Hay quien atribuye la incomprensible gesti\u00f3n de Alberto Ruiz Gallard\u00f3n al frente del Ministerio de Justicia a un descarado intento por ganarse el respeto de los sectores de su partido que siempre lo han considerado demasiado moderado como para tenerlo en cuenta para una eventual candidatura a la Presidencia del Gobierno. Quienes sostienen este argumento le encuentran esa explicaci\u00f3n al empe\u00f1o del ministro en retrotraer 30 a\u00f1os la ley que regula la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo o en\u00a0 arancelizar\u00a0 la justicia, iniciativa que hurta a las personas de escasos recursos la posibilidad de acudir a los tribunales para defender sus derechos. Pero quienes se resisten a admitir que la gesti\u00f3n de un ministro pueda estar condicionada por las claves de pol\u00edtica interna de su partido est\u00e1n simplemente desconcertados.<\/p>\n
Por ello no debe extra\u00f1ar que el presidente de la Audiencia Provincial de M\u00e1laga, Antonio Alcal\u00e1 Navarro, lo considere el peor ministro de Justicia de la historia democr\u00e1tica de Espa\u00f1a, y que su gesti\u00f3n est\u00e9 salpicada de iniciativas\u00a0 que ni tan siquiera encuentran explicaci\u00f3n en esa intenci\u00f3n de ganarse el favor de quienes siempre lo despreciaron en su propio partido. Iniciativas que solo se entienden en el principio de que cuando una cadena de desprop\u00f3sitos se despe\u00f1a por la ladera de la irracionalidad, la bola de nieve se hace cada vez m\u00e1s grande, gana velocidad y dif\u00edcilmente encuentra freno.<\/p>\n
Posiblemente el paradigma de esta carrera que parece destinada a hacer imposible el acceso a la justicia de la mayor\u00eda de la poblaci\u00f3n lo constituya el Anteproyecto de Ley de Planta y Demarcaci\u00f3n Judicial, del que este peri\u00f3dico inform\u00f3 recientemente, que contempla lo que generosamente podr\u00eda denominarse \u2018un nuevo concepto de organizaci\u00f3n\u2019, con la capital como epicentro y que lamina los once partidos judiciales repartidos por toda la provincia, Marbella incluida.<\/p>\n
Seg\u00fan este proyecto, todos los juzgados de Marbella se trasladar\u00edan a M\u00e1laga capital, donde se concentrar\u00edan en el llamado Tribunal de Instancia, que deber\u00eda dar cobertura a toda la provincia. Si este modelo prospera, todos los residentes en cualquier punto de la provincia deber\u00edan desplazarse hasta M\u00e1laga para cualquier actuaci\u00f3n judicial.<\/p>\n
Es evidente que la iniciativa ha ca\u00eddo como una bomba en Marbella, una ciudad cuyo \u00edndice de litigiosidad en relaci\u00f3n con la cantidad de vecinos censados est\u00e1 entre los m\u00e1s altos de Espa\u00f1a y en cuyos juzgados se han instruido en los a\u00f1os recientes algunos de los casos penales m\u00e1s voluminosos y resonantes no solo de la provincia sino de todo el pa\u00eds,\u00a0 como \u2018Ballena Blanca\u2019, \u2018Malaya\u2019 o \u2018Hidalgo\u2019.<\/p>\n
Quienes a\u00fan albergan cierta esperanza en que los desatinos que se originan en las altas instancias pol\u00edticas pueden frenarse desde la sociedad civil solo con la racionalidad de los argumentos se devanan los sesos para intentar hacerle entender al ministro Gallard\u00f3n de la barbaridad que est\u00e1 haciendo. Otros simplemente se toman la cabeza imaginando un futuro no muy lejano con la provincia como partido judicial \u00fanico.<\/p>\n
El Ayuntamiento de Marbella est\u00e1 elaborando un estudio que prev\u00e9 entregar a Gallard\u00f3n en el que explica lo que se supone que un ministro o sus asesores m\u00e1s cercanos ya deber\u00edan saber: Marbella es una plaza judicial singular \u2013solo basta con repasar la superpoblaci\u00f3n de abogados colegiados y el n\u00famero de despachos de primer nivel con oficina en la ciudad\u2013, con un gran volumen de litigiosidad y con dependencias judiciales que no dan abasto. Lo que necesitan Marbella,\u00a0 la octava ciudad m\u00e1s poblada de Andaluc\u00eda, y sus ciudadanos que aqu\u00ed residen y pagan religiosamente sus impuestos, no es que se lleven los juzgados, sino que traigan m\u00e1s.<\/p>\n
Lo m\u00e1s parad\u00f3jico de esta situaci\u00f3n es que el proyecto de suprimir la administraci\u00f3n de Justicia en Marbella llega cuando la ciudad se encuentra inmersa en un proyecto para crear un Palacio de Justicia. No es que la iniciativa est\u00e9 precisamente avanzada, pero constituye una de las l\u00edneas estrat\u00e9gicas del nuevo proyecto de ciudad. Por ello llama la atenci\u00f3n que el equipo de gobierno municipal, al tiempo que elabora el dossier para explicarle a Gallard\u00f3n los motivos por los que no debe suprimir el partido judicial, haya hecho esta semana junto al Colegio de Abogados de M\u00e1laga una doble petici\u00f3n: al Gobierno, que no elimine los juzgados, y a la Junta de Andaluc\u00eda, que no abandone el proyecto de construir una Ciudad de la Justicia en Marbella.<\/p>\n
Claro que si la idea de Gallard\u00f3n se materializa, el Gobierno andaluz podr\u00e1 ahorrarse esa inversi\u00f3n millonaria para la que el Ayuntamiento ya ha ofrecido suelo. Resulta inquietante que por una vez que el Gobierno central y la Junta de Andaluc\u00eda ven que sus intereses pueden confluir sea en una situaci\u00f3n que podr\u00eda convertirse en una tragedia para Marbella y sus ciudadanos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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