Digámoslo con claridad: la nefasta gestión de la empresa Portillo aburre. Sobran motivos para que el Ayuntamiento rescate el servicio, pero al parecer lo que no sobra es dinero para hacerlo.
Escasa de fondos, la alcaldesa dijo el jueves que la medida sólo se podría adoptar tras un incumplimiento del convenio, y que no es el caso. Hasta ahora no han constituido motivo de resolución los autobuses sin aire acondicionado en pleno verano o los vehículos que se estropean por falta de mantenimiento, por no hablar de la escasa limpieza y de otras lindezas que han permitido sembrar entre los sufridos usuarios la reputación que Portillo merece. Al parecer, dejar tiradas a miles de personas, muchas de ellas turistas, en pleno agosto por una huelga que la empresa no ha sido capaz de evitar tampoco viola acuerdo alguno con el Ayuntamiento.

Si se hace un poco de memoria acerca de la trayectoria de Portillo en la ciudad podemos encontrarnos con algunos datos inquietantes que no siempre gusta recordar, pero que sirven para tener la fotografía completa de la situación. La adjudicación del convenio aún vigente entre Portillo y el Ayuntamiento fue firmada durante la era GIL, cuando el concejal de Tráfico era el delincuente presunto Victoriano Rodríguez, imputado en el ‘caso Malaya’ por, entre otros motivos, intentar cobrar un soborno…de responsables de la empresa Portillo, alguno de cuyos directivos también está procesado por esa acción abortada por la policía. El sumario del ‘caso Malaya’ incluye la grabación de jugosas conversaciones telefónicas entre el ex concejal y directivos de la empresa que explican por sí solas cómo se negociaban las concesiones en la época anterior.
Seguramente varios de los damnificados por la falta de servicio que se ha sufrido en estos días deben haber pensado, con razón, que si no alcanza con las lamentables condiciones del servicio, intentar pagar un soborno debería ser motivo suficiente para dar por resuelto un convenio. Pero el Ayuntamiento se comporta como si estuviera en un callejón al que no le encuentra salida. Para quitarse a Portillo de encima necesita un dinero que no tiene. Y no tiene el dinero porque se lo robaron quienes cobraban sobornos. Ellos ya no están, pero la empresa a la que le adjudicaron el servicio sigue aquí. Y se la sufre todos los días.

Otra herencia nefasta es la del urbanismo descontrolado para el que ahora se intentan conseguir cauces de normalización. Hasta el jueves de la semana anterior, desde el Ayuntamiento se sostenía que no se había recibido solicitud alguna de licencias provisionales tras la aprobación por el pleno del adelantamiento del PGOU. Hasta el jueves, cero.
Pero cuatro días después, la alcaldesa aseguró que ya se habían presentado mil solicitudes. Descartada una avalancha de peticionarios que nadie vio, y descartado también que Ángeles Muñoz se haya inventado el dato, sólo queda confirmar lo que ya se venía sospechando desde hace meses. Que el Ayuntamiento cuida escrupulosamente la información que sale de Urbanismo, y que en ese departamento alguien se arroga el derecho de cuándo informar y cuando no.
En Urbanismo, más que en ninguna otra área, información equivale a poder. Por eso, haría bien el equipo de gobierno en no permitir que el exceso de celo de algunos de sus colaboradores diera lugar a áreas oscuras precisamente donde más transparencia debe haber. Permitir que quienes manejan el urbanismo creen zonas autónomas de poder ya ha dado a esta ciudad suficientes disgustos como para no aprender la lección. De momento lo dejamos ahí.

La alcaldesa no sólo se apuntó esta semana la información de las mil solicitudes con la que avala su postura de que el adelantamiento de la ejecución del PGOU era una necesidad para cientos de vecinos. También se hizo la foto que le faltaba. El martes visitó la ciudad el juez Miguel Ángel Torres para participar en los cursos de verano de la UMA, y allí fue la alcaldesa para retratar el momento. El juez que acabó con 15 años de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella y la principal beneficiaria política de esa operación. Juntos por primera vez.
Pero otro juez ha sido noticia esta semana. Francisco Javier de Urquía ha sido objeto de la primera sentencia judicial contra la corrupción judicial en Marbella. El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía puede tener varias lecturas. Una de ellas es que después de años de episodios denigrantes en los juzgados de la ciudad, que incluyeron robos de sumarios, expedientes a jueces, funcionarios imputados por espiar para Roca y hasta un testigo incómodo muerto tras caer desde el balcón de su casa durante un registro, la primera sentencia es por un soborno de 73.800 euros.
Otra es que Roca ha ganado su primera batalla judicial. Su confesión de haber entregado sobres en mano sin intermediarios le ha valido para que exculparan a un amigo suyo, Arnaud Fabrice A., y para obtener una rebaja en la petición fiscal –y después en la condena–, en lo que si no ha sido un pacto se le parece mucho. Celebrado el primer juicio desprendido del caso Malaya, el cerebro de la trama va ganando uno a cero.