El comité de huelga de los jueces –convengamos, suena raro– estableció unos servicios mínimos para su convocatoria del miércoles. No se suspenderían ni las bodas, ni los levantamientos de cadáveres –todo un detalle–, ni las actuaciones con detenidos o presos. La inédita protesta tuvo un elemento singular: no hubo polémica por los servicios mínimos. En cualquier otra huelga en la que se ven afectados servicios esenciales, el guión marca que la comunidad autónoma los fija, el comité de empresa los recurre por excesivos, o la empresa por escasos, y un juez acaba decidiendo.
En este caso, los propios jueces decidieron qué servicios mínimos se aplicaban, y a nadie se le ocurrió denunciarlos ante otro juez, que posiblemente no hubiera atendido el asunto porque estaría de huelga. Lo que se llama juez y parte. En la entrevista televisiva con el periodista David Frost recreada ahora en la película ‘El desafío’, Nixon dijo que su actuación era legal porque quien la hacía era el presidente. Aquella frase evaporó para siempre el escaso prestigio que le quedaba al ex mandatario norteamericano tras su dimisión por el ‘caso Watergate’. No sabemos qué repercusiones tendrá la huelga, ni si después del caso Tirado (mal llamado ‘caso Mariluz’) y la reacción corporativa que lo siguió, a los jueces les queda todavía algún prestigio para evaporar.

Diez de los doce jueces titulares de Marbella se sumaron a la insólita protesta, en la que el respetable, al parecer, no se vio especialmente afectado. Queda por saber si porque los servicios mínimos estuvieron bien planificados o porque el peso del trabajo en los juzgados recae sobre otras personas, seguramente con más motivos para protestar. También el día de la huelga. Estando el personal tan acostumbrado a que los asuntos judiciales se dilaten hasta la desesperación, seguramente un día más de retraso para resolver cuestiones no tendrá especial incidencia en la úlcera de nadie, pero habrá servido para que los señores de la toga manden su recadito, no sólo al Gobierno sino a toda la sociedad. Tienen el poder para decidir sobre vidas y haciendas, pero también para paralizar la justicia. Algo que todo el mundo ya sabía.

Quienes sufren desde hace años la situación de la justicia no son los jueces, sino los vecinos de Marbella. Cuando Gil vivía y cometía las tropelías que arruinaron a la ciudad, no fue precisamente la justicia un muro en el que se estrellaran sus prácticas mafiosas. Todo lo contrario. Aún se recuerdan con rubor las jornadas jurídicas en las que los señores magistrados venían a ser atendidos a cuerpo de rey en la misma ciudad que era sistemáticamente saqueada por quien los invitaba. Ahora toca esperar a que se resuelvan las causas interminables y que regrese el patrimonio robado. De momento, la Seguridad Social ha aceptado ir tomando en garantía de pago de la millonaria deuda municipal los bienes incautados que la justicia, cuando toque, vaya entregando a Marbella. Se trata de un aspecto secundario de un acuerdo que dará un respiro, con un plan de pagos más desahogado a cambio de una reducción de gastos que incluye la nómina municipal.

En el Ayuntamiento se valora en voz no muy alta el cambio de talante en la negociación de la deuda, que alcanza los 175 millones de euros, desde que Jesús Caldera se fue del Ministerio de Trabajo para dejar su lugar a Celestino Corbacho, quien al parecer exhibe toda la sensibilidad de quien antes de ser ministro ejerció como alcalde durante 14 años y al que le cuesta poco ponerse en la piel de otro alcalde aunque no comparta colores. Sin embargo, el acuerdo alcanzado ha dado lugar a la enésima bronca. El equipo de gobierno vendió como propio el logro, y el PSOE, en lugar de hacer lo mismo y poner en valor la flexibilidad mostrada por el gobierno de Zapatero, optó por criticar la gestión municipal de los asuntos económicos y su incapacidad para cumplir los compromisos.

No fue más que el enésimo capítulo de un enfrentamiento que se encona por días y que en esta semana se ha focalizado en las cuestiones pecuniarias. El desencadenante fue el nombramiento del secretario local del PSOE, José Bernal, al frente de la empresa pública Acosol, dependiente de la Mancomunidad de Municipios. El PP criticó la designación y sacó a colación los elevados emolumentos del cargo, 110.000 euros anuales. Pero ya se sabe, hablar de nombramientos a dedo en algunos organismos es abrir la caja de Pandora. El PSOE contraatacó con el nepotismo que reina en las oficinas que el PP controla en la Mancomunidad, y el asunto no parece que vaya a quedarse allí. Ante la atónita mirada del presidente del organismo –el alcalde de Casares, Juan Sánchez– populares y socialistas parecen haber encontrado un nuevo ring para dirimir sus debates de nivel. Bajo.