La propuesta de la presidenta de Castila-La Mancha, Dolores de Cospedal, de adelgazar los parlamentos regionales y dejar sin sueldo a sus señorías ha levantado polvareda en la izquierda.

Han retorcido el  argumento  afirmando que el fin perseguido es que solo sea la clase pudiente la que tome las riendas de la política española y el resto que quede  maniatado para  sus decisiones y condenados a la mamandurria para subsistir. Una idea falaz donde las haya y carente en absoluto de visión histórica y de la realidad en la que nos movemos.

Porque resulta evidente que la inmensa mayoría de políticos, en el caso de alcaldes y concejales, lo son por vocación de entrar  en la cosa pública y no precisamente atraídos por los emolumentos que reciben a cambio, ya que son prácticamente inexistentes, sobre todos para los ediles sin funciones de regidor.

Buen ejemplo de esto lo tenemos en los pueblos dela Serraníade Ronda, donde en el caso de cobrar por su trabajo, lo hace sólo el alcalde. Algo que no es de ahora sino de muchos años atrás, incluidos los de la dictadura. Recuerdo que mi padre, un modesto comerciante de Benaoján, tenía que cerrar la tienda que nos permitía comer cada día para asistir a los plenos. Si tardaba algo en llegar al ayuntamiento venía un municipal que le apremiaba para a asistir a la sesión.

  De los 70.000 concejales existentes en España, el 80 por ciento no tiene  remuneración fija alguna  y en el mejor de los casos no obtienen por su trabajo sino una raquítica dieta por asistir a las sesiones plenarias.

Lo más común es que no cobren absolutamente nada, y  no resulta raro que los que sí cobran y no poco se deslicen muchas veces por el terreno  delictivo, como prueban los casos de corrupción contemplados en no pocas demarcaciones municipales.

Foto: Sesión plenaria en un ayuntamiento de la Serranía

laserranía.org.