Leo en la prensa diaria,  no sin marcado estupor, un informe del Decano del Colegio de Abogados de Málaga, en torno a la posibilidad o no de que los menos favorecidos por la fortuna puedan litigar cuando se vean atropellados sus derechos fundamentales. Una prerrogativa que amparala Constitución( Art. 118) : Justicia gratuita  a quienes acrediten insuficiencia de recursos. Abunda el artículo en cuestión sobra las tasas que habrán de satisfacer “cuando tengan que presentar una demanda  o interponer un recurso”.

Un nuevo impuesto que sumar a la pléyade de los que ya soporta el sufrido ciudadano y que en sus variantes exigirían gozar de una buena posición económica, por lo que no es aventurado presagiar que serán millones – quienes  ahora sufren paro, hambres y desahucios – los que no tendrán nada que hacer cuando se vean sometidos a injusticias. Suben alarmantemente las tasas sobre  los litigios de  divorcios, herencias, reclamación de indemnizaciones, entre otros azares a los que los vaivenes de la vida someten a la  mayoría de los mortales.

Defienden los abogados, que ven la penosa situación en que se pueden ver muchas familias, la necesidad de mantener el derecho de tutela judicial efectiva. Protestaron  por esta injusticia social y seguirán el empeño en lo que resta de año. Eso les honra y aplaudimos sin ambages su postura.

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