No existe para Marbella un emblema tan relevante como Puerto Banús. La imagen del recinto y la atracción que ejerce sobre el turismo internacional constituyen uno los principales activos de la ciudad, si no el principal, desde que José Banús lo creara en 1967. Lo que allí suceda, por lo tanto, es más que relevante, decisivo, para la suerte del conjunto de la ciudad, de sus empresas y de sus vecinos.

Por esa razón, resulta sorprendente que durante años la naturaleza privada de la concesión haya hecho que el Ayuntamiento, independientemente de los diferentes colores políticos de sus gestores desde 1979 hasta ahora, se haya desentendido de su suerte y de los problemas que allí se generaban. Podría decirse sin temor a equivocarse que el momento en el que Puerto Banús despertó mayor interés en la Plaza de los Naranjos fue en 1991, cuando el recién llegado Jesús Gil intentó utilizar una deuda que otra empresa del grupo, Banús Andalucía la Nueva SA (Bansa), tenía con el Ayuntamiento para arrebatarle la concesión. Los pinchazos telefónicos realizados en el marco de una investigación anti-mafia de la policía italiana revelarían posteriormente que la intención real del alcalde era utilizar al Ayuntamiento como puente para entregar el puerto a dos empresarios italianos de reputación cuestionada.

Más allá de este intento frustrado de latrocinio, no se puede decir que el Ayuntamiento haya metido mucho sus narices en Puerto Banús, que no deja de ser la concesionaria de un servicio público. Muchas veces fue por comodidad; muchas otras, por esa idea malentendida de cuidar la imagen que a veces se confunde con esconder la mugre debajo de la alfombra.

Esta semana, a raíz de un conflicto abierto entre la concesionaria y los propietarios de varios locales comerciales, hemos sabido hasta dónde ha llegado la abstención municipal prolongada durante 40 años. Las consecuencias son imprevisibles.

Desde hace meses existe una controversia, que ya ha llegado a los tribunales, entre casi una treintena de propietarios de locales y la concesionaria del puerto. El motivo es el alquiler que Banús les reclama por la ocupación de un espacio de terrazas que con el paso del tiempo han dejado de ser tales para pasar a formar parte, arquitectónicamente de los inmuebles. A simple vista no se aprecia qué parte de los locales pertenece a los mismos y qué parte la concesionaria considera suya.

A partir de 2017 Puerto Banús impuso un aumento del 25 por ciento en las cantidades que reclama por el alquiler de esos espacios y a comienzos de 2019 aplica incrementos en algunos casos de entre el 500 y el 700 por ciento, según los afectados han denunciado ante el Ayuntamiento.

Además, en las condiciones que a partir de este año pretende imponer para la utilización de esas superficies, figuran la prerrogativa que se arroga Puerto Banús de resolver unilateralmente el arrendamiento, la de acceder sin autorización judicial a la zona afectada para recuperar su posesión, la obligación de los comerciantes de entregar llaves de sus locales a la concesionaria del puerto, la imposición de normas estéticas, la facultad de la concesionaria a paralizar o desmantelar obras, la prohibición a los propietarios de negocios de realizar cambios en su accionariado sin consentimiento de Puerto Banús o la obligación de entregar a la concesionaria sus datos de facturación cada seis meses.

Nadie en su sano juicio podría suponer que haya empresarios dispuestos a aceptar sin más semejantes condiciones. No parece que la concesionaria busque entenderse con sus clientes, sino más bien deshacerse de ellos. ¿Para qué?

El desacuerdo se ha enquistado con el tiempo y la concesionaria ha comenzado a ejercer presiones nada sutiles, como la inutilización de las tarjetas de acceso al puerto o la instalación de bloques de hormigón frente a algunos locales. Uno podía tender a pensar que en Banús los problemas se abordan con la clase que se le supone al recinto, pero por lo visto eso es mucho suponer. Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, los afectados encargaron un informe técnico jurídico del que se deriva que el suelo que parte de sus locales ocupan y por el que Puerto Banús les cobra no pertenece a la concesión. Son viales y zonas públicas. La manera en que llegaron a esta conclusión, ante la negativa de la concesionaria a exhibir su título de propiedad, fue bastante sencilla. Compararon fotografías aéreas de 1967, cuando el puerto entró en funcionamiento, con imágenes actuales. Hace 42 años las aceras y las plazas de Puerto Banús eran bastante más anchas y los locales, bastante más angostos.

¿Ha estado la concesionaria cobrando durante cuatro décadas una tasa por la ocupación ilegítima de viales públicos? ¿Se puede considerar que existe suelo concesional más allá de la franja de 13 metros desde la línea del cantil del muelle? ¿Quién tiene competencia sobre ese suelo, cuyo alquiler sale ahora a 480 euros por metro cuadrado? Puerto Banús mantiene silencio. El Ayuntamiento y la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) de momento tampoco abren la boca.

El conflicto, como se ve, puede tener consecuencias impredecibles, pero una conclusión ya se puede sacar: no parece que por parte de la concesionaria exista una voluntad de entendimiento. ¿Por qué?

Para encontrar una respuesta debería analizarse el rumbo que tomó Puerto Banús tras el fallecimiento en febrero de 2016 del presidente de la empresa, Alberto Vidiella, sobrino y heredero de José Banús.

Hasta entonces, la gestión de la concesionaria había estado a cargo de personas vinculadas a la familia, con José Figueroa como consejero delegado, pero a partir de ese momento y una vez que la viuda de Vidiella, María Esther Hughet, quedó al frente como presidenta, el cambio fue drástico. En septiembre de 2017 asumió como consejero delegado Juan Núñez Insausti, en cuyo currículum destacaba su experiencia en la ‘transformación y adquisición de empresas de diversos sectores’, según la información suministrada en aquel momento por la propia concesionaria.

El objetivo de este movimiento era un secreto a voces. Hacía ya algún tiempo que la sociedad estaba intentado vender la concesión, aunque se había topado con un obstáculo: la incertidumbre acerca de la vigencia de la misma. José Banús obtuvo del régimen de Franco en 1968 una concesión por 99 años, por lo que caducaría en 2067. Sin embargo, en 2014 el Gobierno presidido por Mariano Rajoy dictó un decreto denominado «de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia» que estableció en 50 años el periodo máximo de las concesiones. Introdujo además una modificación del régimen y los requisitos recogidos en la regulación de las prórrogas concesionales que abrió la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria en casos determinados que podría prolongar la concesión hasta los 75 años. Ese mismo año, la Junta de Andalucía, administración competente en la materia, aprobó una norma que establece en 30 años a partir de la 1988, cuando entró en vigor la Ley de Costas, el plazo máximo para las concesiones de puertos. La posibilidad de aplicar esta norma con carácter retroactivo pasó a ser desde entonces un motivo de controversia que retraía a posibles inversores interesados en la adquisición de la concesión del puerto. Según la norma a aplicar, la concesión de Banús podía vencer en 2018, 2043 o 2067, lo que bloqueaba cualquier posibilidad de materializar una venta hasta que el tema se aclarara.

Núñez Insausti visitó el año pasado asiduamente Sevilla, y en julio los grupos parlamentarios en la Cámara Autonómica de PSOE, PP y Ciudadanos acordaron modificar la Ley de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía para dejar sin efecto la norma de los 30 años, lo que garantizaba a Banús mantener la concesión hasta 2067 y con ello materializar la venta. Sin embargo, al no haber unanimidad -ya que Podemos e Izquierda Unida no se sumaron-, la modificación no pudo ser abordada por el sistema de lectura única y fue derivada al trámite parlamentario ordinario. Previsiblemente iba a ser tratada para su aprobación antes de fin de año, pero al disolverse el Parlamento por el adelanto electoral, la propuesta quedó en nada y pendiente de ser nuevamente presentada en el periodo abierto tras las elecciones del pasado diciembre. Es decir, habrá que comenzar desde cero.

