Displicencia con  España

JOSÉ BECERRA

Es lo que se traduce en el parecer de un Tribunal, que hay que considerar de poca monta, al socaire del enjuiciamiento de Puigdemont solo por el delito de malversación de fondos públicos, poniéndose por  montera los otros delitos que el juez Llarena ha venido manteniendo en justa causa. Displicencia. La pregunta que nos hacemos quienes contemplamos desde lejos los contubernios de un Tribunal regional que considera, sin dar de lado a la Euroorden española, pero que admite solo el delito de Puigdemont de quebrantar fondos públicos malversándolos, es que ocurriría, si ante un caso parecido, el culpable del flagrante delito fuese un político alemán, huido a España y un juzgado, pongamos de Andalucía, los admitiera tan solo por este hecho cuando se evidenciara, como es el caso, de una transgresión de la Ley, como lo es, la rebelión manifiestamente probada contra los poderes legalmente establecidos. El Tribunal Supremo teutón pondría el grito en el cielo, y con razón fundada. Jurídicamente, la actitud mantenida por Alemania se encuentra fuera de toda lógica y roza, cuando no entra de lleno, en el despropósito, o  el esperpento.

La desconsideración de Alemania a la justicia de un país amigo no se entiende, precisamente porque si las cosas hubiesen sido al revés, a saber, la insumisión de uno de sus lander encabezada por alguien con las mismas pretensiones que Puigdemont sobre España, el rigor más extremo acabaría con la intentona del insurgente. La Unión  europea no tomó cartas de naturaleza para que se salten a la torera los testimonios  razonables del Supremo de un país amigo. Una aberración a todas luces.

La aceptación de tamaña anomalía mantenida por el tribunal territorial alemán puede o no ser subsanada por altas instancias de Europa. Si no se lleva a cabo,  nos harán comernos el sapo por muy humillante que sea para el juez Llarena y quienes dimos por certeras y loables su determinación ante tan fragante atropello a nuestras altas instituciones judiciales y, desde luego, a los españoles tratados poco memos de ocupantes de un país tercermundista carente de los más elementales conocimientos para calibrar la importancia de lo ocurrido. No ha sido otra cosa de un atentado contra la integridad del Estado y un desprecio absoluto a la dignidad de quienes habitamos en el país.

La pregunta que nos hacemos ante tamaño atentado contra nuestros inalienables derechos, ultrajados por un Tribunal sin parangón con el Superior de ambos países en litigio, es  cuál será la decisión de Pedro Sánchez al respecto. Lo que se desprende, tras su reciente encuentro con Quim Torra en la Moncloa, pasa por su aquiescencia para normalizar la cuestión catalana, actitud que conlleva la resignación para que en España se juzgue al ex president por el delito de malversación obviándose el de rebelión, como asevera el Tribunal alemán.

Ocurre que enfrente se encuentra el juez Llarena que no comulga con esa idea, generalizada en el sentir de la mayoría de los españoles. Dejó Sánchez  diáfana su postura en Bruselas, ciudad  a la que acudió días atrás, junto a mandamases del entorno europeo en la llamada Cumbre de la OTAN. Se mostró huidizo cuando se requirió su opinión sobre el dictamen germano atentatorio a nuestros intereses en el contencioso, por muchos considerados como un dislate y una afrenta al sentir del pueblo llano, además del que corresponde a altas instancias del Estado. Anhela pasar página del affaire catalán y, lo que se nos antoja peor, hacerlo sin importar el precio a pagar. Es lo que se desprende de su encuentro con Torra en la Moncloa en donde  vimos a ambos pasear en conversación afable por los jardines de la residencia presidencial. Dijo después una obviedad que nadie discute: la decisiones judiciales no se discuten, se respetan”. Faltaría más. Nos preguntamos si la distensión que preconiza no será una agresión a la dignidad del país que ahora discurre bajo su batuta.

No habría que descartar sin más  la petición del portavoz del PP y vicepresidente primero del Partido Popular Europeo, Esteban González Pons, en el Parlamento de Europa de que se dé por finiquitada en España la diligencia de la euroorden y del Acuerdo de Schenguen, poniendo en un  brete su utilidad en este caso y poniendo de relieve el hecho que “ya hicieron otros países de la UE” respecto a su utilidad. Insistió en que “hoy es un día triste para el proceso de integración”, recalcó, para resaltar a renglón seguido que la euroorden “no funciona” y exhorta al Gobierno de Pedro Sánchez a que  suspenda su aplicación. Tuvo su importancia la implantación del compromiso en cuanto suprimía los controles de la libre circulación a través de las fronteras interiores, pero como matiza el eurodiputado popular el Tratado en cuestión más que una ventaja es un riesgo para los países integrados en la Unión. Un razonamiento pertinente que no habría que echar en saco roto dado la displicencia que se ha mostrado con España.