Viene ocurriendo con frecuencia y es algo en lo que organizaciones y  políticos de cualquier signo y jerarquía deberían pensárselo dos veces antes de actuar.

Cuando se alza la voz contra alguien se deberían tener pruebas fehacientes que demostraran su culpabilidad en cualquiera cuestión que se exija litigio. Y si no,  permanecer callado. 

El ahora exalcade de Ronda Antonio Marín Lara fue inculpado meses atrás, cuando ostentaba el cargo de regidor,  por presuntas irregularidades en la concesión de licencias que atañían a la urbanización  `Los Merinos´.

Se esgrimieron apelaciones  contra el archivo provisional de las diligencias y sobreseimiento y ahora la Audiencia  de Málaga admite que no estaba justificada la perpetración del delito. Ni irregularidades, ni arbitrariedades en las actuaciones administrativas. Ni prevaricación.

Se sembró la deuda y se hizo patente el encono de sectores políticos contrarios y la ciudad se dividió en dos facciones de opinión. La controversia estuvo servida, y en medio, el inculpado,  que es de suponer que haya arrastrado momentos de aflicción inherente a  este estado de cosas.

Toca a los que lanzaron soflamas admitir su error y presentar disculpas.