Ello supuso un importante traspié para los titulares de la concesión y un nuevo obstáculo en su objetivo de venderla.

El objetivo de la venta, pese a los contados desmentidos oficiales, es un secreto a voces. La maniobra que parece perseguir deshacerse de propietarios incómodos y aumentar el control sobre todo el recinto tiene todo el aspecto de no enmarcarse en otro objetivo que el de ajustar el precio final del producto.

La pregunta es si la caja de Pandora que ha abierto este conflicto no se acabará convirtiendo en un nuevo obstáculo que acabe perjudicando la venta.

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Nunca antes, al menos hasta donde llega la memoria, unas elecciones municipales en Marbella habían reunido tantas incógnitas a sólo dos meses de su celebración. Ni siquiera cuando la ciudad despertó de la larga pesadilla del GIL, que con sus 15 años de duración impedía contar con antecedentes que pudieran ayudar a hacer una previsión sobre lo que podría pasar con el paso de los vecinos por las urnas, la carrera electoral se presentaba con tantos enigmas como los que aparecen ahora. No solamente por la dificultad para prever cuáles serán los resultados, sino porque ni siquiera se sabe qué partidos concurrirán y con qué candidatos.

Los partidos, donde las cuestiones se suelen resolver tomando en cuenta múltiples factores, se están viendo obligados en esta ocasión a hacerlo prácticamente a ciegas y posiblemente sea eso lo que está demorando la toma de decisiones fundamentales.

Se repite que las encuestas no vieron venir el fenómeno Vox y eso aumenta las inseguridades a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, para ser más precisos habría que apuntar que las que no captaron la irrupción de la extrema derecha fueron las encuestas publicadas, ya que la ley electoral prohibe darlas a conocer a menos de una semana de la cita electoral y el apoyo al partido ultraderechista se decantó en los últimos días.

En todo caso, en los partidos existe la sensación de que se están moviendo en un terreno pantanoso y repleto de incertidumbres, y que al no tener un panorama claro se ven obligados a tomar decisiones prácticamente a ciegas.

Uno de los factores que más contribuye a esta inseguridad es que a diferencia de lo que ha sucedido hasta ahora, ya no podrá utilizarse la referencia de unas elecciones para tomar decisiones sobre las siguientes.

La previsión inicial, si no había adelanto electoral, era que las municipales se celebraran en primer lugar. Si se hubiese seguido el calendario lógico, el Partido Popular, por ejemplo podría haber tomado la decisión de que Ángeles Muñoz repitiera como candidata a senadora una vez que conociera si volvía a obtener la confianza de sus vecinos para seguir como alcaldesa. Al invertirse el orden cronológico de los comicios, esa decisión tuvo que adoptarse a ciegas. Es decir, sin contar con toda la información.

Esta falta de datos también opera como consecuencia de la superposición de unas elecciones sobre otras. Al estar separadas por menos de un mes -las generales son el 28 de abril y las municipales, el 26 de mayo- los partidos no tendrán tiempo para corregir decisiones para la segunda elección una vez conocido el resultado de la primera.

Las listas para las municipales tienen como fecha límite de presentación el 22 de abril, es decir, el lunes previo a la celebración de las generales. De esa manera, no se podrá contar con la referencia de los comicios que se celebran antes y los partidos pueden llegar a comprobar que se han equivocado cuando ya es imposible rectificar. Sobre todo, porque más allá del factor cercanía que opera en toda elección municipal no es lógico pensar que vayan a ser muchos los electores que tras optar por una sigla en las elecciones generales cambien de opción cuatro semanas más tarde.

Por ello nos encontramos ante un momento de inquietud e inseguridades.

Existe la fundada sensación de que estamos ante un cambio de ciclo político que nadie se atreve a vaticinar a dónde conduce. El tren de la crisis política que siguió a la crisis económica continúa su marcha desbocada y es imposible adivinar cuándo llegaremos y qué nos encontraremos en la estación de destino.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, porque los partidos políticos están inmersos en unos procesos de guerra interna que se han visto en la conformación de las listas para las elecciones generales, tanto en el PSOE como en el PP, pero también en Ciudadanos y en Podemos. En el caso de la formación morada posiblemente sería más ajustado hablar de una pendiente de descomposición que tiene como principal síntoma el abandono de sus cabezas más lúcidas y de la que tampoco parece adivinarse el final.

Así las cosas, es lógico que la mayor parte de los partidos no hayan encontrado tiempo para ocuparse de qué van a hacer en las elecciones municipales. Marbella no es una excepción.

Por ello, esta situación ha permitido vislumbrar cuáles son las formaciones que cuentan con autonomía y cuáles parecen funcionar más que como franquicias, como sucursales de unas organizaciones conducidas con mando a distancia. El PSOE de Marbella, ajeno o prescindente de las graves luchas internas entre su dirección federal y su dirección andaluza, hace ya semanas que ha definido la lista. Después de que el reducido núcleo de militantes sanchistas declinara presentar batalla, las elecciones primarias fueron un paseo militar para Bernal y los suyos, que llevan ya varias semanas haciendo un paciente y callado trabajo de proselitismo puerta a puerta cuya cosecha aspiran a recoger en las urnas el 26 de mayo.

En el Partido Popular la lista también se decidirá en Marbella, y más concretamente en el lugar en el que Ángeles Muñoz se encuentre cuando llegue el momento de elaborarla. Con la gestión institucional como principal aval electoral, el poder interno de la alcaldesa es absoluto, y hasta ahora no ha dado señal alguna de quiénes serán los que colocará en los primeros lugares de la candidatura. Conscientes de que compartir el espacio político de la derecha con dos formaciones que nunca han acudido a las urnas en Marbella les restará apoyos, la ansiedad por conocer qué lugar en la lista les reserva la jefa es difícilmente disimulable en algunos ediles.

También Izquierda Unida cuenta con autonomía absoluta no solamente para elaborar su candidatura, que volverá a tener a Miguel Díaz como aspirante a la Alcaldía. El libre albedrío del que dispone la agrupación local es tal que la voluntad de acudir en solitario a los comicios será respetado por los órganos provincial y autonómico de la formación de izquierdas. Díaz confía en un electorado que le ha sido fiel aún en los peores momentos y no quiere verse contaminado por la grave crisis interna que afecta a Podemos. La posibilidad de que en las municipales de Marbella haya una lista con las siglas Unidas Podemos o Adelante Andalucía es remotísima por no decir inexistente.

En Podemos, la pugna interna que desembocó en una asamblea primero denunciada por la dirección local y después anulada por la organización andaluza ha dado lugar a la creación de una gestora que tendrá la difícil tarea de armar una lista de consenso. El deterioro es tan grave que no se descarta, incluso, que el partido morado opte por no presentarse a las elecciones en Marbella.

Frente a estas situaciones, los partidos nuevos confirman su condición de meras sucursales que esperan una decisión tomada a distancia.

El caso más flagrante, pero no el único, es Ciudadanos, que está demostrando en Marbella, pero no sólo en Marbella, su naturaleza más cercana a la de una empresa con sucursales que a la de un partido político. Un caso similar es el de Vox, partido que prefiere participar por canales informales, como la formación antisistema que es, y que además carece también de una autonomía mínima. Para conocer los candidatos habrá que esperar a que alguien los nombre, según el caso, desde Madrid o desde Barcelona. Su problema es que no podrán esperar a conocer los resultados electorales del 28 de abril. Tendrán que hacerlo a ciegas.

