«Los clientes huyeron despavoridos». La frase la pronunció el propietario de la cafetería de Puerto Banús a cuyas puertas se produjo el miércoles por la tarde el último tiroteo ocurrido en la ciudad. El tercero en un mes. Quizás no habría hecho falta que el empresario dijera lo que parece una perogrullada: si alguien está tomando algo en una cafetería y comienzan a sonar disparos lo lógico es marcharse del lugar tan rápido como las piernas lo permitan. O a lo sumo echarse cuerpo a tierra. No hacerlo sería propio de irresponsables, de curiosos enfermizos o de osados amigos del riesgo.

Es una verdad de perogrullo, es cierto, pero el lamento del dueño de la cafetería no sólo vale para describir lo que sucedió en un lugar concreto en un momento concreto, sino también para vaticinar lo que puede pasar, y lo que va a pasar, si cada pocas semanas tenemos en la calle un ajuste de cuentas.
Los clientes huyeron despavoridos, dijo el empresario para lamentar lo que pasó en su negocio el miércoles por la tarde. Extrapolemos ese escenario a una ciudad donde cada treinta días tenemos un tiroteo, o dos, y preparémonos para generalizar el lamento. La ciudad haría mal negocio si cambia los miles de turistas que buscan descanso, sol y playa por los pocos a los que les atrae el turismo de riesgo y aventura. O por visitantes a quienes no le asustan los disparon porque están acostumbrados.
Porque si es malo que estas cosas sucedan, peor aún es acostumbrarse a que sucedan. Si malo es no dar con las soluciones, peor es dejar de buscarlas y construir en su lugar explicaciones para justificar lo que pasa. Que es un hecho aislado que podría suceder en cualquier otro lugar, que es una ciudad que vive de vender lujo, que hay bandas que no delinquen aquí pero que saldan aquí las deudas que contraen en sus países… La lista es tan larga como la autocomplacencia quiera.

Porque bien es verdad que no se pueden poner barreras, y menos en una ciudad internacional, y que es casi imposible controlar de dónde ha sacado el dinero cada uno de los ricachones que llegan a Marbella para disfrutar de su fortuna. Pero no es menos cierto que si hay más problemas hay que disponer de más medios para prevenirlos o para solucionarlos.
Desde los tiroteos del verano se escucharon propuestas de unidades especiales, se aceleraron las gestiones para instalar la videovigilancia en Puerto Banús, se volvieron a escuchar discursos sobre la fortaleza indestructible de Marbella para sobreponerse a las dificultades y ahora también se ha convocado una Junta Local de Seguridad extraordinaria.
Muy bien. Pero lo que hacen falta son más agentes patrullando las calles, más policías para hacer investigación y prevención y más medios materiales para la comisaría. Quien tiene que aportar todo eso es el Ministerio del Interior. Y todo lo demás son milongas.

Con la ciudad convertida nuevamente en foco de atención por los tiroteos entre bandas es como si los demás problemas pasaran a segundo plano. Aún así, hay algo que comienza a ser inquietante: la desatención del equipo de gobierno municipal hacia la estética. El puñado escaso de concejales del PP que en épocas duras se batieron el cobre contra el GIL están recibiendo con indignación las acusaciones que les han caído por el caso La Juanita. Poner en un mismo plano a los miembros de la banda de Gil y Roca con ediles de este equipo de gobierno está injustificado y además es injusto. Pero precisamente por eso, el Ayuntamiento debería estar más atento a la repercusión de las decisiones que adopta. Que una actuación sea legal puede servir como explicación ante un juez, pero no siempre alcanza frente a la opinión pública. Sobre todo en una ciudad que a duras penas está saliendo del ojo del huracán y que, más que ninguna otra, está necesitada de gestos.

La semana pasada volvieron las maquinarias a la tercera fase del centro comercial La Cañada, posiblemente uno de los mayores exponente en Marbella de la connivencia sospechosa entre un empresario y los capos del GIL. Las naves están paralizadas por decisión judicial, pero el Ayuntamiento ha autorizado que se realicen obras para acoger un evento comercial. Mientras los ciudadanos ven excavadoras trabajando en un terreno que el nuevo PGOU señala como equipamiento público y sospechan, con razón, que el empresario que levantó las naves sobre suelo rústico se está lucrando con el alquiler de las mismas, la explicación de que el permiso dado para las obras está avalado por un informe jurídico puede valer para eludir una denuncia, pero no para que no se vuelvan a hacer comparaciones incómodas.

Posiblemente para recordar que todo tiempo pasado fue peor, la ex alcaldesa Marisol Yagüe reapareció esta semana en escena para sacarse de la chistera un millón de euros y evitar que su chalé fuera subastado.
Alejada desde hace tiempo de cualquier preocupación por la estética (de sus actos), Yagüe ni siquiera se preocupó en explicar de dónde había salido el dinero. A ver si algún juez se anima y hace la pregunta adecuada.