El equipo de gobierno municipal de Marbella y el principal grupo de la oposición parecen haber entrado en una guerra de cifras a cuenta de las alegaciones presentadas en el nuevo plazo abierto antes de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana.
Si en el primer plazo las alegaciones objetaban aspectos del Plan elaborado bajo la dirección de la Junta, en este segundo periodo lo que se cuestiona son los cambios introducidos por el Ayuntamiento, especialmente por las rebajas en las compensaciones que permitirán regularizar las construcciones ilegales.
Consideradas globalmente, en el primer turno la mayoría de las alegaciones cuestionaban por excesivas las compensaciones impuestas para regularizar pisos ilegales, y los llamados compradores de buena fe acaparaban el protagonismo. En el segundo lo que se cuestiona es todo lo contrario –la consolidación de los beneficios obtenidos irregularmente en el pasado – y lo que está en primer plano son los espacios públicos perdidos.
Por todo esto, no debe extrañar que así como en el primer plazo las cuentas oficiales del Ayuntamiento iban al alza –las alegaciones buscaban corregir el Plan de la Junta–, ahora es el grupo socialista el que ha querido poner de relieve el número de escritos presentados como un generalizado cuestionamiento ciudadano a los cambios del grupo de gobierno.

No se trata de una cuestión menor, teniendo en cuenta que tanto la aprobación inicial como la primera aprobación provisional contaron con el voto favorable del grupo socialista, pero que con el rumbo que ha tomado el debate es difícil imaginar un nuevo respaldo de los concejales del PSOE al documento cuando se trate de darle el visto bueno final antes de remitirlo a la Junta de Andalucía para que sea refrendado.
Mucho ha cambiado el paisaje desde que la corporación recién formada tras las elecciones que dieron la mayoría absoluta al equipo encabezado por Ángeles Muñoz estrenara sus recuperadas competencias urbanísticas concediendo su aprobación al Plan elaborado por la Junta sin haberlo estudiado. Eran momentos de urgencias, donde la necesidad de recuperar la seguridad jurídica perdida primaba sobre cualquier otra consideración.
Pero ahora los tiempos son otros, la crisis económica invita a pensar que no van a perderse grandes inversiones porque el documento se retrase algún mes más y el equipo de gobierno reivindica por la vía de las modificaciones el derecho a dejar su impronta en el documento que diseña la ciudad de los próximos años.
El compromiso de que la aprobación sería en diciembre o a más tardar en enero ha sido evaporado por la fuerza contundente de los hechos. La aspiración de que el Plan salga bajo el manto del consenso va por el mismo camino. Eso es lo que se está discutiendo bajo la apariencia de un debate de 500 alegaciones más o menos.