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Si se hiciera una encuesta en la que se preguntara a los ciudadanos qué es lo que más les molesta de los políticos, posiblemente la opción más votada no sería que en muchas ocasiones crean problemas en lugar de resolverlos, que han incorporado la mentira como una parte de su normalidad cotidiana, que habitualmente dedican demasiado tiempo a planear a qué compañero le van a pegar el próximo navajazo, que suelen prometer más de lo que pueden cumplir, que cuando llegan a un cargo de relevancia demoran muy poco en aislarse en una burbuja en la que sólo habitan otros con su misma ocupación o que disponen del dinero público más con criterio de utilidad partidaria que de utilidad social. Es probable que ninguna de estas actitudes, que se puede decir que son habituales aún corriendo el riesgo de caer en una generalización injusta, sea la que más moleste al personal. Lo que realmente fastidia es que lo tomen a uno por bobo, que lo traten como si fuera menor de edad.

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Cuando en el primer tercio del siglo pasado la ciudad norteamericana de Los Ángeles descubrió en la incipiente industria del cine el eje sobre el que iba a girar y desarrollarse su prosperidad económica, el automóvil comenzaba a aparecer como el símbolo del estatus social y el paradigma de la prosperidad que ofrecía la modernidad. Una sociedad próspera iba a ser aquella en la que todos sus habitantes tuviesen capacidad adquisitiva para comprarse su propio coche, que a la vez serviría como referencia de la posición social de cada uno. La que iba a convertirse en el escaparate del modelo de sociedad donde el esfuerzo individual garantizaba la bonanza económica tenía en el vehículo privado uno de sus paradigmas esenciales.

Por ese motivo, sus gobernantes no se preocuparon en acompañar el explosivo crecimiento demográfico de la ciudad con una red de transporte público capaz de dar servicio a lo que en poco tiempo se convertiría en una de las aglomeraciones urbanas más pobladas y extensas del planeta, sino en dotarla de las suficientes autovías y autopistas sobre las que pudieran circular los cientos de miles de vehículos privados que pronto se convertirían en millones. Hoy, Los Ángeles es una ciudad con graves problemas de movilidad y de contaminación en la que vivir sin vehículo privado es sencillamente imposible y donde los vecinos pasan buena parte de sus vidas sumergidos en un atasco permanente.

A este ejemplo de pésima planificación se le suele oponer el de Nueva York, cuyos gobernantes entendieron desde el comienzo la necesidad de garantizar la movilidad de sus vecinos con una red de transporte público que con el paso del tiempo se ha convertido en una de las más eficientes del mundo.

Si nos vamos a un caso más cercano, en la geografía y en el tiempo, se podría fijar la vista en Madrid y preguntarse qué hubiese sido de esa ciudad durante los 16 días que ha durado la huelga del taxi, incluida la celebración de Fitur, de no haber contado con la excelente red de metro expandida durante las dos últimas décadas.

La movilidad es sin duda uno de los grandes desafíos que las aglomeraciones urbanas tendrán que afrontar en un futuro no muy lejano y eso es algo que afecta no solamente a las grandes megaciudades, sino también a las de tamaño medio y pequeño. En Málaga y en Sevilla lo han visto con claridad desde hace tiempo y ambas llevan años peleando primero por la implantación del metro y después debatiendo los ejes de su expansión. Málaga, por ejemplo, no debate hoy si tendrá una nueva línea de metro, sino cuál será la próxima y si deberá ir bajo tierra o por superficie.

En Marbella, con esa tendencia tan nociva como asentada en la ciudad que parece invitar a creer que hagamos lo que hagamos estamos condenados al éxito, la movilidad es uno de los debates esenciales crónicamente postergados. A veces entretenida en discusiones absurdas y otras en proyectos que nunca llegan, entre los que la conexión ferroviaria con Málaga es uno de ellos, la ciudad parece no advertir que, salvando las distancias de dimensiones pero no de concepto, Marbella se encuentra en una situación muy parecida a la de Los Ángeles. No por una planificación equivocada cuando el turismo cambió para siempre a esta ciudad, sino por una falta total de planificación. Vivir aquí sin coche es imposible, el aparcamiento es una de las grandes losas que pesan sobre la vida cotidiana de los vecinos y también sobre su tejido comercial y los puntos negros de atasco han dejado de ser un problema fijado en agosto para dibujar un paisaje de todos los meses del año.

No es en absoluto una casualidad que todos los grandes proyectos que la ciudad ha visto cómo se frustraban en los últimos años hayan encontrado en la movilidad y en el aparcamiento una de sus principales losas. El proyecto de ampliación del puerto presentado por el jeque comenzó a enlodarse cuando la adjudicataria reclamó, sin conseguirlo, que se le aprobara una modificación sobre el plan original que incluía, sobre todo, más aparcamientos. En aquel momento la Junta valoró que los viales de acceso al recinto no serían capaces de absorber ese volumen de tráfico. La ampliación del hospital, como se sabe, también se empantanó por un desacuerdo relacionado con el aparcamiento.

Hubo, también, un proyecto del que ya casi no se habla que podría haber cambiado en un sentido positivo la configuración de la ciudad y su desarrollo comercial: la peatonalización de Ricardo Soriano. No se pudo acometer al concluirse de que no existían vías alternativas capaces de absorber todo el tráfico de vehículos.

Quien crea que la situación del tráfico y la movilidad en Marbella es una simple cuestión de comodidad y no un corsé que atenaza seriamente a su desarrollo futuro está errando el tiro.

Marbella lleva más de dos décadas reclamando sin más fortuna que ser objeto de una permanente tomadura de pelo la conexión ferroviaria con Málaga. Es sin duda una cuestión esencial. Pero no menos que la necesidad a la que se enfrenta de resolver el problema de movilidad interna de sus vecinos y de sus visitantes. De quien vive en la Divina Pastora y trabaja en Guadalmina, de quien vive en San Pedro y tiene que ir al hospital, del turista que se aloja en Las Chapas y quiere ir de compras al casco antiguo o a divertirse a Puerto Banús.

Poner la cuestión de la movilidad en el centro del debate, como ha conseguido la propuesta municipal de gratuidad en el transporte público o el anuncio de crear miles de aparcamientos, es sin duda un acierto. Pero la resolución de este gran problema requiere de proyectos de calado. Ofrecer que los empadronados puedan viajar sin tener que pagar en las mismas líneas de autobuses que ya existen, dotadas además de la misma cantidad de vehículos, no lo es.

Supone, debe reconocerse, un paso adelante, pero no se trata de ofrecer que lo que ya existe sea gratis, sino de mejorar la oferta de transporte público para que se convierta realmente en una opción que invite a dejar el coche en casa y no en el último recurso de quienes no tienen otra opción.

Es necesaria más ambición y si reclamar el tren hasta Málaga durante 20 años ha conseguido un resultado igual a cero, posiblemente haya que comenzar a exigir otro tipo de actuaciones más viables, sin duda igual de necesarias, que pueden transformar igualmente la vida en la ciudad y que el Ayuntamiento no puede afrontar con sus recursos propios.

Uno de los grandes problemas que presenta la movilidad en Marbella es su propia configuración, alargada de Este a Oeste, con sólo dos vías de comunicación en ese eje -una de ellas de pago en la mayor parte de su trazado- y urbanizaciones con una única vía de salida que configuran una estructura de peine. Esta estructura ha servido históricamente como fundamento en la argumentación de quienes sostienen que se puede hacer poco para mejorar la situación de la movilidad. Sin embargo, el problema debería afrontarse de manera inversa: partir de esa realidad adversa para transformarla. ¿Cuál, si no ése, debería ser el objetivo de la política?

