Lo que a principios de los noventa podría haber sido una fórmula para desanimar a los golfos, ahora se ha quedado en una imagen simbólica.
La semana pasada la piqueta se puso en marcha en Marbella y derribó una construcción ilegal de 34 viviendas. La primera demolición en una ciudad donde se ha alcanzado la cifra indecente de 18.000 pisos fuera de la ley. La mayoría impuesta por la fuerza de los hechos consumados. A poco que se comparen las cifras, ni desde el más hipócrita de los discursos políticos se puede argumentar que la medida tendrá algún efecto disuasorio.
Seguramente si la piqueta hubiese llegado antes, si los jueces no hubiesen hecho dejación de funciones, si los vecinos de Marbella hubiesen votado con responsabilidad o si los partidos hubiesen sabido leer, los dos juntos y con altura de miras, que el GIL era un gigantesco desafío al Estado de Derecho y no un arma arrojadiza que echar contra el adversario cuando encartara, la historia podría haber sido distinta y Marbella no hubiera creado una escuela con aprendices en Alcaucín o Alhaurín el Grande.
La foto de los escombros que llega ahora, bien pero tarde, posiblemente sirva para que las administraciones –las políticas y la de justicia– laven su imagen pública. Lo de sus conciencias será más difícil.