Una polémica inesperada surgió el martes en el lugar menos adecuado. El Ayuntamiento aprobó la licencia de obras para la ampliación del Hospital Costa del Sol, pero no lo hizo sin lanzar una carga de profundidad contra la Junta de Andalucía.
Excluyó de la licencia el área comercial y la guardería que estaban previstas en el proyecto. Quien haya leído el comunicado que el Ayuntamiento lanzó para informar de su decisión, en el que acusaba a la Junta de pretender financiar las obras –el presupuesto es de 50 millones de euros– con la superficie comercial –2.200 metros cuadrados–, pudo haber pensado que la cotización del metro comercial en un hospital vale el doble que en primera línea de Puerto Banús y que la Consejería no quería un espacio para las tiendas que permiten comprar el periódico para amenizar las esperas o llevarle flores a una reciente madre, sino una nueva La Cañada en pleno centro sanitario. Con una tienda de Zara al lado de los quirófanos y un MacDonald’s junto al consultorio de urgencias. La delegada de Salud, María Antigua Escalera, llamó a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, el miércoles a primera hora y aparentemente la conversación puso las bases para zanjar el malentendido. A veces viene bien coger el teléfono.
Pese al declamado compromiso por Marbella, entre ambas instituciones sigue habiendo falta de comunicación y desconfianza. De momento descartamos la mala fe, pero no el temor a que haya episodios similares antes del 9 de marzo.

Si la calculadora tuvo un fallo a la hora de sumar metros en el hospital, ha llegado el momento de que funcione para cuadrar las cuentas. Quince años de saqueo sistemático no podrían haber generado una situación distinta. Si en lugar de una administración pública se tratara de una sociedad privada, hace años que al Ayuntamiento se lo habrían repartido a trozos sus acreedores. El jueves se aprobaron los presupuestos para el año que viene, y los gastos de personal se llevan 11 euros por cada uno que se dedica a inversiones. Las cuentas no salen, y el seguro médico privado del que disfrutan los trabajadores dejará de cargarse a las cuentas públicas. Desde el equipo de gobierno –presionado por la Seguridad Social, que reclama reducción de plantilla para renegociar la deuda– argumentan lo que parece obvio: los tiempos no están para lujos y si no hay despidos hay que recortar por algún lado. Los sindicatos, en su papel, la montaron en el pleno. Durante el desalojo por la policía, se escucharon diálogos jugosos. Un representante sindical, deseoso de ofrecer espectáculo a su parroquia, le pidió a un agente: «Zarandéame un poquito». Pero el policía no entró al trapo:

Hubo quien quiso curarse en salud y recomendó a los ciudadanos que hicieran «acopio moderado» de agua. Pero el acopio, como el desenfreno, difícilmente puede ser moderado
La semana empezaba con temor por los cortes de agua que iba a provocar la conexión a la red de una nueva tubería. El trabajo silencioso de Acosol, que preparó durante meses la operación, consiguió que sólo unos pocos usuarios sufrieran restricciones. Quien llenó la bañera tuvo que vaciarla. Y no estamos para esos dispendios.

Un mes sin portavoz municipal. Y tan contentos. Los ediles socialistas no evidencian ninguna prisa por elegir al sucesor de Paulino Plata. Durante el pleno de los presupuestos intervinieron cuatro concejales. Hay quien dice que con las elecciones a la vuelta de la esquina no es momento para meterse en líos internos, y argumenta–sin bromear– que ahora mismo no hay urgencia por tener un referente político en la ciudad, y que como estrategia para desconcertar al adversario no está mal. El problema es que no está claro dónde va a provocarse el desconcierto.

El presidente de la Junta de Andalucía visita Marbella el viernes (un día después de lo previsto, por motivos de agenda) con la intención de reunirse con colectivos sociales. En www.diariosur.es los vecinos de Guadaiza ya han anunciado que tienen toda la intención de que el presidente los reciba. Hasta el viernes, en el Ayuntamiento aseguraban desconocer la visita.