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El tradicional almuerzo mensual de socios del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Marbella de este mes tuvo una connotación especial. Habitualmente se elige un establecimiento, que nunca se repite, y un ponente que ofrece un conferencia seguida de un turno de preguntas. Por allí han pasado empresarios, políticos y personalidades de los ámbitos más variados. El CIT suele sorprender cada mes con sus invitados y el almuerzo se convierte en una cita obligada para buena parte de lo que en términos antiguos podría llamarse fuerzas vivas de Marbella.

Para el primer encuentro de este año, los responsables del CIT optaron por un formato especial. Se decidió que se hiciera en Lobito de Mar, uno de los restaurantes de Dani García, y que el ponente fuese el propio cocinero, que en lugar de preparar una conferencia se sometió directamente a las preguntas de los asistentes.

La selección del invitado no pudo ser más oportuna. Buena parte de Marbella se encuentra todavía en estado de shock por la decisión del chef de dar un giro a su carrera que implica cerrar el restaurante gastronómico, el que ostenta las tres estrellas Michelin, y convertirlo en un asador de carnes. La decisión implicará la pérdida de las tres estrellas, por lo que Marbella se quedará de un día para otro con la mitad de los galardones que la habían convertido en la ciudad andaluza referencia de la alta gastronomía. Se puede preferir no asumirlo, mirar hacia otro lado o usar algún tipo de eufemismo, pero a las cosas es mejor llamarlas por su nombre. La decisión es gravemente perjudicial para Marbella.

El propio Dani García lo dijo el pasado martes en Madrid fusión, cuando respondió a una pregunta del director del evento, José Carlos Capel. «¿Tú, que eres un enamorado de tu tierra, no sientes que le haces una traición al dejarla sin un tres estrellas?». El cocinero respondió: «Sí, pero es una cuestión de vida, de mi vida. Para mí habría varias cosas por las que no tenía totalmente clara la decisión. Una era mi equipo, otra era mi familia y la tercera era mi ciudad. Darle tres estrellas a Marbella y quitárselas era algo que me dolía, pero al final eres tú, es tu vida, y no te vas a sacrificar por nada ni por nadie. No es una cuestión de egoísmo. Yo quería la felicidad, y me daba pena hacerlo por Marbella, pero también le he dado mucho».

Transcribir la respuesta completa es en este caso la única manera de que no se pierda ningún matiz. Pero si se lee con atención, la respuesta, sincera, del cocinero comienza por un sí. Las aclaraciones vienen después.

Es evidente que Dani García tiene todo el derecho del mundo, faltaría más, de hacer con su vida, y con su carrera profesional, lo que mejor le parezca. Hasta ahí podíamos llegar. Pero ello no debe ser obstáculo para que desde la propia ciudad, desde sus instituciones, desde su sector empresarial y desde todo aquel interesado por lo que aquí sucede, se asuma que estamos ante una gran pérdida cuyas consecuencias hay que comenzar a valorar. Pasar sin anestesia ni transición de seis a tres estrellas Michelin quita a la ciudad una de sus principales referencias en el sector gastronómico y permite que se pueda poner en duda su hasta ahora incuestionable liderazgo en un sector que es estratégico para combatir la estacionalidad, el más importante desafío a su economía. No es poca cosa.

El encuentro de Dani García con los empresarios del pasado jueves ofrecía la oportunidad de que los más preocupados por esta decisión plantearan no un cuestionamiento, ya que cada uno es dueño y responsable de sus actos, pero sí al menos una exposición de las consecuencias que el rumbo tomado por el cocinero puede tener y tendrá en un futuro inmediato. No para que lo revisara, pero sí para dejar constancia de lo que supone para Marbella. Si a Dani García se lo llenó de elogios y reconocimientos cuando su éxito profesional y su apuesta por su ciudad beneficiaron a Marbella, era lógico que ahora se le hiciera saber que hay quienes pueden tener una sensación de decepción e incluso de orfandad por el giro que ha dado a su carrera.

Sin embargo, Dani García es uno de esos personajes para quienes el prestigio ganado y su forma de ser actúan como una coraza frente a desaciertos y fracasos. Si lo hace bien y triunfa, se lo aplaude. Si no lo hace tan bien y tiene un traspié, se lo aplaude también. Si se equivoca y fracasa, como le pasa alguna vez a todo el que tiene inquietudes y emprende, se corre un velo tupido.

El jueves era la oportunidad para que quienes comentan en privado la preocupación que su decisión ha despertado en la ciudad se lo hicieran saber. Los empresarios, sin embargo, optaron por el elogio fácil. Después de todo, estaban en su casa. Tan fácil se lo pusieron que el propio cocinero, que seguramente había llegado con las respuestas preparadas ante intervenciones punzantes, se sorprendiera por la ausencia de preguntas. Posiblemente en un tiempo algunos de los asistentes entiendan que perdieron una oportunidad. Las cosas pueden decirse sin con ello renunciar a la cortesía.

Y no es que Dani García no haya sido claro. En su breve exposición ante el centenar de asistentes a la comida, el cocinero explicó el fundamento central de su decisión. Su restaurante gastronómico depende de su presencia física en Marbella. Pese a que genera sólo el 10 por ciento de los beneficios de su empresa, aseguró, le requiere el 90 por ciento del tiempo. Quiere hacer otras cosas y eso supone no estar aquí. «Lo más inteligente -dijo- es vivir en Marbella y tener negocios en todo el mundo». Es precisamente eso lo que va a hacer. Dani García es un tipo inteligente. Por eso sabrá entender que los aplausos que ganó por su apuesta diaria de vivir y también trabajar Marbella, en el futuro ya no suenen tan estruendosos.

La ciudad debe asumir que su gastronomía ya no podrá contar con este campeón del marketing y los fogones. Es una pérdida sensible, pero en ningún caso Marbella queda desamparada. La mejor prueba es que en la misma edición de Madrid Fusión a la que Dani García acudió ya sin su traje de cocinero, el premio al Cocinero Revelación, el más importante que otorga el evento, recayó en otro marbellero, Fernando Alcalá.

Si el suyo fuese un caso aislado, el galardón revestiría más la condición de anécdota que de categoría, pero Alcalá es seguramente un representante brillante de una generación que está abriendo paso en un mercado dificilísimo que, como él dijo, requiere de paciencia y dedicación. Ojalá que quienes han decidido dedicarse a ese mundo escuchen lo que declaró a este periódico tan solo un día después de recibir el premio. «El ego -dijo- hay que saberlo manejar, el personaje no se tiene que comer al cocinero».

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Madrid, martes 22 de enero, ocho y media de la noche. Víspera de una nueva edición de Fitur marcada este año por la incertidumbre creada por la huelga, o cierre patronal, de taxis. En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el Ayuntamiento de Marbella celebra su gala de presentación en un marco impresionante que resulta desbordado por más de 250 invitados. Todo un éxito. A dos kilómetros de allí, en Platea Madrid, también en el centro de la capital, el Ayuntamiento de Málaga celebra el suyo. Otro éxito. Muchos de los asistentes han sido invitados a los dos eventos. Se ven obligados a elegir. Uno u otro.

Madrid, miércoles 23 de enero. Ocho de la tarde. Turismo y Planificación Costa del Sol realiza su acto en el Palacio Duques de Pastrana, en el Paseo de La Habana. Más de 200 invitados asisten para ver una presentación audiovisual sobre la variada oferta turística de la provincia. Hay imágenes de Málaga, del Caminito del Rey y de la oferta del interior, pero la mayor parte de los planos ofrecen planos de Marbella, de sus playas, de su casco antiguo, de sus hoteles, de Puerto Banús. No asiste ningún representante del Ayuntamiento de Marbella.

