No soy cristiano practicante y  no puedo  renegar de estar imbuido en mayor o menor  medida por el pensamiento humanista  erigido como respuesta social que aglutina “la realización del hombre y los principios de esta confesión” (Maritain).

  Pero por encima de todo veo y calibro lo que se ofrece a mi alrededor y tengo capacidad para discernirlo. Por esta razón no entiendo la ofensiva laicista del PSOE contra la Iglesia para que ésta pague el IBI. Ha reclamado a los ayuntamientos que la sometan a este tributo, olvidando, en primer lugar que los entes locales carecen de potestad para intervenir en este caso concreto ya que obedece a acuerdos establecidos por la Ley de Mecenazgo 49/2002 entre el Estado español y la Santa Sede.

   Pero más allá de estas disquisiciones me atengo a labor que lleva a cabo la Iglesia y el ahorro que supone para las arcas estatales. Unos pocos datos: Más de 5.000 centros de enseñanza; 107 hospitales; más de 1.000 centros de variadas índole en atención a la salud,  la vejez, a minusválidos y enfermos del SIDA y huérfanos. Y por si fuera poco, ahí está Cáritas sustentada en buena medida por los bolsillos de los cristianos.

Una ingente y altruista   labor que descarga al Gobierno de  competencias que por su volumen  se vería obligado a soslayar.