El reprobado Impuesto de sucesiones
El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, vino día atrás a otro menester a Ronda: a dar constancia de los retrasos que en lo que concierne a infraestructuras en la comarca vienen padeciendo los andaluces, y en concreto de la empantanada situación de la variante de Arriate, a dos pasos de la Ciudad del Tajo. Lo que no fue óbice para que atacara por derecho a un impuesto que está soliviantando a la población ya que no tiene parangón en el resto del solar hispano. De paso ha recordado el artículo 14, Título I de la Constitución que nos dimos par nuestra prez y honra en 1978, que viene a decir taxativamente que “los españoles son iguales ante la ley sin discriminación alguna”.
Y ante ese aserto indiscutible no podemos por menos que manifestar descontento y exasperación por su arraigado incumplimiento de promesas tales como la bajada o total supresión de un impuesto, el llamado de sucesiones, que por el empecinamiento de la Junta de Andalucía se ha de hacer frente y en una cuantía que brilla por su ausencia en el resto del país, incluido en Madrid “rompeolas de todas las Españas”, que dijo con acierto Antonio Machado.
Pero ocurre que nuestros políticos que ya nos producen hartazgos por sus promesas vacías y grandilocuentes frases que sin pudor alguno esgrimen unos y otros solo para contrarrestar lo dicho por el oponente y ponerlo a caldo si mal no viene y dejándonos, como digo, a los españolitos de calle cada vez más exasperados y aturdidos.
Como las explicaciones que ha venido a exponer recientemente la presidenta de la Junta andaluza, Susana Díaz, como respuesta al parlamentario Juanma Moreno, quien le afeó con agrio tono que Díaz afirmara sin pelillos en la lengua que es éste un impuesto que “solo lo pagan los ricos” o, para rematar su invectiva, diciendo que quienes tributan por este concepto son los “millonarios”. No parece que esta afirmación tenga visos de realidad a juzgar por las quejas de quienes se ven obligados a satisfacerlo y que de millonarios solo tienen las ilusiones de serlo.
La contestación social está servida al respecto y veremos si cuaja la decisión de la Diputación de Málaga de declarar a la provincia libre del discutido y maléfico impuesto que tanta ojeriza de está levantando. En Ronda, por ejemplo, han aunado fuerzas los distintos partidos políticos para conseguir que la gabela en la ciudad sea desterrada definitivamente.
Abriendo el texto de la Constitución de 1978, que tantas cuestiones obsoletas venía a desterrar, completamos el susodicho Título constitucional añadiendo que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. No podía ser más explícito y taxativo el susodicho Título. Sin embargo, hay quien se lo salta a la torera o haciendo de su capa un sayo lo manipula y distorsiona a su antojo.
Lo que no deja de ser un trato injusto a los andaluces, a los que nos queda otra que, haciendo de “tripas corazón” (frase por muy hecha que sea, pero que no deja de ser veraz) agachar la cerviz y acatar el abuso que nos viene desde arriba.