Hace tiempo, los empresarios de Marbella aglutinados en el Centro de Iniciativas Turísticas y respaldados por la CEM y por la CEA acuñaron la idea de promover el eje Málaga-Marbella con la convicción de que la acción coordinada de las dos principales ciudades de la provincia sería beneficiosa no solamente para el turismo y no solamente para ellas, sino para el conjunto de la provincia y de toda su actividad económica. Sin embargo, esa iniciativa parece haber quedado reducida a la reivindicación del tren, con los resultados conocidos. Ni siquiera en el reclamo de esa infraestructura las ciudades han mostrado la menor intención de coordinarse.

En el mundo del turismo también marchan cada una por su lado, y más allá de la labor que realiza Turismo y Planificación Costa del Sol, desde hace un tiempo con nuevo nombre, las dos ciudades parece preferir actuar como si la otra no existiera en lugar de aprovechar la oportunidad que supone ser emblemas -una con una tradición de casi medio siglo, la otra gracias a la meritoria metamorfosis protagonizada durante la última década- de dos ofertas con tan escasos puntos en común que las convierten en extraordinariamente complementarias.

La presencia de Marbella en Fitur ha superado este año a la del ejercicio anterior gracias a un saludable ejercicio de audacia. La gala celebrada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando optó por un espectáculo innovador y sorprendente en el que se representaron las cuatro estaciones y con el que se pretendió transmitir la condición de destino turístico para todo el año. La audacia del montaje también parecía pretender desterrar la imagen de una Marbella casposa y setentera que solamente cultivan quienes buscan sus únicas referencias de la ciudad en los programas de la televisión basura. Sólo se echó en falta que se recurriera a alguna presentación audiovisual para que la actividad resultase completa y más efectiva.

El formato con el que Marbella se volvió a presentar este año en Fitur es el que se inauguró en la edición de 2016, la primera después de que el gobierno tripartito asumiera el poder municipal y decidiera que la ciudad volviera a tener presencia propia y destacada en la feria: una gala en la víspera de la inauguración y un expositor propio.

La experiencia acumulada a lo largo de esas cuatro ediciones ha permitido corregir errores y mejorar sustancialmente algunos aspectos, desde el formato de la gala hasta el diseño del expositor, situado desde entonces y hasta ahora en un pasillo lateral junto al pabellón de Andalucía.

El concepto, sin embargo, sigue siendo el mismo, al igual que el lema ‘Marbella, destino cinco estrellas’, inaugurado en aquella edición de 2016 que ya parece tan lejana. Que exista continuidad en el área estratégica del turismo, aún en cuestiones que, como ese eslogan, no convencían del todo al nuevo equipo, es sin duda una buena noticia. Seguir con la labor del otro aunque haya cambio de gobierno demuestra una madurez institucional que muchas veces se reclama sin éxito. Cuando haya que cambiar que sea porque se ha dado con una fórmula mejor y no porque esta fórmula la puso en marcha el adversario.

Hay, en ese sentido, algunas cuestiones que sería oportuno que fueran revisadas, y una de ellas es el público al que se dirigen las actividades que se montan en Fitur.

No es, desde luego, una situación que afecte solamente a Marbella. Basta con recorrer los diferentes pabellones de la feria para comprobar las notables diferencias entre los montajes de los gobiernos regionales y los municipales por un lado y los de empresas, nacionales o extranjeras, y de los países que llegan a Fitur buscando un hueco en el mercado turístico español, por el otro. Mientras en estos últimos abundan las mesas de trabajo, en los primeros se ven sobre todo políticos y periodistas. Ya se ha contado en numerosas ocasiones. El cuadro más repetido es el de alcaldes de los lugares más diversos ofreciendo una rueda de prensa en la que explican los atractivos turísticos de su pueblo a un auditorio compuesto únicamente por el corresponsal de la televisión municipal de su ayuntamiento desplazado hasta Madrid.

No caer en la dinámica de una feria que en muchas ocasiones parece montada más para consumo interno que otra cosa debe ser indudablemente difícil. Basta con acercarse a cualquiera de las actividades promocionales que se organizan para comprobar que a la mayor parte de los asistentes uno se la podría encontrar en cualquier evento social que se desarrolle en Marbella y en la Costa del Sol.

De ahí la necesidad de aguzar el ingenio de cara a futuras ediciones para intentar romper ese círculo endogámico y aprovechar aún mejor la oportunidad que ofrecen la feria y los recursos que allí se invierten. Fitur es una cita en la que todo el mundo compite por una espacio, aunque sea mínimo, de repercusión. Ahí están todos los destinos turísticos e incluso algunos que aspiran a serlo y aún no lo hay conseguido. Trascender y sobresalir supone una tarea harto difícil. Sólo unos pocos pueden aspirar a hacerlo y Marbella está entre ellos.

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Es posible que en el futuro cuando se hable de la Ley de Murphy -aquella que dice que cuando algo puede salir mal sale mal- no se la mencione por su nombre actual, sino por uno nuevo, la ley del Brexit. Este proceso no solamente ha estado maldito desde su origen, sino que también cada vez que se enfrentó a una situación en la que el rumbo de los acontecimientos podía cambiar, lo ha hecho a peor. Donde no había nada se generó un pequeño problema y después el problema fue creciendo hasta convertirse en mayúsculo. Es posible que todavía no hayamos visto lo peor.

Seguramente, para algunas zonas de España éste sea considerado un asunto de política exterior, todo lo exterior que puede ser un problema que afectará de lleno y cambiará sustancialmente la conformación de la Unión Europea y la relación entre España y su principal mercado turístico. Pero por si ello no fuese ya suficientemente importante, para la Costa del Sol, y esencialmente para Marbella, se trata de un asunto radicalmente doméstico. Podríamos decir, apenas con una pizca de exageración, casi municipal. Cuando en junio de 2016 se convocó el referéndum del Brexit había registrados, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, 3.932 vecinos británicos en Marbella; 10.317 en Mijas; 5.554 en Estepona; 2.421 en Manilva; 2.040 en Benahavís. Al día de hoy, las cifras se han reducido drásticamente: hay 3.350 en Marbella; 7.151 en Mijas; 3.453 en Estepona; 2.057 en Manilva; 1.844 en Benahavís.

Posiblemente atribuir todo este descenso al Brexit sea un razonamiento parcial. La población británica que se instaló en la Costa del Sol cuando las pensiones que se cobraban en libras se convertían en un gran negocio al traducirlas a pesetas se ha reducido por simples razones vegetativas. Es una tendencia que inexorablemente seguirá. Sin embargo, no hay que descartar, ni mucho menos, que el Brexit sea el principal motivo de esta pendiente demográfica.

La incertidumbre es a veces peor que una mala noticia, y con el Brexit lo que ha habido es, sobre todo, incertidumbre. Los residentes británicos no saben qué va a pasar con sus pensiones, con la atención sanitaria, con los impuestos que pagan, con sus derechos políticos o con su derecho a trabajar en España. Cuando se celebró el referéndum, todas estas cuestiones se resolvían con una sola respuesta: «según lo que establezca el acuerdo de salida». Resulta bastante significativo que los británicos hayan sido convocados a las urnas con ese grado de incertidumbre sobre cuestiones tan sustanciales que afectaban a un buen número de compatriotas más allá de sus fronteras. Mucho más significativo es que casi tres años después ninguna de esas dudas se haya resuelto.

Aún hoy, los que viven regularmente en España, que no pudieron votar en la consulta, y los que lo hacen informalmente -hay una gran cantidad de población británica no registrada oficialmente que pasa seis meses en cada país aunque formalmente sigue siendo residente en el Reino Unido- no saben si podrán seguir haciéndolo. Cuando se les dice que posiblemente no, no terminan de creérselo. Los primeros lo tendrán probablemente algo más fácil, pero los que hasta ahora no han elegido entre España y el Reino Unido sencillamente porque no tenían por qué hacerlo, se verán obligados a tomar una decisión determinante para su futuro. Ya no será posible estar seis meses en un sitio y seis en otro. Quienes no obtengan el permiso de residencia en España pasarán a ser ilegales cuando su estancia supere los tres meses. Resulta asombroso comprobar que muchas de las personas en esta situación han votado por sacar a su país de Europa convencidas, inexplicablemente, de que nada malo puede pasarles con un pasaporte británico en la mano.

