Como en las películas de suspense a las que el maltrato del idioma ha bautizado como ‘thrillers’, las cosas no son lo que aparentan ser. La tramitación del Plan General ha caído en un peligroso punto muerto donde más que querer imponer su criterio, las administraciones parecen interesadas en que sean los otros los que impongan el suyo si a cambio de eso se llevan los palos. Lo que hay es una batalla de imagen que consiste más en culpar al otro de lo que seguramente saldrá mal que en comprometerse para que las cosas salgan mejor. La Junta de Andalucía recuerda que es el Ayuntamiento el que tiene que tramitar el Plan en su fase final. El Ayuntamiento se empeña en responsabilizar a la Junta de lo que vaya a suceder y se resiste a ejercer las competencias que le corresponden y que tanto reclamó. Mientras tanto, el Plan sigue paralizado, con todos ocupados en dejar claro que esto no va con ellos.

Despedida
Un informe sin desperdicio
El informe que el hasta ahora director-gerente de la Oficina de Planeamiento, José María Ruiz Povedano, envió a la consejera Concepción Gutiérrez para fundamentar el cierre del organismo con el que la Junta escenificó su desvinculación del Plan de Marbella no tiene desperdicio. Recuerda que desde finales de septiembre, cuando estaba próximo a expirar el plazo de información pública, la alcaldesa y la concejala de Urbanismo, Alba Echeverría «ésta de forma reiterada», le solicitaron personalmente que abandonara las dependencias municipales. Desde su traslado a Málaga, la oficina no recibió ninguna consulta del Ayuntamiento que justificara su continuidad. Pero según se desprende del escrito, lo que preocupa en Obras Públicas, más que la inutilidad de la oficina a la luz de la abierta confrontación que tiene a Marbella y su urbanismo como campo de batalla, es el desgaste seguro que a esta altura ya supone el Plan. «Se está produciendo en los últimos meses –dice la carta firmada por Ruiz Povedano– una confusión en la opinión pública» y recuerda que la aceptación o rechazo de las alegaciones corresponde al Ayuntamiento, sin interferencias de la Junta. El Gobierno autonómico no quiere saber nada con una cuestión que sólo le trae problemas.

Sentencias
Hasta las orejas y en el lugar no deseado
Pero para la Junta, el verdadero problema radica en que, quiera o no, está metida hasta las orejas. El guión resulta complejo, y hasta injusto. Haber presentado en su día las denuncias ante los tribunales por las continuas barbaridades que cometían Gil y sus secuaces desde su guarida municipal tiene consecuencias. En este caso, el de acabar representando el papel del malo cuando lo que se intentaba –sin éxito, por utilizar un eufemismo– era ponerle freno al malo de verdad. Si son 400 denuncias, ahora hay 400 posibles problemas. Construidos los pisos, desaparecidos muchos promotores con el botín –o como mucho ligeramente salpicados por los sobres que dejaban a Roca– y ocupadas las viviendas por los figurantes a quienes el guión llama ‘compradores de buena fe’, la Junta aparece como el malo de la película que ahora quiere demoler los edificios. Porque los procesos judiciales, una vez iniciados siguen su curso, y en los servicios jurídicos de la Junta nadie ha recibido hasta ahora la orden de parar. Por ello, y porque la inercia burocrática es tan lenta como inexorable, el denunciante sigue en su papel y pide que se ejecuten las sentencias. De momento son 38, pero se asegura que pueden ser el doble en las próximas semanas.