A veces la comunicación entre administraciones no funcionan con la fluidez que sería necesaria, pero cuando lo que falla en apariencia son las comunicaciones dentro de la misma administración es que tenemos un problema, y que el problema puede que no sea sólo la comunicación.
El informe de impacto ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sobre el PGOU de Marbella obliga a reducir en unas cuatro mil viviendas las previsiones de crecimiento de la ciudad para los próximos años. De 18.000 a 14.000 pisos. El número de viviendas previstas no es un asunto menor cuando se elabora un Plan General. Por el contrario, ni aún al más neófito se le escapa que se trata de un aspecto esencial, no secundario.

Por eso, no deja de llamar la atención que en este tema, el informe de impacto ambiental redactado en la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía haya rectificado al Plan General redactado bajo la dirección de y presentado por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, después de que esta administración retirara las competencias urbanísticas en diciembre de 2005 al ayuntamiento presidido por Marisol Yagüe.
Pero las evidentes diferencias de criterio no son sólo entre dos consejerías de la misma administración. En el Plan se utilizó un baremo de dos personas por vivienda, mientras que el informe medioambiental establece que debe usarse el de 2,7, que es el que establece el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), documento impulsado por y redactado bajo la dirección de la Consejería de Obras Públicas. En síntesis: que esta consejería aplicó un criterio para la redacción del POTA y otro, si se quiere más laxo, para el PGOU de Marbella. Medio Ambiente se limitó a dar por bueno el criterio del POTA y exigir su aplicación en Marbella. La incoherencia habrá que buscarla en otro lado.

A esta altura es necesario volver al principio, comprobar que efectivamente tenemos un problema e intentar detectar qué problema tenemos. La posibilidad de que el teléfono entre las consejerías no funcione debe descartarse, y habría que comenzar a pensar que lo que no funciona es la coordinación dentro de la propia Consejeria de Obras Públicas, hoy devenida en dos consejerías.
Pero quizás el asunto es más sencillo: posiblemente ni los propios redactores del POTA se crean su contenido, hasta el punto que se lo saltan a la torera apenas se les presenta la primera oportunidad. Y la primera oportunidad se ha presentado con el PGOU de Marbella, donde además de dibujar una ciudad de ensueño sobre el papel, lo que debía hacerse era solucionar la pesadilla heredada del GIL.

La alcaldesa, que la semana pasada se reunió con la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, dijo tras conocer el contenido del informe ambiental que no se trata de recortar el crecimiento previsto para el futuro, sino de buscarle acomodo en el nuevo Plan a las viviendas que ya existen, aunque no aparezcan por ningún lado en la ordenación legal.
Como siempre, en su papel, Ángeles Muñoz rezumó optimismo y se mostró confiada en que después de este desaguisado la Junta finalmente aprobará el Plan tal como y está y –lo que acertadamente o no ya parece lo más importante a esta altura de los acontecimientos–, que lo hará sin nuevos retrasos.
Sin embargo, de todo este asunto cabe hacerse una pregunta: si las viviendas nuevas que figuran en el Plan para los próximos ocho años, sean éstas 18.000 o 14.000, no son en realidad nuevas sino las viejas que deben legalizarse, ¿significa que lo que habrá es una moratoria durante todo ese tiempo? 16 años sin poner un ladrillo es un escenario que no cabe en ninguna cabeza.

Por eso no estaría de más que alguien aclarara cuanto antes ese punto, porque ni aún el más pesimista puede suponer que la situación actual del ladrillo va a acompañarnos hasta 2016.
De momento, la crisis se ha llevado por delante a Martinsa-Fadesa, y con ella a gran parte de las posibilidades que la ciudad tenía de acceder a la extraordinaria compensación ya pactada e incluida en el Plan por las cerca de 1.400 viviendas ilegales que la promotora construyó en la ciudad durante los años del gilismo. Más de 100.000 metros cuadrados de suelo que ahora están en el aire. A ver a quién hay que reclamárselos.