No son pocos los preconceptos que llevaron a muchos británicos a votar que sí en aquella convocatoria porque ya habían estado rondando la conciencia colectiva del Reino Unido durante mucho tiempo. Algunos de estos estereotipos, como esa idea absurda de que no es el Reino Unido el que necesita a Europa sino Europa al Reino Unido, son consecuencia de esa resistencia a asumir que el Imperio Británico forma parte de un mundo que hace mucho tiempo dejó de existir, concretamente con el orden nacido del fin de la Segunda Guerra Mundial. Que se siga conduciendo por la izquierda, que los enchufes necesiten adaptador y que se desprecie el sistema métrico no quiere decir que el resto del mundo no haya cambiado.

Pero no fue solamente ese desmesurado concepto de sí mismos el que llevó a una mayoría de británicos a hacerse el harakiri en aquel referéndum, sino las mentiras y las noticias falsas que basadas en esos prejuicios alimentaron el voto por la ruptura. Se dijo que la salida de Europa iba a permitir a los británicos frenar la inmigración. Se dijo que su economía no solamente no se resentiría sino que saldría favorecida, como si la prosperidad actual tuviese un origen diferente a la capacidad de atraer capitales y vender productos financieros basada precisamente en la pertenencia a Europa. Se dijo que el Reino Unido envía cada semana 350 millones de libras a sus socios europeos que podrían destinarse a mejorar la sanidad pública. Se dijo que la integridad territorial y las relaciones con Irlanda no sufrirían cambios ni saldrían perjudicadas, que no habría problemas en la siempre traumática frontera del Úlster.

Todas mentiras. Mentiras, es verdad, basadas en una idea preexistente y equivocada no acerca del peso del Reino Unido en el mundo, sino de las razones que le han permitido hasta ahora mantener ese peso pese a la pérdida del Imperio.

Hace tiempo que sabemos que lejos de estar mejor informados, la proliferación de mentiras en las redes hace que estemos entretenidos, muchas veces no buscando conocer la verdad sino aquellas noticias, falsas o verdaderas, que mejor encajan en nuestra visión del mundo. El buen periodismo está acorralado por la propaganda ideológica.

Por ello, la gran pregunta a la que deberíamos responder no es por qué los británicos votaron mayoritariamente en contra de sus intereses, sino cómo el país con uno de los sistemas democráticos más antiguos y asentados del mundo llegó por decisión propia a correr ese riesgo y a crearse a sí mismo ese gigantesco problema.

Hay palabras que deberían dejar de utilizarse porque su mal uso, muchas veces para describir al mismo tiempo un concepto y su contrario, les ha hurtado cualquier significado que pudieran tener. Populismo es una de ellas.

Por eso, y sólo por eso, tampoco es oportuno utilizarla para describir el origen de este desastre. Un proceso que se inició cuando un partido racista y antisistema como el UKIP empezó a agitar a la opinión pública con un discurso antieuropeo con el único objetivo de ganar un espacio en el difícil mapa político británico, y que continuó cuando el Partido Conservador se mimetizó con ese discurso por temor a perder a su electorado más escorado, lo que lo llevó hasta un callejón sin salida en el que no encontró más escapatoria que convocar un referéndum. Una vez que los partidos tradicionales permitieron que los ultras les impusieran su agenda, la catástrofe estaba servida.

Hoy, el líder del UKIP, Nigel Farage, ha abandonado el partido, al que considera demasiado ultra incluso para él, y el primer ministro que convocó la consulta, David Cameron, se ha ido de la política. Sus conciudadanos, sin embargo, siguen sumergidos en el lío en el que ellos, irresponsablemente, los metieron. Posiblemente algo se pueda aprender de todo esto.

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Ha llegado la hora de la verdad. Si las cosas no se tuercen, algo que nunca debe descartarse cuando se trata de asuntos burocráticos, antes de que termine enero se licitará la redacción del Plan General de Ordenación Urbana. Para abril o mayo, justo antes de las elecciones municipales, se habrá adjudicado y antes de fin de año tendrá que haber un avance. El largo y oscuro túnel en el que entró hace ya muchos años el urbanismo de la ciudad empieza a vislumbrar una tímida luz.

Urbanismo ha sido durante mucho tiempo una palabra maldita en Marbella. Había motivos de sobra para ello. El control arbitrario del planeamiento con fines espurios fue el vehículo para el enriquecimiento de una persona que afortunadamente ha pagado por ello y de una familia que se ha ido de rositas. También del saqueo de los principales recursos de la ciudad. Posiblemente vaya siendo hora de que la palabra maldita deje de serlo y para ello no hay otro camino que la transparencia y la implicación. Transparencia desde las instituciones, especialmente el Ayuntamiento, e implicación desde los vecinos y colectivos ciudadanos.

La planificación urbanística reviste una doble importancia en Marbella. Por un lado, como en todas las ciudades del mundo, decide el uso del espacio y por lo tanto influye decisivamente en la vida de las personas. Pero en el caso de Marbella supone, además, un elemento fundamental en su desarrollo económico, habida cuenta de la ausencia de cualquier atisbo de diversificación más allá del turismo, el comercio y el desarrollo residencial. No hay inversión de cierto peso en la ciudad que no dependa de la planificación urbanística.

Conseguir el equilibrio entre la calidad de vida de los vecinos, las oportunidades de negocio que pueda ofrecer la ciudad y la necesidad de que se mantengan los estándares medioambientales que hacen de Marbella un destino singular es posiblemente el mayor desafío que tendrán que afrontar quienes asuman la responsabilidad de redactar el nuevo Plan General.

Durante demasiado tiempo, algunas estrategias políticas han focalizado toda la controversia urbanística de la ciudad en la estéril polémica de las lindes entre Marbella y Benahavís. Un asunto cuya resolución no estaba en la órbita competencial del Ayuntamiento y que sin embargo ha obstaculizado cualquier posibilidad de que los temas realmente trascendentes se situaran en el primer plano de la agenda pública. Durante demasiado tiempo fue como si la línea que separa ambos municipios en una zona donde apenas viven una decena de familias, aunque una de esas familias fuese la de la alcaldesa, tuviera más trascendencia para los vecinos de la ciudad que el futuro de las 18.000 viviendas ilegales, la falta de suelo donde situar servicios públicos esenciales, la movilidad o el vaciamiento comercial del centro de Marbella.

Todos estos problemas son los que deberá abordar ahora el nuevo Plan General y será interesante ver cómo hacen para trasladar sus propuestas sobre estos asuntos quienes durante años se han esforzado en convencer al personal de que todos los problemas de la ciudad se reducían al trazado de una linde.

El mayor problema, aunque apenas se lo mencione como si ignorarlo lo fuese a hacer desaparecer por arte de magia, son los 18.000 inmuebles irregulares construidos durante el gilismo. El informe realizado por los expertos a quienes el anterior equipo de gobierno encargó un estudio sobre la situación generada por la anulación del PGOU de 2010 señaló un camino para resolver ese problema, pero advirtió también de que se trata de un asunto de una gran complejidad que requerirá de esfuerzo y también de que se destinen recursos humanos y económicos. Los problemas no se resuelven solos.

