Las reacciones que se producen ante nuevas circunstancias invitan a preguntarse si se ha aprendido algo de lo que sucedió en la ciudad durante los últimos años.
Días atrás se supo que la Fiscalía había abierto diligencias, tras la denuncia de un concejal socialista, por la utilización para un evento de la marca Audi de un sector de La Cañada donde en su día se levantaron naves cuya construcción fue paralizada por la justicia. La denuncia se refería a las obras de adecuación que se realizaron para el evento, que al parecer sobrepasaron lo que el permiso municipal permitía. Pero también a que se autorizaran obras en unas naves sobre las que pesa una resolución judicial de restituir la legalidad anterior a su construcción. Demolición, en román paladino.
Posiblemente el denunciante lleve razón, aunque también es posible que esté equivocado, y que la decisión de la Fiscalía no encuentre justificación. No se trata de juzgar por anticipado. Lo que produce cierta desazón es la respuesta municipal, que no hace referencia alguna a lo que se investiga, sino a la inoportunidad de la denuncia. El principal argumento no está centrado en la legalidad o ilegalidad de la actuación municipal –lo único que está en discusión–, sino en lo inconveniente que resulta lanzar una denuncia ante un evento que ha traído negocio a Marbella en un momento en el que no se huele un duro por ninguna parte.
Si la ciudad se encuentra ahora mismo arruinada es precisamente porque en otro momento de crisis económica se optó por no preguntarse si las actuaciones de los gobernantes municipales eran o no legales, sino si traían riqueza a la ciudad. En este caso hubiese bastado con responder que la actuación municipal ha sido la correcta, y que por lo tanto el fiscal pierde su tiempo. Sugerir que con recesión no hay que cuestionarse la legalidad de las actuaciones es caer en el mismo relativismo moral que nos ha traído hasta aquí.

No se trata, hay que insistir, ni de dar a priori la razón al denunciante, ni de adelantar que la Fiscalía encontrará sustancia, ni mucho menos de poner obstáculos a un evento que trae a la ciudad, y especialmente a los hoteles, un movimiento económico y de visitantes de los que está más necesitada que nunca. Se trata primero de elegir bien los argumentos con los que se enfrentan las críticas y también de ser inflexible. La vista gorda nunca es una opción, haya o no crisis. La línea roja no se debe cruzar, y si no se está cruzando tampoco debe parecerlo.
Lo decía con claridad esta semana el nuevo comisario jefe de Marbella: un hecho que en otra ciudad de España apenas recoge la prensa local, si sucede en esta ciudad salta directamente a las portadas de los telediarios. Lo hemos vuelto a ver. El caso del alcalde de Baena tuvo mayor repercusión en los medios porque, supuestamente, el dinero de los contribuyentes no se lo gastaba en un burdel de carretera ni en los casinos de Las Vegas, sino en un club de alterne de Marbella. Imaginar qué hubiese pasado si Alcaucín estuviese donde Ojén o Istán invita al pánico. No se trata de hacer victimismo ni de valorar si esta situación es justa o injusta. Es con lo que toca lidiar, y por ello no sólo hay que cumplir con la ley, sino también elegir con acierto los argumentos para hacer frente a las críticas.