Ayuntamientos  y canonjías

JOSÉ BECERRA

No es de dominio público el hecho de que existan Ayuntamientos que se hayan movido con celeridad y otros con paso de tortuga en los últimos tiempos. Viene este aserto a cuento a que en este año que acaba de dar sus primeros pasos algunos de estas entidades locales han conseguido que los habitantes de sus respectivas demarcaciones vean con ojos como platos el hecho de que se les va exigir de manera substantiva  menos gabelas, o que éstas van a resultar un poco más de sobrellevar que las de otros municipios colindantes o lejanos dentro del ámbito provincial. Pagar impuestos es obligatorio, pero si sus importes se aligeran siempre es de agradecer.

Recuerdo en mis años de niñez,  como mi padre, una vez al año, salía de casa camino del ayuntamiento, con una frase cuyo alcance por  mi edad  no llegaba a entender del todo: “Voy a pagar la contribución”, decía escuetamente. Luego entreví el  intríngulis de sus palabras, siempre pronunciada con un deje de malhumor que pese a mi edad no se me escapaba. Comprendí luego que era una carga onerosa que no se podía esquivar de manera alguna, porque era el papá Estado el que la disponía, traspasándola a todos y  cada uno de los municipios del suelo patrio.

Luego, con el paso el tiempo, cayó en mí esa  tan  antigua como obligada demanda  que responde al valor administrativo del inmueble que habito a tenor de una serie de pautas que responden al lugar en donde la propiedad se asentaba, la antigüedad de su construcción o la amplitud de la superfluo, entren otras cuantificaciones. Era el cacareado  `valor castastral’, que se había de tener en cuenta para calibrar el IBI o Impuesto de los Bienes Inmuebles y otros arbitrios exigidos, tales como los que nos acechan desde la correspondiente Comunidad Autónoma o del Estado. Desde esta atalaya impositiva del catastro los entes administrativos públicos calibran a los poseedores de predios su facultad para acceder a las ayudas públicas, becas, comedores escolares o residencias de ancianos.

En 2018, que ya es historia, se aprobaron en el Consejo de Ministros que puso colofón al período los coeficientes correctores que han venido a aliviar, reduciéndolo, el montante que en cada municipio de la provincia de Málaga, previa petición de los ayuntamientos respectivos, corresponde satisfacer a  la vecindad. La cuestión es que de los más de 100 pueblos que se alinean  dentro del ámbito de Málaga solo una treintena escasa  de ellos se van a beneficiar de esta dádiva del Gobierno, correspondiendo  a las solicitudes  que los ayuntamientos elevaron en tiempo y forma, a raíz de  los correctores aprobados en su día por tan  alto órgano colegiado constitucional, a tenor de las solicitudes desde algunas alcaldías dirigidas  a la Dirección General del Catastro para la oportuna revisión de sus valores.

Grandes y pequeñas poblaciones se van a beneficiar de la drástica reducción en impuestos que van a beneficiar a ciudades y pequeños municipios desde los más extensos en población, caso de Ronda y Antequera, hasta los menos habitados, caso de Ardales o Atajate. La pregunta que nos hacemos, confesando nuestra ignorancia en los intríngulis de la cuestión, y que atañe además a las plusvalías y las herencias, radica desconocer el motivo por el que desde numerosos pueblos (un centenar ya digo), tales los que se alinean en la Serranía de Ronda, como  Montejaque, Benaoján, JImera de Libar o Algatocín… no se pueda acceder a esas canonjías que van a disfrutar a otros muchos del territorio malagueño. Obtusos que somos algunos, pese a que recordemos las palabras de un pensador argentino (Horacio Amezúa) que al respecto sentenció: ”Dejad a los gobiernos central y regional que administren la política  abstracta de las grandes palabras, y dejad a los Ayuntamientos que nos ocupemos de la vida diaria y concreta de las personas”. ¿Lo hacen todos de veras?