La decisión del Ministerio de Hacienda pretendiendo disponer de los ahorros de los ayuntamientos, sean del color político que sean sus alcaldes respectivos, no ha tenido por menos que levantar una polvareda de protestas por parte de quienes podrían ponerse en pié de guerra y  sublebarse contra lo que consideran un supino desacierto cuando no una  flagrante intromisión en toda regla. Así lo tildan, con más o menos rigor los primero ediles que en media España no tienen por menos protestar contra esta medida que vendría a mermar las arcas públicas consistoriales, y que se  han encargado de poner en evidencia,  anunciando incluso que se  podría recurrir a los tribunales para que decidan en este entuerto.

Hay alcaldes que se han puesto poco menos que en rebeldía por esta ininicitiva que pretende entrar a saco en los remanentes de los ayuntamientos con  fines distintos a los que se les atribuyen; a saber,  para alivio de  ciudades y pueblos que comandan.Van a sufrir la obligada cesión de sus caudales que se tenían bajo obligación de custodia y destinado a mejoras de los lugares en los que ejercen su mandato, algo por lo que no han tenido por menos que elevar sus protestas.

Se han levantado, así,  voces de relevantes politicos del país contra esta determinación del Gobierno.  Se han apresurado a afirmar que las entidades locales necesitan sobremanera que las defiendan y no que se trate de esquilmar sus reservas económicas, algo que va en contra de lo que desde instancias superiores se venía anunciando, encaminadas  a la defensa a ultranza de un  municipalismo bien entendido. No ocultan su acatamiento de “arrimar el hombro” allí en donde cunda la necesidad, pero al mismo tiempo defienden a ultranza que ello no sea óbice para detraer  reservas dinerarias que repercutería en lo legislado sobre la utonomía de  cada ciudad o pueblo.

Tambien se han  alzado voces de primeros ediles de la provincia malagueña  manifestando su malestar por la decisón del Gobierno de disponer de los fondos municipales: apuntan con suficiencia que son ellos quienes han de gestionar su fin último. Tratan de disuadir a las instancias superiores  del país para que esta intromisión en sus arcas, hasta ahora diponible solo para beneficiar a las ciudades y pueblos que regentan, vayan a parar a otros estamentos ajenos a las localidades en las que ejercen su mandato.
Se preguntan los ediles, con más razón que un santo,  si es legal que el Gobierno venga a poner a los ayuntamientos en el aprieto que supene revertir sus fondos en otros menesteres que no sean los de la  salvaguarda de las entidades locales que dirigen, y llegan a preguntarse si esta medida no vendría  “a rozar la ilegalidad o entrar  de lleno en un acto inconstitucional”. Una acción, en fin, que choca con los intereses de los pueblos, y cuyos primeros representates no parecen dispuestos a dar por buena: no piensan cruzarse de brazos y aseguran estar dispuestos  a dar la batalla, siquiera sea verbal,  para defender para ellos tan justa causa.

Es más que probable que de llevarse a cabo esta intromisón en las finanzas de los ayuntamientos, los primeros en sufrir sus efectos serían los habitantes de los pueblos:  al ver mermadas la  disponibilidad económica de los entes municipales,  sufrirían la ausencia de mejoras que pudieran esperar de la acción de los ediles vertidas en sus respectivos municipios.

Es de suponer  que, con la lluvia de millones que ahora se han conseguido en Bruselas,  esta intención de  sondear las arcas munipales se posponga “sine die” o se detenga de manera definitiva. O sea, que las  entidades locales vuelvan a respirar tranquilas y sigan ostentando como es público y notorio todo lo que se refiera a su autonomía y disponibilidad de las arcas propias que les son inherentes.

Sin embargo, quienes de esto saben y mucho, tales los tecnócratas; a saber,  quienes ostentan cargos públicos que poco o nada tienen que ver con los desempeñados por políticos y sí en los sectores productivos,  no dudan en afirmar que habrá menos dinero para enviar a las autonomías, lo que podría traducirse por menos apoyo parlamentario. Eso, y lo que sería mucho de lamentar, una drástica revisión de las pensiones, así como del montante  destinado a las ayudas sociales, entre otras medidas que podrían socavar el bienestar del españolito medio, de por sí ya bastante esquilmado. Justos nos parecerían los reproches por esta cuestión  de los primeros ediles de aquí y acullá.