Me refiero, claro, a la revolucionaria reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno y que ha sorprendido a propios y extraños y que naturalmente ha caído como un jarro frío en la provincia de Málaga, en cuyos pueblos el paro crece de modo alarmante y desolador.

  Las drásticas  medidas las anunció veladamente el presidente Rajoy cuando dijo días atrás que el paro iba a seguir su curso en este año y con mayor intensidad si cabe. Y las remachó el ministro de Economía, Luis de Guindos, al admitir que la reforma sería agresiva. A ambos les asistía la razón: el mundo laboral acaba de dar un giro copernicano.

   Pero vayamos a algo que ha resultado particularmente alarmante, sobre todo para quienes ven su empleo pendiente de un hilo que en cualquier momento puede ser seccionado. Soy un jubilado pero tengo hijos a los que esta draconiana medida puede afectar directamente.

   El despido barato que acaba de ser decretado va a suponer un arma poderosa de la empresa ante la que el empleado se encuentra inerme. Me refiero a que se podrá poner a un trabajador de patitas en la calle la calle con solo una indemnización de 20 días si la empresa en cuestión disminuye sus ventas en un trimestre o ve mermada sus ganancias.

Dicho de otra forma: no es necesario que se produzcan pérdidas sino que bastará con que los beneficios disminuyan.

   Un horizonte negro para quienes todavía tienen la suerte de permanecer en el tajo. Y más sombrío si cabe para los treintañeros que se han quedado descolgados de la reforma y que presumiblemente van a padecer serias dificultades para que las empresas los contrates, sabedoras como son éstas de que a partir de esta edad no hay subvención que valga. Beneficio que llega a los a los 3.000 euros para la contratación de quienes no rebasen los 30 años. Una discriminación que no se entiende y que está suscitando controversias cuando no indignación.