La falta de suelo para equipamientos también es un problema que el Plan General tendrá que afrontar. Se trata de un asunto que afecta a todas las zonas del término municipal, aunque el desequilibrio es más pronunciado en algunos distritos que en otros. Que el instituto necesario en Trapiche Norte vaya a ser construido en la zona del hospital es una buena muestra de esta situación que el nuevo PGOU también deberá afrontar.

Si hay un asunto que sin duda causará grandes dolores de cabeza en los próximos años es el de la movilidad. La Costa del Sol Occidental es una de las subregiones del mundo donde menos se utiliza el transporte público. Algunas zonas de Marbella, como la A-7 a la altura de Puerto Banús, se colapsaban antiguamente en los meses de verano. El colapso, ahora, también se padece en primavera, en otoño, en Semana Santa, en casi todos los puentes y cada mediodía.

La ciudad ha estado distraída durante muchos años en la reivindicación no atendida de su conexión ferroviaria con Málaga, con su aeropuerto y con su estación de tren. Este reclamo, justo y lógico, no debería hacer olvidar que Marbella y su entorno sufren otra carencia igual o más importante de movilidad interna. Mientras Málaga capital debate si su nueva línea de metro debe ser subterránea o en superficie, Marbella debería comenzar a plantear la necesidad de algún medio público de transporte rápido y eficaz que una la ciudad en el eje Este-Oeste antes de que el colapso del tráfico haga de ésta una ciudad imposible de vivir para sus vecinos e imposible de disfrutar para sus turistas.

Estrechamente ligada a la movilidad, hay otra cuestión estratégica que la redacción del PGOU dará la oportunidad de debatir. Marbella no puede quedarse al margen de la tendencia universal que aconseja la peatonalización de los centros urbanos como fórmula indispensable para su fortalecimiento comercial. La ciudad padece de un desequilibrio que concentra la mayor parte de su actividad comercial en las grandes superficies y amenaza con convertir en un desierto los cascos históricos. Este problema también debería ser abordado en su faceta de planeamiento.

Durante el periodo en el que el anterior PGOU estuvo vigente, el necesario traslado del polígono de La Ermita a otra localización para permitir el desarrollo de la zona Este del casco urbano, con el puerto de La Bajadilla como gran reclamo, pareció ponerse en marcha, pero finalmente se frustró. Esa misma actuación, o una similar, también deberá quedar recogida en el documento urbanístico al igual que la ampliación de Puerto Banús, también necesaria.

El comienzo del proceso para la redacción del PGOU será, en suma, uno de los momentos de gran trascendencia del año que comienza. Estaría bien que en esta ocasión la agenda y el debate político coincidiera con las necesidades reales de la ciudad.

Las incógnitas de 2019

El que comienza es un año electoral en el que se resolverán varias incógnitas.

¿Se verá al fin un nuevo comportamiento de la Junta de Andalucía hacia Marbella que pueda traducirse en resultados concretos?

¿En qué medida se traducirá el nuevo mapa político nacional y autonómico a las elecciones municipales?

¿Será capaz el PP de contener la sangría de votos hacia Ciudadanos y Vox que sufrió en las elecciones autonómicas?

¿Se verá Ciudadanos obligado a pactar con el PP en todos los municipios tras el probable acuerdo en la Junta o se inclinará a hacerlo con el PSOE para dar una imagen de moderación y no verse arrastrado por el fenómeno Vox?

¿Quién será el candidato de Ciudadanos? ¿Y el de Vox?

¿Repetirán Podemos e Izquierda Unida a nivel municipal la confluencia o el magro resultados de las andaluzas las impulsará a presentarse por separado?

¿Cuál será el comportamiento de los votantes de OSP tras los vaivenes de los últimos años?

La solución a todas estas preguntas, en apenas unos meses.

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Los grupos políticos municipales podrían habernos ahorrado el espectáculo de fariseísmo de esta semana. Ha resultado muy poco edificante todo lo que ha seguido a la noticia publicada acerca del expediente abierto en el Ayuntamiento para ceder suelo público, con clasificación de uso educativo en su mayor parte, a la confesión religiosa Testigos Cristianos de Jehová. Les hubiese resultado muy sencillo ser coherentes con lo que han venido haciendo durante los dos últimos años y articular un discurso acorde a esos hechos. Tenían argumentos: los Testigos de Jehová no son una organización ilegal, no pesa sobre ellos condena judicial alguna que se sepa, sus actividades no están prohibidas ni perseguidas por la ley, cuentan con varios cientos de miembros activos en Marbella y en algunas ocasiones el Palacio de Congresos se les ha quedado pequeño. Piden algo que el Ayuntamiento puede darles sin infringir la ley y el solar donde pretenden construir un templo no reúne las dimensiones para levantar un colegio o un instituto. Cualquiera de estos argumentos, ninguno de ellos falaz, podría haber sido utilizado para defender una iniciativa que nació con el gobierno tripartito y que continuó tras la moción de censura. Si nadie tuvo nada en contra cuando el expediente avanzaba bajo la más absoluta discreción, por qué tenerlo ahora cuando ha salido a la luz pública. Posiblemente, precisamente por eso, porque salió a la luz pública y desnudó contradicciones firmes y principios endebles.

Un simple cálculo basado en la intuición habrá llevado a suponer, con toda razón, que por el mismo agujero por donde podían entrar 500 o mil votos mediante una gestión realizada sin publicidad se podían escapar muchísimos más en cuanto esa misma gestión fuese conocida por los vecinos. Ceder suelo educativo en una zona que clama por infraestructuras públicas y donde las guarderías son uno de los equipamientos más demandados es una iniciativa que puede no ser entendida por la mayoría. Contentar a los Testigos de Jehová y enfadar a las Ampas no parece ser un negocio muy rentable, y así como hago una cosa le puedo decir la otra, oiga.

El equipo de gobierno, por boca de su portavoz, Félix Romero, optó por lo primero. Situó el desarrollo del expediente en fase administrativa y aseguró que la decisión política vendrá después, a la hora de resolverse las alegaciones si es que éstas se presentan. Según este razonamiento, ciertamente ingenioso aunque algo exótico, las decisiones políticas sólo se toman en el Ayuntamiento a la hora de resolver alegaciones. Si no hay alegaciones, el Ayuntamiento es una mera maquinaria administrativa donde da igual si gobierna el Club de Fans de Margaret Tatcher o la Organización Comunista Revolucionaria Poder Obrero. Si así fuera, ¿para qué molestar a los ciudadanos llamándolos a las urnas un domingo de primavera cada cuatro años? ¿Los principios y convicciones sólo se sostienen mediante la resolución de alegaciones?

Siguiendo esta idea del Ayuntamiento como mera institución burocrática sin contenido político, es lógico que durante dos años y mientras se desarrolló un expediente que atravesó 16 fases y pasó por tres delegaciones diferentes, al frente de las cuales ha habido en todo este tiempo tres partidos políticos distintos, nadie haya reparado en que el suelo público con calificación educativa, en una ciudad con una carencia dramática de guarderías, de bibliotecas y de equipamientos donde desarrollar actividades docentes, no debería estar disponible para construir templos religiosos. Que un expediente simplemente se inicie, se desarrolle y se termine sin que alguien en algún momento haga una valoración política y tome decisiones aún a riesgo de disgustar a algún colectivo debería inquietarnos. Aunque suene contradictorio, lo electoral discurre muchas veces por caminos que no pueden ser considerados políticos sino, más bien, antipolíticos.

En esa parcela se intentó en tres ocasiones construir una guardería mediante el sistema de concesión, es decir, cesión del suelo a un privado para que realice la inversión y luego explote las instalaciones concertando las plazas con la Junta de Andalucía. No hubo interesados y el Ayuntamiento desechó la posibilidad de acometer las obras con sus propios recursos. Lo que para el Partido Popular es inaceptable cuando la inversión la debía realizar la Junta, como sucedió con el Hospital o con el Puerto de La Bajadilla, no parece ofrecer objeciones cuando toca mirarse al espejo.

