Judicial, Juan Antonio Gonz\u00e1lez, como la persona que podr\u00eda haber estado detr\u00e1s de este suceso.<\/div>\n
\u00bfQui\u00e9n vigila al vigilante? Esa es la pregunta que surge apenas se conocen los datos de este inquietante episodio, y es la misma que las defensas en el juicio del ‘caso Malaya’ parecen interesadas en que sobrevuele sobre toda la causa.<\/div>\n
Pero si en el primer caso el interrogante podr\u00eda servir para avanzar en terminar de atar los cabos sueltos que a\u00fan perviven casi cinco a\u00f1os despu\u00e9s de iniciarse la investigaci\u00f3n, en el segundo la intencionalidad se dirige en el sentido contrario: que ‘Malaya’ no acabe siendo m\u00e1s que una mara\u00f1a de cabos sueltos con mucho ruido medi\u00e1tico y pocas o ninguna condena.<\/div>\n
Para ello, desde el comienzo del juicio los abogados no han hecho m\u00e1s que atacar la instrucci\u00f3n, y a medida que han avanzado las jornadas las acusaciones contra el juez instructor y contra los polic\u00edas que dirigieron la operaci\u00f3n han ido subiendo de tono. No ha faltado nada: la acusaci\u00f3n de haber presionado a los detenidos -la palabra tortura se escuch\u00f3 varias veces en el tribunal-, la insinuaci\u00f3n de que se alteraron pruebas, la utilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino ‘fascistoide’ para referirse a la instrucci\u00f3n y el argumento repetido una vez, y otra, y otra, de que las declaraciones de los concejales cuando admitieron ante el juez haber cobrado de Roca fueron obtenidas bajo presi\u00f3n. De momento s\u00f3lo se han lanzado acusaciones sin aportar pruebas. Lo mismo de lo que acusan al juez y a la polic\u00eda, pero eso s\u00ed, en este caso en el ejercicio de la defensa.<\/div>\n
No es un derecho que pueda ser cuestionado, aunque en su ejercicio se concluya que la ‘operaci\u00f3n Malaya’ no fue m\u00e1s que un gran montaje, que no hubo grabaciones en las que se comprob\u00f3 que se ama\u00f1aban los concursos p\u00fablicos, que no se encontraron sobres con fajos de 500 euros en las viviendas de los concejales, que las fincas, los yates y las jirafas disecadas eran producto del ahorro de toda una vida, que la Polic\u00eda Local cumpl\u00eda con prontitud las \u00f3rdenes de paralizar obras ilegales y que el Ayuntamiento de Marbella era un b\u00e1lsamo de legalidad, un modelo de gesti\u00f3n, un ejemplo de servicio al ciudadano hasta que unos impostores con uniforme azul irrumpieron en los despachos y comenzaron a detener concejales.<\/div>\n
Cuesta entender en qu\u00e9 condiciones un detenido pudo haber cre\u00eddo que si confesaba un delito que no hab\u00eda cometido iba a correr mejor suerte que proclamando su inocencia. Es un argumento dif\u00edcil de creer, y aunque en ning\u00fan caso debe cuestionarse que los acusados se defiendan como crean conveniente, no est\u00e1 de m\u00e1s recordar que as\u00ed como estos tienen derecho a la presunci\u00f3n de inocencia, tambi\u00e9n al juez instructor, al fiscal y a los polic\u00edas que investigaron el ‘caso Malaya’ les asiste el derecho a que no se les llame torturadores.<\/div>\n

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