Si se echa la mirada hacía atrás comprobaremos que la subida de esa luz que nos alumbra y nos hace la vida más soportable al común de los mortales ha sobrepasado el 80%, poco a poco, desde el inicio de esta calamitosa crisis que nos agobia. Antes, cuando la tarifa eléctrica estaba sometida al imperio del Gobierno de turno, por lo menos no nos sobrecogía con aumentos a destiempo. Ahora, se nos somete a aumentos desconsiderados e imposibles de asumir por las familias modestas, no digamos de las que apenas tienen para llegar a fin de mes con un sostenimiento que raya en la miseria.

  El último aldabonazo a nuestros bolsillos por este concepto radica en la posibilidad de una subida del 11% del precio que ahora contemplamos en los recibos (perdido en el maremágnum e indescriptible de datos que escapan hasta al más avisado, que esa es otra de las rectificaciones que se deberían ejecutar), cuando el Gobierno, que quiera que no,  ha decido tomar cartas en el asunto de las eléctricas dado el desbarajuste reinante y el arcano de ese “déficit de tarifa” que no entienden ni lo más avezados en la cuestión, aunque no dejan de entrever un tejemaneje de especulación de amplio espectro.

   El Gobierno, ante la oleada de protestas ciudadanas, nunca más razonables, con el ministro de Industria, José Manuel  Soria, a la cabeza,  quien pone en duda la transparencia y competitividad que las eléctricas afirman con contundencia, se ha apresurado a asegurar que la luz no subirá el 11% anunciado “bajo ningún concepto”. Claro, que no niega que no suba nada, que ese es otro cantar. Pero algo es algo, y si se detiene la espiral de alzas desorbitadas algo habremos conseguido.

   Con la subida anunciada se desestabiliza la economía no solo familiar sino empresarial. Un dato: más de millón y medio de hogares sufrieron el corte del suministro eléctrico en este año que ya toca su final. Y otro no menos desalentador: las empresas industriales  afirman tener problemas para mantener la producción por el alto coste del fluido eléctrico erosiona su viabilidad. Algo que ni social ni económicamente nos podemos permitir.  

   El aviso de este “tarifazo” imposible, aunque no cobre visos de realidad, debería servir para un nuevo y más enérgico posicionamiento del Gobierno ante un ámbito  que pensamos necesita nueva regulación.