El expediente se inició el 1 de marzo de 2016 y pasó durante el gobierno tripartito por las áreas de Patrimonio, al frente de la cual se encontraba OSP, Urbanismo (PSOE) y Cultura (OSP). Tras la moción de censura volvió a pasar por las mismas áreas, es decir Patrimonio (OSP), Urbanismo (PP) y Cultura (PP). Al iniciarse este proceso, representantes de los Testigos de Jehová se reunieron con todos los partidos políticos, a excepción de Izquierda Unida según han confirmado a este periódico ambas partes.

Por ello, si la explicación ensayada por Félix Romero una vez conocida la información podría ser considerada, digamos, original, la reacción del Partido Socialista, escenificando una indignación al estilo de Louis Renault, el policía corrupto de Casablanca al grito de «¡qué escándalo, aquí se juega!», encuentra más difícil calificación. La política, que es el único instrumento de los ciudadanos de a pie frente a los más poderosos, no debería tener a la mentira como parte habitual de su paisaje. Porque si se degrada quienes pierden son los más débiles.

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Apenas faltan seis meses para unas elecciones municipales, que se presentan más abiertas que nunca, y sólo tres para las elecciones en las que se elegirá a la representación sindical. Es el momento perfecto para que el gigante despierte de su cómoda hibernación y se presente para reclamar otro trozo más de tarta. Sabe que de una forma u otra conseguirá su bocado

Los representantes sindicales de los trabajadores del Ayuntamiento atesoran dilatada experiencia y saben cuándo y cómo golpear. Muchos de ellos llevan ahí toda la vida y hasta vivieron los años del GIL, aunque en aquella época se mostraban más respetuosos, temerosos podría decirse, del poder emanado de las urnas. Ahora no. De todos los que se sientan en el salón de plenos -de todos ellos, de los 27, sin excepción alguna- han obtenido cesiones en algún momento a sus pretensiones por más estrafalarias que fueran y saben que ahora, con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, lo volverán a conseguir. Son conscientes, porque los propios políticos se lo han enseñado con sus actos y sus dispensas permanentes, que constituyen una fuerza electoral decisiva y que nadie se va a enemistar con ellos. Saben que apretando conseguirán lo que pidan, y si no lo obtienen al principio sólo se tratará de apretar un poco más. El calendario electoral juega a su favor. La fragilidad de las convicciones cuando llega la hora de defender lo público, también. Lo saben desde que Jesús Gil multiplicó por cinco el número de trabajadores municipales, sin convocar jamás concurso de méritos u oposición alguna, para asegurarse una base electoral sólida que le permitiese ganar una elección tras otra y un cuerpo de empleados dóciles para saquear la ciudad sin obstáculo alguno. Lo saben desde que la voluntad de la comisión gestora de poner orden y racionalizar los recursos humanos del Ayuntamiento fue boicoteada desde dentro y también desde fuera con aquel anuncio de la entonces candidata Ángeles Muñoz de que respetaría, si era elegida alcaldesa, la estabilidad laboral de los trabajadores municipales. Aquello debió leerse como una garantía de que nada de lo actuado por el GIL en ese apartado sería cuestionado. Indulto al enchufismo que después se concretó. Así interpretado podía sonar mal, pero fue un arma electoral decisiva. Lo saben también desde que el gobierno tripartito (PSOE, OSP e Izquierda Unida), con el apoyo de Podemos y sin que el Partido Popular lo cuestionara, consagrara la incorporación a la plantilla municipal de los trabajadores de los organismos autónomos creados por el GIL para saltarse la ley. Esa incorporación igualó a quienes habían entrado al Ayuntamiento por la puerta de un concurso público y a los que lo hicieron por la ventana del enchufe. Los cinco partidos al unísono avalaron esa medida en un inédito ejercicio de consenso político digno de fines más loables. ¿Por qué iban a suponer ahora los sindicatos municipales que no les van a conceder lo que pidan?

En lugar de eso, cada reclamo de mayor limpieza, de licencias más rápidas o de mejores servicios se encuentra con la misma respuesta: no hay personal suficiente. Lo peor es que es verdad, no hay personal que sepa hacer nada de eso. Es más, Marbella tiene privatizado desde el transporte público hasta la gestión de sus mejores polideportivos; desde el control de la zona azul a la jardinería o el mantenimiento de las urbanizaciones. Cada poco tiempo una nueva área de gestión pasa del ámbito de lo público al privado.

El despropósito es tal, que la externalización de servicios fue una de las condiciones de OSP para firmar la moción de censura. Sus electores se los estaban comiendo por una gestión desastrosa y se acercaba el momento de comparecer ante las urnas. La promesa de que se externalizarían servicios los convenció. La pregunta que cualquier ciudadano con un mínimo de criterio se hace es siempre la misma. ¿Por qué un Ayuntamiento con más de 3.000 trabajadores tiene que privatizar servicios? La pregunta tiene sentido, sobre todo, porque se trata de empresas que no asumen a los empleados municipales, sino que llegan con los suyos propios, invariablemente peor remunerados y en condiciones laborales más inestables. Muchos de estos trabajadores precarios son los que con sus impuestos pagan salarios y prestaciones a los funcionarios y laborales del Ayuntamiento. Muchos de ellos seguramente verán con asombro cada nueva reivindicación, cada nueva apretada de clavijas, como la que manejó a su antojo el pleno del pasado jueves.

Mientras los vecinos tiene motivos para mirar con asombro cada nuevo reclamo, la representación sindical de los empleados municipales va a lo suyo. Tienen elecciones en tres meses y la competición por presentar la mejor hoja de servicios va a ser a cara de perro. Nadie se va a quedar atrás. La responsabilidad, el sentido común, la defensa de lo público, no cotizan en el parqué electoral. Además, las posibilidades de conseguir resultados es cierta. A seis meses de las elecciones municipales ningún partido va a querer ponerse el disfraz de padre estricto, especialmente porque los caprichos del niño malcriado no los pagarán de sus bolsillos. Como esos padres divorciados incapaces de ponerse de acuerdo sobre la educación de sus hijos que acaban compitiendo por satisfacer sus caprichos, no habrá responsabilidad a la hora de organizar los recursos públicos, sino competencia por consentir al niño.

Esto no tiene nada que ver con derechos de trabajadores explotados, sino de privilegios de quienes parecen haber perdido noción de lo que pasa en la calle desde que Gil los enchufara en el Ayuntamiento. Hay excepciones, desde luego, pero la dinámica en perjuicio de los vecinos de Marbella es siempre la misma y no parece tener final.

El último reclamo ha venido por la concesión de pluses y complementos salariales. El pasado jueves, cuando se iba a aprobar el reglamento que los regula, la protesta de los representantes sindicales de los trabajadores obligó a suspender la sesión. Era el primer punto del orden del día.

Lo que reclaman los sindicatos, aunque no lo digan pese a que se les pregunte, es que el dinero que existe para premiar a los trabajadores que más se esfuerzan, a los que presentan mejores resultados, es que se reparta paritariamente. Igual para todos. Un aumento de sueldo encubierto independientemente de los méritos de cada uno. No dejaron seguir el pleno hasta que la alcaldesa llamó a cuarto intermedio y se los llevó a negociar a puertas cerradas. El punto se aprobó, pero la negociación seguirá adelante. El final de esta película ya se conoce.

Mientras los que pagan la fiesta no adviertan a sus representantes de que dilapidar su dinero en pagar caprichos tiene un coste mayor que consentir sinsentidos, esto no habrá quién lo pare.

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